El presidente Javier Milei salió en defensa del economista José Luis Espert tras conocerse que Federico “Fred” Machado —quien financió y proveyó aeronaves a la campaña de Espert en 2019— alcanzó un acuerdo con la fiscalía federal de Estados Unidos en el que abandonó el cargo por narcotráfico a cambio de declararse culpable de lavado de activos y fraude electrónico.

En un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el jefe de Estado calificó lo ocurrido como una infamia y exigió disculpas públicas a dirigentes. “Hicieron mierda a un tipo inocente”, escribió Milei, quien sostuvo que a Espert “le arruinaron la vida” y “le destruyeron la carrera política” mediante lo que describió como una campaña de difamación sostenida durante semanas y ejecutada “sin pruebas”.

El mandatario también cuestionó la lógica de la acusación original: “¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”, preguntó en el texto.

Milei cerró su publicación con una advertencia dirigida a quienes, según él, condujeron la operación contra Espert: “Deberían pedir disculpas públicas”, aunque anticipó que no lo harían. No alcanzaría “ni un décimo del tiempo empleado en arruinarle la vida”, sostuvo. Concluyó el mensaje con una declaración de respaldo sin condiciones al economista: “Con José Luis Espert, siempre del lado de la verdad y de la libertad”.

La publicación del presidente llegó en el marco del acuerdo que, según informó La Nación, Machado formalizó ante los tribunales federales de Texas esta semana. El rionegrino, detenido en un penal de Oklahoma desde noviembre pasado, aceptó declararse culpable de dos cargos: conspiración para lavar activos —con pena de hasta 20 años de prisión— y conspiración para cometer fraude electrónico, con una penalidad similar.

La audiencia de cambio de declaración quedó fijada para el lunes en el marco de la causa United States v. Mercer-Erwin et al. El acuerdo implicó un giro respecto de la estrategia que Machado había adoptado días después de su extradición, cuando se declaró “no culpable” ante el juez Bill Davis y apostaba a un juicio oral por jurados. Tras seis meses de detención, el otrora financista de la campaña “Avanza Libertad” cambió de táctica y negoció con la fiscalía federal, representada por Heather Rattan, la eliminación del cargo que mayor peso político tenía en Argentina: el narcotráfico.

Según los documentos presentados ante los tribunales y que difundió La Nación, Machado admitió haber operado una estafa sobre la venta de aeronaves “invendibles”. La trama consistía en captar depósitos millonarios de inversores por aviones que pertenecían a compañías como Air India, All Nippon Airways o una empresa privada con base en China, y que no estaban disponibles para la venta.

Entre las pruebas que la fiscalía mantuvo en el expediente figura una transferencia de USD 200.000 que Machado realizó a favor de Espert en enero de 2020, documentada a través del Bank of America. Espert sostuvo que esa operación correspondía a una consultoría vinculada a una mina en Guatemala, por un contrato de USD 1 millón del que habría cobrado solo una cuota. No obstante, según La Nación, la investigación que instruye en Argentina el fiscal federal Fernando Domínguez no halló pruebas concretas de que Espert haya realizado ese trabajo.

La causa tiene antecedentes directos en la condena de Debra Lynn Mercer-Erwin, socia de Machado, quien en 2023 recibió una sentencia de 16 años de prisión en el mismo tribunal de Texas. La sentencia definitiva de Machado quedará en manos del juez Amos Mazzant III, quien evaluará el grado de cooperación del acusado para determinar la pena final. La defensa especula con que se computen los seis meses ya cumplidos en Estados Unidos y los cuatro años de prisión domiciliaria que Machado cumplió en las afueras de Viedma, tras su detención en Bariloche en abril de 2021.

Conforme a

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a apuntar contra el Gobierno este domingo por un supuesto caso de sobreprecios en la compra de un avión en mal estado para la Fuerza Aérea. “Gravísimo, varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados”, sentenció la vice.

El nuevo cuestionamiento de Villarruel al oficialismo llegó a partir de un artículo de Clarín que advertía sobre una licitación realizada el año pasado con sospechas de direccionamiento y sobreprecios para adquirir “una aeronave de transporte mediano” por US$4.085.000. Según el artículo, la operación fue US$1.785.000 más cara que lo que costaba comprar el mismo avión en mejores condiciones.

En ese sentido, la vicepresidenta consideró “gravísimo” el hecho, pidió la renuncia de los implicados y sentenció: “Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. ¿A quién responden estos uniformados?“.

Villarruel, muy involucrada en las cuestiones militares, protagonizó varios cruces con el Ministerio de Defensa, especialmente contra la gestión del exministro Luis Petri. Dos días atrás, lo acusó de haber realizado un “paso fraudulento” por la cartera que derivó en la caída del sueldo del personal militar y la paralización de IOSFA, la obra social del sector.

La licitación bajo sospecha en la Fuerza Aérea

La denuncia replicada por la vicepresidenta gira alrededor de una licitación pública en el Exterior caratulada 40/03-002-LPU25 que se realizó el 6 de mayo de 2025 para adquirir una aeronave de transporte mediano.

Entre las irregularidades reportadas por el artículo, se advirtió que los oferentes tuvieron apenas dos semanas para presentar sus propuestas, un plazo cuestionado por empresas del sector por considerarlo incompatible con una operación de ese tipo.

A su vez, también señalaron una circular emitida por la Fuerza Aérea que limitó los modelos de avión que podían participar de la licitación, un cambio que dejó afuera a otros competidores en beneficio de la compañía Regional One Inc, quien finalmente se quedó con la operación.

Sin embargo, los hechos que despertaron mayores sospechas fue el elevado costo de US$4.085.000, cuando la misma compañía le había presupuestado un avión de iguales características a un proveedor internacional por US$2.300.000. Una diferencia de 1.785.000 dólares.

Leé también: El nuevo plan de Milei con EE.UU., la agenda de Santiago Caputo que inquieta a Karina y la venganza de CFK

La aeronave que finalmente compró el Estado argentino, según reveló una inspección técnica realizada en Estados Unidos, detectó corrosión, pérdidas de aceite, desgaste excesivo y faltantes de equipamiento en la aeronave comprada.

Un dato que levantó aún más sospechas fue que, según consigna el artículo, la aeronave ya estaba pintada con el esquema de pintura de la Fuerza Aérea Argentina desde 2023. Solo restaba colocarle el número en la matrícula.

Victoria Villarruel, Gobierno, fuerza aerea