Axel Kicillof se pone al frente de los reclamos sanitarios contra el gobierno de Javier Milei, pero las quejas del sector también alcanzan a su gestión provincial. En la previa de la marcha federal por la salud a la que adhirió el titular del PJ bonaerense, el Hospital Garrahan le salió al cruce y denunció que su gobierno demora la entrega de insumos para cirugías.

En la institución pediátrica denuncian que la administración de Kicillof adeuda el envío de 814 prótesis. “Los pedidos pendientes del Hospital Garrahan al Banco de Prótesis de la provincia de Buenos Aires se acumulan desde 2022 y crecen año tras año. La situación resulta crítica al tratarse de chicos que, en algunos casos, necesitan la prótesis para poder movilizarse”, afirmaron las autoridades del hospital.

El Consejo de Administración del Garrahan advirtió que el 70% de sus pacientes viene de la provincia y que “hoy cientos de familias bonaerenses se encuentran afectadas por demoras administrativas que dependen exclusivamente del gobierno local”.

Según explicaron, cuando las familias solicitan los insumos, se enfrentan “extensos procesos administrativos que la mayoría de las veces terminan en la nada” y que, pese a la falta de avances, el gobierno provincial evita negar por escrito el envío de las prótesis para “no pagar el costo público”.

“La demora ya generó situaciones extremas. Hubo pacientes que, en la espera, alcanzaron la adultez y no pudieron ser intervenidos dentro del hospital pediátrico, y otros que debido a la urgencia, fueron operados con insumos pagados por la institución”, indicaron en el comunicado compartido en redes sociales. En este contexto, las autoridades del hospital exigen una “solución urgente y sostenible” para evitar que se vea afectada la salud de sus pacientes.

El reclamo del Hospital Garrahan, cuyo presupuesto lo aporta el 80% por el Estado nacional y el 20% restante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llega luego de que Kicillof respaldara la convocatoria a la marcha federal por la salud y cuestionara la política sanitaria del gobierno de Milei. En una reunión con intendentes en la ciudad de La Plata, el gobernador había calificado de “criminal” la gestión del ministro Mario Lugones y aseguró que la Argentina atraviesa una “catástrofe sanitaria”.

“Producto de la crisis económica y la desregulación de la medicina prepaga más de 742 mil personas perdieron su cobertura de obra social. En muy poco tiempo, el ajuste, la interrupción en la entrega de medicamentos y la eliminación de programas generaron un aumento sin precedentes en la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las internaciones por causas evitables”, señaló en su cuenta de X el término de la cumbre.

En este contexto, aseguró que, junto a los intendentes, el gobierno provincial se está “haciendo cargo de la situación y brindando todas las respuestas” que están a su alcance, pese a la “sobrecarga” de sus propios sistemas de salud. En el encuentro, el gobernador había apuntado contra los recortes del gobierno nacional y la “merma en la coparticipación” que limitan la capacidad de la provincia para fortalecer el acceso a la salud.

Hace dos semanas, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak había denunciado un recorte de “$25.000 millones destinados al fortalecimiento de los sistemas provinciales” de salud. En paralelo, la provincia mantiene una batalla judicial con la Casa Rosada por una deuda de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) equivalente a $2,3 billones por las cajas previsionales no transferidas.

Según confirmó ante más de 60 intendentes, Kicillof participará, esta tarde, de la marcha federal que se realizará frente al Ministerio de Salud, en una señal de apoyo a los sindicatos y los trabajadores de la salud. “Nosotros adherimos a la marcha federal por el acceso a la salud, que es un derecho de todos los argentinos, le guste o no le guste al Presidente de la Nación”, enfatizó el titular del PJ bonaerense.

Además de los reclamos del Garrahan, la adhesión de Kicillof a la marcha también generó críticas del gobierno nacional, que apuntó contra la deuda del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) con distintos establecimientos médicos y denunció “un claro tinte político” en la convocatoria a la movilización por la salud pública.

En la administración libertaria afirmaron que, mientras Kicillof y su ministro de Salud Nicolás Kreplak, convocan a la marcha, “el Estado nacional invierte casi 2 billones de pesos en la salud de los bonaerenses y la Provincia debe más de 644 mil millones a los hospitales SAMIC de gestión compartida con Nación”.

El oficialismo avanzó esta tarde con la media sanción del proyecto de ley “Hojarasca”, orientado a derogar leyes que el oficialismo considera obsoletas o restrictivas de la libertad. Obtuvo 138 votos afirmativos, 96 rechazos y 9 abstenciones tanto para su aprobación en general como en particular.

La propuesta fue acompañada por Pro, la UCR, el MID, Elijo Catamarca, Independencia, Innovación Federal y parte del bloque Provincias Unidas, que se dividió en apoyos, rechazos y abstenciones. Unión por la Patria y la Izquierda la rechazaron, mientras que Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Nicolás Massot (Encuentro Federal) se mantuvieron prescindentes.

“Le estamos sacando a los argentinos regulaciones, impuestos y tasas que lo único que hacen es poner obstáculos para que los argentinos puedan progresar”, sostuvo Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario, al defender el proyecto.

Previamente, Germán Martínez (Unión por la Patria) cuestionó en duros términos la propuesta oficial. Dijo que las derogaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo apuntan a desmantelar sectores estratégicos del Estado y eliminar mecanismos de protección para actividades productivas nacionales.

“Van desarmando barreras de protección de industrias y actividades estratégicas de la Argentina”, afirmó. También advirtió sobre un eventual avance privatizador sobre empresas como ARSAT y Nucleoeléctrica Argentina. “Quieren liquidar empresas estratégicas para la defensa, la ciencia y la tecnología”, sostuvo.

La iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación de Estado, Federico Sturzenegger, deberá ser girada al Senado para su sanción definitiva.

El proyecto, de solo diez artículos, condensa en el primero la derogación de medio centenar de leyes, la eliminación de varios artículos de otras tres normas y un par de decretos leyes hasta ahora vigentes. Fue presentado originalmente en octubre de 2024, perdió estado parlamentario y debió ser reingresado.

Los funcionarios de la cartera que conduce Sturzenegger, como Alejandro Cacace y Maximiliano Fariña, argumentaron en Diputados que muchas de esas normas quedaron obsoletas porque fueron superadas por cambios regulatorios posteriores y por el avance tecnológico o el paso del tiempo.

Algunas de ellas rondan lo insólito, como exigir un carnet de mochilero para hacer dedo o inhabilitar a los funcionarios públicos que azoten a alguna persona.

Sin embargo, el paquete incluyó algunas leyes cuya derogación generó resistencia entre los legisladores y que el oficialismo, ante la presión de las bancadas, debió ceder.

Así, decidió dar marcha atrás con la ley 20.959 que otorga una credencial de libre circulación a los diputados y senadores nacionales.

La ley de “Hojarasca” recibe críticas de la oposición más dura al gobierno de Javier Milei. Por caso, el diputado kirchnerista Jorge Taiana resaltó tres normas que a su juicio no deberían caer.

Taiana habló específicamente de la ley 20.496 de promoción de fertilizantes, que según su criterio “constituye una cuestión fundamental para la producción agropecuaria”; la ley 26.688 de Producción Pública de Medicamentos; y la ley 22.426 de Transferencia de tecnología.