A través de negociaciones reservadas con el Gobierno, la CGT logró que se corrigieran las restricciones a la caja sindical incluidas en la Ley de Modernización Laboral, pero el gesto libertario no dará lugar a una tregua: este miércoles, a las 15, comenzará el nuevo plan de lucha cegetista con una movilización al Congreso para acompañar el reclamo de los jubilados.

Los sindicatos agrupados en la CGT organizaron la serie de protestas contra Javier Milei junto con las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y diversas organizaciones sociales, pero, a pesar de que habían amagado con replicar el esquema que se utilizó contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron, en 2023, basado en movilizaciones y paros sectoriales y rotativos que se prolongaron durante semanas, finalmente se aplicará una versión light de ese modelo.

La explicación del giro fue expuesta sin rodeos ante Infobae por un jefe gremial: “No hay clima. En las empresas la gente estaba con la cabeza en el Mundial y después tampoco tendremos muchas garantías de que acaten los paros que van a afectar su bolsillo o que puedan poner en riesgo su fuente de trabajo”.

Ese diagnóstico empujó una salida pragmática. La prioridad pasó a ser la calle, con acciones de menor riesgo para los trabajadores y con la mira puesta en sumar adhesión de otros sectores sociales, especialmente de la clase media, para crear las condiciones de un futuro paro general contra la administración de Javier Milei.

Según lo acordado por las 3 centrales obreras y las confederaciones sindicales, luego de la marcha de este miércoles se realizará el 7 de agosto una movilización por el Día de San Cayetano y se seguirá, en fechas por definir, con una concentración ante el Ministerio de Economía en rechazo del endeudamiento familiar, la participación en la Semana Social de la Iglesia, una movilización por el Día de la Industria (el 2 de septiembre), una acción para acompañar la visita del papa León XIV a la Argentina, en noviembre próximo y otra marcha cuando se realice la próxima convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Esta agenda de medidas, según lo resuelto, será el “camino” que llevará a una gran protesta nacional, como un paro general de 24 o 36 horas, con la incorporación de otros sectores de la sociedad para darle más fuerza.

La jugada más audaz será la apuesta de “capitalizar” la visita del Papa al país en busca de alguna señal que se interprete como un respaldo a los reclamos del sindicalismo. Una de las ideas es tratar de que la recorrida de León XIV por la ciudad de Buenos Aires se acerque lo máximo posible al edificio de la CGT, donde lo esperarían las columnas de dirigentes y trabajadores.

Además de priorizarse la presencia en la calle, el plan de lucha incluye la realización de asambleas en los lugares de trabajo y “acciones disruptivas” como la entrega de folletos explicativos de los reclamos en estaciones de trenes y aeropuertos en todo el país.

A este esquema de protestas se sumará el paro nacional docente que se impulsa desde la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, conducida por Sergio Romero (UDA), que se concretaría en agosto y al que se sumarán CTERA y otros sindicatos del sector.

La CGT también resolvió abrir contactos con entidades empresariales del interior para consensuar acciones comunes, bajo la idea de que tanto empresarios como trabajadores son “víctimas del modelo Milei”. A la vez, se decidió que entre 15 y 20 dirigentes por gremio acompañen conflictos puntuales en empresas del AMBA y del interior, además de reforzar el trabajo con las delegaciones regionales cegetistas.

La CGT iniciará su nuevo plan de lucha, curiosamente, la misma semana en que salieron a la luz las negociaciones reservadas con el Gobierno que mantuvieron sus líderes dialoguistas, como anticipó Infobae, y que terminaron con el decreto para corregir la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, que había perjudicado a los sindicatos en dos puntos clave para su financiamiento.

Por un lado, se utilizaba el salario básico convencional como base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo, una fórmula que reducía potencialmente el volumen económico de esos montos acordados entre empresarios y dirigentes gremiales.

Por otro lado, el tope del 2% de los salarios fijado en la reforma laboral para las cuotas solidarias había sido interpretado de manera tan amplia que también alcanzaba a los aportes empresariales que, vía convenio colectivo, son destinados a mutuales, seguros de vida, seguros de sepelio o mejoras en la obra social.

En ambos casos, la rectificación del Gobierno que, gracias a la negociación la CGT, puso a salvo esos dos ítems cruciales de la caja sindical llegó con el decreto 612 que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial. Aun así, la CGT ratificó su plan de lucha que comienza este miércoles, por más que se haya abierto un interrogante: ¿habrá una convocatoria libertaria al diálogo para evitar que se profundicen las protestas?

Hoy nadie lo cree posible, sobre todo porque también arrancó informalmente la campaña electoral, pero también parecía imposible que la Casa Rosada corrigiera la reglamentación de la reforma laboral en favor del poder sindical. Las próximas semanas serán decisivas para medir la temperatura del conflicto Gobierno-CGT.

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“Es muy, muy importante para Milei en materia económica”, definió ante Infobae una fuente que integra la mesa política para graficar la reforma que ocupa las horas del presidente Javier Milei. Junto al equipo económico, el mandatario pasa sus días debatiendo los puntos del articulado que presentará la próxima semana para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El pasado martes, la mesa política definió que la exposición que protagonizará el libertario tendrá lugar al regreso de su viaje a Lima, Perú, previsto para el 28 de julio. Tras el compromiso internacional de asistir a la asunción presidencial de Keiko Fujimori, Milei brindará algunos detalles del proyecto que lo obsesiona y en el que trabaja junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), además del titular del organismo, Santiago Bausili.

Según supo este medio de fuentes al tanto de las conversaciones, el formato de la presentación aún está en discusión, aunque en Casa Rosada hablan de la posibilidad de que sea transmitida por cadena nacional, como ocurrió con el megadecreto de necesidad y urgencia 70/2023, que apuntó a desregular la economía.

“Que le expliquen a los argentinos que los quieren seguir estafando”, argumentó el mandatario para respaldar la necesidad de implementar cambios en la Carta Orgánica, sancionada en 2012 durante la gestión de la entonces titular de la entidad, Mercedes Marcó del Pont.

Pese a que una de sus promesas en campaña fue cerrar el organismo, el libertario sostiene actualmente que deben eliminarse las múltiples misiones para concentrar su objetivo en la preservación del valor de la moneda.

En Balcarce 50 aseguran que el proyecto final todavía no está cerrado, por lo que evitan precisar una fecha para la exposición, que podría grabarse en la Casa Rosada con la presencia del equipo económico involucrado. La iniciativa va en línea con el nuevo paquete desregulatorio que prepara el Poder Ejecutivo y que contempla una reforma integral del Código Aduanero, cambios en el mercado inmobiliario y modificaciones en el régimen de cabotaje del transporte por agua entre puertos argentinos.

Con la mente puesta en el —todavía— borrador, el Presidente convocó el pasado lunes a la quinta de Olivos al equipo económico para debatir el tema. Participaron Caputo, Sturzenegger y el viceministro de Economía, José Luis Daza, además de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y el asesor presidencial Santiago Caputo. El encuentro se produjo el día después de la final del Mundial 2026, en la que la Selección Argentina perdió 1 a 0 ante España. La cita comenzó a las 8 de la mañana y concluyó a las 14, luego de un extenso intercambio entre los presentes.

La idea es que el proyecto ingrese por la Cámara de Diputados y sea discutido durante el mes de agosto. El optimismo reina en el oficialismo que aspira a conseguir los votos para su sanción. De concretarse, le permitirá al Gobierno anotarse un triunfo de cara a la hoja de ruta de reformas que prepara para la segunda mitad del año.

Las cambios en los que trabaja el Ejecutivo

“El Banco Central es un proveedor de un servicio de liquidez a la economía y mientras sea parte del Estado es un ente de recaudación impositiva”, definió el mandatario en declaraciones a LN+.

Diputados y senadores de La Libertad Avanza conocen de antemano la necesidad de aprobar el proyecto, luego de haber recibido instrucciones directas del mandatario, quien dedicó más de una reunión en la Casa Rosada a explicar en detalle los cambios y su aplicación práctica.

La normativa contempla una serie de modificaciones con las que la administración libertaria busca dotar de mayor independencia al organismo. Estas aspiran a eliminar los cinco objetivos actuales para reemplazarlos por uno único: el de preservar el valor de la moneda.

Asimismo, apuestan a prohibir la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y trabajan para incluir el concepto de “shutdown”, un mecanismo que obligaría al Poder Ejecutivo a restringir el funcionamiento del Estado cuando se agoten las partidas previstas en el Presupuesto aprobado por el Congreso.

En función de los expuesto por el Presidente, las modificaciones apuestan a potenciar la independencia del organismo y endurecer las condiciones a la hora de cambiar al titular y al directorio. “Va a ser muy difícil removerlo. No va a venir alguien en un capricho y llevarse puesto una institución”, justificó en declaraciones televisivas.

Otro de los cambios gira en torno a la eliminación de las utilidades contables o “ficticias”, con excepción de circunstancias vinculadas a un escenario de deflación, y busca ponerle fin al esquema de letras intransferibles utilizado para asistir al Estado. El libertario detalló, además, la posibilidad de instrumentar un sistema de sanciones penales para los funcionarios que vulneren la autonomía del organismo o habiliten la emisión monetaria para financiar el gasto público.

La 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional tendrá este domingo su inauguración oficial con un mensaje del presidente Javier Milei, en un contexto en el que oficialismo y oposición aguardan definiciones sobre la agenda del Gobierno para el sector agropecuario. El acto contará con presencia de legisladores de La Libertad Avanza, mientras en el Congreso avanzan distintos proyectos vinculados al campo.

Para el senador libertario Pablo Cervi, el Presidente podría hacer hincapié durante su discurso en las iniciativas que el Poder Ejecutivo envió al Congreso y que ya fueron aprobadas. Según el legislador, esas medidas generan un marco para que las distintas actividades productivas tengan mayor competitividad, puedan desarrollarse y abrirse al mundo.

Cervi señaló a TN que el Congreso avanzó con compromisos asumidos por Milei, como el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones), incluido en un capítulo de la Ley de Modernización Laboral para empresas que inviertan y generen empleo. También destacó medidas reclamadas por el sector, como la baja del IVA en la electricidad destinada al riego, una decisión que, según sostuvo, mejora la competitividad.

El senador encabezó este viernes en la Cámara alta una reunión sobre el futuro proyecto de Ley de Semillas, junto a Francisco Flores Iglesias y Denisse Sandoval, presidente y vicepresidenta del Ateneo de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas). “Estamos en medio de la discusión de generar el contexto para una nueva ley de semillas, la necesidad de acceder a las nuevas tecnologías que dispone el mundo para mejorar la productividad y la competitividad”, afirmó.

La oposición reclama señales sobre las retenciones

Desde la oposición, el diputado socialista por Santa Fe Esteban Paulón no espera anuncios concretos para el sector agropecuario, al considerar que la situación fiscal del Gobierno limita la posibilidad de avanzar con una baja de retenciones.

“La complicada situación fiscal del Gobierno le impide hacer un anuncio de baja de retenciones y seguramente prometerá que lo hará hacia el final de su mandato y si reelige”, sostuvo el legislador.

Paulón consideró que Milei probablemente enviará un mensaje al campo para destacar las políticas implementadas por su administración, aunque descartó que haya medidas relevantes. “No creo que haya expectativas; el propio sector no cree que haya anuncios importantes”, le dijo a TN.

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En la misma línea, la diputada Bárbara Andreussi, de La Libertad Avanza, anticipó que la presencia del Presidente en la exposición será “un gesto de respaldo a uno de los sectores más importantes de nuestra economía”.

La legisladora jujeña coincidió con el ministro de Economía, Luis Caputo, al señalar que las principales medidas ya fueron anunciadas y que el Gobierno continuará avanzando “de manera responsable, manteniendo el equilibrio fiscal”.

“El campo sabe que este es el gobierno que más lo ha acompañado en las últimas décadas y que va a seguir trabajando para bajar la carga impositiva y generar las mejores condiciones para el crecimiento del sector”, afirmó.

Proyectos en Diputados para reducir retenciones

En la Cámara de Diputados, legisladores de Santa Fe y Córdoba enrolados en la bancada de Provincias Unidas presentaron una iniciativa para establecer una reducción gradual de las retenciones agropecuarias.

“El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer la reducción gradual y progresiva de los derechos de exportación aplicables a todos los productos del sector agropecuario y agroindustrial de la República Argentina, con miras a su eliminación total al término del plazo previsto, con el fin de mejorar la competitividad del interior productivo, promover la inversión, generar empleo y fortalecer el desarrollo federal del país”, señala el primer artículo de la iniciativa.

El proyecto lleva la firma de Gisela Scaglia, exvicegobernadora de Santa Fe, y cuenta con el acompañamiento de los cordobeses Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo y Alejandra Torres; el santafesino José Núñez; y la jujeña radical María Inés Zigarán.

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En los fundamentos, los diputados sostienen que las retenciones son un impuesto que “sale del trabajo de los productores del interior” y llega a las arcas nacionales sin que los territorios que generan esos recursos reciban un retorno proporcional. Además, plantean que el campo argentino es “parte fundamental de la solución” para la economía del país y cuestionan: “¿Hasta cuándo el interior produce la riqueza que después se gasta en el centro del país?”.

También en la Cámara baja, los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade presentaron un pedido para reducir gradualmente los derechos de exportación. Argumentaron que las retenciones son un tributo distorsivo que desincentiva la producción de bienes exportables y afecta la competitividad del sector agropecuario.

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Según explicaron, a nivel internacional su aplicación es excepcional: menos de quince países utilizan este tipo de impuestos y solo un grupo reducido lo hace con alícuotas elevadas y una incidencia significativa sobre la recaudación.

“En Argentina, estos derechos han gravado al sector agropecuario, limitando el crecimiento del principal generador de divisas del país y restringiendo su capacidad de inversión y desarrollo”, señalaron Ferraro y Frade.

Debate en el Senado por la Ley de Biocombustibles

En paralelo, el Senado mantiene reuniones de plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda para avanzar en una modificación de la Ley de Biocombustibles. Los encuentros son encabezados por el radical Flavio Fama y el libertario Agustín Monteverde, respectivamente.

Actualmente existen cinco proyectos presentados. El del oficialismo, impulsado con la firma de la senadora Patricia Bullrich, propone aumentar el corte obligatorio en un 2,5% para el biodiesel y en un 3% para el etanol.

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Las otras iniciativas fueron presentadas por los senadores Beatriz Ávila (Independencia); José Carambia y Natalio Gadano (Moveré Santa Cruz); Alejandra Vigo y Carlos Espínola (Provincias Unidas); y Flavia Royón (Primero Los Salteños).

Desde el oficialismo aseguraron que todavía no existe una fecha definida para la firma de los dictámenes ni para su posterior llegada al recinto del Senado.

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