ECONOMIA
La morosidad en bancos es récord y ya castiga a 5 millones de argentinos

El fuerte aumento de los índices de morosidad que se observa desde diciembre pasado en muchos saldos de tarjetas de crédito y en los créditos bancarios y no bancarios, otorgados a personas y familias es uno de los efectos no deseados del actual programa económico. Sobre todo, debido a una fuerte suba de las tasas de interés del año pasado muy por encima de la inflación y con salarios con una indexación muy cercana a la inflación.
Tanto el sistema bancario como el no bancario argentino atraviesan una etapa de transición con una tasa de interés en baja pero con niveles de mora en créditos personales, tarjetas de créditos bancarias y créditos no bancarios en niveles récord.
La morosidad en bancos es récord: altísimas tasas y cuotas impagables
El aumento de la morosidad bancaria y no bancaria provoca una gran preocupación en el Gobierno y en los bancos públicos, privados y provinciales y en las empresas dueñas de billeteras digitales.
El sector más castigado es el de los clientes que tienen deudas de créditos personales y tarjetas de crédito que muestran índices de morosidad que en algunos casos llegan al 14%.
Para dimensionar la situación de la mora bancaria y no bancaria actual hay que destacar que en la prepandemia la morosidad promedio del sistema era del 7% en diciembre 2019, con un 6% para las personas físicas y 7,5% en empresas cuando por ejemplo a fines del 2016 era del 3,2% para el promedio del sistema en su conjunto, y del 3,9% para personas y del 2,8% para empresas. La crisis del 2018 explica el gran salto del 3,5% al 5,1% y luego al 7% en 2019.
Los índices de morosidad aumentaron fuerte en los primeros meses de 2026. De acuerdo con informes del sector y según cálculos de la consultora 1816, la irregularidad en financiación con tarjetas de crédito a familias llegó al 11%, y se trata del mayor nivel desde la crisis de 2001-2002, y en el sector no bancario las cifras rondan el 25% y el impacto más fuerte se da en muchos jóvenes y jubilados.
Esto genera intereses moratorios y punitorios junto a reportes negativos en centrales de riesgo y las posibles acciones legales como embargos que los bancos podrían realizar sobre sus clientes.
Los planes de refinanciación que lanzaron bancos públicos para clientes endeudados
Por lo que pudo saber iProfesional, hay tres bancos públicos como el Banco Nación Argentina (BNA), el Banco Provincia de Buenos Aires (BAPRO) y el Banco Ciudad de Buenos Aires picaron en punta lanzando planes de refinanciación para resolver el problema de varios de sus clientes endeudados.
En el caso de estos bancos, la tasa de interés que deben pagar los endeudados está en promedio en valores que van del 60% al 80% anual pero si le suman otros ítems como punitorios y costos de seguros, lo que traduce en el llamado Costo Financiero Total (CFT), estas tasas en algunos casos superan entre el 100% y el 120% anual lo que resulta prácticamente impagable para la mayoría de los deudores.
En promedio se calcula que las deudas por saldos impagos de tarjeta de crédito y créditos personales afecta a unos 5.000.000 de personas con los bancos que van de los $4.000.000 a los $6.000.000.
Si se toma el ejemplo de una deuda de $4.000.000, el deudor podría cancelar su deuda en un periodo que va de un mínimo de 12 meses, un tiempo medio de 24 meses y a un máximo de 76 meses. En el primer caso pagando cuotas mensuales de unos $540.000 y pagará en ese año un total de unos $6.500.000 pero el banco le suspenderá la tarjeta de crédito hasta que el deudor cancele el pago con intereses que representan unos $2.500.000 sobre el capital.
Está la posibilidad de una refinanciación a 36 meses, en este caso la cuota es de unos $365.000 y el total a pagar trepa a unos $13.000.000, por lo tanto, por intereses el deudor debe pagar unos $9.000.000 y paga más de 3 veces el valor de la deuda inicial.
Las refinanciaciones son de acuerdo al tipo de cliente, y en algunos casos podrían llegar a los 72 meses pero los intereses a pagar terminan siendo casi usurarios. La cuota a pagar es de unos $315.000 por mes pero en seis años termina pagando un total de unos $22.600.000 y paga de intereses casi 5 veces más del valor a refinanciar.
A diferencia de los bancos públicos, los privados buscan contactar a los clientes en mora avanzada que va de más 90 o 180 y además de la refinanciación les ofrecen quitas de capital y si el cliente demuestra voluntad de pago el banco puede llegar a aceptar una condonación de parte de los intereses.
El sobreendeudamiento de hace seis meses explica la mora actual
En relación a este problema, la consultora Qaly que dirige la economista Anastasia Daicich elaboró un análisis econométrico construido sobre datos del BCRA, donde identifica el sobreendeudamiento de seis meses atrás como principal predictor de la irregularidad crediticia que se observa en la actualidad.
El trabajo destaca que la irregularidad de la cartera de crédito a familias en Argentina pasó del 2,8% en diciembre de 2023 al 11,2% en febrero de 2026, según datos del BCRA pero en abril de acuerdo a datos provisorios esta mora habría llegado casi a un 12%.
En préstamos personales, el deterioro fue más pronunciado: de 4,3% a 13,8% en el mismo período. En tarjetas de crédito, del 1,8% al 11,6%. En el segmento no bancario como fintech, billeteras digitales y financieras de consumo, las tasas de mora superan el 30% en varios casos, duplicando o triplicando los niveles del sistema bancario tradicional.
«Son números que señalan algo más que una mala racha. De acuerdo a nuestro análisis construido sobre datos del sistema financiero, ofrece una explicación estructural: el principal predictor estadístico de la mora actual no es la inflación del momento, ni el nivel de actividad económica, sino el nivel de endeudamiento de seis meses atrás«, explicó a iProfesional Daicich.
La economista explica que se trata de un efecto bola de nieve con rezago. «El modelo identifica un proceso en dos fases. En la primera, el deterioro del ingreso real empujó a las familias a utilizar el crédito como sustituto parcial del salario. El ajuste fiscal y monetario de los últimos dos años generó una fuerte caída inicial del poder adquisitivo: hacia principios de 2026, el salario real registrado se encontraba todavía cerca de un 9% por debajo de sus niveles de noviembre de 2023. Pero el ajuste del gasto de las familias fue parcial, porque una parte importante de los egresos de los hogares es inelástica: transporte, energía, salud, educación y alquiler no pueden eliminarse aunque el ingreso caiga y la actualización de tarifas por encima de la inflación general potenció ese efecto, reduciendo el margen disponible para honrar deudas.
La economista explica que en la segunda fase, esa acumulación de deuda se transforma en mora. Entre diciembre de 2023 y enero de 2026, el endeudamiento total de las familias en el sistema bancario (en moneda corriente) creció 5,3 veces, con préstamos personales aumentando 9 veces y tarjetas 3,4 veces. La relación entre deuda (tarjetas más préstamos personales) y masa salarial pasó de 0,99 a 2,09 en abril de 2024 y diciembre de 2025. Con tasas de interés reales que llegaron al 5,2% mensual en tarjetas y 4,6% en personales durante el segundo semestre de 2025, esos niveles son incompatibles con los ingresos disponibles. El resultado: atrasos que derivan en impagos y, por efecto del interés compuesto, en deuda creciente», destacó la economista.
El estudio señala además que el nivel de actividad económica, medido por el EMAE, tiene menor capacidad explicativa sobre la mora que el endeudamiento previo.
La razón es que la recuperación del producto es marcadamente heterogénea: favorece a sectores exportadores y de commodities, pero no necesariamente a los hogares más endeudados, que se concentran en actividades ligadas al consumo interno. Una mejora del PBI agregado no resuelve el problema de la mora si no se traduce en ingresos para esos hogares.
El análisis distingue por un lado un problema de liquidez transitoria que se resolvería con refinanciaciones, quitas o tasas más bajas. Pero destaca que se trata de un problema de solvencia estructural, donde el ingreso de las familias es insuficiente de manera persistente para atender sus compromisos financieros.
El segmento no bancario amplifica la crisis de endeudamiento
Pero además lo que ocurre en el segmento no bancario amplifica el problema. «Las fintech y financieras de consumo cubrieron parte de la demanda con productos de acceso rápido, requisitos laxos y tasas reales muy elevadas. En un contexto de baja educación financiera y caída del poder adquisitivo, esos créditos funcionaron como catalizadores del sobreendeudamiento: un simple atraso genera intereses compuestos que rápidamente vuelven la deuda impagable. No es casual que la mora en ese segmento duplique o triplique la del sistema bancario», explica el informe.
Hay que considerar para el análisis que el crédito es un instrumento clásico de reactivación económica pero en la economía local su efectividad en el corto plazo está severamente limitada, y los datos permiten entender por qué.
En primer lugar, porque las familias ya están sobreendeudadas y si se amplía la oferta de crédito sobre una base deteriorada se profundizaría el problema. En segundo término, porque el sistema bancario reaccionó racionalmente endureciendo sus criterios.
La Encuesta de Condiciones Crediticias del BCRA del primer trimestre de 2026 confirma ese endurecimiento y registra una menor demanda de las familias. Ese ajuste, lógico desde la gestión individual del riesgo, genera un feedback negativo sistémico: una mayor mora implica una mayor cautela bancaria, a su vez una restricción del crédito y luego un menor consumo y nivel de actividad.
En tercer lugar, el ahorro de mediano y largo plazo que es condición necesaria para que los bancos puedan financiar proyectos de mayor plazo es escaso.
Por lo tanto, frente a este escenario una reducción de las tasas nominales o lanzar líneas específicas de crédito podría tener efectos marginales, pero no recompone un mercado crediticio estructuralmente débil.
El dato duro que emerge del análisis de la mayoría de los analistas consultados por iProfesional es que la primera condición para que el crédito opere como herramienta de reactivación es la recuperación genuina y sostenida del ingreso real de los hogares. Sin esta mejora, el crédito seguirá siendo un mecanismo de compensación de un desequilibrio estructural entre lo que los hogares ganan y lo que no pueden dejar de gastar.
La segunda condición es que se baje el costo financiero efectivo, el llamado Costo Financiero Total (CFT) que en el escenario actual combina tasas reales positivas con comisiones y cargos que elevan el costo muy por encima de la tasa nominal y en el segmento no bancario, esas tasas llegan a ser usurarias.
La mayoría de los expertos coincide en que una baja gradual y creíble de la inflación tendencialmente decreciente y expectativas ancladas son esenciales para hacer viable el repago de deudas existentes y el otorgamiento de crédito nuevo.
Los créditos irrecuperables se cuadruplicaron en un año
Por su parte, un reciente estudio de la consultora Eco Go señala que la situación financiera de miles de familias argentinas volvió a encender señales de alarma y revela que la proporción de créditos no bancarios catalogados como «irrecuperables» se cuadruplicó en apenas un año y alcanzó niveles récord dentro del sistema financiero.
El relevamiento destaca que los préstamos considerados incobrables pasaron de representar el 2,6% de la cartera total en marzo de 2025 al 10,8% en marzo de 2026. En términos absolutos, el stock de deuda irrecuperable saltó desde unos $232.000 millones hasta $1,5 billones y el deterioro se produjo en paralelo a un empeoramiento generalizado de la calidad crediticia, en un contexto marcado por tasas elevadas, caída del consumo y menor capacidad de compra.
El informe describe que el crédito no bancario totalizó $14,2 billones en marzo y de ese monto unos $3,9 billones quedaron dentro de categorías consideradas irregulares, es decir, créditos con riesgo medio, alto o directamente irrecuperables.
Por ese motivo, la irregularidad total de las carteras pasó al 27,5% en marzo contra el 10% registrado un año atrás y se observa que la aceleración del deterioro fue constante durante los últimos meses ya que en septiembre de 2025 la mora irregular era de 18,7%; en diciembre había subido al 23,1%; en enero llegó al 24,8% y ahora alcanzó su máximo reciente.
El dato más preocupante aparece en la categoría «irrecuperable», donde se concentran los préstamos con menores posibilidades de cobro ya que hace un año esos créditos representaban el 2,6% del financiamiento no bancario y hoy el 10%.
En paralelo, la porción de créditos considerados regulares siguió perdiendo terreno. Las categorías «situación normal» y «riesgo bajo» pasaron de explicar el 90% de la cartera en marzo de 2025 al 72,5% en marzo de este año.
Las consultoras privadas vienen advirtiendo desde hace meses sobre el impacto de la caída del ingreso disponible, especialmente entre familias que dependen del financiamiento para sostener gastos corrientes y consumo cotidiano.
El problema ya no se limita al segmento no bancario ya que según EcoGo, la irregularidad dentro de las entidades financieras tradicionales alcanzó el 6,7% en marzo, el nivel más alto desde febrero de 2020. En el caso de las familias, la mora bancaria llegó al 11,6%, también en máximos de varios años mientras que otro informe de la consultora 1816 indicó que el incumplimiento en los pagos de hogares aumentó por decimoséptimo mes consecutivo. El reporte advirtió además que la recuperación económica todavía no se traduce en una mejora concreta de los ingresos familiares.
A eso se suma el peso de las tasas de interés. Durante los primeros días de mayo, los préstamos personales bancarios mantuvieron una tasa nominal anual promedio del 68,3%, prácticamente sin cambios frente a meses anteriores.
El estudio estima que el 92% del crédito no bancario está destinado a familias y según el informe, el endeudamiento de los hogares con entidades no bancarias ya equivale al 36,7% de una masa salarial mensual y si se suma también el crédito bancario, la deuda total asciende al 145,4% de la masa salarial mensual. La situación es todavía más delicada entre trabajadores informales y cuentapropistas. En ese universo, el crédito no bancario equivale al 161% de la masa salarial estimada.
Pero, además del deterioro de la cartera, en marzo se observó una nueva caída del financiamiento. El crédito no bancario retrocedió 1,4% real respecto de febrero y acumuló dos meses consecutivos en baja. El crédito bancario al consumo también cayó 1,9% mensual real y ya suma cinco meses consecutivos de retroceso. A pesar de esa desaceleración, el estudio de Eco Go destaca que el volumen actual del crédito no bancario todavía se mantiene 139,8% por encima de marzo de 2024 en términos reales y un 20% superior al pico previo registrado en mayo de 2018.
Dentro del mercado, Tarjeta Naranja continúa liderando el financiamiento no bancario con una participación del 37,7% y detrás aparecen Mercado Libre y otras firmas vinculadas al crédito digital y al consumo.
Los analistas consultados por iProfesional señalan que la combinación entre inflación persistente, caída del poder adquisitivo y dificultades para refinanciar pasivos terminó golpeando de lleno la capacidad de pago de millones de personas.
Qué dice el Gobierno sobre el pico de morosidad bancaria
La morosidad actual es una señal de alerta potente. Ignorarla o abordarla con intervenciones de corto plazo o focalizadas en los efectos solo postergará y/o ampliará el problema. El diagnóstico, que distingue solvencia de liquidez, pone límites concretos a la efectividad de la baja de las tasas o del lanzamiento de nuevas líneas de crédito como herramienta para reactivar el consumo.
Pero uno de los problemas más graves son los altos niveles de morosidad que muestran muchas entidades no bancarias, en general mutuales, cooperativas y financieras del interior del país por el aumento de la mora en préstamos realizados en su mayoría a trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal a través de un sistema de código de descuento y donde en algunos casos esos índices de morosidad trepan a valores superiores al 30% y son imposibles de refinanciar.
El aumento de la morosidad afecta hoy a una gran cantidad de familias y en menor medida a empresas, y esta situación genera una gran preocupación en las asociaciones bancarias como ADEBA, ABA y ABE y también en las fintech dueñas de billeteras virtuales donde el endeudamiento es más preocupante con esas deudas no bancarias donde Mercado Libre lidera ese mercado.
La mora sube porque con inflación baja, las cuotas ya no se licúan y la deuda pesa más sobre el salario y las tasas reales positivas encarecen la refinanciación del saldo deudor.
La percepción del equipo económico es que en relación a los altos índices de morosidad es que el aumento de la mora bancaria se está saneando y le restan importancia al salto en la morosidad, que según los propios.
Según una fuente cercana al Gobierno consultada por iProfesional, los bancos ya vieron el pico de la morosidad, por lo que el sistema financiero se está saneando y hay indicios alentadores en los datos de marzo y abril de que el impacto de la mora está perdiendo peso.
La fuente agregó que aparecen indicios alentadores sobre la recuperación del crédito y el nivel de deterioro en las carteras se desacelera, y la información que anticipan marzo y abril muestra mejoras adicionales.
Al respecto hay que señalar en disertación en el evento de Expo EFI de hace 15 días, el Presidente del BCRA, Santiago Bausili, apuntó hacia las entidades bancarias al afirmar: «Los bancos tuvieron que reconstruir sus sistemas de scoring y hubo una primera ola de créditos que se otorgó a ciegas, sin saber a quién se le estaba prestando el dinero y cuando volvió el crédito, apareció la mora».
A la vez, mencionó también el rol de los tomadores de crédito al afirmar: «Para el deudor, la inflación se ocupaba de las últimas cuotas del crédito en pesos y ya no más y con la baja de la inflación se diluye el efecto de licuación sobre las deudas, vigente durante años previos. Además, Bausili sostuvo que la suba de la inflación, que trepó 3,4% en marzo y acumula 9,1% en el primer trimestre, es lo que llamó un shock temporal.
En el mercado también siguen de cerca la evolución de la brecha entre tasas activas y pasivas, que actualmente se encuentra en máximos de veinte años. Hacia adelante, la atención estará puesta sobre los próximos balances de los bancos a fines de este mes, que podrían aportar nuevas señales para determinar si la morosidad alcanzó un pico y qué panorama se traza para los próximos meses.
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ECONOMIA
Subsidios: pese a los aumentos, el usuario residencial paga un tercio de lo que cuesta la luz

El usuario residencial de ingresos bajos o medios apenas paga el 32% del costo real de la energía eléctrica en la Argentina, y esta cobertura parcial de la tarifa hogareña obliga al Estado nacional a financiar el 68% restante del sistema mediante subsidios directos. Es decir que el esfuerzo fiscal del Gobierno y el encarecimiento de los servicios públicos todavía no logran corregir el desequilibrio estructural del sector.
Los datos surgen del Monitor Eléctrico de abril de 2026 elaborado por la RICSA Alyc, según el cual el Precio Estacional (PEST) de la energía mayorista registró una suba del 36,4% interanual en pesos al alcanzar los $86.929 por megavatio-hora (MWh).
Sin embargo, la brecha de subsidios en el servicio eléctrico persiste porque conviven realidades opuestas: mientras los usuarios residenciales sin subsidio cubren el 93% del costo real abonando unos $107.430/MWh, el segmento base paga una tarifa regulada de apenas $37.693/MWh, quedando muy lejos de los u$s 84,0 por MWh que promedia el costo monómico total del mercado asignado.
La oscilación de las variables operativas y climáticas encareció la generación local durante abril y amplió la necesidad de asistencia pública. La temperatura media en el Gran Buenos Aires se ubicó en 19,7 °C , una marca que superó en 1,3 °C al registro de abril de 2025 y en 1,8 °C al promedio histórico otoñal. Este factor meteorológico estiró el uso de los equipos de climatización y provocó un salto del 7,7% interanual en la demanda eléctrica global, traccionada principalmente por el consumo residencial.
El desequilibrio entre oferta y demanda
A la mayor presión de la demanda se sumó un frente crítico en el lado de la oferta, y es que la generación del parque nuclear argentino sufrió una severa contracción del 51,9% interanual. Las centrales nucleares, que aportan energía de base limpia y a costos previsibles, pasaron de despachar 898 GWh en abril del año pasado a tan solo 432 GWh en el mes bajo análisis. Esta merma dejó un bache de 466 GWh que obligó al sistema a recalcular su estrategia para garantizar el abastecimiento de la red.
La respuesta operativa para cubrir el faltante nuclear consistió en incrementar el uso del parque de generación térmica. El despacho termoeléctrico subió un 13,3% interanual para inyectar unos 721 GWh adicionales al sistema interconectado. Al tener que quemar un volumen superior de combustibles fósiles, el Costo Marginal Operativo (CMO) de la electricidad en dólares experimentó un salto del 37,2% mensual y se ubicó en un promedio de u$s 86,2 por MWh, un encarecimiento de la energía.
En paralelo, el mercado eléctrico continuó exhibiendo su histórica segmentación operativa entre bloques regulados y áreas expuestas a precios de mercado. El segmento de Generación Asignada, orientado a abastecer a la demanda estacionalizada residencial con precios fijados por la autoridad regulatoria, representó el 49% de la oferta total con 5.372 GWh. En contraposición, el Mercado Spot y el Mercado a Término (MAT) explicaron el 36% y el 15% restante de la energía comercializada.
La composición del costo monómico final ratifica por qué el mercado asignado resulta más oneroso para las arcas públicas. Mientras que el Precio Spot totalizó u$s 72,8 por MWh, el Costo Asignado trepó hasta los u$s 84,0 por MWh debido a que el precio específico de la energía para blindar a los usuarios regulados promedió los u$s 60,7 por MWh frente a los u$s 52,7 por MWh del mercado no regulado.
Los datos consolidados demuestran que la quita de subsidios eléctricos se encuentra ante un techo difícil de perforar bajo las condiciones macroeconómicas actuales. Cada evento imprevisto en la generación o cada oscilación hacia arriba en el termómetro se traduce en una mayor dependencia del parque térmico de gas, elevando los costos de un sistema monómico que el usuario residencial base todavía mira de lejos en sus boletas finales.
Los subsidios energéticos se duplicaron
De acuerdo a otro informe, a pesar del severo ajuste implementado sobre las cuentas públicas y el sostenimiento del superávit fiscal a fuerza de recortes en el gasto real, las partidas de subsidios destinadas a sostener el sistema energético nacional exhibieron para el equipo económico que encabeza Luis Caputo una preocupante tendencia alcista durante el arranque del año.
Los subsidios energéticos registraron un incremento del 105% medidos en dólares durante los primeros cuatro meses de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando un desembolso total de u$s1.240 millones, algo que enciende alarmas en el Palacio de Hacienda por su impacto sobre la sostenibilidad de la política sectorial.
La consultora especializada Economía y Energía explicó que esta fuerte expansión de las transferencias estatales encuentra su explicación principal en la reconfiguración del sector eléctrico, donde el costo de abastecimiento residencial promedio sufrió una escalada del 18% interanual, ubicándose en torno a los u$s81 por megavatio-hora (USD/MWh).
El alza estuvo traccionada de manera directa por las reformas normativas aplicadas al parque de generación, las cuales conllevaron una mayor remuneración para las centrales hidroeléctricas binacionales y concesionadas, encareciendo de modo sistémico la provisión mayorista de energía que debe absorber la demanda prioritaria.
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ECONOMIA
Biocombustibles: las claves detrás del proyecto del Gobierno que busca desregular el mercado

El gobierno de Javier Milei propone la desregulación del mercado de biocombustibles en la Argentina y fundamenta el cambio en la madurez alcanzada por el sector, el impacto fiscal del régimen vigente y las posibilidades de inserción internacional. Según la posición oficial, el esquema de protección establecido en 2007 ya no responde a las condiciones actuales de la industria.
La semana pasada ingresó al Senado un proyecto promovido por Patricia Bullrich, resultado de casi dos años de diálogo entre la Secretaría de Energía y representantes de la cadena productiva. La iniciativa, que cuenta con amplio apoyo político, plantea aumentar el porcentaje obligatorio de biodiésel en el gasoil de 7,5% a 10% y el de bioetanol en las naftas de 12% a 15%, incorporar motores Flex Fuel y establecer un sistema electrónico para la comercialización.
El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, fue el primero en exponer y defendió la iniciativa con una admisión llamativa: “Tiene ganadores, perdedores, afectados”, sostuvo ante los senadores. Consideró “oportuno discutir una nueva ley” y afirmó que el proyecto “contiene los lineamientos que venimos trabajando hace casi dos años”.
Sobre el biodiesel, González advirtió que su costo es “muchísimo más alto que el fósil” y descartó duplicar el corte, porque implicaría “una suba estructural y permanente en el gasoil, con mayor costo de transporte, agro y consumidores finales”.

La Ley 26.093 fijó la mezcla obligatoria de biocombustibles con combustibles fósiles, estableciendo un corte del 12% de bioetanol en la nafta y del 7,5% de biodiésel en el gasoil, junto con incentivos fiscales para la construcción de plantas productoras. El objetivo fue promover alternativas energéticas renovables en un contexto internacional marcado por el alto precio del petróleo.
De acuerdo con la visión oficial, el sector productivo argentino de biocombustibles, principalmente biodiésel y bioetanol de maíz, alcanzó una escala industrial y tecnológica que permite competir sin precios administrados ni un mercado cautivo. El Gobierno considera que la industria cuenta con capacidad instalada y acceso a materias primas competitivas a nivel internacional.
Entre los argumentos presentados, el Gobierno señala el costo fiscal del régimen actual. Estima que los beneficios impositivos generaron un gasto de 6.000 millones de dólares en 15 años, sumado a una pérdida de divisas de 1.400 millones de dólares por exportaciones agrícolas no realizadas, debido a la obligación de destinar parte de la producción de maíz y soja al mercado interno de biocombustibles.
La estructura del sector es otro punto central de la argumentación oficial. Si bien el objetivo original fue promover la participación de pequeñas y medianas empresas, la mayor parte de la capacidad productiva está concentrada en grandes grupos empresarios. Un caso citado es el Grupo Bahía Energía, que controla seis empresas y concentra el 22,5% de la producción total asignada, lo que, según la postura oficial, limita la competencia.
La eficiencia energética de los biocombustibles es un aspecto señalado por el Gobierno y se sirve de datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) que indican que el etanol ofrece un 75% del poder energético de la nafta y el biodiésel un 87% del gasoil. Esta diferencia reduce la autonomía de los vehículos y representa un costo adicional para los usuarios.
El oficialismo considera que el contexto internacional resulta favorable para la inserción externa de los biocombustibles argentinos. La Argentina es el tercer exportador mundial de maíz y el principal proveedor global de aceite de soja, materias primas esenciales para la producción de biodiésel y bioetanol. De acuerdo con la visión oficial, la apertura del mercado permitiría desarrollar una industria menos dependiente de regulaciones locales y con mayor proyección exportadora.
En el caso del bioetanol de caña de azúcar, la posición oficial reconoce las particularidades de las economías regionales del noroeste argentino, donde la sobreoferta global y las restricciones a la exportación plantean la necesidad de un tratamiento diferenciado para ese segmento.
El debate legislativo en torno a la desregulación se desarrolla con posiciones encontradas entre distintos sectores, pero el Gobierno sostiene que un mercado más abierto responde a la necesidad de mejorar la asignación de recursos públicos, reducir distorsiones y fortalecer la competitividad de la producción nacional.
South America / Central America
ECONOMIA
Las importaciones siguen en el freezer y la City ya habla del fin de la «restricción de dólares»

Mientras el Gobierno celebra los récords en exportaciones -que permiten el fuerte flujo de dólares que entran a la economía- los analistas ponen la lupa sobre las importaciones, y no esconden su preocupación por el escaso vigor que muestran las compras desde el exterior. Por lo pronto, la última encuesta REM corrigió a la baja, otra vez, su previsión de importaciones, en coincidencia con la capacidad ociosa de las plantas fabriles.
Las únicas importaciones que siguen creciendo son las de bienes de consumo final y automóviles -lo que en la jerga se denomina como «compras Temu»-, que ya representan la cuarta parte del total.
En cambio, el resto -maquinaria e insumos de la industria- sigue decreciendo, en línea con las expectativas de que el próximo dato del EMAE vuelva a mostrar números en rojo tras la breve ilusión del mes anterior.
Para algunos, esa situación una señal de que la industria seguirá en recesión, y con un nivel de capacidad ociosa tan alto que no amerita la compra de bienes de capital. Por caso, la consultora Analytica consigna «predominio de señales débiles en la demanda interna, la industria pesada y el sector automotriz», y pronostica una caída de 0,8% interanual para el EMAE de abril.
¿Adiós a la restricción externa?
Otros van más allá y creen que Argentina está viviendo un cambio de modelo, en el que ese bajo nivel de importaciones se corresponde con un nuevo escenario en el que ramas enteras de la producción perderán competitividad.
Es el caso de la consultora LCG, que compara la situación actual con la del año 2017. Y observa que, pese a que en ambos momentos se registra el mismo nivel de «atraso cambiario», ahora hay un sólido superávit comercial y posible superávit en cuenta corriente, mientras que el gobierno macrista sufría déficits de las cuentas externas.
Y concluye que el gran factor que posibilitó esa diferencia fue Vaca Muerta, que no sólo transformó un crónico déficit energético en un superávit: sacó del mapa la clásica «restricción externa».
Durante décadas, se consideraba que esa era una de las debilidades más difíciles de resolver para la economía argentina: como para crecer un punto del PBI se necesitaba aumentar tres puntos las importaciones, los dólares que generaba el campo nunca alcanzaban para reactivar a la industria. Eso llevaba a los tradicionales ciclos del «stop and go», y justificaba los planteos de regulaciones cambiarias, que tuvo su máxima expresión en el «cepo» de la era kirchnerista.
En definitiva, el nuevo panorama hace que un dólar de $1.400 no implique una presión en el que todos los importadores salgan corriendo a acumular stock por temor a una devaluación inminente. En principio, es una situación festejable, como de hecho la celebra Javier Milei en los discursos en los que critica a los teóricos de la restricción de dólares.
Pero, por otra parte, hay un creciente temor a que en la economía argentina se instale la llamada «enfermedad holandesa», como denominan los economistas a la situación en que se da un equilibrio de tipo de cambio bajo, que no permite competir a la industria y genera alto desempleo.
«Ahora, el sector de hidrocarburos está haciendo su aporte (junto con el optimismo para emitir ONs en dólares) para ocultar el síntoma del atraso cambiario. Tenemos márgenes afectados en varias empresas, pero no tenemos síntomas en la balanza de pagos. Esta enfermedad (holandesa) es asintomática al principio, pero está«, indica el reporte de LCG
Y advierte que ese modelo no está libre de un riesgo de crisis traumática: «Hoy, de hecho, ya empezó a mostrar síntomas en su impacto en empresas y en el empleo. Puede madurar de a poco, pero el desenlace (en una forma distinta a la de una crisis de balanza de pagos) puede ser repentino».
Recalculando a la baja
Al comienzo, la explicación que se daba para explicar la caída importadora era que, como en los meses previos a la elección legislativa de octubre se había generado una expectativa devaluatoria, se habían concretado importaciones «por las dudas» cuyo objetivo era acumular stock aprovechando un tipo de cambio que se percibía bajo.
Sin embargo, ese argumento, que era entendible en el momento inmediatamente posterior a la elección, ya va perdiendo fuerza siete meses después de realizada la elección. Tanto que los economistas creen que el bajón importador no es un accidente sino una tendencia estable en la economía.
Por lo pronto, la última encuesta REM entre expertos de bancos y consultoras confirmó la visión del mercado sobre el rumbo económico: cada vez se espera una mayor distancia entre exportaciones e importaciones. La buena noticia es que ayuda a la estabilidad financiera y a atenuar la sensación de riesgo ante el exigente calendario de pagos de deuda.
Pero, por otro lado, reafirmar que la crisis de los sectores «perdedores del nuevo modelo» no será apenas pasajera, sino que puede ser una tendencia de largo plazo. El REM ya recortó en u$s3.500 millones su previsión inicial, y hay analistas que creen que el próximo informe tendrá una proyección de u$s77.000 millones.
Incluso hay, entre los expertos, algunos que llegan más lejos y hasta creen que las importaciones serán menores que las del año pasado. Por caso, un informe de inversión Morgan Stanley pronostica que el volumen de las compras será de apenas u$s74.700 millones.
¿Señales de mejora?
A esta altura del año pasado, las importaciones ascendían a un promedio mensual de u$s6.000 millones, mientras que este año cayeron a u$s5.630 millones. De mantenerse esa media, el año terminaría incluso por debajo de lo que proyectan los economistas, en torno de u$s68.000 millones.
Esto implica que, pese a todo, hay una expectativa de que en el segundo semestre pueda haber una leve recuperación. Parte de esa suba se explicará por motivos «no positivos», como una mayor necesidad de importaciones de gas licuado de petróleo, de manera de suplir una mayor demanda ante las bajas temperaturas invernales.
Pero, otra parte, podría estar protagonizada por la industria. «Empiezan a darse algunas de las condiciones para que, muy gradualmente, las importaciones salgan del amesetamiento del último año y medio», observa Jorge Vasconcelos, economista jefe de Fundación Mediterránea.
Y enumera entre esas condiciones la baja de interés para los créditos, un aumento en el poder adquisitivo de la exportación y, finalmente, una mayor apreciación del peso -que abarata las compras del exterior-.
Pero, de momento, las importaciones más dinámicas siguen siendo las de productos de consumo final que compiten con la producción local. Es algo que se nota particularmente en rubros como la indumentaria y los electrodomésticos.
Y el gobierno ha dejado en claro que su apertura comercial no está fundada sólo en una vocación ideológica liberal, sino que es, sobre todo, parte de su estrategia anti inflacionaria. En un contexto en el que los alimentos y los servicios públicos empujan el promedio del IPC al alza, los bienes importados hacen de contrapeso.
Hablando en números, mientras la inflación acumulada enero-abril fue de 12,3%, la ropa apenas aumentó 5,9% y los electrodomésticos un 8,8%.
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