Alberto Fernández sufrió un nuevo revés en la causa por presunta violencia contra su expareja Fabiola Yañez. La Cámara Federal rechazó este miércoles uno de sus planteos y convalidó todo lo actuado en la causa.

Con su decisión, la Cámara allanó el camino del caso hacia el juicio oral. Desde abril del año pasado, Fernández cuenta con procesamiento confirmado por agresiones y maltratos contra la ex primera dama.

Sin embargo, dos de los tres jueces que hoy validaron el desarrollo del caso ordenaron también producir nuevos elementos de prueba en la causa y, bajo esa luz, “reevaluar la situación” del expresidente.

En su presentación ante la Cámara, Fernández había pedido que se anularan las actuaciones con el argumento de que el juez que las instruyó, Julián Ercolini, terminó apartado por la Cámara de Casación. La relación entre el juez y el expresidente fue cambiante y se remonta hasta la época en la que ambos compartían cátedra como profesores de la UBA.

Pero hoy la Sala I de la Cámara volvió sobre aquel mismo fallo de la Casación en el que, si bien se corría a Ercolini por un pedido del expresidente, se advertía que todo el recorrido del expediente quedaba a resguardo.

“La respuesta a las objeciones de Fernández está dada en el mismo fallo de la Casación, que puso expresamente un límite a las consecuencias procesales del apartamiento decidido, consignando que ello era ‘sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos’”, marcó el juez Eduardo Farah.

El fiscal del caso, Ramiro González, pidió la elevación a juicio oral del expediente hace casi un año, en agosto del año pasado, pero el expresidente interpuso recursos, el caso cambió de manos por orden de la Casación y fue perdiendo vigor.

Con el apartamiento de Ercolini, la causa quedó a cargo del juez Daniel Rafecas.

El fallo de hoy ratifica lo resuelto en la causa, pero le abre una ventana al expresidente para pedir nuevas medidas, lo que posiblemente demore aún más el proceso.

El camarista Roberto Boico, que en el pasado tuvo pronunciamientos favorables con el expresidente, pidió expresamente que se “reevalúe la situación del imputado”, más allá de la “validez de los actos del proceso”, un criterio que fue respaldado por el voto del juez Farah.

El inicio de la causa surgió como un desprendimiento del caso por los Seguros, en el que se investigan irregularidades en la contratación de seguros del Estado en beneficio de allegados al expresidente.

En el celular de la exsecretaria de Fernández, María Cantero, la Justicia encontró conversaciones que evidenciaban posibles agresiones del expresidente hacia Yañez, quien, una vez que el caso tomó estado público, decidió impulsar una acción penal.

Luego, el caso se transformó en una guerra silenciosa entre Fernández y Yañez, con acusaciones cruzadas por fuera del expediente y filtraciones de conversaciones, fotos y audios.

En febrero de 2025, el juez Ercolini decidió procesar a Fernández por lesiones leves —reiteradas en dos oportunidades—, lesiones graves y amenazas coactivas; luego la Cámara Federal confirmó ese procesamiento.

Los hechos de violencia física que se le achacan al expresidente son dos: un golpe que le habría provocado una lesión en el rostro, en la zona del ojo; y un forcejeo o agresión que le habría dejado hematomas a Yañez en uno de sus brazos.

WASHINGTON.- El adelanto del presidente Javier Milei de que el Gobierno trabaja en un proyecto de shutdown (como se denomina al cierre del gobierno federal) al estilo norteamericano para ser aplicado en la Argentina llevó inevitablemente las miradas a los últimos casos que se registraron en la segunda administración de Donald Trump, el principal aliado internacional del líder libertario.

En los últimos tiempos, sobre todo con el shutdown récord de 43 días entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre pasados, los cierres del gobierno -totales o parciales- avivaron la polarización en el Congreso norteamericano.

En el Capitolio se dispararon duras acusaciones de la oposición demócrata a los republicanos por el uso de la medida, por parte de la Casa Blanca, como una herramienta de presión política y para reestructurar, de paso, las agencias federales.

En Estados Unidos, el cierre del gobierno se produce cuando la legislación necesaria para financiarlo no se promulga a tiempo en el Congreso antes del inicio del siguiente año fiscal (van del 1 de octubre al 30 de septiembre). En el lapso que dura el shutdown, se restringen las actividades y servicios de agencias federales, se suspenden operaciones no esenciales y se dan licencias sin goce de sueldo a trabajadores, entre otras restricciones que afectan la vida diaria de millones de personas.

El cierre se termina una vez que los legisladores de ambos partidos alcanzan un nuevo acuerdo. Aunque los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso, en el Senado no cuentan con los 60 votos necesarios para superar el bloqueo parlamentario y aprobar la ley de gastos sin el apoyo de al menos un puñado de demócratas.

El año pasado, varios legisladores demócratas apuntaron contra el gobierno republicano por “tomar a los estadounidenses como rehenes” en la disputa presupuestaria, mientras que Trump ha responsabilizado a la oposición de bloquear fondos por los desacuerdos en políticas de salud, migración y recortes de gastos.

“Reducir el tamaño del gobierno”

“Buscaremos oportunidades para reducir el tamaño del gobierno federal”, había advertido el director de Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, uno de los principales señalados por los demócratas por el presunto uso de la parálisis gubernamental como justificación legal para amenazar con el despido permanente de miles de empleados federales “no esenciales” y debilitar el aparato estatal tradicional.

“En conjunto, las acciones del gobierno pusieron de manifiesto los riesgos y las consecuencias de un estancamiento fiscal prolongado bajo Trump. Con una visión expansiva del Poder Ejecutivo, el presidente no escatimó oportunidades en su segundo mandato para cerrar agencias, reducir la fuerza de trabajo federal y reconfigurar el presupuesto, con tácticas agresivas que pusieron a prueba a los tribunales y que a veces desafiaron al Congreso”, analizó The New York Times sobre el shutdown total del año pasado.

Tras convertirse en el cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos, en noviembre pasado un grupo de senadores demócratas moderados rompieron filas con su partido para unirse a los republicanos y aprobar una medida de gasto que reabrió el gobierno federal, lo que generó tensiones internas dentro del liderazgo opositor.

En Estados Unidos también hubo cierres de gobierno parciales, que afectan a agencias particulares. Un caso emblemático se produjo este año, entre el 14 de febrero y el 30 de abril, cuando durante 76 días un shutdown afectó principalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por las fuertes disputas en el Congreso sobre la política migratoria del gobierno.

Los demócratas bloquearon la financiación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para exigir reformas operativas y rechazar las estrictas políticas migratorias de la administración Trump, uno de sus principales ejes de campaña.

Los republicanos, por su parte, se negaban a aprobar la ley de financiación a menos que incluyera un respaldo total a esas agencias, lo que dio lugar a un extenso bloqueo.

La asignación y el control de los fondos gubernamentales para Estados Unidos son responsabilidad del Congreso, que inicia el proceso con la propuesta de un proyecto de ley de asignaciones presupuestarias que determina los niveles de gasto para cada agencia federal y programa gubernamental.

La versión final es sometida a votación de la Cámara de Representantes y del Senado, y una vez aprobada por ambas cámaras, es enviada al presidente para su promulgación.

Al explicar la iniciativa del Gobierno -que se remitiría al Congreso como un proyecto de ley-, Milei afirmó en el streaming Neura que implicaría que si el presupuesto pautado se agotara, el Estado no podría gastar más y se “apagaría” la administración pública. El mandatario no dio más detalles al respecto, pero luego trató la iniciativa con un grupo de funcionarios en la quinta de Olivos, hasta donde llegaron el martes Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Santiago Bausili.