POLITICA
ARCA dejará de apelar en los juicios para gravar con el Impuesto a las Ganancias a las jubilaciones

Tras la reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia que dijo que es inconstitucional descontar el impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dejará de presentar apelaciones en los juicios por ese cobro.
Con esta decisión, no solo los jubilados podrán acortar sus procesos, sino que se reducirá la cantidad de causas por este motivo que se tramitan en la Corte Suprema de Justicia.
Las causas por reajuste de jubilaciones son las que ocupan el 60% de los expedientes de la Corte Suprema de Justicia. Esta medida, si bien se refiere a los casos iniciados por ARCA, tiende a bajar los casos que involucran a jubilados.
ARCA decidió dejar de apelar los fallos que impedían que se aplique el impuesto a las ganancias en los haberes jubilatorios, ante la reiterada jurisprudencia de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, desde 2019, declaró la inconstitucionalidad de esos descuentos para los contribuyentes de la clase pasiva.
A través de la Instrucción General 4/2026 SDGASJ, ARCA reconoció “la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de haberes jubilatorios” y dispuso cambiar la “estrategia procesal a seguir”: dejar de apelar en este tipo de causas ante el máximo tribunal o desistir de los recursos que ya se han presentado y aún no fueron resueltos.
“Ello, con el objeto de no generar mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional”, se afirmó. Esto implica además que caerán los casos que estén en la Corte por este motivo.
La decisión tiene su fundamento en el fallo que dictó el 26 de marzo de 2019 la Corte Suprema de Justicia en la causa conocida como “García, María Isabel c/ AFIP s/ Acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, en la que se declaró la inconstitucionalidad de la norma que gravaba con el impuesto a las ganancias los haberes jubilatorios de la contribuyente. El caso se hizo conocido en el mundo jurídico como “el fallo García”.
En aquel momento, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco sostuvieron que era inconstitucional cobrar el impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones.
El fallo sostuvo que el principio de igualdad que surge de los artículos 16 y 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, impide clasificaciones y categorizaciones discriminatorias entre contribuyentes.
Indicaron que si bien el Poder Legislativo tiene una amplia libertad para ordenar, agrupar, distinguir y clasificar los objetos y sujetos imponibles, el establecimiento de categorías para la percepción de los impuestos debe ser compatible con el principio de igualdad.
Al momento de presentar la demanda, en 2015, la jubilada tenía 79 años, graves problemas de salud y los descuentos en su haber jubilatorio oscilaban entre el 29,33% y el 31,94%.
Según estableció la Corte, “el envejecimiento y la discapacidad son causas determinantes de vulnerabilidad, lo cual implica que se requiera de mayores gastos para hacer frente a tal situación, siendo que, en el caso, la contribuyente tenía 79 años al momento de interponer la demanda y padecía problemas de salud que se tuvieron por acreditados”.
En ese contexto, en aquel fallo, la Corte puso en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de adoptar un tratamiento diferenciado para la tutela de jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad, que conjugue ese factor relevante con el de la capacidad contributiva potencial y ordenó reintegrar a la actora desde el momento de la interposición de la demanda y hasta su efectivo pago, los montos que se hubieran retenido por aplicación de las normas descalificadas.
Y, por último, dispuso que hasta tanto el Congreso legisle sobre el punto, no podrá descontarse suma alguna en concepto de impuesto a las ganancias de la prestación previsional.
El máximo tribunal resolvió de manera colectiva, aplicando la doctrina en distintos fallos, entre los cuales destacó que las modificaciones introducidas en la ley no alteraban el criterio jurisprudencial.
La Corte dijo que las modificaciones estuvieron fundadas en criterios patrimoniales que no revelaban un trato diferenciado para la tutela de personas jubiladas y en condiciones de vulnerabilidad.
Según la instrucción de ARCA, “los representantes fiscales no deberán interponer recursos extraordinarios contra los decisorios respectivos ni recursos de queja ante la denegatoria de los remedios federales ya presentados” y “en aquellos juicios en los cuales se haya interpuesto el remedio federal y el mismo aún no hubiera sido sustanciado, los representantes fiscales deberán proceder a su desistimiento”.
En ese marco, se destacó que “cuando el temperamento adoptado por la Cámara Federal de Apelaciones que corresponda implique el rechazo sistemático de los recursos de apelación articulados por el organismo contra las sentencias dictadas en primera instancia, los representantes fiscales deberán consentir las mismas respecto de la cuestión de fondo y, en su caso, proseguir la vía recursiva con relación a la imposición de honorarios profesionales y costas en contra del organismo. Ello, con el objeto de no generar mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional”.
Se aclaró que esta estrategia no aplicará “en aquellos supuestos en los que la actora carezca de legitimación activa (como asociaciones o colegios) ni en “aquéllos juicios en los que la representación fiscal considere que, por alguna circunstancia fáctica, existen posibilidades de revertir el criterio de la instancia judicial”.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Postergan la indagatoria del empresario Hugo Sigman en la causa por la compra de las vacunas durante la pandemia

El empresario Hugo Sigman debía presentarse hoy para ser indagado en la causa por presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas contra el Covid durante la pandemia, pero la Justicia reprogramó la cita, ante un pedido puntual de su defensa.
Sigman, que tenía que presentarse a las 11 en el juzgado de Ariel Lijo, deberá hacerlo el próximo 29 de junio, señaló una fuente del caso, que mantuvo bajo reserva los motivos de la reprogramación.
El empresario fue citado junto a exfuncionarios y dirigentes del gobierno anterior, como la exministra de Salud Carla Vizzotti, en una causa en la que se investiga si hubo un plan deliberado del Estado para favorecer a determinados intereses económicos en la producción de vacunas contra el Covid, en detrimento de la salud de la población.
Según el fiscal del caso, Carlos Stornelli, el gobierno rechazó una primera propuesta de la firma Pfizer, que en agosto de 2020 ofreció a la Argentina un cronograma de entregas que garantizaba más de 13 millones de dosis. “No obstante, se decidió avanzar con las contrataciones de las vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm suscribiéndose sendos contratos los días 6/11/2020, 9/12/2020 y 10/2/2021; comenzándose a recibir las dosis correspondientes, en cantidades considerables, recién a partir de los meses de marzo y abril de 2021”, afirmó Stornelli en su acusación.
“Es decir que, si se hubiese promovido desde las máximas autoridades del gobierno el avance de las negociaciones con Pfizer, presumiblemente se podría haber obtenido una importante cantidad de vacunas con una significativa antelación”, consideró la fiscalía.
Además de Sigman, Lijo ordenó, a pedido del fiscal, otras 14 indagatorias, entre ellas las de Vizzotti y Pedro Cahn, infectólogo que asesoró al Gobierno durante la pandemia. La exministra está convocada para el 2 de junio y Cahn, para el 26 de mayo.
Para el fiscal, los expedientes de Pfizer fueron ocultados y manejados “de forma desordenada” en el sistema electrónico GEDO y quedaron frenados en los despachos oficiales durante meses sin justificación técnica alguna.
Según la acusación, el denominador común de esa red es el empresario farmacéutico Sigman. Stornelli dio por probado que Sonia Tarragona, quien negoció en nombre del Estado el fallido contrato con Pfizer, había sido directora general de la Fundación Mundo Sano entre 2008 y 2013. Esa fundación es presidida por Silvia Gold, esposa de Sigman.
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La Ciudad cubrirá los gastos de atención de los porteños sin obra social en el Hospital de Clínicas

Luego de que los hospitales universitarios de la UBA advirtieran que su atención podría peligrar por falta de fondos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmó un acuerdo este martes para financiar la atención de los porteños en el Hospital de Clínicas.
El convenio entre la Universidad de Buenos Aires y el Gobierno porteño establece que este último se hará cargo de los gastos de la atención médica de vecinos con domicilio en CABA que no tengan obra social ni prepaga.
Según comunicó la administración de Jorge Macri en redes, el acuerdo incluye servicios de guardia general, diagnóstico por imágenes, hemoterapia, internaciones no programadas, clínica médica, terapia intensiva y unidad coronaria.
“La medida se enmarca en la decisión de fortalecer el sistema de salud de la Ciudad con prioridad para los porteños y una inversión histórica en obras”, subrayó el Gobierno porteño.
Un refuerzo en medio del reclamo de los hospitales universitarios
La medida llegó dos semanas después de que los directores de los seis hospitales de la UBA advirtieran en una conferencia de prensa que su atención estaba en riesgo por la falta de financiamiento del Gobierno nacional. En ese sentido, anticiparon que en 45 días podrían dejar de funcionar si la situación no se revertía.
La lista incluye al Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria. En conjunto, atienden a más de 700.000 personas por año.
En el Gobierno habían enfatizado que todos los fondos para gastos de funcionamiento habían sido ejecutados automáticamente en tiempo y forma de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto Nacional. Sin embargo, el reclamo de las universidades gira alrededor de una partida de más de 79 mil millones destinada a reforzar a los hospitales escuela que sigue sin ser ejecutada.
Leé también: El Gobierno les propondrá a las universidades un acuerdo de financiamiento para cerrar la pelea judicial
Según dijo a TN semanas atrás el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, esa partida históricamente se administró “de manera arbitraria, de acuerdo a ningún parámetro salvo el lobby político”.
Por eso, el área dependiente del Ministerio de Capital Humano decidió suspender esas transferencias hasta redefinir el criterio de distribución y aseguró que realizaría una convocatoria a las universidades involucradas para formar una comisión. Sin embargo, a cinco meses de iniciado el año, eso todavía no sucedió.
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Hospital de Clínicas , UBA
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El hermano de Adorni corrigió su declaración jurada: agregó una herencia y aumentó su nivel de deuda

El diputado bonaerense y hermano del Jefe de Gabinete, Francisco Adorni, rectificó su declaración jurada en la misma semana en que el fiscal Guillermo Marijuan impulsó una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Según los documentos presentados ante la Oficina Anticorrupción (OA), una herencia de $21 millones y cambios en su nivel de endeudamiento acaparan las principales correcciones.
La rectificación de Francisco Adorni fue presentada el jueves pasado, tal como se desprende de la documentación en manos de la OA. Un día antes había dado cuenta de una serie de medidas que Marijuan había solicitado para investigar su patrimonio. Entre ellas, requirió información bancaria, impositiva y patrimonial del funcionario, y al Banco de la Provincia de Buenos Aires, específicamente, datos sobre un crédito. Esa deuda es uno de los pilares de la acusación en su contra.
La nueva versión de la declaración jurada de Francisco Adorni correspondiente a 2025 se observa en el sistema como “Rectificativa 1 (B)”. Sus números no reflejan un desendeudamiento, sino lo contrario. Antes de la rectificación, había especificado que comenzó el año con una deuda hipotecaria de $130 millones con el Banco de la Provincia de Buenos Aires y que la misma bajó a $57 millones al finalizar el año. Es decir, eso daba cuenta de un presunto desendeudamiento. Ahora, cambió.
El documento presentado el 14 de mayo muestra que al inicio del 2025 la deuda hipotecaria con el Banco de la Provincia de Buenos Aires era de $45 millones y no de $130 millones. En paralelo, esa misma deuda al final del año se mantuvo en $57 millones. Por lo tanto, medido en pesos, incrementó su endeudamiento.
“El crédito UVA crece porque el valor de la UVA crece por la inflación y eso hace subir el valor de la deuda en pesos”, refirieron desde el entorno de Francisco Adorni, tras la consulta de .
Precisamente, esa deuda es uno de los ejes de la denuncia que formuló la diputada Marcela Pagano, a la que dio curso el fiscal. Entre otros puntos, cuestionaba cómo podía haber bajado de $130 millones a $57 millones su deuda, lo cual significaba una cancelación de $73 millones. Con los nuevos papeles, Francisco Adorni declaró que su nivel de deuda aumentó $12 millones.
El abogado de Adorni, Marcelo Peña, consideró: “La denuncia está armada como una hipótesis exploratoria para abrir una investigación no como una imputación con sustento probatorio sólido”.
Otro punto relevante en la nueva versión de la declaración jurada del hermano del Jefe de Gabinete es la aparición de una herencia. Allí no hay más datos que el importe: $21 millones. Y su incorporación durante 2025. No se precisa de quién es la herencia.
Un dato llamativo es que Francisco Adorni debió corregir más de una vez su declaración jurada de 2024. El portal de la Oficina Anticorrupción contiene un documento al que identifica como “Rectificativa 1” y, el más nuevo, llamado “Rectificativa 1 (I)”.
En paralelo a eso, Francisco Adorni cambió su auto en 2025. Se deshizo de una “Chery Tiggo” e incorporó el 50% de la titularidad de una Jeep Renegade por un importe de $10.750.000.
“La investigación en autos tendrá por objeto la hipótesis sobre el presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni, que habría tenido lugar en el lapso de tiempo en que se viene desempeñando con funciones en el ámbito Ejecutivo nacional, esto es, desde el mes de diciembre de 2023″, dice el dictamen del fiscal.
Marijuan le solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información fiscal desde 2020: padrón, perfil fiscal, declaraciones juradas, pagos, Ganancias, Bienes Personales e IVA, entre otros datos.
También pidió saber si Francisco Adorni registra ingresos o egresos de dinero del país y si tuvo sanciones o sumarios aduaneros. Al Banco Central le requirió información sobre cuentas, cajas de ahorro, cuentas corrientes, transferencias, depósitos y retiros en efectivo, cheques, tarjetas, plazos fijos y cajas de seguridad, entre otros productos.
A la Inspección General de Justicia (IGJ), le solicitó que informe si existen registros de Francisco Adorni como integrante de alguna sociedad y, en ese caso, que remita legajos, estatutos, actas, balances, evolución del capital y eventuales sanciones.
Durante el gobierno libertario, el hermano del Jefe de Gabinete fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego, en junio de 2025, promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
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