El episodio que escaló en un conflicto interno entre el consejero y cónsul general de Argentina ante España, Alejandro Nimo, y el embajador Wenceslao Bunge Saravia, puso un punto y aparte este martes con una decisión que tomó el Gobierno mediante un decreto publicado en Boletín Oficial que dispuso el cese del primer funcionario diplomático.

El decreto 588/2026, firmado por el canciller Pablo Quirno, estableció que Nimo, quien se desempeñaba como Agregado Especializado en el Área de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional de la Embajada desde agosto de 2024, concluya con sus tareas después de casi dos años al frente de un área clave para la captación de capital europeo para el país. Lo habían elegido por reunir “las condiciones de idoneidad profesional necesarias para desempeñar dicho cargo”.

Por su parte, la administración libertaria fundamentó la necesidad de “lograr una mejor eficiencia del funcionamiento” de la representación diplomática en Madrid. En el documento, el Ejecutivo argumentó que “el ejercicio de las funciones asignadas exige una actuación acorde con los lineamientos, directrices e instrucciones impartidos por el Estado Nacional en materia de política exterior”.

La designación original del “mileista, menemista y guerrero de la Batalla Cultural!”, como se define en su perfil, partía de argumentar la necesidad de “fortalecer la presencia” del Estado argentino en distintas representaciones en el exterior, con el objetivo de “acompañar las proyecciones de las políticas comerciales y económicas” del Gobierno, en particular en materia de comercio internacional e inversiones.

Al momento de su nombramiento, Nimo recibió rango de Consejero de Embajada y Cónsul General al solo efecto protocolar, mientras durara su función.

La disputa entre ambos funcionarios saltó a la luz tres meses antes de que el Gobierno firmara el cese. Nimo y Bunge Saravia habían tenido un desencuentro que anticipó el desenlace que se formalizó este martes en el Boletín Oficial. El episodio que detonó el conflicto fue la decisión del embajador de retirarle el despacho a Nimo dentro de la sede diplomática, ubicada en la calle Fernando El Santo 15, en el barrio de Salamanca, Madrid.

Según supo Infobae en aquel entonces, la medida se enmarcó formalmente en una reestructuración interna. La Embajada Argentina no renovaría el alquiler del piso donde funcionaba el Consulado General, lo que obligó a redistribuir los espacios disponibles entre el personal. Esa decisión fue comunicada mediante un memo interno enviado por correo electrónico oficial a los más de 40 empleados que trabajan en el edificio.

Nimo, sin embargo, no aceptó esa explicación y llevó el conflicto a la red social X. “Quiero aclarar que no se trata de que me hayan desplazado del cargo, sino que simplemente, por decisión del embajador Bunge, me han quitado el despacho en la que trabajaba y atendía a los empresarios que invierten en Argentina“, escribió. En ese mismo mensaje sostuvo que ese espacio “se había convertido en un símbolo y un sitio de convergencia” de quienes apoyan las ideas del presidente Javier Milei en España, y concluyó con una frase que sintetizó su lectura del episodio: “Deshacerse de mi oficina no fue deshacerse de mí. Fue deshacerse de un símbolo.”

El posteo derivó en una impugnación política directa al embajador. “Me preocupa su falta de compromiso con el achicamiento del Estado y el cumplimiento de las premisas de responsabilidad fiscal que pregona nuestro Presidente”, afirmó Nimo. También señaló que había intentado acercarle propuestas para reducir el gasto de la representación diplomática, sin obtener respuesta.

Detrás de ese episodio puntual existía una tensión acumulada durante meses, según pudo conocer este medio. El abogado, identificado con el ideario libertario y discípulo del economista español Jesús Huerta de Soto, había desarrollado en Madrid una agenda propia de reuniones con empresarios y actores del sector privado, con contactos en los sectores alimentario y ferroviario y compromisos de inversión por más de 2.500 millones de euros. Esa actividad, desplegada en paralelo a la agenda institucional de la embajada, generó fricciones por la superposición de interlocutores y la autonomía en la gestión de reuniones.

El factor que terminó de escalar el conflicto fue una entrevista que Nimo concedió a un influencer en redes sociales, donde defendió la política de austeridad fiscal del Gobierno argentino, reivindicó la “batalla cultural” y formuló críticas al gobierno de Pedro Sánchez.

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A poco más de un año de las elecciones de 2027, un grupo de jefes comunales bonaerenses impulsa cambios en la legislación vigente para eliminar el límite que les impediría competir nuevamente. Sucede que, si la ley no se modifica, 80 de los 135 intendentes que hoy gobiernan municipios bonaerenses no podrán competir por otro mandato.

Según el reparto actual, 51 de esos intendentes son de Unión por la Patria, 16 corresponden al radicalismo, siete al PRO, cinco integran espacios vecinales y uno responde a La Libertad Avanza tras haber abandonado el PRO.

La discusión gira alrededor de la ley sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal, que fijó un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares.

Cinco años después, la Legislatura modificó esa norma para establecer que, en el caso de los intendentes, el primer período a computar sería el iniciado en 2019. Esa reforma permitió que muchos jefes comunales pudieran competir nuevamente en 2023, pero también fijó el escenario actual: quienes fueron reelegidos ese año no podrán volver a presentarse en 2027 si el régimen no cambia.

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Desde hace meses, varios intendentes, especialmente los alineados con el gobernador Axel Kicillof, presionan para que la Legislatura elimine ese límite. El argumento que sostienen es que la norma restringe el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades locales.

El propio gobernador y el ministro de Gobierno Carlos Bianco expresaron públicamente su respaldo a esa postura y calificaron la prohibición como una limitación que debería ser revisada.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta fuertes obstáculos políticos. La interna entre el sector que responde a Kicillof y La Cámpora dificulta cualquier acuerdo dentro de Unión por la Patria. A eso se suma la resistencia del Frente Renovador, impulsor original de la ley, que mantiene su rechazo a las reelecciones indefinidas.

Las chances reales de llevar adelante una reforma

En la oposición tampoco existe un respaldo amplio a una reforma. Tanto el PRO como La Libertad Avanza cuestionan la posibilidad de extender los mandatos, mientras que en la UCR conviven posiciones más favorables al cambio, aunque sin un impulso público para modificar la legislación.

“Todo indica que no hay chances, a nivel cero”, sentenciaron desde un municipio peronista del AMBA a TN. En tanto, un intendente opositor indicó a este medio que “hay gente que está tratando de darle la vuelta a esa modificación”.

“Depende del Gobernador”, resaltó a este medio un jefe comunal peronista que no está alineado. “Conmigo no hablan”, subrayó, pero hizo hincapié en que “todos los intendentes quieren la reelección”.

En el oficialismo admiten que cualquier intento de modificar la ley quedará inevitablemente atado a la negociación política entre los distintos sectores del peronismo. Por esa razón, en la Legislatura consideran que las posibilidades de avanzar con una reforma siguen siendo reducidas, al menos en el corto plazo.

Los intendentes con más años en el poder

Entre los actuales jefes comunales hay varios que acumulan más de dos décadas al frente de sus municipios. Mario Secco, en Ensenada; Ricardo Curutchet, en Marcos Paz; Héctor Olivera, en Tordillo; y el radical Miguel Ángel Lunghi, en Tandil, gobiernan desde 2003 y son los dirigentes con mayor permanencia en sus cargos. En total, 44 intendentes llevan más de diez años consecutivos al frente de sus distritos.

El conurbano concentra buena parte de los intendentes alcanzados por la prohibición. De los 40 municipios que integran el Gran Buenos Aires, 28 tienen jefes comunales que hoy no podrían competir por otro mandato.

Mientras el debate legislativo permanece estancado, algunos intendentes analizan otra vía para intentar competir nuevamente en 2027: recurrir a la Justicia. La estrategia consiste en cuestionar la constitucionalidad de la limitación de mandatos para obtener un fallo favorable antes del cierre del calendario electoral, evitando así depender de una reforma aprobada por la Legislatura.

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La Jefatura de Gabinete de Ministros formalizó una decisión que impacta directamente en la administración de los recursos destinados a las provincias argentinas, con la gestión del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Mediante la Resolución 64/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, le otorgaron al vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, la facultad para asignar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, un instrumento clave para atender emergencias y desequilibrios financieros en los diferentes gobiernos provinciales. Esta medida busca optimizar la gestión y distribución de fondos, reforzando los principios de legalidad, eficacia y celeridad en los procedimientos administrativos.

El cambio responde a la dinámica institucional introducida por el Decreto N° 571/26, que modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 y transfirió al jefe de Gabinete de Ministros las competencias que hasta entonces correspondían al Ministerio del Interior.

Desde la entrada en vigencia de ese decreto, la estructura de la cartera de ministros sumó dos figuras claves: el vicejefe de Gabinete y el vicejefe de Gabinete del Interior, a quienes el titular puede delegar funciones específicas.

El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional fue creado por el inciso d) del artículo 3° de la Ley 23.548 y su administración ha sido históricamente una herramienta fundamental para sostener la estabilidad económica de los gobiernos provinciales en situaciones excepcionales. Según lo dispuesto, estos recursos se asignan con el objetivo de atender emergencias y corregir desequilibrios financieros, garantizando la continuidad de los servicios públicos y la gestión provincial.

Coria llegó a la Jefatura de Gabinete, de la mano de Diego Santilli. Se trata de un dirigente de su más extrema confianza. De hecho, se había desempeñado hasta entonces como viceministro del Interior, cuando “El Colo” desembarcó en la gestión libertaria.

Anteriormente, formó parte del Gobierno porteño. Antes de finalizar su mandato como jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta designó a Coria como ministro de Seguridad y Justicia en reemplazo de Eugenio Burzaco, y en medio de la conmoción que generó en aquel momento el asesinato del ingeniero civil Mariano Barbieri en el barrio de Palermo.

Coria tejió su carrera política al lado del ex diputado nacional del PRO. Entre 2019 y 2021, fue el jefe de Gabinete de la cartera durante la gestión a cargo de Marcelo D’Alessandro. Y atravesó la pandemia de COVID-19 desde ese lugar operativo.

Nacido en General Levalle, provincia de Córdoba, Coria conoce a Santilli desde hace muchos años. Su primer cargo de exposición pública estuvo relacionado a la gestión de la basura y la temática ambiental. Entre 2016 y 2018, fue titular de la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), desde donde se vinculó con intendentes de los distintos espacios políticos que gobiernan el conurbano bonaerense. Incluso, trabó vínculos con referentes de otros sectores como el actual presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Egresado del Liceo Militar General Paz en 1986, el currículum de Coria cuenta con un título de grado como Licenciado en Ciencia Política en la Universidad Católica de Córdoba en 1991 y Estudios Intensivos de Defensa Nacional en la Escuela de Defensa Nacional. Fue miembro investigador del Instituto de Teoría del Estado y Política Económica entre 1990 y 1991. En el sector privado se desempeñó como Secretario del Directorio de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A, y entre 2002 y 2008 fue Jefe de Relaciones Institucionales de la empresa.

Más allá de sus roles de gestión, Coria también acompañó a Santilli en sus campañas bonaerenses. En los comicios provinciales, ocupó el quinto lugar en la lista de la Sexta Sección y se encaminaba a asumir como diputado provincial el 10 de diciembre. Ahora, ese lugar fue ocupado por la libertaria María Fernanda Coitinho, titular de ANSES y directora académica de la Escuela de Formación Debate y Análisis Político.

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