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POLITICA

El Gobierno les propondrá a las universidades un acuerdo de financiamiento para cerrar la pelea judicial

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Luego de la cuarta Marcha Federal Universitaria celebrada la semana pasada, el Gobierno acercará una propuesta a las universidades para cerrar el conflicto alrededor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento que tramita la Justicia.

Según explicó a TN un funcionario al tanto de las negociaciones, el Ejecutivo les propuso a los rectores de las casas de estudio transferirles los fondos previstos en el proyecto que había enviado el oficialismo al Congreso para reformar la ley vigente y amortiguar su impacto fiscal. La reforma del oficialismo plantea solo reconocer la pérdida salarial de los docentes durante 2025 y no desde el 2023.

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A cambio, las universidades deberán retirar la cautelar que presentaron contra el Gobierno, que actualmente espera por una resolución de la Corte Suprema. La misma exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC.

En caso de obtener un fallo en contra, el Ejecutivo deberá desembolsar alrededor de 2,5 billones de pesos a las universidades.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, los referentes del Gobierno en las negociaciones con las universidades. (Foto: Capital Humano)

Por eso, el Gobierno busca desactivar la amenaza con una propuesta de menor impacto.

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Según pudo saber este medio, las partidas de fondos cuentan con el visto bueno del Ministerio de Economía y estos se ejecutarían una vez cerrado el acuerdo. “Incluiría todo lo que esta en nuestro proyecto de ley”, aseguró la fuente, lo cual evitaría que la iniciativa deba pasar por el Congreso.

Leé también: Victoria Villarruel habló del caso Adorni: “Estamos todos esperando su declaración jurada”

Sin embargo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguraron a este medio que no recibieron ninguna propuesta del Gobierno. “No hay nada de nada”, enfatizaron.

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En ese contexto, tampoco avanzó hasta el momento la convocatoria anticipada por el Ministerio de Capital Humano a las universidades con hospitales para destrabar el reclamo por una partida de $79 mil millones sin ejecutar para el sector.

Qué dice la Ley de Financiamiento del oficialismo y en qué se diferencia con la norma actual

Además de solo reconocer la pérdida salarial de 2025 —omitiendo la caída salarial durante 2024—, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso establece que la recomposición se efectuaría en tres tramos.

Así, en caso de avanzar con la propuesta, los aumentos del 4,1% se pagarían a lo largo del año sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025.

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A su vez, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá convocar a negociaciones paritarias cada tres meses, pero no obliga a actualizar los salarios por inflación como sí marca la ley vigente.

Leé también: Milei defendió su plan económico: “Si no estuviéramos comprando dólares, el tipo de cambio estaría en $1100″

Otra diferencia sustancial recae en los gastos de funcionamiento de las universidades. La ley vigente demanda la recomposición por inflación de los últimos dos años en distintas partidas presupuestarias, entre ellas las de los hospitales universitarios y el de ciencia y técnica.

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Sin embargo, el proyecto oficialista omite esos fondos y solo establece que, si la inflación anual de 2026 supera el 14,5%, el Gobierno actualizará el presupuesto con el aumento correspondiente.

Finalmente, algo que sí incorpora la ley oficialista es una recomposición de más de $80.000 millones para el funcionamiento del sistema de salud universitario, uno de los sectores que más reclamaron por el ajuste en el sector en la previa de la última marcha federal.

Gobierno, universidades, Marcha universitaria

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POLITICA

El Gobierno califica de “política” a la marcha federal por la salud que impulsó Kicillof

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El Gobierno nacional considera que la marcha federal que mañana arribará a la ciudad de Buenos Aires para protestar por el estado de la salud pública en todo el país tiene “un claro tinte político”, por el que responsabilizó directamente al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Fuentes gubernamentales dijeron a que “mientras los ministros de Salud de las provincias se reunieron en el marco del Consejo Federal de Salud y acordaron un comunicado conjunto para fortalecer el sistema, con reglas y responsabilidades claras entre Nación y las Provincias, la PBA no sólo se ausentó, sino que motoriza a través de sus dirigentes la marcha de salud”.

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En la antesala de la marcha, que tendrá su epicentro frente al Ministerio de Salud, sobre la avenida 9 de Julio, desde las 13, se reunieron este martes los ministros Mario Lugones (Salud) y Sandra Pettovello (Capital Humano), quienes firmaron un convenio para “simplificar y unificar la expedición de títulos universitarios junto con la Matrícual de los profesionales de la salud”.

En el gobierno libertario aseguran que “el gobernador Kicillof, el ministro de Salud Nicolás Kreplak, distintos funcionarios bonaerenses y gremios como ATE, CIPPEC y FESPROSA están convocando activamente en redes” a la marcha, mientras que “el Estado Nacional invierte casi 2 billones de pesos en la salud de los bonaerenses y la Provincia debe más de 644 mil millones a los hospitales SAMIC de gestión compartida con Nación”.

Al apuntar contra Kicillof y su gestión en salud, desde el gobierno de Javier Milei afirmaron que “IOMA le debe a estos mismos hospitales SAMIC y a los hospitales nacionales 14.700 millones de pesos de atención a los afiliados”, mientras que “a través de los distintos programas y atención a pacientes, el Ministerio de Salud de la Nación invierte 1.812.000.000.000 (1.8 billones) de pesos”.

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“Estos programas son por la atención de los pacientes de la provincia de Buenos Aires en los hospitales nacionales y SAMIC, medicamentos oncológicos y de alto costo, vacunas, prótesis pagadas por el Garrahan, tratamientos e internaciones de alta complejidad, programas de discapacidad, de prevención de adicciones, del Remediar, de programas de curso de vida y Sumar+”, indicaron las fuentes consultadas.




pic.twitter.com/eLQHDo0lt7,May 19, 2026,Conforme a

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El gobernador de Córdoba pidió sostener las Zonas Frías y cuestionó la reforma: “No castiguen a la clase media ni a los trabajadores”

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En una entrevista con Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, en Infobae al Regreso, se expuso la controversia por el proyecto oficialista para modificar el Régimen de Zona Fría que define los subsidios al gas en todo el país.

A lo largo del diálogo, Llaryora rechazó la iniciativa que limita el acceso a los subsidios según criterios socioeconómicos y defendió la necesidad de sostener el beneficio para las provincias del interior, en particular para Córdoba.

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La propuesta de reforma y el reclamo cordobés

“Si la intención es que paguen los de altos ingresos, no hay ningún problema. No hay que sacar ni bajar las regiones de zona fría, las que ya están”, afirmó el gobernador, al ser consultado sobre el impacto del proyecto que recorta el alcance del subsidio energético.

Llaryora insistió en que “no nos saquen la zona fría, que fue una conquista de años”, y propuso sumar nuevas áreas dentro de su provincia en vez de restringir el beneficio.

El mandatario remarcó: “Si hay verdaderamente una intención de que los de más alto ingreso paguen, la información la tienen en el Arca y pueden de ahí definir y sacarlos, sin molestar a toda la gente”.

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Para el gobernador, la implementación de un registro para mantener el beneficio es “una molestia” y un mecanismo que ya fracasó en otros ámbitos: “Eso ya pasó con los discapacitados. Los sacaron, los vuelven. Todo eso es una molestia y también es medio un engaña pichanga”.

Llaryora advirtió que la reforma provocaría “un daño tremendo, no solo a Córdoba”, sino también a otras jurisdicciones: “Es Buenos Aires, es Santa Fe, es San Juan, es San Luis, es Salta y La Rioja, es Catamarca y Jujuy. Es un daño tremendo de nuevo al interior, cuando las otras regiones siguen totalmente subsidiadas”.

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Frente a la consulta sobre si otros mandatarios provinciales acompañan el reclamo, Llaryora aclaró: “Habría que preguntarle a cada uno. Yo empecé un reclamo en mi provincia porque los intendentes vinieron muy preocupados”. También describió el escenario de recortes en otros subsidios nacionales y la presión adicional que asumen los gobiernos provinciales: “Cortaron los subsidios de transporte… en el interior no subsidian nada, para que funcione el boleto educativo tenemos que estar subsidiando nosotros”.

El gobernador critica la condonación de deudas a empresas eléctricas y reclama descuentos para las provincias que pagan en tiempo y forma (Archivo)

Impacto económico y operativo en Córdoba

Llaryora precisó que el recorte pondría en riesgo a “600 mil hogares”, lo que representa “casi 2 millones de habitantes” en Córdoba. “Estamos hablando de 600 mil hogares que están en zona fría, claramente”, detalló, y subrayó que “tiene toda la provincia o el 98% de la provincia gasificada”, resultado de una “inversión histórica en gasoductos”.

Según sus cálculos, la medida implicaría “casi 12 mil millones de pesos de transferencia directa de las familias de clase media, de los hogares de trabajadores”. El gobernador sostuvo: “Si te dicen los que no estén empadronados, te van a sacar todas. Si hay buena voluntad y si tenés todos los datos, los maneja la Nación, tené sentido común”.

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El mandatario cuestionó que la reforma obliga a miles de familias a reempadronarse para conservar el beneficio: “¿Vamos a tumbar todo para que se reempadronen o sacamos los ricos del padrón? No haría caer todo para que se reempadronen, sabiendo que hay un montón de familias humildes, de trabajadores, de clase media, que no van a saber, que van a estar un montón de tiempo con un aumento injusto”.

La reforma oficialista limitaría los beneficios según criterios socioeconómicos y obligaría a un costoso reempadronamiento familiar (Tomas Cuesta/AFP)

La polémica por la condonación de deudas y el mensaje al Congreso

El gobernador también objetó la condonación de deudas prevista para empresas eléctricas en el proyecto: “Cammesa va a condonar las deudas de las empresas que no pagaron y las que pagamos… De eso no habla nadie, se hacen todos los distraídos. Nosotros queremos que haya un descuento, una bonificación para quienes cumplimos, como se hace en cualquier lugar cuando se actúa de buena fe”.

Llaryora remarcó que Córdoba y otras provincias “pagan su boleta de luz en tiempo y forma, que son miles y miles de millones de pesos”. Exigió que la ley contemple un beneficio para los cumplidores: “Si en la ley está clarita, tiene que estar clarita para todos. Los que hemos cumplido tenemos que tener un beneficio de la misma manera que tienen los que no han pagado en todo este tiempo. Si no, terminamos los que cumplimos subsidiando a los que no cumplen”.

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En un mensaje a los legisladores, pidió: “Si tenés la intención real de hacer justicia y querés cobrarle a los de alto ingreso, no bajés a toda la gente de una zona y después le digas que tienen que ir a empadronarse con una computadora. Sabés que los hogares de menos recursos es muy difícil el empadronamiento. Sabés que la clase media ya casi no llega a fin de mes”.

El mandatario cordobés sostiene que la reforma no debe castigar a trabajadores y clase media, y exige sentido común para mantener los subsidios (Gobierno de Córdoba)

Consultado sobre la posibilidad de que el gobierno provincial brinde asistencia a quienes queden fuera del subsidio, Llaryora fue tajante: “No hay posibilidades. Ya lo hacemos con el transporte y lo hacemos con un montón de cosas que la Nación está cortando. Ahora, no tenemos la economía con posibilidades de subsidiar a todo el mundo”.

Sobre el trasfondo político del proyecto, el gobernador advirtió: “Esto no es un tema partidario, no es un tema de diferencia partidaria. Esto es un tema de sacarle un beneficio a la misma calidad de gente en la misma Argentina. Si el objetivo es sacarle a los de altos recursos, yo estoy totalmente de acuerdo. Sacalos de altos recursos, no tumbes las zonas frías”.

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En el cierre, Llaryora se refirió al contexto económico nacional y su preocupación por el rumbo del Ejecutivo: “Un plan económico tiene que cerrar la macroeconomía, tiene que bajar la inflación, pero claramente tiene que tener una idea de desarrollo, de producción, de generación de empleo y de trabajo. Si el plan económico no termina generando trabajo, al tiempo ese mismo plan empieza a tener vulnerabilidades”.

El gobernador concluyó: “Mis propuestas son de colaboración. Ahora, es totalmente injusto y un mal ejemplo que a los que no pagaron les borren la deuda y a los que pagamos nos digan que somos los más estúpidos del curso. Tiene que ser un tema de sentido común y de defender a los vecinos y vecinas de cada una de nuestras provincias”.

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Una guerra entre tres familias

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El Presidente explora la salida del laberinto en el que está. Esa infame dificultad la crearon sus propios allegados, no su opositores fragmentados ni sus amigos complacientes. Sea como fuere, en los últimos días pareció abrirse un tiempo en el que los protagonistas de la interminable lucha interna decidieron jugar a todo o nada. Javier Milei es impotente ante esas discordias: no quiere prescindir de su principal asesor, Santiago Caputo, porque el jefe del Estado reconoce cierta dependencia política y electoral con respecto de su colaborador, y porque nunca excluirá del gobierno libertario a su todopoderosa hermana, Karina, que es en los hechos la jefa política de la administración.

Ellos son los generales de la batalla perpetua. En la única franja del gobierno federal donde Karina no manda es en la economía, un territorio exclusivo y excluyente del propio Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo. Tampoco Santiago Caputo se atrevió nunca a hurgar donde mandan el Presidente y su tío. Por eso, es entre las costuras política donde se libra la guerra interna entre uno de los hombres más fuertes de la administración y la no menos influyente hermanísima. Dicen quienes hablan con Santiago Caputo que este se cansó de que el karinismo anduviera difundiendo su próxima finitud política. Fue él quien decidió meterse en el campo de batalla para matar o morir.

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Las últimas escaramuzas los involucró indirectamente a los dos principales protagonistas de la batahola, aunque ambos se escondieron detrás de la figura de Martín Menem, el karinista presidente de la Cámara de Diputados. Un mensaje en X atribuido al asesor Caputo reveló que la cuenta @PeriodistaRufus, también de la infaltable X, es controlada por el titular de Diputados y que en ella se hacen frecuentes críticas a la marcha de la situación económica y varias diatribas más contra las gestiones políticas de Patricia Bullrich, de Sandra Pettovello y del propio ministro Caputo.

Menem había asegurado en esa supuesta cuenta suya que Santiago Caputo está en “caída libre” y calificó de “impresionante el liderazgo” de Karina Milei, a quien responden políticamente tanto el presidente de la Cámara de Diputados como su primo, Eduardo “Lule” Menem, el principal colaborador de la secretaria general de la Presidencia. Martín Menem aseguró luego que esa cuenta no le pertenece, a pesar de lo que dice Santiago Caputo (o de lo que diría).

La guerra civil del mileísmo se dirime entre tres familias políticas: los Milei, los Caputo (Santiago y su hermano, Francisco) y los interminables Menem. El resto de los mortales no sabe nunca qué cuenta de X es de quién ni, a veces, qué es lo que se quieren decir. Las versiones insisten y se repiten: es Caputo el sobrino quien decidió jugar a todo o nada, cansado ya de que anuncien su funeral político. Pero sabe dos cosas. Una: que es poco probable que el Presidente lo eche de sus cercanías. La otra: que la batalla con Karina no terminó ni terminará en un tiempo previsible.

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Santiago Caputo es la única persona que se atrevió a desafiar a la hermana presidencial sin morir en el intento. Por mucho menos, otros funcionarios fueron eyectados de la administración; también es cierto que Karina Milei es el único integrante del Gobierno que se animó a desafiar al omnipotente asesor. De hecho, uno de los motivos por los que Guillermo Francos debió abandonar la jefatura de Gabinete fue porque le había recordado públicamente a Santiago Caputo que el poder conlleva el requisito de la responsabilidad administrativa. En síntesis, Francos dijo que Caputo no tenía firma en el Gobierno (es empleado solo por un contrato como asesor monotributista), pero contaba con mucho poder en varias dependencias de la administración.

Versiones inmejorables señalan que el Presidente le hizo a Francos el reproche de haber difundido esas verdades en la definitiva conversación política que tuvieron, durante un sábado de la última primavera. Como se ve, es una lucha condenada en principio a no tener vencederos ni vencidos. Pero, ¿fue Menem el autor intelectual de semejante empujón político al amigo presidencial o no lo fue, como él asevera? Fuentes de la Cámara de Diputados que ni siquiera pertenecen al partido gobernante aseguran que la deducción de Santiago Caputo es cierta.

“Esa cuenta de X es de Martín y sus administradores cometieron un error garrafal que los dejó expuestos”, señalaron. La inferencia entonces es demasiado clara: Santiago Caputo sabía que le estaba hablando a Karina Milei cuando arremetió contra Martín Menem, y este sabía que estaba anunciando la caída política del asesor, a quien Milei calificó en su momento de “verdadero arquitecto” de su triunfo electoral, que no tolera a Karina Milei.

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Vale la pena hacerse una pregunta: ¿qué sucede con Karina Milei para que despierte tantas y tan grandes emociones políticas? Silencio. De ella no se habla en los pasillos del palacio, salvo en los lugares donde manda Caputo, pero este lo hace a través de vicarios y contra vicarios.

Santiago Caputo, Karina Milei, los Menem y los trolls que supuestamente responden al influyente asesor son los soldados de un enfrentamiento que se permite todo, menos matar. El tío Caputo anda entreverado con sus propias contradicciones; el canciller Pablo Quirno trata de inyectarle una dosis de coherencia a la política exterior; Pettovello es la ministra más eficaz de la administración, pero hizo votos de silencio y es ajena a cualquier guerra, sea entre propios o contra ajenos, y Bullrich, dueña de un fino olfato político, está presintiendo que las cosas pueden no salir bien.

La senadora, que tiene un cargo político encumbrado en el Congreso con mandato inamovible por seis años, ya no depende de un decreto de Milei para tener poder. Tal vez por eso se siente capaz de pedir públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explique cómo consiguió cuantías de dinero que antes no tenía. Adorni es un recluta de Karina Milei. Pero la lucha interna de Patricia Bullrich es otra lucha, que nada tiene que ver con la guerra entre Karina Milei y Santiago Caputo, aunque la senadora no fue cercana nunca a la hermana presidencial.

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Fuentes seguras de la Casa Rosada afirman que la senaduría de Bullrich fue una maniobra perfecta de Karina Milei para sacarla de las vecindades del Presidente y sacársela ella de encima. El problema de Karina es que la senadora Bullrich tiene razón cuando reclama que Adorni rinda cuentas de su patrimonio frente a la sociedad. Su silencio y sus rodeos no pueden durar mucho más tiempo sin correr el riesgo de despertar la indignación social. Pero el caso Adorni, su peculio y sus viajes forman parte de otra batalla dentro de la guerra que desgasta al mileísmo.

No hay paz y, para peor, esas hostilidades entre militantes de un mismo espacio político suceden ante una sociedad asediada por la inopia económica, por la pérdida de confianza en el futuro y por cierta decepción ante la gestión presidencial. Todo tiene su explicación. ¿Por qué sucede todo eso, entonces? Milei no tiene una oposición sólida.

El peronismo es un archipiélago que carece de liderazgo, de proyecto serio y, por primera vez, de ambición de poder; el Pro de Mauricio Macri ya explicó que coincide con las políticas fundamentales de la administración y que sólo se dedicará a marcar los errores que se cometen dentro de esas líneas gubernamentales, y el radicalismo con más predicamento nacional (el de Mendoza, con la jefatura del gobernador Alfredo Cornejo, o el cordobés) está más dispuesto a estar cerca que lejos de Milei.

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¿Es por eso que Milei zamarrea al periodismo un día sí y otro también? Tal vez. Pero más allá de lo que dice sobre el periodismo, que es reiterativo aunque cambie o intercale sus ofensivas palabras, importa lo que acaba de señalar sobre la presunta inocencia de José Luís Espert en el caso de complicidad con Federico “Fred” Machado, quien confesó ante la Justicia norteamericana que es culpable de lavado de dinero y de estafas millonarias. Machado hizo esa confesión (después de haberse declarado “no culpable” de ningún delito) a cambio de que no lo acusen de complicidad con el narcotráfico. Milei insultó al 95 por ciento del periodismo, según aclaró con precisión, porque la prensa había señalado la sospechosa cercanía de Espert con alguien acusado de pertenecer al narcotráfico.

Espert es un economista liberal que en su momento refutó con coraje al kirchnerismo durante el auge de este, pero eso no lo convierte en inocente, como dice el Presidente. Si el juez norteamericano aceptara la confesión de Machado (cosa que todavía debe definirse en la justicia norteamericana), Espert habrá sido cómplice de alguien que lavó dinero, mal habido por naturaleza, y cometió importantes estafas. Espert cobró 200.000 dólares de Machado por razones que nunca se aclararon y, según constató la Justicia argentina, viajó al menos 35 veces en aviones del encartado en los Estados Unidos.

Es probable que Espert no haya sabido de las correrías de Machado y que este haya hecho todo eso a espaldas del frustrado candidato libertario a diputado nacional. Sin embargo, un político (o un economista en este caso) tiene el deber de averiguar de dónde sale el dinero que recibe, aunque se trate de honorarios por trabajos privados. Cualquier santo hubiera desconfiado de tanta generosidad.

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Quizás nadie le explicó al jefe del Estado que lavar dinero y perpetrar estafas son delitos graves y que, por eso, la causa judicial abierta en la Argentina contra Espert no se cerrará. No era momento de defenderlo, todavía al menos. Frente a tantos errores autoinfligidos y a tantos equívocos en las epístolas presidenciales, la opción electoral que existe hasta ahora es el único estímulo del oficialismo. Esa deducción también es muy probable. Un sector significativo de la clase media prefiere a Milei y sus errores si la alternativa es regresar a lo que ya fue.




Joaquín Morales Solá,Conforme a

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