El gasto estatal destinado a sostener los subsidios del sistema energético registró un marcado incremento durante el primer cuatrimestre  del año, dado que entre enero y abril de 2026, las transferencias corrientes al sector energético totalizaron u$s1.240 millones, resultado del impacto del incremento de los valores en dóalares de los energéticos.

De acuedo al reporte de la consultora especializada Economía y Energía, el nivel de subsidios del arranque del año duplicó a los u$s604 millones de igual período de 2025, lo que marca un quiebre en la tendencia de reducción del gasto público que se observaba desde el pico histórico registrado en 2022.

A pesar de este fuerte repunte interanual, el acumulado de los primeros cuatro meses del año muestra un comportamiento dispar al analizar la serie histórica reciente. Las planillas oficiales reflejan que en el primer cuatrimestre de 2019 los subsidios sumaron u$s1.047 millones, para luego descender a u$s977 millones en 2020. 

A partir de allí se inició una escalada que llevó el gasto a u$s1.636 millones en 2021 y al récord histórico de u$s3.845 millones en 2022. Posteriormente, la curva comenzó a descender a u$s2.987 millones en 2023, profundizó la baja a u$s1.675 millones en 2024 y tocó un piso de 604 millones en u$s2025, antes de saltar a los actuales u$s1.240 millones de 2026.

A dónde van los subsidios energéticos

El principal motor de estas transferencias estatales continúa siendo CAMMESA, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista. La empresa concentró el 74% de los fondos totales del cuatrimestre, con un requerimiento de u$s913 millones, de acuerdo al relevamiento de la consultora que dirige el economista Nicolás Arceo, en base a datos procesados sobre información de ASAP y Presupuesto Abierto, que no contemplan transferencias de capital.

La centralización de los recursos en esta firma expone la persistente dependencia del sistema de generación y distribución eléctrica respecto de la asistencia financiera del Tesoro Nacional para cubrir la brecha entre los costos reales y las tarifas vigentes.

El resto de los fondos públicos se distribuyó de manera sumamente desigual entre los demás actores regulados. ENARSA se posicionó como el segundo mayor receptor con u$s196 millones, equivalente al 16% de las erogaciones totales, mientras que el programa de incentivo a la producción local conocido como Plan Gas representó apenas el 1% de la torta, con un desembolso de u$s17 millones. El 9% restante (US$113 millones) se destinó a otros conceptos del sector, que incluyen yacimientos carboníferos y fondos fiduciarios.

La evolución mensual detallada revela un comportamiento volátil, caracterizado por picos estacionales de gasto seguidos por períodos de transferencias nulas en meses previos. El registro puntual de abril de 2026 cerró en u$s262 millones, un valor moderado en comparación con los techos mensuales históricos de la serie, pero que confirma la consolidación de un piso de gasto superior al del arranque de 2025. 

El nuevo paradigma de los subsidios

El salto del gasto se da a pesar del fuerte ajuste que el gobierno viene encarando en los subsidios a la demanda residencial, lo cual se materializón con la entrada en vigencia del Decreto 943/2025, que eliminó el viejo andamiaje de segmentación tarifaria e inauguró formalmente el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Esta reforma estructural implicó la derogación del Decreto 332/2022 y dio por concluido el prolongado período de transición regulatoria. El nuevo enfoque persigue la unificación integral de todas las asistencias nacionales bajo una única ventanilla de asignación, simplificando un mapa normativo que adolecía de regímenes superpuestos y distorsiones que abultaban el rojo fiscal.

Esta reingeniería se basa en la creación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), el cual absorbe de manera automática a la base de datos que conformaba el antiguo RASE. El criterio para conservar o solicitar la asistencia estatal se desliga de las viejas categorías por niveles de ingresos y se restringe de forma exclusiva a los hogares cuyos ingresos netos totales resulten inferiores al valor de tres Canastas Básicas Totales (CBT) informadas por el Indec.

Asimismo, la autoridad de aplicación se reserva el derecho de cruzar bases de datos patrimoniales para excluir del beneficio a usuarios con signos evidentes de exteriorización de riqueza. El impacto directo sobre las boletas de luz y gas se instrumenta a través de un esquema de bonificaciones fijas del 50%, pero estrictamente sujetas a bloques de consumo base predeterminados.

Para el segmento eléctrico, el SEF introduce un criterio de estacionalidad, subsidiando hasta un tope de 300 kWh mensuales en los meses de alta demanda invernal y estival, volumen que se reduce a la mitad (150 kWh) durante los meses de otoño y primavera. Toda energía demandada en exceso de estos límites regulados deberá ser abonada por el usuario residencial a precio pleno de mercado, sin ningún tipo de compensación estatal.

El avance sobre el Plan Hogar y Zona fria

La reconfiguración oficial sobre el sector hidrocarburífero tiene un eje crítico en la absorción gradual del Programa Hogar -destinado a los usuarios domiciliarios de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP)- dentro del entramado del SEF.

Esta unificación busca desmantelar el esquema de transferencias masivas para la compra de la garrafa social, migrando hacia un sistema de acreditación electrónica directa en base a topes máximos por hogar. El nuevo diseño regulatorio busca limitar las filtraciones en la cadena de distribución minorista de GLP y asegurar que el auxilio estatal llegue exclusivamente a las familias de bajos recursos sin conexión a la red de gas natural.

En paralelo, el gobierno apunta al debate legislativo para lograr una reingeniería del régimen de Zona Fría, con el propósito de eludir el gasto que implicaba la ampliación geográfica. El Gobierno impulsa un rediseño de los límites de las regiones beneficiadas para restringir los descuentos en las tarifas de gas residencial únicamente a los departamentos y localidades con rigores climáticos extremos comprobados.

Mediante la aplicación de criterios técnicos basados en las normas de zonificación bioambiental, se busca desafectar a las zonas templadas que contaban con subsidios generalizados, concentrando el esfuerzo fiscal remanente en la Patagonia y la Puna.

El fuerte aumento de los índices de morosidad que se observa desde diciembre pasado en muchos saldos de tarjetas de crédito y en los créditos bancarios y no bancarios, otorgados a personas y familias es uno de los efectos no deseados del actual programa económico. Sobre todo, debido a una fuerte suba de las tasas de interés del año pasado muy por encima de la inflación y con salarios con una indexación muy cercana a la inflación.

Tanto el sistema bancario como el no bancario argentino atraviesan una etapa de transición con una tasa de interés en baja pero con niveles de mora en créditos personales, tarjetas de créditos bancarias y créditos no bancarios en niveles récord.

La morosidad en bancos es récord: altísimas tasas y cuotas impagables

El aumento de la morosidad bancaria y no bancaria provoca una gran preocupación en el Gobierno y en los bancos públicos, privados y provinciales y en las empresas dueñas de billeteras digitales.

El sector más castigado es el de los clientes que tienen deudas de créditos personales y tarjetas de crédito que muestran índices de morosidad que en algunos casos llegan al 14%.

Para dimensionar la situación de la mora bancaria y no bancaria actual hay que destacar que en la prepandemia la morosidad promedio del sistema era del 7% en diciembre 2019, con un 6% para las personas físicas y 7,5% en empresas cuando por ejemplo a fines del 2016 era del 3,2% para el promedio del sistema en su conjunto, y del 3,9% para personas y del 2,8% para empresas. La crisis del 2018 explica el gran salto del 3,5% al 5,1% y luego al 7% en 2019.

Los índices de morosidad aumentaron fuerte en los primeros meses de 2026. De acuerdo con informes del sector y según cálculos de la consultora 1816, la irregularidad en financiación con tarjetas de crédito a familias llegó al 11%, y se trata del mayor nivel desde la crisis de 2001-2002, y en el sector no bancario las cifras rondan el 25% y el impacto más fuerte se da en muchos jóvenes y jubilados.

Esto genera intereses moratorios y punitorios junto a reportes negativos en centrales de riesgo y las posibles acciones legales como embargos que los bancos podrían realizar sobre sus clientes.

Los planes de refinanciación que lanzaron bancos públicos para clientes endeudados

Por lo que pudo saber iProfesional, hay tres bancos públicos como el Banco Nación Argentina (BNA), el Banco Provincia de Buenos Aires (BAPRO) y el Banco Ciudad de Buenos Aires picaron en punta lanzando planes de refinanciación para resolver el problema de varios de sus clientes endeudados.

En el caso de estos bancos, la tasa de interés que deben pagar los endeudados está en promedio en valores que van del 60% al 80% anual pero si le suman otros ítems como punitorios y costos de seguros, lo que traduce en el llamado Costo Financiero Total (CFT), estas tasas en algunos casos superan entre el 100% y el 120% anual lo que resulta prácticamente impagable para la mayoría de los deudores.

En promedio se calcula que las deudas por saldos impagos de tarjeta de crédito y créditos personales afecta a unos 5.000.000 de personas con los bancos que van de los $4.000.000 a los $6.000.000.

Si se toma el ejemplo de una deuda de $4.000.000, el deudor podría cancelar su deuda en un periodo que va de un mínimo de 12 meses, un tiempo medio de 24 meses y a un máximo de 76 meses. En el primer caso pagando cuotas mensuales de unos $540.000 y pagará en ese año un total de unos $6.500.000 pero el banco le suspenderá la tarjeta de crédito hasta que el deudor cancele el pago con intereses que representan unos $2.500.000 sobre el capital.

Está la posibilidad de una refinanciación a 36 meses, en este caso la cuota es de unos $365.000 y el total a pagar trepa a unos $13.000.000, por lo tanto, por intereses el deudor debe pagar unos $9.000.000 y paga más de 3 veces el valor de la deuda inicial.

Las refinanciaciones son de acuerdo al tipo de cliente, y en algunos casos podrían llegar a los 72 meses pero los intereses a pagar terminan siendo casi usurarios. La cuota a pagar es de unos $315.000 por mes pero en seis años termina pagando un total de unos $22.600.000 y paga de intereses casi 5 veces más del valor a refinanciar.

A diferencia de los bancos públicos, los privados buscan contactar a los clientes en mora avanzada que va de más 90 o 180 y además de la refinanciación les ofrecen quitas de capital y si el cliente demuestra voluntad de pago el banco puede llegar a aceptar una condonación de parte de los intereses.

El sobreendeudamiento de hace seis meses explica la mora actual

En relación a este problema, la consultora Qaly que dirige la economista Anastasia Daicich elaboró un análisis econométrico construido sobre datos del BCRA, donde identifica el sobreendeudamiento de seis meses atrás como principal predictor de la irregularidad crediticia que se observa en la actualidad.

El trabajo destaca que la irregularidad de la cartera de crédito a familias en Argentina pasó del 2,8% en diciembre de 2023 al 11,2% en febrero de 2026, según datos del BCRA pero en abril de acuerdo a datos provisorios esta mora habría llegado casi a un 12%.

En préstamos personales, el deterioro fue más pronunciado: de 4,3% a 13,8% en el mismo período. En tarjetas de crédito, del 1,8% al 11,6%. En el segmento no bancario como fintech, billeteras digitales y financieras de consumo, las tasas de mora superan el 30% en varios casos, duplicando o triplicando los niveles del sistema bancario tradicional.

«Son números que señalan algo más que una mala racha. De acuerdo a nuestro análisis construido sobre datos del sistema financiero, ofrece una explicación estructural: el principal predictor estadístico de la mora actual no es la inflación del momento, ni el nivel de actividad económica, sino el nivel de endeudamiento de seis meses atrás«, explicó a iProfesional Daicich.

La economista explica que se trata de un efecto bola de nieve con rezago. «El modelo identifica un proceso en dos fases. En la primera, el deterioro del ingreso real empujó a las familias a utilizar el crédito como sustituto parcial del salario. El ajuste fiscal y monetario de los últimos dos años generó una fuerte caída inicial del poder adquisitivo: hacia principios de 2026, el salario real registrado se encontraba todavía cerca de un 9% por debajo de sus niveles de noviembre de 2023. Pero el ajuste del gasto de las familias fue parcial, porque una parte importante de los egresos de los hogares es inelástica: transporte, energía, salud, educación y alquiler no pueden eliminarse aunque el ingreso caiga y la actualización de tarifas por encima de la inflación general potenció ese efecto, reduciendo el margen disponible para honrar deudas.

La economista explica que en la segunda fase, esa acumulación de deuda se transforma en mora. Entre diciembre de 2023 y enero de 2026, el endeudamiento total de las familias en el sistema bancario (en moneda corriente) creció 5,3 veces, con préstamos personales aumentando 9 veces y tarjetas 3,4 veces. La relación entre deuda (tarjetas más préstamos personales) y masa salarial pasó de 0,99 a 2,09 en abril de 2024 y diciembre de 2025. Con tasas de interés reales que llegaron al 5,2% mensual en tarjetas y 4,6% en personales durante el segundo semestre de 2025, esos niveles son incompatibles con los ingresos disponibles. El resultado: atrasos que derivan en impagos y, por efecto del interés compuesto, en deuda creciente», destacó la economista.

El estudio señala además que el nivel de actividad económica, medido por el EMAE, tiene menor capacidad explicativa sobre la mora que el endeudamiento previo.

La razón es que la recuperación del producto es marcadamente heterogénea: favorece a sectores exportadores y de commodities, pero no necesariamente a los hogares más endeudados, que se concentran en actividades ligadas al consumo interno. Una mejora del PBI agregado no resuelve el problema de la mora si no se traduce en ingresos para esos hogares.

El análisis distingue por un lado un problema de liquidez transitoria que se resolvería con refinanciaciones, quitas o tasas más bajas. Pero destaca que se trata de un problema de solvencia estructural, donde el ingreso de las familias es insuficiente de manera persistente para atender sus compromisos financieros.

El segmento no bancario amplifica la crisis de endeudamiento

Pero además lo que ocurre en el segmento no bancario amplifica el problema. «Las fintech y financieras de consumo cubrieron parte de la demanda con productos de acceso rápido, requisitos laxos y tasas reales muy elevadas. En un contexto de baja educación financiera y caída del poder adquisitivo, esos créditos funcionaron como catalizadores del sobreendeudamiento: un simple atraso genera intereses compuestos que rápidamente vuelven la deuda impagable. No es casual que la mora en ese segmento duplique o triplique la del sistema bancario», explica el informe.

Hay que considerar para el análisis que el crédito es un instrumento clásico de reactivación económica pero en la economía local su efectividad en el corto plazo está severamente limitada, y los datos permiten entender por qué.

En primer lugar, porque las familias ya están sobreendeudadas y si se amplía la oferta de crédito sobre una base deteriorada se profundizaría el problema. En segundo término, porque el sistema bancario reaccionó racionalmente endureciendo sus criterios.

La Encuesta de Condiciones Crediticias del BCRA del primer trimestre de 2026 confirma ese endurecimiento y registra una menor demanda de las familias. Ese ajuste, lógico desde la gestión individual del riesgo, genera un feedback negativo sistémico: una mayor mora implica una mayor cautela bancaria, a su vez una restricción del crédito y luego un menor consumo y nivel de actividad.

En tercer lugar, el ahorro de mediano y largo plazo que es condición necesaria para que los bancos puedan financiar proyectos de mayor plazo es escaso.

Por lo tanto, frente a este escenario una reducción de las tasas nominales o lanzar líneas específicas de crédito podría tener efectos marginales, pero no recompone un mercado crediticio estructuralmente débil.

El dato duro que emerge del análisis de la mayoría de los analistas consultados por iProfesional es que la primera condición para que el crédito opere como herramienta de reactivación es la recuperación genuina y sostenida del ingreso real de los hogares. Sin esta mejora, el crédito seguirá siendo un mecanismo de compensación de un desequilibrio estructural entre lo que los hogares ganan y lo que no pueden dejar de gastar.

La segunda condición es que se baje el costo financiero efectivo, el llamado Costo Financiero Total (CFT) que en el escenario actual combina tasas reales positivas con comisiones y cargos que elevan el costo muy por encima de la tasa nominal y en el segmento no bancario, esas tasas llegan a ser usurarias.

La mayoría de los expertos coincide en que una baja gradual y creíble de la inflación tendencialmente decreciente y expectativas ancladas son esenciales para hacer viable el repago de deudas existentes y el otorgamiento de crédito nuevo.

Los créditos irrecuperables se cuadruplicaron en un año

Por su parte, un reciente estudio de la consultora Eco Go señala que la situación financiera de miles de familias argentinas volvió a encender señales de alarma y revela que la proporción de créditos no bancarios catalogados como «irrecuperables» se cuadruplicó en apenas un año y alcanzó niveles récord dentro del sistema financiero.

El relevamiento destaca que los préstamos considerados incobrables pasaron de representar el 2,6% de la cartera total en marzo de 2025 al 10,8% en marzo de 2026. En términos absolutos, el stock de deuda irrecuperable saltó desde unos $232.000 millones hasta $1,5 billones y el deterioro se produjo en paralelo a un empeoramiento generalizado de la calidad crediticia, en un contexto marcado por tasas elevadas, caída del consumo y menor capacidad de compra.

El informe describe que el crédito no bancario totalizó $14,2 billones en marzo y de ese monto unos $3,9 billones quedaron dentro de categorías consideradas irregulares, es decir, créditos con riesgo medio, alto o directamente irrecuperables.

Por ese motivo, la irregularidad total de las carteras pasó al 27,5% en marzo contra el 10% registrado un año atrás y se observa que la aceleración del deterioro fue constante durante los últimos meses ya que en septiembre de 2025 la mora irregular era de 18,7%; en diciembre había subido al 23,1%; en enero llegó al 24,8% y ahora alcanzó su máximo reciente.

El dato más preocupante aparece en la categoría «irrecuperable», donde se concentran los préstamos con menores posibilidades de cobro ya que hace un año esos créditos representaban el 2,6% del financiamiento no bancario y hoy el 10%.

En paralelo, la porción de créditos considerados regulares siguió perdiendo terreno. Las categorías «situación normal» y «riesgo bajo» pasaron de explicar el 90% de la cartera en marzo de 2025 al 72,5% en marzo de este año.

Las consultoras privadas vienen advirtiendo desde hace meses sobre el impacto de la caída del ingreso disponible, especialmente entre familias que dependen del financiamiento para sostener gastos corrientes y consumo cotidiano.

El problema ya no se limita al segmento no bancario ya que según EcoGo, la irregularidad dentro de las entidades financieras tradicionales alcanzó el 6,7% en marzo, el nivel más alto desde febrero de 2020. En el caso de las familias, la mora bancaria llegó al 11,6%, también en máximos de varios años mientras que otro informe de la consultora 1816 indicó que el incumplimiento en los pagos de hogares aumentó por decimoséptimo mes consecutivo. El reporte advirtió además que la recuperación económica todavía no se traduce en una mejora concreta de los ingresos familiares.

A eso se suma el peso de las tasas de interés. Durante los primeros días de mayo, los préstamos personales bancarios mantuvieron una tasa nominal anual promedio del 68,3%, prácticamente sin cambios frente a meses anteriores.

El estudio estima que el 92% del crédito no bancario está destinado a familias y según el informe, el endeudamiento de los hogares con entidades no bancarias ya equivale al 36,7% de una masa salarial mensual y si se suma también el crédito bancario, la deuda total asciende al 145,4% de la masa salarial mensual. La situación es todavía más delicada entre trabajadores informales y cuentapropistas. En ese universo, el crédito no bancario equivale al 161% de la masa salarial estimada.

Pero, además del deterioro de la cartera, en marzo se observó una nueva caída del financiamiento. El crédito no bancario retrocedió 1,4% real respecto de febrero y acumuló dos meses consecutivos en baja. El crédito bancario al consumo también cayó 1,9% mensual real y ya suma cinco meses consecutivos de retroceso. A pesar de esa desaceleración, el estudio de Eco Go destaca que el volumen actual del crédito no bancario todavía se mantiene 139,8% por encima de marzo de 2024 en términos reales y un 20% superior al pico previo registrado en mayo de 2018.

Dentro del mercado, Tarjeta Naranja continúa liderando el financiamiento no bancario con una participación del 37,7% y detrás aparecen Mercado Libre y otras firmas vinculadas al crédito digital y al consumo.

Los analistas consultados por iProfesional señalan que la combinación entre inflación persistente, caída del poder adquisitivo y dificultades para refinanciar pasivos terminó golpeando de lleno la capacidad de pago de millones de personas.

Qué dice el Gobierno sobre el pico de morosidad bancaria

La morosidad actual es una señal de alerta potente. Ignorarla o abordarla con intervenciones de corto plazo o focalizadas en los efectos solo postergará y/o ampliará el problema. El diagnóstico, que distingue solvencia de liquidez, pone límites concretos a la efectividad de la baja de las tasas o del lanzamiento de nuevas líneas de crédito como herramienta para reactivar el consumo.

Pero uno de los problemas más graves son los altos niveles de morosidad que muestran muchas entidades no bancarias, en general mutuales, cooperativas y financieras del interior del país por el aumento de la mora en préstamos realizados en su mayoría a trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal a través de un sistema de código de descuento y donde en algunos casos esos índices de morosidad trepan a valores superiores al 30% y son imposibles de refinanciar.

El aumento de la morosidad afecta hoy a una gran cantidad de familias y en menor medida a empresas, y esta situación genera una gran preocupación en las asociaciones bancarias como ADEBA, ABA y ABE y también en las fintech dueñas de billeteras virtuales donde el endeudamiento es más preocupante con esas deudas no bancarias donde Mercado Libre lidera ese mercado.

La mora sube porque con inflación baja, las cuotas ya no se licúan y la deuda pesa más sobre el salario y las tasas reales positivas encarecen la refinanciación del saldo deudor.

La percepción del equipo económico es que en relación a los altos índices de morosidad es que el aumento de la mora bancaria se está saneando y le restan importancia al salto en la morosidad, que según los propios.

Según una fuente cercana al Gobierno consultada por iProfesional, los bancos ya vieron el pico de la morosidad, por lo que el sistema financiero se está saneando y hay indicios alentadores en los datos de marzo y abril de que el impacto de la mora está perdiendo peso.

La fuente agregó que aparecen indicios alentadores sobre la recuperación del crédito y el nivel de deterioro en las carteras se desacelera, y la información que anticipan marzo y abril muestra mejoras adicionales.

Al respecto hay que señalar en disertación en el evento de Expo EFI de hace 15 días, el Presidente del BCRA, Santiago Bausili, apuntó hacia las entidades bancarias al afirmar: «Los bancos tuvieron que reconstruir sus sistemas de scoring y hubo una primera ola de créditos que se otorgó a ciegas, sin saber a quién se le estaba prestando el dinero y cuando volvió el crédito, apareció la mora».

A la vez, mencionó también el rol de los tomadores de crédito al afirmar: «Para el deudor, la inflación se ocupaba de las últimas cuotas del crédito en pesos y ya no más y con la baja de la inflación se diluye el efecto de licuación sobre las deudas, vigente durante años previos. Además, Bausili sostuvo que la suba de la inflación, que trepó 3,4% en marzo y acumula 9,1% en el primer trimestre, es lo que llamó un shock temporal.

En el mercado también siguen de cerca la evolución de la brecha entre tasas activas y pasivas, que actualmente se encuentra en máximos de veinte años. Hacia adelante, la atención estará puesta sobre los próximos balances de los bancos a fines de este mes, que podrían aportar nuevas señales para determinar si la morosidad alcanzó un pico y qué panorama se traza para los próximos meses.

Tras los cortocircuitos del Gobierno de comienzos de año con los industriales, el ministro de Economía, Luis Caputo recibió al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, junto con otras autoridades de la entidad empresarial. El encuentro, que se extendió por más de una hora y medía, se centró en la discusión de diferentes ejes para el sector productivo. Y pese a la expectativa que había en la previa sobre algún tipo de anuncio, no se produjo ninguno.

La reunión giró en torno a la situación actual del mercado de capitales y la búsqueda de alternativas que permitan reducir el costo financiero para las empresas. También conversaron también sobre la continuidad del proceso de reducción de impuestos nacionales para mejorar la competitividad de los bienes transables. El diálogo buscó avanzar en medidas que permitan aliviar la carga tributaria sobre las empresas, en un contexto donde la presión impositiva constituye uno de los principales reclamos del sector productivo argentino.

Uno de los puntos destacados por el ministro Caputo fue el impacto de los impuestos y tasas provinciales y municipales en la estructura de costos. Los presentes coincidieron en la importancia de que los gobiernos subnacionales acompañen el esfuerzo nacional en torno a la baja de tributos. Aunque resulta complica que los gobernadores y los intendentes en medio de la caída de la coparticipación y el bajo reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) decidan bajar impuestos.

La UIA hizo una descripción el panorama actual de la actividad industrial, y manifestó su preocupación por “la demora en la reactivación de algunos sectores -lo que afecta a la industria en general y especialmente a las PyMEs-”, así como también en las “distorsiones que persisten para la actividad productiva en materia tributaria, financiera, logística y laboral”.

“La reducción gradual del costo argentino es fundamental para que los sectores que compiten globalmente puedan desarrollarse en igualdad de condiciones y sostener inversión, empleo y crecimiento”, señalaron desde la entidad fabril.

En tal sentido, los industriales llevaron propuestas para fomentar la actividad, facilitar el financiamiento de las PyMEs y morigerar la presión impositiva. También presentó una agenda específica orientada a aliviar la situación financiera de las industrias, que incluyó “la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales, la ampliación de herramientas de reducción de contribuciones patronales para sectores en crisis y la postergación del pago de contribuciones patronales para economías regionales”.

En materia tributaria, el organismo propuso una disminución progresiva de impuestos, vinculada a la consolidación de las cuentas públicas, el aumento de recursos y el crecimiento de la economía. Entre las alternativas analizadas, se debatió lograr un nuevo acuerdo fiscal entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios que permita reducir la carga impositiva sobre la industria y mejorar su competitividad.

“La industria es un sector transable, que compite todos los días con productos y empresas del mundo. En ese sentido, la UIA planteó que la industria viene realizando un importante esfuerzo de adecuación y reordenamiento para adaptarse a las nuevas condiciones de competencia internacional. Desde enero de 2024 a marzo de 2026, la inflación en los productos de la industria fue de 134,6%, mientras que el IPC promedio alcanzó el 221,5%”, sostuvieron desde la UIA.

Los representantes de la unión resolvieron avanzar con el trabajo técnico junto al equipo liderado por Pablo Lavigne y coordinar una próxima reunión con el Ministro en un plazo de 60 días, con el objetivo de analizar la evolución de la actividad económica y los progresos en los temas abordados.

A pesar de la duración del encuentro y la presencia de autoridades clave, no se registró ningún tipo de anuncio concreto al finalizar la reunión. Según pudo saber Infobae con participante del encuentro continuarán las conversaciones que se mantienen desde febrero a pesar del enfrentamiento público del presidente Javier Milei con el CEO de Techint, Paolo Rocca, que bajo su tono en las últimas semanas.

En la sede de la UIA existía expectativa ante la posibilidad de que Economía anunciara alguna medida concreta, sobre todo en materia de impuestos. Aunque era difícil que sucedería ya que hace nueve meses la recaudación viene en caída, lo que cada vez hace más complicado mantener el superávit fiscal y otorga menos margen de maniobra. El ministro de Economía, en diferentes oportunidades, confesó que su propósito es recaudar más, reafirmando que la situación de las finanzas públicas no permite grandes concesiones.

En la reunión también estuvo presente el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, con quien las autoridades de la UIA se habían juntado el martes de la semana pasada. Se trata del funcionario que mantiene dialogo directo con la entidad antes de que los pedidos y reclamos lleguen al ministro Caputo. Mientras que del sector industrial participó Rodrigo Pérez Graciano (Stellantis), David Uriburu (Techint), Luis Tendlarz (Federación de la Industria Textil) y Eduardo Nouguez (Ledesma).

En febrero, la UIA ya había propuesta una serie de medidas orientadas a favorecer la recuperación del rubro. Entre las iniciativas presentadas para reducir los costos laborales no salariales, sobresalió la posibilidad de permitir que las contribuciones patronales se computen a cuenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En el ámbito de las exportaciones, en esa oportunidad se discutió la continuidad del proceso de eliminación de derechos de exportación en sectores aún alcanzados y la posibilidad de incrementar los reintegros para exportaciones, con foco en manufacturas de origen industrial y alimentos. Para las actividades industriales vinculadas a la construcción, se analizaron medidas para estimular la compra de insumos, como la devolución del IVA en consumos realizados con tarjetas de crédito y débito.