El Gobierno publicará en los próximos días los pliegos para privatizar Belgrano Cargas, uno de los procesos que venía demorado dentro de la agenda de empresas públicas y concesiones que la Casa Rosada busca acelerar antes de 2027. En el Ejecutivo sostienen que la licitación quedó en la etapa final de revisión y que su publicación permitirá abrir formalmente la instancia de presentación de ofertas.

El expediente de Belgrano Cargas era de los últimos que faltaba dentro del primer tramo de privatizaciones y concesiones, autorizadas por la Ley Bases de 2024.

En Balcarce 50 sostienen que el objetivo es llegar al año electoral con la mayor cantidad posible de empresas, servicios y activos estatales bajo administración privada, concesión o esquemas mixtos.

La licitación del Belgrano Cargas apunta a transferir al sector privado la operación ferroviaria de cargas, con un esquema dividido por líneas y unidades de negocio.

El diseño prevé separar el proceso entre las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, y habilitar ofertas independientes para infraestructura, operación ferroviaria y talleres. La intención oficial es evitar un único paquete cerrado y permitir que distintos operadores compitan por partes del sistema.

El esquema también busca abrir la posibilidad de que una empresa participe solo en una de las unidades de negocio o que presente una propuesta integrada si quiere operar más de un tramo. En el Gobierno sostienen que ese formato puede ampliar la competencia y atraer interesados con perfiles distintos: operadores ferroviarios, empresas logísticas, usuarios intensivos de carga, compañías vinculadas a infraestructura y grupos con experiencia en mantenimiento.

Belgrano Cargas y Logística administra la principal red ferroviaria de cargas del país a través de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Transporta granos, insumos industriales y otras mercaderías desde economías regionales hacia puertos y centros de consumo. También tiene bajo su órbita infraestructura ferroviaria, material rodante y talleres.

La licitación tendrá como eje el modelo de acceso abierto, previsto en la Ley 27.132. Ese esquema permite que distintos operadores puedan utilizar la red ferroviaria mediante el pago de un canon o peaje, en lugar de concentrar toda la operación en un solo prestador. En el Ejecutivo argumentan que la exclusividad comercial limitó el desarrollo del sistema ferroviario de cargas y que la apertura puede aumentar el volumen transportado.

El Gobierno venía anticipando que el pliego se publicaría durante mayo, pero el proceso se ralentizó por definiciones técnicas y administrativas.

Ahora, en Nación aseguran que la publicación será en los próximos días. Una vez abierto el llamado, se prevé un período para la presentación de ofertas y una etapa posterior de evaluación, con la expectativa oficial de encaminar la adjudicación antes de fin de año.

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Las otras privatizaciones que acelera Javier Milei

El expediente se suma a otros procesos que avanzaron en las últimas semanas. AySA ya entró en el calendario formal con la licitación para vender el 90% de las acciones estatales y mantener el 10% restante en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada. La apertura de ofertas está prevista para agosto y el Gobierno busca incorporar un operador estratégico con experiencia en agua y saneamiento.

La Hidrovía también registró avances. El Gobierno preadjudicó la concesión de la Vía Navegable Troncal al consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus, después de la evaluación técnica y económica del proceso. Se trata de uno de los corredores logísticos más relevantes del país, por donde circula el 80% del comercio exterior argentino.

En paralelo, el Ejecutivo sigue de cerca la privatización de Intercargo, la empresa estatal de servicios de rampa y asistencia en tierra en aeropuertos. El proceso apunta a vender el 100% de las acciones y transferir activos, contratos, licencias y continuidad operativa. Este martes, prorrogó los plazos de la licitación una semana: la presentación de ofertas se hará hasta el 17 de junio y la apertura de los sobres el 25 de junio.

Las rutas nacionales son otro frente que el Gobierno quiere mostrar con impacto visible. Economía avanza con la Red Federal de Concesiones, que incluye 9000 kilómetros distribuidos en tramos estratégicos. El objetivo es que los corredores -de un total de 40.000 kilometros- pasen a operar bajo un esquema privado, sin subsidios, con obras asociadas y mejoras de mantenimiento.

El frente energético también tuvo un antecedente con la venta de la participación estatal en Citelec, controlante de Transener, a Genneia y Edison Transmisión por US$356 millones. En el Ejecutivo usan ese caso para mostrar interés privado por infraestructura regulada y miran los activos que aun controla Enarsa: centrales térmicas y concesiones hidroeléctricas.

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Otro expediente en seguimiento es Correo Argentino. En Nación trabajan para que el proceso avance este año y lo presentan como una compañía con mayor margen político para privatizar que otros servicios públicos. En el Gobierno destacan que el presupuesto 2026 proyecta un resultado económico positivo para la empresa y transferencias desde el Correo hacia la Administración Nacional.

La agenda forma parte también del plan financiero del equipo económico. El Gobierno busca que privatizaciones, concesiones, emisión de deuda, garantías de organismos multilaterales y acumulación de reservas ayuden a fortalecer el “colchón financiero” rumbo a 2027. En Economía calculan que la venta de activos y concesiones puede aportar fondos para cubrir vencimientos y reforzar la posición del Tesoro.

La excepción más relevante sigue siendo Trenes Argentinos, que no figura dentro del calendario más inmediato.

En el Gobierno consideran que no están dadas las condiciones para avanzar con una privatización integral sin una suba fuerte del boleto y obras clave para recuperar los servicios urbanos. Por eso, la prioridad ferroviaria de corto plazo se concentra en cargas y no en pasajeros.

privatización, Belgrano Cargas, Gobierno

Después de un mes de que el Gobierno consiguiera media sanción de la Cámara de diputados sobre el proyecto de ley Hojarasca, esta madrugada se publicó en Boletín Oficial una medida que elimina más de 15 normas vinculadas al comercio y la industria que habían perdido sustento legal.

La decisión se conoció mediante la resolución 12/2026 firmada por el secretario de Coordinación de Producción Pablo Agustín Lavigne, en donde explicaron los motivos por los cuales se tomó la decisión.

Según manifestó la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, tras el proceso de desregulación impulsado por la cartera que conduce Federico Sturzenegger desde que Javier Milei asumió su mandato, decidieron actuar en concordancia y derogaron normas estructurales, entre ellas la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la Ley del Observatorio de Precios.

“En su espíritu de modernización y simplificación del marco regulatorio, se han derogado una serie de normativas que regulaban diversos aspectos del comercio y la industria, incluyendo el control de precios de determinados productos, los requisitos de información para la comercialización de bienes, los procedimientos de autorización para la importación de mercancías, entre otros”. De esta manera el Gobierno explicó la medida.

La resolución se apoya en la Ley de Bases (N° 27.742) y en el Decreto N° 70/2023 a partir de las cuales se eliminaron dichos marcos legales, por lo que las resoluciones y disposiciones que los reglamentaban quedaron sin objeto ni sustento jurídico. El texto oficial señaló que la acumulación de normas generó “superposición, desactualización y dispersión”. Además “deviene pertinente mantener una revisión integral continua de la normativa reglamentaria y complementaria dictada en el ámbito de esta Autoridad de Aplicación”.

El listado de normas derogadas abarca resoluciones dictadas entre 2006 y 2025 por distintas secretarías, las cuales “resulta necesario formalizar la eliminación, habiendo sido dictados al amparo de los citados marcos jurídicos, han perdido su objeto y aplicabilidad”, explicaron.

Las principales resoluciones con sus modificatorias, son:

• La N° 355/2022 de la ex Secretaría de Comercio Interior, junto a sus 19 modificatorias, que regulaban el control de precios de determinados productos.
• 426/2022 y 296/2023, vinculadas a requisitos de información para la comercialización de bienes.
• 22/2006, 178/2007 y 167/2008, procedentes del ex Ministerio de Economía y Producción.
• La N° 368/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, dictada al amparo del Decreto N° 787/2025 que eliminó la obligación de los colegios privados de pedir autorización estatal para modificar sus cuotas.
• 82/2014 de la ex Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo.
• La disposición N° 167/2018 de la ex Subsecretaría de Comercio Interior.
• 282/2021 y sus 21 modificatorias, que regulaban programas de fomento al consumo cuya vigencia venció sin prórroga.
• Las resoluciones 753/2021, 56/2022, 57/2022 y 142/2022 con su modificatoria N° 148/2022, ligadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino
• 254/2019 y 43/2022 vinculadas a procedimientos de autorización para la importación de mercancías.

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La medida se inscribe en el mismo espíritu que la “Ley Hojarasca”, aunque opera por un carril diferente. Mientras la reciente resolución actúa en el plano administrativo, sin necesidad de intervención parlamentaria, la Ley de Derogación de Legislación Obsoleta transita el Congreso y apunta a eliminar normas de rango legal.

El 20 de mayo pasado, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado con 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones. Esta iniciativa busca derogar 58 leyes, modifica artículos de otras 8 y elimina 2 decretos considerados “inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales”, y aguarda tratamiento en el Senado.

Los argumentos que sostienen ambas iniciativas son bastante parecidos. El texto oficial publicado hoy advierte que “la proliferación normativa ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas, generando una incertidumbre de cuáles son las vigentes”, lo que “trae como consecuencia una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida”.

Respecto al debate sobre el primero de los objetivos sostienen que está orientado a “ordenar el sistema normativo argentino mediante la eliminación de leyes que han perdido vigencia práctica, coherencia o compatibilidad con los principios constitucionales” y que afectan libertades individuales, generan burocracia innecesaria, refieren a organismos ya disueltos y organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.

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Siete candidatos pasarán por la Comisión de Acuerdos del Senado, que encabeza el libertario Juan Carlos Pagotto, para defender sus postulaciones al Poder Judicial. Varios de ellos buscan extender su vínculo con la Justicia luego de haber alcanzado el límite de 75 años de edad.

Se da luego de la sesión de la semana pasada, en donde se aprobaron 74 pliegos, incluido el de María Verónica Michelli, pese a que Javier Milei quería retirarlo.

Entre los postulantes está Leopoldo Jorge Rago Gallo, actual juez federal de San Juan, propuesto para continuar por otros cinco años al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de esa provincia. En una situación similar se encuentra Víctor Arturo Pesino, cuyo pliego es uno de los más cuestionados: el Poder Ejecutivo propuso extender su nombramiento como vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.

Los otros cargos corresponden a María Claudia Jueguen, postulada como vocal de la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; Marina Edith Pisacco, propuesta para la Sala VI; Diego Javier Tula, para la Sala II; Diego Fernando Manauta, para la Sala V; y Claudio Fabián Loguarro, también propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Cuestionamientos a Pesino

La bancada justicialista, que lidera José Mayans, cuestiona el pliego de Víctor Pesino por su actuación en causas laborales sensibles. Uno de los planteos apunta a su rechazo a las presentaciones contra la reforma laboral impulsadas, en primer término, por la Confederación General del Trabajo (CGT). También lo cuestionan por la anulación de las elecciones del gremio de la UOM y el posterior dictado de la intervención del sindicato.

En el bloque de Mayans, tras reunirse con el desplazado secretario general de la UOM, Abel Furlán, señalaron: “Este ataque contra la UOM está claramente alineado con las políticas de industricidio desplegadas por la administración de Javier Milei, ya que en lo que va del actual gobierno se perdieron 25 mil puestos de trabajo en el sector y el poder adquisitivo del salario de los metalúrgicos se redujo en el orden del 20%”.

Pesino fue uno de los camaristas que firmó la intervención de la UOM y también integró el tribunal que rechazó el planteo de la CGT contra la reforma laboral. Para varios de los participantes de la reunión con Furlán, esas decisiones expusieron un presunto intercambio de favores entre el postulante y la administración central.

En ese encuentro, además, se sostuvo que “la medida judicial busca disciplinar y castigar a la conducción de la UOM por ser uno de los gremios que más viene enfrentando las políticas de ajuste y de destrucción de la industria promovidas desde el Poder Ejecutivo”.

La Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL), que encabeza Matías Cremonte, también cuestionó el envío del pliego de Pesino al Senado. “El juez Pesino, luego de hacerle un gran favor al Gobierno del presidente Javier Milei al poner en vigencia la reforma laboral, pide al Senado la prórroga de su mandato. La abogacía laboralista en unidad les pide a las y los senadores que, por el bien de la Justicia, rechacen ese pedido”, señalaron desde la entidad.

Pesino integra la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y, como alcanzó los 75 años, su continuidad requiere un nuevo acuerdo del Senado. Ese trámite es resistido por asociaciones de abogados laboralistas y por sectores sindicales.

Otra de las observaciones al pliego fue presentada por el abogado laboralista Pablo Gastón Llopart, quien cuestionó la actuación de Pesino en una causa de un trabajador de 65 años, trasplantado renal, portador de sarcoma de Kaposi e internado de urgencia con tres stents mientras esperaba sentencia.

Según la denuncia, el magistrado tardó 18 meses en resolver el expediente sin solicitar la autorización de su superior, como exige el Reglamento para la Justicia Nacional. La sentencia que finalmente dictó fue confusa y derivó en que ambas partes pidieran aclaratorias el mismo día para saber qué había resuelto el tribunal.

Los considerandos del fallo proponían declarar válido el acuerdo indemnizatorio objetado por el trabajador tras su despido. Sin embargo, la parte resolutiva confirmaba la sentencia de primera instancia que lo había declarado nulo. Es decir, los fundamentos decían una cosa y el dispositivo, otra.

El fiscal general interino propuso declarar la nulidad de todo lo actuado y Pesino terminó firmando la nulidad de su propio fallo. El trabajador lleva nueve años desde el despido sin sentencia firme.

Reclamos gremiales

Mientras se realizan las audiencias en el Senado, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que encabeza Julio Piumato, realizará este martes 9 de junio un paro en el Fuero Nacional del Trabajo y una movilización en defensa de esa jurisdicción.

La medida forma parte del plan de lucha contra el proyecto de transferencia de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno podría avanzar en los próximos días con el traspaso del fuero del trabajo de la órbita nacional a la porteña.

Desde la UEJN sostienen que la Justicia Laboral cumple un rol central en la resolución de conflictos entre trabajadores y empleadores. Además, advierten sobre las consecuencias institucionales que, a su entender, podría generar la concreción de la transferencia.

Pliegos sin dictamen

Pagotto todavía no logró construir las mayorías necesarias para que otros pliegos, aún frenados en la Comisión de Acuerdos, consigan las firmas suficientes para llegar al recinto. Se necesitan al menos nueve firmas.

Entre ellos están los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, señalados por sus presuntos vínculos con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y con el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Ambos magistrados cosecharon ocho firmas y están a una de alcanzar la mayoría requerida para que sus nombramientos queden en condiciones de ser tratados por el pleno del Senado.

En una situación más compleja aparece el pliego de Juan Manuel Mejuto, cuestionado por la UCR y el PRO por su supuesta cercanía con el kirchnerismo y con la agrupación Justicia Legítima. Su designación consiguió apenas tres firmas.

jueces, comisión de acuerdos, Senado