POLITICA
Tenso cruce entre manifestantes y la policía en una protesta por el cierre de 25.000 pymes
Agrupaciones políticas vinculadas al peronismo y sindicatos se unieron hoy en un reclamo conjunto contra el gobierno de Javier Milei por el cierre de 25.000 pymes en todo el país. La protesta, cuya epicentro fue en el cruce entre la avenida General Paz y San Martín, terminó con un tenso choque entre los manifestantes y los efectivos de la Policía, que neutralizaron el reclamo con gas pimienta.
De la manifestación participaron dirigentes del gremio estatal ATE, que se plegaron por en la misma zona se encuentra el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde se estima que habrá un nuevo recorte y peligran 700 puestos de trabajo. En la primera línea de choque con la policía se divisó a Oscar de Isasi, referente de ATE y de la CTA bonaerense y aliado del gobernador Axel Kicillof.
También participó de la protesta el el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, que quedó en medio del enfrentamiento entre los manifestantes y la policía, que evitó que se interrumpa el tránsito.
“No vamos a permitir que sigan cerrando industrias. Estamos convencidos de que la Argentina sale adelante cuidando y defendiendo al empresario pyme. Nos estábamos manifestando pacíficamente, pero la violencia y el autoritarismo de Milei no permitió que empresarios de pie, industriales, trabajadores del INTI y estudiantes no se puedan expresar. Lo vamos a hacer todas las veces que sea necesario para frenar la destrucción del país”, expresó Katopodis.
La movilización, que reunió a unos 500 manifestantes, contó con la participación de distintas organizaciones sindicales, entidades públicas y educativas, referentes políticos y vinculados al sector, distintas cámaras y asociaciones empresariales. Se firmó un documento en defensa de la pymes y pondrán en marcha un plan de acción.
La estadística sobre la caída de las pymes surge de un relevamiento de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que detectó que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 hay 24.437 empleadores o unidades productivas menos, lo cual equivale a una caída de 4,8% del total. En febrero pasado, el total de empleadores fue de 487.920, con una reducción mensual de 257 firmas. De esta manera, el indicador acumuló 17 meses consecutivos de retroceso.
“En términos económicos, Milei ha dañado más que la pandemia, ha sido más letal que el Covid. Durante la pandemia cerraron poco más de 14 mil empresas, y con este Gobierno ya se fundieron más de 25.000”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional e integrante del Frente Sindical Unidos (Fresu), un brazo sindical que se abrió de la CGT con la intención de forjar un perfil más combativo.
“En la pandemia se perdieron 140 mil puestos de trabajo y solamente en los últimos dos años se destruyeron más de 300 mil puestos de empleo registrados, y la capacidad industrial instalada durante la pandemia rondaba entre el 55 y el 60 por ciento, y ahora es menor al 50%. El futuro de la Argentina con este Gobierno es un futuro negro”, agregó el dirigente estatal.
un relevamiento de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,pymes,Conforme a,,Informe de gestión. Adorni debe concurrir al Senado este mes y pone incómodo a casi todo el oficialismo,,Coimas. El Servicio Penitenciario admite que no puede proteger a Uberti, el arrepentido clave contra Cristina Kirchner,,Revés para el Gobierno. Un fallo judicial ordena al PAMI y al Ministerio de Salud a “normalizar” los pagos por discapacidad,Pymes,,»Quedamos sin financiamiento». El concurso de acreedores de Bodega Norton dejó al descubierto una operación financiera que tiene en jaque a pequeños productores,,“Volvió a pensar en grande”. Quirno encabezó el lanzamiento de una feria alimentaria que busca reposicionar a la Argentina para exportar más,,Cortes. La oposición denuncia el cierre de 25.000 pymes y activa una protesta en General Paz y San Martín
POLITICA
Río Negro: suspendieron a un intendente libertario mientras la Justicia lo investiga por presunta administración fraudulenta
El intendente de la ciudad rionegrina de Allen, Marcelo Román fue suspendido de sus funciones como jefe comunal mientras la Justicia lo investiga por presunto peculado y administración fraudulenta de fondos públicos.
El titular del municipio calificó la decisión de los ediles como un “acto avasallador, ilegal e inconstitucional” y anticipó que inició acciones legales para anular la ordenanza que lo alejó del cargo.
Está sospechado de administrar de forma fraudulenta las finanzas comunales, aunque el caso aún no tiene veredicto.
Fue procesado por un supuesto desvío de fondos estatales que también involucra a un empresario de medios Sebastián Ocampo, señalado por los fiscales como partícipe necesario en las maniobras delictivas destinadas a damnificar las arcas de la comuna.
Román, hasta septiembre de 2025, era el único jefe comunal libertario de la provincia e incluso llegó a ejercer el rol de vicepresidente de LLA en la provincia patagónica. Sin embargo, a partir de las sospechas que surgieron por la supuesta administración fraudulenta, tuvo que dar un paso al costado y renunciar a esa representación partidaria.
Hasta allí se escudaba en el paraguas político de la diputada Lorena Villaverde, quien aún ostenta el cargo de presidenta del partido, aunque con funciones disminuidas y “silenciada” a partir del escándalo que la involucra por una causa de narcotráfico en Estados Unidos, por la cual incluso debió renunciar a su banca en el Senado de la Nación.
El suspendido intendente denuncia que ediles opositores se confabularon en una maniobra para intentar arrebatarle el cargo sin haber ganado en las urnas, según sus propias expresiones.
Con el argumento de que el poder legislativo avanza sobre facultades que corresponden a la Justicia, tres ediles que responden a Román se esforzaron para revertir la decisión de los bloques opositores, quienes finalmente lograron las mayorías necesarias para imponer la suspensión.
Los impulsores de la medida rechazaron la idea de que se trate de un castigo anticipado y la medida se encuadra dentro de lo establecido en la Carta Orgánica Municipal.
El expediente que puso en jaque al primer intendente libertario de Río Negro tuvo un giro decisivo el 18 de junio pasado, cuando la jueza de Garantías Natalia González formalizó cargos contra Román y el empresario Sebastián Ocampo. La investigación apunta a la compra de un teléfono celular con dinero del municipio y su posterior entrega a un tercero.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025 el Ejecutivo local habría adquirido un equipo valuado en 479.999 pesos a través de un plan corporativo contratado por la comuna. La línea asociada al dispositivo se pagó con fondos públicos, lo que elevó el gasto total a 596.812,38 pesos.
La magistrada dispuso un plazo de dos meses para profundizar la pesquisa y ordenó producir nuevas pruebas. Ese punto fue clave para el dictamen que terminó recomendando el apartamiento preventivo del intendente, al entender que aún faltan testimonios y pericias relevantes.
Junta de firmas
En paralelo, sigue sin resolverse la iniciativa impulsada por Silvina Susana Cantero, una docente jubilada que impulsó de manera independiente —según su propio relato— una campaña de recolección de firmas para pedir la revocatoria del mandato.
El pedido ingresó formalmente al Concejo Deliberante invocando el artículo 98 de la Carta Orgánica Municipal, que habilita este mecanismo cuando el reclamo cuenta con el respaldo de al menos el 10% del padrón electoral.
POLITICA
La Justicia rechazó un pedido de Alberto Fernández para que se anule la causa por violencia de género: se encamina al juicio oral
Alberto Fernández sufrió un nuevo revés en la causa por presunta violencia contra su expareja Fabiola Yañez. La Cámara Federal rechazó este miércoles uno de sus planteos y convalidó todo lo actuado en la causa.
Con su decisión, la Cámara allanó el camino del caso hacia el juicio oral. Desde abril del año pasado, Fernández cuenta con procesamiento confirmado por agresiones y maltratos contra la ex primera dama.
Sin embargo, dos de los tres jueces que hoy validaron el desarrollo del caso ordenaron también producir nuevos elementos de prueba en la causa y, bajo esa luz, “reevaluar la situación” del expresidente.
En su presentación ante la Cámara, Fernández había pedido que se anularan las actuaciones con el argumento de que el juez que las instruyó, Julián Ercolini, terminó apartado por la Cámara de Casación. La relación entre el juez y el expresidente fue cambiante y se remonta hasta la época en la que ambos compartían cátedra como profesores de la UBA.
Pero hoy la Sala I de la Cámara volvió sobre aquel mismo fallo de la Casación en el que, si bien se corría a Ercolini por un pedido del expresidente, se advertía que todo el recorrido del expediente quedaba a resguardo.
“La respuesta a las objeciones de Fernández está dada en el mismo fallo de la Casación, que puso expresamente un límite a las consecuencias procesales del apartamiento decidido, consignando que ello era ‘sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos’”, marcó el juez Eduardo Farah.
El fiscal del caso, Ramiro González, pidió la elevación a juicio oral del expediente hace casi un año, en agosto del año pasado, pero el expresidente interpuso recursos, el caso cambió de manos por orden de la Casación y fue perdiendo vigor.
Con el apartamiento de Ercolini, la causa quedó a cargo del juez Daniel Rafecas.
El fallo de hoy ratifica lo resuelto en la causa, pero le abre una ventana al expresidente para pedir nuevas medidas, lo que posiblemente demore aún más el proceso.
El camarista Roberto Boico, que en el pasado tuvo pronunciamientos favorables con el expresidente, pidió expresamente que se “reevalúe la situación del imputado”, más allá de la “validez de los actos del proceso”, un criterio que fue respaldado por el voto del juez Farah.
El inicio de la causa surgió como un desprendimiento del caso por los Seguros, en el que se investigan irregularidades en la contratación de seguros del Estado en beneficio de allegados al expresidente.
En el celular de la exsecretaria de Fernández, María Cantero, la Justicia encontró conversaciones que evidenciaban posibles agresiones del expresidente hacia Yañez, quien, una vez que el caso tomó estado público, decidió impulsar una acción penal.
Luego, el caso se transformó en una guerra silenciosa entre Fernández y Yañez, con acusaciones cruzadas por fuera del expediente y filtraciones de conversaciones, fotos y audios.
En febrero de 2025, el juez Ercolini decidió procesar a Fernández por lesiones leves —reiteradas en dos oportunidades—, lesiones graves y amenazas coactivas; luego la Cámara Federal confirmó ese procesamiento.
Los hechos de violencia física que se le achacan al expresidente son dos: un golpe que le habría provocado una lesión en el rostro, en la zona del ojo; y un forcejeo o agresión que le habría dejado hematomas a Yañez en uno de sus brazos.
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POLITICA
Sueños Compartidos: el fiscal pidió la pena máxima para Julio De Vido, los hermanos Schoklender y José López
El fiscal federal Diego Velasco pidió este miércoles una pena de seis años de prisión por administración fraudulenta para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y para los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en la causa Sueños Compartidos.
Por otra parte, una pena de cuatro años para el resto de los imputados.
El juicio oral que se desarrolla en los tribunales de Comodoro Py entró en la recta final y en la jornada de este miércoles el fiscal expuso sus alegatos por más de 10 horas.
Velasco acusó a los imputados de haber montado un “esquema criminal” para desviar fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. Según la acusación, entre 2008 y 2011 se desviaron más de 206 millones de pesos de los 900 millones asignados por el Estado Nacional a la Fundación Madres de Plaza de Mayo durante la primera presidencia de Cristina Kirchner.
Velasco sostuvo que “nada era gratis. Todo se pagaba, pero nada se cumplía, todo era una pantalla”. El fiscal denunció que los imputados utilizaron la Fundación para eludir los controles estatales habituales, otorgaron beneficios irregulares a los administradores, realizaron modificaciones de obras sin justificación y extendieron de manera ilícita los plazos de ejecución.
La causa investiga además la realización de obras públicas con sobreprecios y, en algunos casos, sin licitación.
El juicio oral se tramita ante el Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Comenzó en marzo de este año y avanza con celeridad debido a que la causa prescribe en septiembre.
Están imputados también los exfuncionarios provinciales Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin.
Leé también: Causa de los fajos de dólares: se conocieron las imágenes del departamento de Cirio que la Justicia allanó en Las Cañitas
La acusación sostiene que los fondos fueron asignados para la construcción de viviendas sociales a través del programa “Sueños Compartidos”, pero que gran parte del dinero fue desviado mediante un sistema de contrataciones irregulares que benefició a los administradores de la Fundación y a funcionarios del área de Obras Públicas.
Tras la exposición de la fiscalía, las audiencias continuarán con los alegatos de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante, y posteriormente con las exposiciones de los abogados defensores.
Las claves del juicio
- El juicio por la causa “Sueños Compartidos”, que está en curso, es por el presunto desvío de más de $200 millones de fondos públicos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales.
- Los principales imputados son los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender; el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, son los principales imputados, señalados como responsables directos por “fraude a la administración pública”.
- De Vido y López, junto al exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, son señalados como coautores. Mientras que los hermanos Schoklender están acusados de ser “partícipes necesarios”. En paralelo los empresarios y financistas Daniel y Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin son señalados como “partícipes secundarios”.
Sueños Compartidos, Julio De Vido, José López
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