El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó 90 jornadas seguidas con saldo positivo en el mercado cambiario, apoyándose en acuerdos con bancos, empresas privadas y organismos públicos. Este martes, adquirió USD 144 millones y el acumulado de 2026 superó los USD 8.300 millones.

Desde el inicio del nuevo esquema monetario, en enero, el BCRA incorporó 8.378 millones de dólares. Abril fue el mes más activo, con compras por 2.769 millones de dólares. Solo el 2 de enero no hubo adquisiciones de divisas.

En los últimos días, el ritmo de compras creció tras una primera semana de mayo con montos diarios menores a 100 millones de dólares. La semana pasada, el Central adquirió USD 596 millones y el total de mayo llegó a 1.223 millones de dólares.

Desde el Ministerio de Economía explicaron que aún no ingresaron los principales dólares de la cosecha agrícola, lo que reforzará la oferta de divisas y aumentará la capacidad de intervención del Central en el corto plazo.

El BCRA ya alcanzó el 83,78% de su meta anual de compras. La demanda de dólares por parte del Tesoro para pagos de deuda limitó el incremento neto de reservas en el primer trimestre.

Para sostener la acumulación, el Central emitió pesos sin esterilizar y el Tesoro absorbió excedentes colocando deuda en moneda local, con el objetivo de controlar el tipo de cambio y la inflación.

Las proyecciones oficiales prevén un saldo neto de compras para 2026 entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, según el flujo de divisas y la demanda de pesos. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que estos factores serán determinantes para el balance anual.

Se espera que la liquidación de la cosecha gruesa aporte dólares que consoliden las reservas. Además, la colocación de deuda corporativa y subsoberana -de provincias- en el exterior podría aportar más de USD 3.200 millones y dar respaldo adicional para intervenir con adquisiciones en el mercado cambiario.

Al finalizar la última jornada, las reservas internacionales quedaron en USD 46.190 millones, tras un aumento diario de 54 millones de dólares. El pico de reservas de la actual gestión se alcanzó en febrero, con USD 46.905 millones, nivel que no se veía desde 2018. Las caídas posteriores respondieron a pagos de deuda y a la volatilidad internacional producto del conflicto en Medio Oriente, que afectó activos como el oro y los bonos soberanos.

Este martes, el mercado mayorista registró un volumen elevado de operaciones, con USD 571,1 millones negociados en el segmento de contado. El valor del dólar mayorista se mantuvo por debajo de los 1.400 pesos, ubicándose en $1.398 tras aumentar un peso en la jornada.

En mayo, la suba acumulada es de siete pesos, equivalente a un 0,5%, mientras que en lo que va del año registra una baja de 57 pesos, lo que representa una caída de 3,9 por ciento.

El Banco Central estableció el techo de las bandas cambiarias en $1.738,49, lo que deja al tipo de cambio oficial a $340,49 —o un 24,4%— por debajo de ese límite. Por su parte, el dólar al público cerró sin cambios a $1.420 para la venta en el Banco Nación por tercer día consecutivo.

“La fuerte liquidación de divisas del agro mantuvo estable al dólar oficial en el inicio de la semana -aseguró Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital- en un contexto donde el mercado evalúa la capacidad del Banco Central para sumar reservas durante la cosecha gruesa. En el balance del año, el tipo de cambio acumula una baja del 4% frente a una inflación del 12,3% en el primer cuatrimestre».

Orlando Ferreres, uno de los economistas más escuchados de la City y referente histórico para el presidente Javier Milei, encendió una nueva señal de alerta sobre el mercado cambiario al advertir que existe un atraso del dólar cercano al 30% y sostuvo que el tipo de cambio oficial debería cerrar 2026 en niveles mucho más altos que los actuales para acompañar la inflación.

El titular de OJF & Asociados afirmó que, según sus cálculos, el dólar oficial debería ubicarse cerca de los $1.715 hacia diciembre, frente a una cotización actual que ronda los $1400. La definición vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles para el Gobierno: si el esquema cambiario puede sostenerse sin una corrección más acelerada del tipo de cambio.

Orlando Ferreres prevé un dólar a $1.175 y alertó por un «atraso cambiario»

Durante una entrevista televisiva, Ferreres aseguró que el valor actual del dólar no refleja una «paridad de equilibrio» frente a la evolución de los precios internos.

«Para nosotros la inflación del año va a dar 30%, o sea un número parecido al de 2025», explicó el economista, quien consideró que todavía persiste un reacomodamiento de precios relativos que seguirá presionando sobre el índice general.

En ese marco, sostuvo que el dólar oficial debería avanzar hasta los $1.715 hacia fines de este año para no seguir perdiendo competitividad frente a la inflación doméstica.

«Haciendo el cálculo para atrás, nos da un atraso de un 30% aproximadamente. Aplicado eso, daría los $1.700 que estamos calculando que va a entrar para diciembre de este año», señaló Ferreres.

El economista incluso fue más allá y afirmó que, si se midiera una «paridad teórica de equilibrio», el tipo de cambio hoy debería ubicarse cerca de los $2300 por dólar.

El índice Big Mac y la comparación de costos con otros países

Para justificar su planteo, Ferreres explicó que el tipo de cambio funciona como una comparación de costos entre distintos países y utilizó como ejemplo el índice Big Mac, uno de los indicadores internacionales más conocidos para medir atrasos o sobrevaluaciones cambiarias.

«Algo de atraso hay y yo creo que eso va a tener que corregirlo el Gobierno de acá a fin de año», insistió.

La advertencia llega en un momento en el que el equipo económico busca sostener la desaceleración inflacionaria sin generar tensiones cambiarias, mientras el mercado sigue de cerca la evolución de las reservas y el ingreso de dólares financieros.

El mercado coincide en una suba del dólar hacia fin de año

Más allá de las declaraciones de Ferreres, las proyecciones privadas también muestran expectativas de una suba gradual del dólar oficial durante los próximos meses.

Según estimaciones de la consultora Focus, el consenso de analistas espera que el tipo de cambio cierre 2026 en torno a los $1699,2 por dólar, un nivel muy cercano al proyectado por Ferreres. Para 2027, las previsiones ubican a la divisa cerca de los $1.956.

En paralelo, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central mostró una leve corrección a la baja en las proyecciones cambiarias de corto plazo.

La mediana de los analistas prevé un dólar oficial promedio de $1410 para mayo de 2026, mientras que para diciembre el consenso apunta a una cotización cercana a los $1676.

El contexto internacional y los riesgos para el plan económico

Ferreres también se refirió al escenario externo y consideró que la Argentina está siendo favorecida por la suba internacional del petróleo. Sin embargo, advirtió que el contexto financiero global sigue siendo frágil por la tensión geopolítica en el Estrecho de Ormuz y la volatilidad de los mercados internacionales.

En ese contexto, el economista remarcó que será clave monitorear la liquidez del mercado local y la política de tasas que defina el Tesoro en los próximos meses, factores que podrían impactar sobre la estabilidad cambiaria y el futuro del carry trade en la Argentina.

El gasto estatal destinado a sostener los subsidios del sistema energético registró un marcado incremento durante el primer cuatrimestre  del año, dado que entre enero y abril de 2026, las transferencias corrientes al sector energético totalizaron u$s1.240 millones, resultado del impacto del incremento de los valores en dóalares de los energéticos.

De acuedo al reporte de la consultora especializada Economía y Energía, el nivel de subsidios del arranque del año duplicó a los u$s604 millones de igual período de 2025, lo que marca un quiebre en la tendencia de reducción del gasto público que se observaba desde el pico histórico registrado en 2022.

A pesar de este fuerte repunte interanual, el acumulado de los primeros cuatro meses del año muestra un comportamiento dispar al analizar la serie histórica reciente. Las planillas oficiales reflejan que en el primer cuatrimestre de 2019 los subsidios sumaron u$s1.047 millones, para luego descender a u$s977 millones en 2020. 

A partir de allí se inició una escalada que llevó el gasto a u$s1.636 millones en 2021 y al récord histórico de u$s3.845 millones en 2022. Posteriormente, la curva comenzó a descender a u$s2.987 millones en 2023, profundizó la baja a u$s1.675 millones en 2024 y tocó un piso de 604 millones en u$s2025, antes de saltar a los actuales u$s1.240 millones de 2026.

A dónde van los subsidios energéticos

El principal motor de estas transferencias estatales continúa siendo CAMMESA, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista. La empresa concentró el 74% de los fondos totales del cuatrimestre, con un requerimiento de u$s913 millones, de acuerdo al relevamiento de la consultora que dirige el economista Nicolás Arceo, en base a datos procesados sobre información de ASAP y Presupuesto Abierto, que no contemplan transferencias de capital.

La centralización de los recursos en esta firma expone la persistente dependencia del sistema de generación y distribución eléctrica respecto de la asistencia financiera del Tesoro Nacional para cubrir la brecha entre los costos reales y las tarifas vigentes.

El resto de los fondos públicos se distribuyó de manera sumamente desigual entre los demás actores regulados. ENARSA se posicionó como el segundo mayor receptor con u$s196 millones, equivalente al 16% de las erogaciones totales, mientras que el programa de incentivo a la producción local conocido como Plan Gas representó apenas el 1% de la torta, con un desembolso de u$s17 millones. El 9% restante (US$113 millones) se destinó a otros conceptos del sector, que incluyen yacimientos carboníferos y fondos fiduciarios.

La evolución mensual detallada revela un comportamiento volátil, caracterizado por picos estacionales de gasto seguidos por períodos de transferencias nulas en meses previos. El registro puntual de abril de 2026 cerró en u$s262 millones, un valor moderado en comparación con los techos mensuales históricos de la serie, pero que confirma la consolidación de un piso de gasto superior al del arranque de 2025. 

El nuevo paradigma de los subsidios

El salto del gasto se da a pesar del fuerte ajuste que el gobierno viene encarando en los subsidios a la demanda residencial, lo cual se materializón con la entrada en vigencia del Decreto 943/2025, que eliminó el viejo andamiaje de segmentación tarifaria e inauguró formalmente el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Esta reforma estructural implicó la derogación del Decreto 332/2022 y dio por concluido el prolongado período de transición regulatoria. El nuevo enfoque persigue la unificación integral de todas las asistencias nacionales bajo una única ventanilla de asignación, simplificando un mapa normativo que adolecía de regímenes superpuestos y distorsiones que abultaban el rojo fiscal.

Esta reingeniería se basa en la creación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), el cual absorbe de manera automática a la base de datos que conformaba el antiguo RASE. El criterio para conservar o solicitar la asistencia estatal se desliga de las viejas categorías por niveles de ingresos y se restringe de forma exclusiva a los hogares cuyos ingresos netos totales resulten inferiores al valor de tres Canastas Básicas Totales (CBT) informadas por el Indec.

Asimismo, la autoridad de aplicación se reserva el derecho de cruzar bases de datos patrimoniales para excluir del beneficio a usuarios con signos evidentes de exteriorización de riqueza. El impacto directo sobre las boletas de luz y gas se instrumenta a través de un esquema de bonificaciones fijas del 50%, pero estrictamente sujetas a bloques de consumo base predeterminados.

Para el segmento eléctrico, el SEF introduce un criterio de estacionalidad, subsidiando hasta un tope de 300 kWh mensuales en los meses de alta demanda invernal y estival, volumen que se reduce a la mitad (150 kWh) durante los meses de otoño y primavera. Toda energía demandada en exceso de estos límites regulados deberá ser abonada por el usuario residencial a precio pleno de mercado, sin ningún tipo de compensación estatal.

El avance sobre el Plan Hogar y Zona fria

La reconfiguración oficial sobre el sector hidrocarburífero tiene un eje crítico en la absorción gradual del Programa Hogar -destinado a los usuarios domiciliarios de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP)- dentro del entramado del SEF.

Esta unificación busca desmantelar el esquema de transferencias masivas para la compra de la garrafa social, migrando hacia un sistema de acreditación electrónica directa en base a topes máximos por hogar. El nuevo diseño regulatorio busca limitar las filtraciones en la cadena de distribución minorista de GLP y asegurar que el auxilio estatal llegue exclusivamente a las familias de bajos recursos sin conexión a la red de gas natural.

En paralelo, el gobierno apunta al debate legislativo para lograr una reingeniería del régimen de Zona Fría, con el propósito de eludir el gasto que implicaba la ampliación geográfica. El Gobierno impulsa un rediseño de los límites de las regiones beneficiadas para restringir los descuentos en las tarifas de gas residencial únicamente a los departamentos y localidades con rigores climáticos extremos comprobados.

Mediante la aplicación de criterios técnicos basados en las normas de zonificación bioambiental, se busca desafectar a las zonas templadas que contaban con subsidios generalizados, concentrando el esfuerzo fiscal remanente en la Patagonia y la Puna.