El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de Defensa de Soberanía por Malvinas, que amplía el alcance de las sanciones a todos los recursos naturales para las empresas que operen en las islas sin permiso argentino.

La iniciativa además ratifica el reclamo de soberanía de las Islas, tiene multas de hasta tres millones de barriles de petróleo, contempla inhabilitación de hasta 20 años y endurece otras medidas contra firmas que operan en la Argentina.

El proyecto además contempla un esquema de protección aeroespacial y marítima, con un protocolo para detectar, identificar e interceptar aeronaves irregulares u hostiles y también regula la detención e inspección de buques. En el caso marítimo, contempla advertencias, disparos de advertencia y, como último recurso, medidas para inutilizar una embarcación.

Además centraliza bajo una misma estructura las funciones diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa, inteligencia y protección de infraestructura crítica. La conducción política queda en manos del presidente Javier Milei.

Tras el envío de la ley al Congreso, el Ejecutivo le pidió a la dirigencia política “poner en pausa otras discusiones” para priorizar el tratamiento del paquete de medidas. “Todo lo que se hizo en el pasado resultó ineficaz e insuficiente para defender de manera efectiva la causa Malvinas”, remarcó Milei.

“No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas”, expresó Milei en una carta difundida por redes sociales.

Las 20 claves de la ley de Defensa de Soberanía por Malvinas

• El proyecto ratifica el reclamo de soberanía sobre Malvinas: establece que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes integran el territorio nacional y fija como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.
• Amplía el alcance de las sanciones a todos los recursos naturales porque no se limita a los hidrocarburos, sino que abarca cualquier actividad destinada al aprovechamiento de recursos renovables o no renovables sin autorización argentina, lo que incluye potencialmente la actividad pesquera.
• Alcanza también a quienes hacen posible las operaciones, prohíbe las operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas o de consultoría que sean esenciales para la ejecución de un proyecto no autorizado, e incluye a accionistas y controlantes.
• Incluye socios, accionistas, participantes directos y quienes ejerzan control o tengan capacidad de influir decisivamente sobre las empresas involucradas.
• Reprime con penas de cinco a siete años de cárcel, multa equivalente a 20.000 a 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial, el que, a sabiendas, proveyere cualquier tipo de bien o servicio esencial e indispensable a un sujeto para que este último realice alguna de las conductas previstas en los artículos 20, 21 y 22.
• Los infractores pueden quedar inhabilitados por un período de entre 5 y 20 años para determinadas actividades.
• Además se endurecen las consecuencias para operar en la Argentina, con un esquema de rescisión de contratos, revocación de habilitaciones y restricciones para contratar con el Estado, entre otras consecuencias para quienes incumplan el régimen.
• También quedan alcanzados los proveedores: quien, sabiendo de la operación, suministre bienes o servicios esenciales para una actividad prohibida puede recibir cinco a siete años de cárcel, una multa de hasta 100.000 barriles y una inhabilitación comercial.
• Reprime con penas de 12 a 15 años de cárcel, multa equivalente a 40.000 a 200.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial, el que, sin habilitación de la autoridad competente, encargare o realizare, por cuenta propia o de terceros, cualquier actividad de prospección o exploración de hidrocarburos en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en los espacios marítimos e insulares circundantes o en la Plataforma Continental Argentina.
• Castiga con penas de 12 a 20 años de cárcel, multa equivalente a 100.000 a dos millones de barriles de petróleo e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial, el que, sin habilitación de la autoridad competente, encargare o realizare, por cuenta propia o de terceros, en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en los espacios marítimos e insulares circundantes o en la Plataforma Continental Argentina cualquier tipo de actividad de exploración o explotación de recursos naturales no renovables.
• Reprime con penas de 15 a 20 años de cárcel, multa equivalente a 150.000 a tres millones de barriles de petróleo e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial, el que, sin habilitación de la autoridad competente, encargare o realizare, por cuenta propia o de terceros, cualquier actividad de extracción de hidrocarburos de yacimientos situados en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en los espacios marítimos e insulares circundantes o en la Plataforma Continental Argentina, o su transporte o almacenamiento.
• Habilita el juicio en ausencia: los delitos previstos en el Título I quedan incorporados al régimen que permite avanzar con procesos penales aun cuando el imputado no esté a disposición de la Justicia argentina.
• Crea un régimen para que las empresas abandonen las actividades prohibidas. El Régimen de Desistimiento y Regularización permite que quienes desarrollaron esas actividades pidan su incorporación si demuestran que las cesaron y se comprometen a no repetirlas. La regularización puede hacerse pagando o reconvirtiendo inversiones El interesado puede optar por pagar una multa o comprometerse a reconvertir las inversiones involucradas hacia actividades lícitas dentro del territorio argentino. La regularización puede extinguir la acción penal.
• Deroga la Ley 26.659: el proyecto reemplaza el régimen vigente sobre actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina por el nuevo esquema de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
• Crea un Sistema de Seguridad Nacional: la iniciativa articula bajo una misma estructura las funciones diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa, inteligencia y protección de infraestructura crítica.
• El Consejo será el órgano rector del sistema y estará liderado por el Presidente. Entre sus integrantes permanentes figuran el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además de autoridades de Inteligencia y Legal y Técnica. Tendrá facultades para coordinar políticas y requerir información a organismos públicos.
• El Consejo podrá tomar medidas económicas frente a amenazas externas. Ante un riesgo grave e inminente, podrá restringir operaciones cambiarias y bancarias, importaciones y exportaciones, contratos y beneficios estatales, bloquear temporalmente activos y elevar hasta 75% los derechos de importación y exportación aplicables al Estado extranjero involucrado.
• Incorpora un esquema de protección aeroespacial y marítima. Establece procedimientos para detectar, identificar e interceptar aeronaves irregulares u hostiles y también regula la detención e inspección de buques. En el caso marítimo, contempla advertencias, disparos de advertencia y, como último recurso, medidas para inutilizar una embarcación.
• Amplía la Defensa Nacional frente a amenazas externas e influencia extranjera. Cambia la Ley de Defensa para incluir amenazas estatales y no estatales, incluso de carácter no cinético, y permite emplear a las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura crítica.
• Además, restringe el financiamiento extranjero de campañas electorales y crea nuevos delitos vinculados con operaciones de inteligencia, entrega de secretos y acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública.

Los detalles del Consejo de Seguridad Nacional impulsado por Milei

El Consejo de Seguridad Nacional, en caso de ser aprobada la ley, será el órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional y estará encabezado por el Presidente de la Nación.

Entre sus atribuciones, el Consejo deberá asistir al Presidente en todo lo vinculado a la Seguridad Nacional, elaborar y elevar la Política de Seguridad Nacional al Poder Ejecutivo para su aprobación, y aprobar las políticas sectoriales de los distintos integrantes del sistema, siempre verificando su adecuación a los lineamientos generales.

Las funciones centrales del Consejo de Seguridad Nacional

El organismo tendrá a su cargo la coordinación y supervisión de la ejecución de la Política de Seguridad Nacional, así como de las políticas sectoriales y de los órganos, fuerzas y medios involucrados en las acciones de seguridad.

Entre sus competencias figura también el control aeroespacial, marítimo, fluvial y lacustre, según lo dispuesto en la ley.

El Consejo será responsable de elaborar la Estrategia Nacional y el Plan Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas, identificar las infraestructuras de interés nacional y coordinar su protección, incluso en el caso de infraestructuras binacionales o plurinacionales, en articulación con organismos internacionales o Estados extranjeros.

Quiénes integran el Consejo de Seguridad Nacional

La integración del Consejo contempla miembros permanentes y no permanentes. Los primeros deberán participar en todas las reuniones ordinarias, mientras que los no permanentes asistirán solo cuando sean convocados por el Presidente del Consejo.

Entre los miembros permanentes se encuentran:

• El Presidente de la Nación
• El Jefe de Gabinete de Ministros
• El Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
• El Ministro de Defensa
• El Ministro de Economía
• El Secretario de Inteligencia de Estado
• La Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación

El Consejo también tendrá la facultad de aprobar su propio reglamento interno de funcionamiento y organización, y ejercerá las atribuciones previstas en la ley para el control y la protección de la seguridad nacional.

Islas Malvinas

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“Es necesario plantear una renovación. Tuve la responsabilidad y el orgullo de ser gobernador durante tres mandatos. Mi intención es propender a un esquema más competito y amplio en Chaco. Me veo empujando una etapa nueva. No tengo voluntad para volver a ser candidato”.

Jorge Capitanich, el hombre más fuerte y visble que tiene el peronismo en Chaco, se dio de baja de la competencia electoral del año que viene. No quiere volver a competir. Entiende que hace falta un recambio generacional en las candidaturas y está dispuesto a empujar ese movimiento político.

Con largo recorrido en el PJ, “Coqui”, como se lo conoce en el mundo de la política, es la primer cara reconocida, y con votos sobre su espalda, que se baja de la pelea electoral en su terruño. El peronismo tendrá que buscar en una figura nueva la cabeza de lista para intentar recuperar la gobernación, que actualmente está en manos de Leandro Zdero, un radical muy cercano al gobierno de Javier Milei.

“Estoy convencido que se va a ganar en Chaco. La gestión genera un desgaste. Hay que empujar que otros hombres y mujeres tengan la misma voluntad. Porque sino estás obturando los procesos de cambio. Es un dato de la realidad que la gente te dice: ‘¿A mi cuándo me toca?’”, sostuvo, en referencia al ascenso de nuevas figuras del peronismo chaqueño, en una entrevista con el canal de streaming LACA.

Uno de los nombres que aparece para la renovación es el de Juan Manuel “Juanchi” García, intendente de Machagai. Otro es el de la jefa comunal de Barranqueras, Magda Ayala, que el año pasado jugó por fuera del esquema del PJ en la elección local, pero después cerró un acuerdo de unidad con Capitanich, que encabezó la boleta de senadores nacionales. Un tercer nombre que suena en la política chaqueña es el de Javier Martínez, intendente de Margarita Belén.

García es el mejor posicionado en el peronismo chaqueño. Se ubica en la línea de trabajo de Capitanich y está caminando la provincia en búsqueda del apoyo de otros intendentes del diverso, y extenso, mundo del justicialismo. El jefe comunal quiere ser quien encarne el fuerte recambio generacional que implicará la salida del actual senador de la cancha electoral.

Capitanich tiene mandato en el Senado hasta el 2031. Sin embargo, en algunas oficinas del peronismo vinculan su nombre a una fórmula nacional. Es un dirigente con buen vínculo entre los gobernadores, y que tiene mantiene el equilibrio en el medio del conflicto kirchnerista. Tiene relación con Cristina Kirchner, pero también con Axel Kicillof.

Un mes atrás el senador fue anfitrión en la visita del gobernador bonaerense a Chaco y lo respaldó en un acto con la delegación local de la CGT. En esa jornada política llevada adelante en Resistencia, Capitanich le hizo un guiño al Kicillof. “Bienvenido, Axel, bienvenido al pueblo trabajador. A trabajar fuerte el 2027. Trabajemos juntos para ganar y para la victoria”, aseguró,

El ex mandatario chaqueño es de los que cree que el peronismo tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para ampliar y, al mismo tiempo, unificar las distintas facciones del justicialismo. La clave de un eventual triunfo es la unidad. Entonces considera imprescindible que la dirigencia peronista discuta un programa nuevo que sirva para acordar el mejor perfil que represente la idea.

La decisión de Capitanich de no jugar como candidato a gobernador es un mensaje que traspasa las fronteras chaqueñas y viaja hacia distintas terminales del peronismo. En el 2027 de comenzar una nueva etapa del peronismo en varias provincias y también a nivel nacional. Asi lo entienden un amplio grupo de dirigentes que aspiran a que el PJ tenga un cambio de conducción profundo. No solo a nivel nacional sino en todas sus ramificaciones.