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ECONOMIA

Los subsidios energéticos se duplican y llegan a u$s1.240 millones, pese al ajuste

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El gasto estatal destinado a sostener los subsidios del sistema energético registró un marcado incremento durante el primer cuatrimestre  del año, dado que entre enero y abril de 2026, las transferencias corrientes al sector energético totalizaron u$s1.240 millones, resultado del impacto del incremento de los valores en dóalares de los energéticos.

De acuedo al reporte de la consultora especializada Economía y Energía, el nivel de subsidios del arranque del año duplicó a los u$s604 millones de igual período de 2025, lo que marca un quiebre en la tendencia de reducción del gasto público que se observaba desde el pico histórico registrado en 2022.

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A pesar de este fuerte repunte interanual, el acumulado de los primeros cuatro meses del año muestra un comportamiento dispar al analizar la serie histórica reciente. Las planillas oficiales reflejan que en el primer cuatrimestre de 2019 los subsidios sumaron u$s1.047 millones, para luego descender a u$s977 millones en 2020. 

A partir de allí se inició una escalada que llevó el gasto a u$s1.636 millones en 2021 y al récord histórico de u$s3.845 millones en 2022. Posteriormente, la curva comenzó a descender a u$s2.987 millones en 2023, profundizó la baja a u$s1.675 millones en 2024 y tocó un piso de 604 millones en u$s2025, antes de saltar a los actuales u$s1.240 millones de 2026.

A dónde van los subsidios energéticos

El principal motor de estas transferencias estatales continúa siendo CAMMESA, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista. La empresa concentró el 74% de los fondos totales del cuatrimestre, con un requerimiento de u$s913 millones, de acuerdo al relevamiento de la consultora que dirige el economista Nicolás Arceo, en base a datos procesados sobre información de ASAP y Presupuesto Abierto, que no contemplan transferencias de capital.

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La centralización de los recursos en esta firma expone la persistente dependencia del sistema de generación y distribución eléctrica respecto de la asistencia financiera del Tesoro Nacional para cubrir la brecha entre los costos reales y las tarifas vigentes.

El resto de los fondos públicos se distribuyó de manera sumamente desigual entre los demás actores regulados. ENARSA se posicionó como el segundo mayor receptor con u$s196 millones, equivalente al 16% de las erogaciones totales, mientras que el programa de incentivo a la producción local conocido como Plan Gas representó apenas el 1% de la torta, con un desembolso de u$s17 millones. El 9% restante (US$113 millones) se destinó a otros conceptos del sector, que incluyen yacimientos carboníferos y fondos fiduciarios.

La evolución mensual detallada revela un comportamiento volátil, caracterizado por picos estacionales de gasto seguidos por períodos de transferencias nulas en meses previos. El registro puntual de abril de 2026 cerró en u$s262 millones, un valor moderado en comparación con los techos mensuales históricos de la serie, pero que confirma la consolidación de un piso de gasto superior al del arranque de 2025. 

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El nuevo paradigma de los subsidios

El salto del gasto se da a pesar del fuerte ajuste que el gobierno viene encarando en los subsidios a la demanda residencial, lo cual se materializón con la entrada en vigencia del Decreto 943/2025, que eliminó el viejo andamiaje de segmentación tarifaria e inauguró formalmente el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Esta reforma estructural implicó la derogación del Decreto 332/2022 y dio por concluido el prolongado período de transición regulatoria. El nuevo enfoque persigue la unificación integral de todas las asistencias nacionales bajo una única ventanilla de asignación, simplificando un mapa normativo que adolecía de regímenes superpuestos y distorsiones que abultaban el rojo fiscal.

Esta reingeniería se basa en la creación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), el cual absorbe de manera automática a la base de datos que conformaba el antiguo RASE. El criterio para conservar o solicitar la asistencia estatal se desliga de las viejas categorías por niveles de ingresos y se restringe de forma exclusiva a los hogares cuyos ingresos netos totales resulten inferiores al valor de tres Canastas Básicas Totales (CBT) informadas por el Indec.

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Asimismo, la autoridad de aplicación se reserva el derecho de cruzar bases de datos patrimoniales para excluir del beneficio a usuarios con signos evidentes de exteriorización de riqueza. El impacto directo sobre las boletas de luz y gas se instrumenta a través de un esquema de bonificaciones fijas del 50%, pero estrictamente sujetas a bloques de consumo base predeterminados.

Para el segmento eléctrico, el SEF introduce un criterio de estacionalidad, subsidiando hasta un tope de 300 kWh mensuales en los meses de alta demanda invernal y estival, volumen que se reduce a la mitad (150 kWh) durante los meses de otoño y primavera. Toda energía demandada en exceso de estos límites regulados deberá ser abonada por el usuario residencial a precio pleno de mercado, sin ningún tipo de compensación estatal.

El avance sobre el Plan Hogar y Zona fria

La reconfiguración oficial sobre el sector hidrocarburífero tiene un eje crítico en la absorción gradual del Programa Hogar -destinado a los usuarios domiciliarios de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP)- dentro del entramado del SEF.

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Esta unificación busca desmantelar el esquema de transferencias masivas para la compra de la garrafa social, migrando hacia un sistema de acreditación electrónica directa en base a topes máximos por hogar. El nuevo diseño regulatorio busca limitar las filtraciones en la cadena de distribución minorista de GLP y asegurar que el auxilio estatal llegue exclusivamente a las familias de bajos recursos sin conexión a la red de gas natural.

En paralelo, el gobierno apunta al debate legislativo para lograr una reingeniería del régimen de Zona Fría, con el propósito de eludir el gasto que implicaba la ampliación geográfica. El Gobierno impulsa un rediseño de los límites de las regiones beneficiadas para restringir los descuentos en las tarifas de gas residencial únicamente a los departamentos y localidades con rigores climáticos extremos comprobados.

Mediante la aplicación de criterios técnicos basados en las normas de zonificación bioambiental, se busca desafectar a las zonas templadas que contaban con subsidios generalizados, concentrando el esfuerzo fiscal remanente en la Patagonia y la Puna.

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ECONOMIA

El consumo masivo cayó 2,7% en junio y acumula una baja de casi 3% en 2026

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La caída de 2,7% interanual en volumen frustró las expectativas de recuperación que había dejado mayo

El consumo masivo volvió a profundizar su caída en junio y cerró el mes con una baja de 2,7% interanual en volumen. Según el último informe de la consultora Scentia, el acumulado del año ya marca un rojo de 2,9%. En ese contexto, el comercio electrónico fue el único canal que escapó a la tendencia general: creció 41% frente a junio de 2025 y lo hizo en todas las categorías de productos relevadas.

El dato del mes contrasta con la señal que había dejado mayo, cuando la caída se había moderado a 1,6% y desde la propia consultora se anticipaba que una menor presión inflacionaria podría empezar a revertir el deterioro del consumo. Esa reversión no se produjo. Lejos de consolidar una mejora, junio registró la peor performance mensual de los últimos trimestres, con una retracción que se extendió a casi todos los canales de venta.

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Tomando enero de 2023 como base 100, el consumo de junio de 2026 se ubicó en 82,9 puntos, dos puntos por debajo de los 84,8 que había marcado en mayo. El pico de esa serie se alcanzó en diciembre de 2023, cuando el índice llegó a 111, y desde entonces la tendencia fue descendente sin que ningún mes haya logrado una recuperación sostenida.

Las ventas en pesos no reflejan esa caída: subieron 26,6% interanual en valores nominales. Pero el precio promedio avanzó 23,1% en el mismo período, lo que indica que la suba en pesos no se tradujo en mayor volumen de productos vendidos. La inflación interanual al consumidor se ubicó en 33,5% en junio, con un acumulado de 16,8% en lo que va del año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Mientras los canales físicos retrocedieron de manera generalizada, el comercio electrónico aceleró su expansión. El alza de 41% interanual de junio supera el 29,9% que había registrado en mayo y eleva el acumulado anual a 34,8 por ciento.

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Un hombre sostiene una tarjeta de crédito con una mano frente a la pantalla desenfocada de una computadora portátil que muestra artículos de venta online.
El comercio electrónico fue el único canal que registró alza en todas las categorías de productos

Lo que distingue al canal online no es solo la magnitud del crecimiento sino su alcance: las ocho canastas relevadas por Scentia —alimentación, bebidas con y sin alcohol, desayuno y merienda, higiene y cosmética, impulsivos, limpieza de ropa y hogar, y perecederos— cerraron junio en terreno positivo dentro del comercio electrónico. Bebidas con alcohol lideró con un alza de 61,8%, seguida por alimentación con 54,6% e impulsivos con 45,2 por ciento.

El resto de los canales físicos presentó un panorama opuesto. Los kioscos y almacenes de barrio registraron la peor caída mensual con una baja del 4,6% interanual, seguidos por los mayoristas -cayó 3,3%- y los supermercados de cadena con una caída del 2,6 por ciento. Los autoservicios independientes retrocedieron 1,6% y las farmacias, que en mayo habían crecido 2,3%, cerraron junio sin variación (0,0%).

El desglose por canastas para el total de canales muestra que las bebidas con alcohol fueron la única categoría con crecimiento en junio, con una suba de 9,4% interanual, probablemente explicado por la suba del consumo consecuencia del Mundial 2026. Las bebidas sin alcohol avanzaron 3,5 por ciento. El resto de los rubros operó en rojo: desayuno y merienda cayó 7,7%, limpieza de ropa y hogar bajó 6,2%, perecederos retrocedió 5,7% e impulsivos descendió 5,3%. Higiene y cosmética anotó una baja de 3,7% y alimentación cayó 0,5 por ciento.

Carrito de compras con múltiples frascos y envases de productos, un champú azul en primer plano; pasillo de supermercado con estanterías llenas borrosas.
Un carrito de supermercado transporta diversos productos de cuidado capilar; un frasco de champú sobresale en primer plano, mientras recorre un pasillo moderno y bien iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el acumulado del año, las bebidas con alcohol son también las que mejor se sostienen, con una suba de 2,6% en el YTD. Limpieza de ropa y hogar acumula la mayor caída con -7,1%, seguida por perecederos con -5,6% y desayuno y merienda con -5,3 por ciento.

El canal de kioscos concentró algunas de las caídas más pronunciadas del mes. Limpieza de ropa y hogar se desplomó 20,9% en esos puntos de venta, desayuno y merienda retrocedió 13,2% e higiene y cosmética cayó 11 por ciento. Alimentación bajó 8,5% e impulsivos, categoría central para ese tipo de comercio, descendió otro 8,5%. Las únicas excepciones fueron bebidas con alcohol (+10%) y bebidas sin alcohol (+9,8%), que también crecieron en el canal de autoservicios independientes.

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En el canal mayorista, las bebidas sin alcohol registraron la caída más pronunciada de todo el informe: -21% interanual en junio. En el acumulado del año, esa misma categoría acumula un retroceso de 19,3% en ese canal.

El informe de Scentia incorpora un panel de indicadores económicos que muestra una economía con señales mixtas. El Producto Bruto Interno creció 2,3% interanual en el primer trimestre de 2026 y cerró 2025 con un alza de 4,4%. Las exportaciones acumulan una suba de 24,4% en el año. La construcción avanzó 4,1% en mayo según el Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC).

Pero otros indicadores van en sentido contrario. La producción industrial manufacturera acumuló una caída de 3,1% en el año al cierre de mayo, según el Índice de Producción Industrial (IPI). La producción automotriz retrocedió 13,6% en junio y acumula una baja de 18,3% en 2026. El patentamiento de vehículos 0 km cayó 12,8% en el mes y 9,9% en el acumulado. La pobreza se ubica en 28,2% y el desempleo en 7,8% al primer trimestre del año, según datos del Indec incluidos en el reporte de la consultora.

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ECONOMIA

Gobierno busca cobrar universidad y salud a extranjeros en plena campaña antiargentina post Mundial

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La Libertad Avanza presentó un proyecto para arancelar hospitales públicos y universidades provinciales a extranjeros sin residencia permanente en Buenos Aires. La iniciativa llegó a la Legislatura bonaerense impulsada por el diputado provincial Agustín Romo, jefe del bloque libertario.

El disparador fue inesperado. Las burlas en redes sociales tras la final perdida del Mundial generaron una ola de indignación en el oficialismo. Posteos de extranjeros residentes en el país que se burlaban de la Selección Argentina y criticaban otros aspectos sensibles ajenos al fútbol funcionaron como detonante para la iniciativa legislativa.

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«Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires», tuiteó Romo.

La adhesión fue unánime al interior del oficialismo. Desde Las Fuerzas del Cielo hasta el karinismo respaldaron la medida. Patricia Bullrich, una de las figuras más importantes del Gobierno, expresó su apoyo público a la propuesta.

Salud y educación par extranjeros: qué servicios quedarían bajo arancel y quiénes pagarían

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El proyecto presentado por el diputado Agustín Romo.

El proyecto alcanza tanto atención médica programada como carreras universitarias. La distinción clave está en el tipo de residencia: quedan comprendidos quienes tengan residencia temporaria, transitoria, precaria o ningún estatus migratorio regular.

«No resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contribuir a su sostenimiento», sostiene el documento presentado en la Legislatura.

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Para acceder a servicios de salud programados, los extranjeros comprendidos deberán acreditar un seguro médico, cobertura de un tercero obligado o abonar el arancel correspondiente. El dinero recaudado irá directamente al Fondo Provincial de Salud.

Las universidades provinciales de gestión estatal tendrán que fijar una retribución para estudios de grado cursados por ciudadanos extranjeros sin residencia permanente. Cada casa de estudios definirá montos y modalidades de pago dentro del marco general de la ley.

«Mientras un argentino tenga dificultades para acceder plenamente a la salud y a la educación, es una locura que estemos financiando esos servicios para los extranjeros», agregó Romo en diálogo con Infobae.

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El diputado provincial remarcó la asimetría en el trato internacional. «Somos el país más generoso del mundo, pero cuando vamos al exterior no recibimos el mismo trato: en ningún lado nos dan salud o educación gratuita, ni siquiera por reciprocidad».

Las excepciones sanitarias que contempla el proyecto

El documento establece garantías para casos de urgencia médica. Los hospitales públicos no podrán demorar ni condicionar la atención por cuestiones de pago cuando haya riesgo de vida, y solo una vez que el paciente esté estabilizado se iniciará el cobro de la prestación.

Quedan exceptuadas del arancel las víctimas de trata de personas. También se excluye del cobro la atención relacionada con enfermedades transmisibles o vacunación, por razones de salud pública.

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No hay cifras actualizadas que reflejen el nivel de consultas de extranjeros en los últimos meses. Cuando el Gobierno había querido instalar un debate similar hace dos años, el entonces ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, informó que en todo Buenos Aires solo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones correspondían a extranjeros.

Por qué la medida no escala a nivel nacional

Esta iniciativa no se prevé replicar en el plano federal. Modificar el régimen sanitario implicaría tocar la Ley de Migraciones, según afirman fuentes del Ministerio de Salud de la Nación.

Por el lado de las universidades nacionales, el panorama es diferente. Está vigente el DNU 366/2025 sobre la autorización para cobrar a estudiantes extranjeros. Los rectores están legalmente autorizados desde finales de mayo del año pasado.

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«Desde el Gobierno ya lo hicimos (dentro de las restricciones que tenemos). Ahora les corresponde a las universidades cobrarles a los estudiantes que no sean residentes permanentes», afirmó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez en su cuenta de X.

Sin embargo, ninguna de las casas de estudio nacionales tiene previsto implementar aranceles. Los rectores englobados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestaron oportunamente su rechazo a la medida.

El fenómeno de los «estudiantes golondrina» que preocupa al oficialismo

«La idea es evitar lo que nosotros llamamos los estudiantes golondrinas. Que son quienes vienen a estudiar, se quedan y después al instante se van», explicó Álvarez en diálogo con Infobae.

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El funcionario señaló que existen empresas dedicadas a facilitar este tipo de migraciones educativas temporales. «Hay empresas que se encargan de eso. En Brasil y en Ecuador existen, por decir algunos casos».

La medida propuesta por Romo no afecta a quienes ya tengan residencia permanente. Los estudiantes internacionales y quienes permanezcan en el país de manera temporaria o transitoria serán los únicos que deban afrontar el arancel.

«Encima, nos damos cuenta de que muchos de los que vienen a vivir, estudiar y disfrutar de la Argentina nos odian, nos critican y nos tildan de racistas. Bueno, se acabó», dijo el presidente del Bloque de Diputados de LLA.

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«El contribuyente argentino no tiene por qué seguir pagándole la salud y la educación a extranjeros que nos insultan y no valoran al país. El juego se terminó», completó.

Los antecedentes porteños que marcaron el camino

Esta iniciativa también se presentó en la Ciudad de Buenos Aires hacia finales de 2024. El bloque libertario que comanda la legisladora porteña Pilar Ramírez impulsó una propuesta similar.

Fue en el marco de la versión porteña de la Ley Bases. El documento tenía 95 páginas divididas en varias áreas, desde reorganización de Ministerios y Secretarías hasta simplificación de trámites, e incluía una medida para que no residentes empiecen a pagar servicios de salud pública cuando no se trate de casos de urgencia.

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«Extranjeros sin residencia permanente deberán pagar por prestaciones programadas o contar con seguro médico», tuiteó oportunamente Ramírez. La legisladora también busca extender esa normativa para quienes no sean habitantes de CABA.

Aquello fue anunciado en los primeros días de marzo. Una semana y media después, la administración porteña comunicó la implementación de un sistema de cobro por servicios de salud prestados a extranjeros.

La facturación alcanza a personas extranjeras sin DNI argentino que necesiten acceder a procedimientos programados. Tomografías computadas, resonancias magnéticas, internaciones, cirugías y otras prácticas médicas que no son catalogadas como «de urgencia» quedan comprendidas en el sistema de cobro implementado por el Ministerio de Salud porteño.

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Efecto Moody’s: el riesgo país volvió a acercarse a los 400 puntos y las acciones de bancos repuntaron en Wall Street

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Las acciones argentinas subieron en Wall Street y el riesgo país volvió a acercarse a los 400 puntos básicos.

El día después de la mejora de la calificación de deuda de Moody’s repercutió positivamente tanto en bonos como en los ADR bancarios que cotizan en Wall Street. El riesgo país volvió a caer un escalón hasta los 410 puntos, una reducción de casi 2 por ciento.

Si bien ya dos calificadoras habían mejorado la nota a la Argentina, desde la zona de la “C” a la “B”, lo de Moody’s impactó favorablemente, incluso más de lo que esperaba el mercado en la previa. La agencia dejó además la calificación con “perspectiva positiva”, lo que significa que será revisada para otra posible suba entre los próximos 6 a 18 meses.

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El secretario de Política Económica, José Luis Daza, celebró la mejora y sostuvo que constituye una validación del programa económico del Gobierno. “Esto confirma que vamos en la dirección correcta”, afirmó, al tiempo que remarcó que una mejor calificación implica una reducción del costo del financiamiento “para la Argentina, para las empresas, para las familias y para el Gobierno”. Según explicó, el menor riesgo percibido por los inversores debería traducirse en crédito más barato, mayor inversión y creación de empleo.

Entre los bancos argentinos que cotizan en Nueva York, sobresalieron las subas de Macro, que trepó 5,2%, Galicia 4,5%, Supervielle 5,6% y BBVA Argentina 4%. Toda la suba fue por “factores locales” ya que Wall Street operó neutro toda la jornada. Con estas mejoras, las acciones bancarias ya acumulan subas en el año del orden del 10%, cuando llegaron a estar 30% abajo en dólares en el primer trimestre.

Los bonos en dólares también recuperaron terreno perdido en las últimas jornadas y volvieron a cotizar cerca de máximos. Ahora la expectativa es que el riesgo país perfore los 400 puntos básicos, algo que no sucede hace prácticamente una década.

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Para el Gobierno es clave que esto suceda para acceder a financiamiento internacional a tasas razonables. Mientras tanto sigue consiguiendo fondos frescos de fuentes alternativas. Por ejemplo, ayer la CAF aprobó el otorgamiento de garantías por USD 250 millones para que el Gobierno pueda conseguir préstamos en el exterior más baratos.

Moody’s elevó la calificación soberana de la Argentina de Caa1 a B3 y cambió la perspectiva de estable a positiva, una decisión que refleja, según la agencia, una reducción significativa del riesgo de incumplimiento de la deuda y una mejora más sostenible de los fundamentos macroeconómicos del país.

Entre los principales factores que sustentaron la mejora, la calificadora destacó que la estabilización macroeconómica ya superó la etapa inicial de ajuste y comenzó a consolidarse sobre bases más permanentes. A la vez, señaló que los superávits fiscales sostenidos, la desaceleración de la inflación, la continuidad del proceso de liberalización económica y una menor volatilidad macroeconómica fortalecieron la credibilidad de la política económica y redujeron el riesgo de default.

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Según las previsiones, Moody’s calcula que para el año 2026 la economía peruana experimentará una expansión del 3%.
Moody’s elevó la calificación de la deuda soberana argentina. (Foto: CAF)

El informe también resaltó el fortalecimiento de la posición externa del país, impulsado por un mejor desempeño de las exportaciones, el aumento de la inversión extranjera directa —especialmente en los sectores energético y minero— y una mayor capacidad para acumular reservas internacionales. Moody’s consideró, además, que el margen de incertidumbre sobre el rumbo de la política económica se redujo respecto de ciclos anteriores, aunque advirtió que persisten riesgos asociados al escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La decisión alinea por primera vez en más de una década la calificación de Moody’s con las otorgadas previamente por Fitch Ratings y S&P Global Ratings, que también ubican a la deuda argentina en el rango equivalente a B-.

Daza también destacó que la convergencia de las tres principales calificadoras internacionales en una misma nota habilita el ingreso de nuevos inversores institucionales. “Miles de mandatos institucionales que exigen dos o tres agencias, o que utilizan la calificación promedio, tienen desde hoy luz verde para invertir en Argentina”, sostuvo. Además, estimó que la mejora podría contribuir a una nueva baja del riesgo país, incluso hacia la zona de los 300 puntos básicos, si continúa consolidándose el programa económico.



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