Tras dar media sanción al proyecto denominado ley Hojarasca, la Cámara de Diputados puso en marcha el debate por la reforma del régimen de subsidios al gas por Zona Fría, que tiene como objetivo dar marcha atrás con la ley que se aprobó en 2021 con la incorporación de varias localidades para recibir beneficios en las facturas de gas.

El Gobierno nacional presentó un proyecto de ley para reformular el régimen de subsidios por «zona fría», con el objetivo de reducir el déficit fiscal y focalizar la asistencia únicamente en hogares ubicados en regiones consideradas de frío extremo.

La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza apunta a dejar afuera del esquema a cerca de 1,6 millones de usuarios.

La propuesta oficial limita el beneficio a hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna, regiones que históricamente integraban el sistema de compensaciones tarifarias por bajas temperaturas. De esta manera, se eliminaría la ampliación aprobada en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, impulsada políticamente por Máximo Kirchner.

Según explicó la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, unos 1,8 millones de usuarios seguirán recibiendo subsidios dentro del programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con descuentos superiores al 75% sobre el consumo de gas durante los meses de invierno.

Cómo cambiará el esquema de subsidios al gas de zona fría

Uno de los cambios centrales del proyecto es que el subsidio dejará de aplicarse sobre la totalidad de la factura y pasará a cubrir únicamente el consumo de gas natural medido en metros cúbicos. Hasta ahora, el beneficio también alcanzaba al cargo fijo.

Además, el nuevo esquema incorpora subsidios para la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en las regiones alcanzadas.

La política seguirá vigente para sectores vulnerables, entre ellos:

• hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas totales para una familia tipo, actualmente equivalentes a $4,3 millones;
• personas con Certificado Único por Discapacidad (CUD);
• veteranos de la Guerra de Malvinas;
• beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares.

En los fundamentos del proyecto, el oficialismo sostiene que la expansión del régimen realizada en 2021 «desnaturalizó» el esquema original, que estaba diseñado para asistir exclusivamente a zonas de frío extremo y hogares vulnerables.

Tarifas: el Gobierno busca un ahorro fiscal de hasta $460.000 millones

Según fuentes parlamentarias del oficialismo, la reforma permitiría generar un ahorro fiscal de entre $200.000 millones y $460.000 millones anuales.

La iniciativa sostiene que la ampliación del régimen incorporó usuarios de ingresos altos y regiones que no presentan condiciones climáticas comparables con las de la Patagonia o la Puna.

«El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal», señala el texto.

El proyecto también advierte sobre el impacto financiero que generó la expansión del sistema. Históricamente, el subsidio cubría el 50% de la tarifa plena en zonas de frío extremo y se financiaba mediante un fondo fiduciario alimentado con un recargo del 5,3% en las facturas de gas de todos los usuarios del país.

Sin embargo, tras la ampliación de 2021, la alícuota subió al 7,5%, aunque la recaudación dejó de ser suficiente para sostener el costo total de la política de subsidios.

«La escasez de fondos y el déficit fiscal han derivado en la falta de pago a las distribuidoras y subdistribuidoras y la consecuente ruptura de la cadena de pagos del gas a productores», argumenta el proyecto oficial.

Condonación de deudas y cambios para energías renovables

La iniciativa también incluye otros cambios relevantes para el sector energético.

Por un lado, crea un mecanismo para condonar las deudas acumuladas por distribuidoras eléctricas con CAMMESA durante los períodos de emergencia tarifaria. Como condición para acceder al beneficio, las empresas deberán desistir de todos los reclamos judiciales contra el Estado.

Por otro lado, el Gobierno propone extender hasta 2045 la exención impositiva para energías renovables, que vencía en 2025.

En paralelo, se derogan los regímenes de promoción de inversiones y acceso a divisas para la producción de hidrocarburos creados en 2013 y 2022, en línea con la estrategia oficial de reducir beneficios fiscales sectoriales y avanzar hacia un esquema de menor intervención estatal.

La decisión del gobierno que lidera Javier Milei de llevar el vínculo con Estados Unidos al nivel de las «relaciones carnales» sigue sumando novedades y, en paralelo a las negociaciones para comprar más equipamiento militar norteamericano, la gestión de La Libertad Avanza (LLA) cerró un acuerdo con el Comando Sur del país que encabeza Donald Trump que ya levanta polvareda. En concreto, y a partir de información difundida por el mismo organismo militar estadounidense, la potencia del norte rubricó un pacto con la Armada argentina que habilita el patrullaje norteamericano en el extremo sur del país por el lapso de 5 años. El acuerdo implica la concreción de una negociación de varias semanas impulsada por Estados Unidos, que ya en marzo había puesto sobre la mesa la posibilidad de comenzar a tener injerencia en las labores de monitoreo en el Mar Argentino a través de la armada de ese país y su Guardia Costera.

Además de los alcances de lo pactado, la controversia también está en la forma en que se conoció el acuerdo: fue la misma embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires y el Comando Sur de los Estados Unidos quienes, a través de sus espacios en redes sociales, comunicaron la novedad. Por el contrario, el área de Defensa nacional hasta ahora omitió toda referencia al entendimiento firmado.

En concreto, indicó el área militar estadounidense, la potencia efectuará patrullaje en la zona marítima nacional en el marco del programa denominado «Protección de los Bienes Comunes Globales».

La embajada de Estados Unidos comunicó el acuerdo

«La asociación comienza con la entrega de una cámara especializada a bordo de una aeronave especial que patrulla la zona marítima de Argentina. Este programa se expandirá durante los próximos cinco años con equipos avanzados, entrenamiento de élite y apoyo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas«, indicó la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires a través de su cuenta en X.

«El Contraalmirante Sardiello de @NAVSOUS4THFLT y el Almirante Romay de @Armada_Arg firmaron la Carta de Intención que lanza esta alianza estratégica de cinco años para defender los bienes comunes globales y fortalecer la seguridad regional», añadió.

Este acuerdo llega a muy pocos días de que tuviera lugar la visita a la Argentina del jefe del Comando de Operaciones Especiales Sur de los Estados Unidos, contraalmirante Mark A. Schafer y, en paralelo, la llegada de dos buques militares de relieve para participar de ejercicios militares en aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) nacional.

Fue en ese contexto que el presidente Milei visitó el portaaviones nuclear USS Nimitz y observó actividades conjuntas entre fuerzas argentinas y el Comando de Operaciones Especiales Sur.

Durante esos días, Peter Lamelas, embajador estadounidense en Argentina, declaró que el despliegue de unidades norteamericanas a través del ejercicio Passex «fortalece la seguridad marítima del Atlántico Sur como nunca antes».

«Con la Argentina, estamos construyendo un hemisferio occidental más fuerte y más seguro», dijo.

Desde la oposición a LLA las críticas no se hicieron esperar. En ese sentido, una de las posturas más duras correspondió a Carlos Bianco, actual ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, quien subrayó que «el anuncio ni siquiera fue comunicado oficialmente por el Ministerio de Defensa argentino. Lo hicieron exclusivamente la embajada de Estados Unidos y el Comando Sur«.

«El Mar Argentino no es un bien común global. Es un espacio donde la Argentina tiene la obligación de ejercer jurisdicción propia y custodiar sus recursos», enfatizó.

Al mismo tiempo, el funcionario bonaerense expresó que «en vez de ofrecer nuestro Atlántico Sur como área de entrenamiento y mapeo naval para otras potencias, el gobierno nacional debe cumplir allí sus funciones soberanas».

«Entre ellas, comenzar imperiosamente las gestiones y las acciones de presión diplomática para impedir la explotación ilegal de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte, que se sigue consolidando frente a la parálisis del gobierno de Milei», precisó.

La injerencia de Estados Unidos y un antecedente cercano

La presencia en el Atlántico Sur de una flota de pesca ilegal integrada por al menos 500 embarcaciones, en un 80% conformada por unidades que operan para China, es el mayor argumento al que viene apelando Estados Unidos para buscar potenciar su influencia en ese extremo del continente.

De ahí que, siempre con vistas a poner en discusión el posicionamiento de la potencia asiática frente a las costas argentinas, la nación que gobierna Donald Trump lleva meses tratando de tomar parte de las acciones de vigilancia e incluso patrullaje en torno a la milla marítima 200.

Ese aspecto quedó sobre la mesa en una visita efectuada por integrantes de las Fuerzas Armadas, con Carlos Alberto Presti, jefe del Estado Mayor del Ejército, a la cabeza, al Pentágono norteamericano durante el primer bimestre de 2026. En concreto, en ese lapso se indicó que Estados Unidos evaluaba la posibilidad de comenzar a tener injerencia en las labores de monitoreo en el Mar Argentina a través de la armada del país del Norte y su Guardia Costera.

La opción de que unidades de Estados Unidos tomen parte del patrullaje en las aguas frente a la Patagonia no es nueva. Ya en enero de 2021, durante el mandato de Alberto Fernández y Cristina Kirchner el frente del Ejecutivo nacional, la US Coast Guard envió a la zona el buque Stone (WSML 758) que, según informó el Departamento de Estado norteamericano en ese momento, se ocupó de «fortalecer la cooperación y reforzar la seguridad en toda la región».

«La operación Southern Cross de la Guardia Costera de EE. UU. refuerza la cooperación multilateral para combatir la pesca ilegal, no declarada y no regulada (INDNR) en el Atlántico Sur», indicó el organismo en aquel momento.

El Poder Ejecutivo quiere eliminar cerca de 70 leyes consideradas obsoletas y aún vigentes en la Argentina, con la meta de reducir la burocracia y actualizar la normativa estatal. La iniciativa, conocida como “ley hojarasca”, surgió por impulso de Federico Sturzenegger, titular del ministerio de Desregulación, incluye la anulación de normas como la exigencia de un carnet de mochilero o el registro estatal de palomas mensajeras y obtuvo hoy media sanción de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con Sturzenegger y su equipo, las leyes seleccionadas para derogación han dejado de tener sentido práctico debido al avance tecnológico, regulaciones más recientes o simplemente porque nunca efectivamente se aplicaron. Entre los fundamentos, el proyecto remarca el principio según el cual “nadie está privado de hacer lo que la ley no prohíbe”, por lo que no corresponde autorizar explícitamente lo ya permitido. Esto alcanza a disposiciones como la que habilitaba la transmisión de televisión en color.

La “ley hojarasca” también busca eliminar comisiones estatales en desuso y reducir el financiamiento oficial a organismos y premios que, según la propuesta, ya no justifican su permanencia. Entre los excluidos se cuentan la Federación Argentina de Municipios y el Círculo de Legisladores, además de la suspensión de fondos para galardones como el Premio Nacional de la Calidad o incentivos culturales, y la remoción de distintos beneficios impositivos otorgados años atrás.

En muchos casos, precisa el ministerio de Desregulación, muchas de estas normas nunca tuvieron aplicación práctica porque no fueron reglamentadas o cayeron en desuso, transformándose en un entramado legal sin efecto real sobre la administración pública.

Estas son algunas de las principales leyes que busca derogar el Gobierno en la “ley hojarasca” son las siguientes:

• Ley N° 94 (1864). Inhabilitaba por diez años a cualquier autoridad que hiciera azotar a una persona. El motivo de su derogación es que la pena de azotes está prohibida por la Constitución Nacional y resulta anacrónica.
• Ley N° 3.863 (1899). Otorgaba beneficios impositivos a compañías de seguro agrícola y sumaba el seguro agrícola a privilegios de gastos de cosecha. Quedó sin sustento tras la derogación de los artículos pertinentes del Código Civil.
• Ley N° 16.789 (1965). Obligaba a las reparticiones estatales a comprar automóviles nacionales para su uso. Se deroga por ser una traba que impide la eficiencia en el uso de recursos públicos.
• Ley N° 20.400 (1973). Prohibía operaciones mano de obra de personas que no ofrezcan voluntaria y espontáneamente sus servicios. Se considera a esta norma precursora en la lucha contra la trata de personas. Fue superada por legislación posterior en la materia.

• Ley N° 20.843 (1974). Establecía el “padrinazgo presidencial” y la gratuidad de la educación para los ahijados presidenciales. Se deroga por resultar innecesaria, ya que la educación pública gratuita es un beneficio general. La norma reflejaba una costumbre originada en la presidencia de José Figueroa Alcorta.
• Ley N° 21.778 (1978). Facultaba a las empresas estatales a convocar licitaciones y celebrar contratos destinados a la exploración y explotación de hidrocarburos, superados por la Ley N° 17.319 y sus modificaciones.
• Ley N° 22.109 (1979). Habilitaba al Poder Ejecutivo a “disponer el aislamiento de
• enfermos o sospechosos de viruela y sus contactos» y disponía reglas de vacunación. Se deroga al haberse dictado posteriormente una ley de vacunación integral.
• Ley N° 23.678 (1989). Determina fórmulas para liquidar las regalías petroleras a liquidar desde 1989, entre otros extremos. Esta norma dejó de aplicarse.
• Ley N° 24.675 (1996). Refiere a la actuación de los Auxiliares de la Justicia ante la Justicia Nacional. Fue declarada inválida por una acordada de la Corte.
• Ley N° 448 (1871). Otorgaba un premio en metálico al descubridor de minas de carbón. Se deroga por carecer de sentido en un contexto de descarbonización de la economía.
• Ley N° 3.235 (1895). Es una ley sobre adquisición de armamento de fines del siglo XIX. Se volvió completamente obsoleta frente a los mecanismos vigentes.
• Ley N° 16.879 (1965). Concede diversas exenciones impositivas a la industria nacional adjudicataria de licitaciones internacionales para ciertos proyectos eléctricos. Nunca se aplicó.
• Ley N° 18.569 (1970). Regularizaba el uso de la microfilmación en el Ejército. El avance tecnológico la dejó sin efecto.
• Ley N° 19.648 (1972). Declaraba de interés nacional la explotación de carbón y combustibles sólidos. Se deroga por la política de reducción del uso de carbón.
• Ley N° 20.114 (1973). Permitía a la Armada emplear microfilmación. Ya no tiene sentido práctico por el avance digital.
• Ley N° 20.577 (1973). Declaraba de interés nacional las innovaciones en transmisión televisiva, sujetas a aprobación legislativa. Se deroga por inadecuación ante los avances tecnológicos.
• Ley N° 21.895 (1978). Autorizaba las emisiones de televisión a color. Resulta innecesaria por la existencia de un marco normativo moderno en comunicaciones. Y el proyecto lo considera “regresivo y contrario a los principios constitucionales sancionar una ley que permite realizar una actividad que no perjudica a terceros”.
• Ley N° 23.756 (1989). Habilitaba el uso de microfilmación en organismos estatales. El método dejó de usarse.
• Ley N° 23.888 (1990). Encomienda al Poder Ejecutivo la realización de un Censo Técnico Permanente de Infraestructura en localidades urbanas y rurales del país. El censo nunca se hizo.
• Ley N° 14.034 (1951). Imponía pensas de prisión a “argentinos que propiciaran sanciones políticas o económicas contra el Estado”. Se deroga por su carácter persecutorio y por ser contraria a los principios constitucionales.
• Ley N° 18.312 (1969). Creaba el Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel Prensa y Celulosa. Se elimina por limitar la libertad de prensa y expresión.
• Ley N° 19.787 (1972). Esta ley del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse declaraba de interés nacional la difusión de la “música argentina” y le otorgaba beneficios impositivos. Según el proyecto tenía “motivaciones de control sobre la cultura por parte de un gobierno militar”.

• Ley N° 20.120 (1973). Regulaba reuniones en lugares cerrados, imponía avisos y autorizaciones policiales. Obligaba a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso y autoriza a la policía a ingresar para revisar que se cumplan las normas. Se deroga por violar libertades constitucionales.
• Ley N° 20.802 (1974). Establecía el carnet de mochilero de uso obligatorio para los que soliciten ayuda de terceros desplazarse con fines turísticos, lo que habilitaba la detención policial sin causa. Se deroga por violar el derecho a la libre circulación.
• Ley N° 20.959 (1975). Otorgaba privilegios de libre circulación y estacionamiento a legisladores y funcionarios del Congreso. Se deroga por contradecir el principio de igualdad ante la ley.
• Ley N° 20.983 (1975). Obligaba a medios de comunicación estatales a difundir temas turísticos por un mínimo diario de 60 minutos. Se deroga por desuso y por estar regulado por normas posteriores.
• Ley N° 22.875 (1983). Imponía medidas de defensa nacional de dudosa aplicabilidad. Sancionada después de la guerra de Malvinas y basada en las “hipótesis de conflicto” de entonces, se deroga “generar inseguridad jurídica”.
• Ley N° 22.964 (1983). Permitía internar a pacientes con lepra en forma compulsiva. Se deroga por estigmatizar enfermedades y por ser “de corte netamente medieval”.
• Ley N° 14.041 (1951). Permitía la formación de acopio permanente de materiales para la Marina de Guerra. Se deroga por carecer de operatividad y ser una potestad administrativa.
• Ley N° 14.800 (1959). Obligaba a quien demuela una propiedad con salas de teatro a construir un teatro con características similares al inmueble demolido. El proyecto considera que la norma “reduce los incentivos a la instalación de nuevos teatros. El resultado es una pérdida de recursos para la cultura y estructuras edilicias que por años quedan abandonadas, lo cual en algunos casos finalmente requiere la intervención estatal”.
• Ley N° 17.752 (1968). Promueve la construcción, equipamiento y explotación de hoteles nuevos para turismo internacional. Es una ley que desde 1978 no tiene aplicación.
• Ley N° 19.340 (1971). Obliga a los propietarios que interrumpen una construcción a reportar dicha interrupción. El trámite exigía presentar balances, con cuadros
• de pérdidas y ganancias, bienes y deudas. “No tiene razón de ser en la actualidad”.
• Ley N° 19.363 (1971). Permitía sorteos entre compradores de entradas de cine, financiado con un impuesto a las entradas. Se deroga por ineficiencia y porque el costo del sorteo supera el beneficio.
• Ley N° 20.308 (1973). Creaba el Fondo Naval para Actividades Náuticas, con fondos de la Armada, lo que “implica un vehículo para el uso de recursos propios para fines propios”. Se deroga por falta de relevancia y transparencia.
• Ley N° 20.496 (1973). Declaraba de interés nacional el uso de fertilizantes, ya regulado por ley posterior.
• Ley N° 20.876 (1974). Declaraba de interés nacional la apicultura y “prohibía la introducción del capital extranjero en el sector”. Se deroga por haber quedado sin efecto la prohibición y por inutilidad de la ley.
• Ley N° 21.056 (1975). Obliga a empresas de transporte a exhibir material promocional de turismo. Se deroga por imponer costos injustificados al sector privado.
• Ley N° 21.145 (1975). Otorga un privilegio a los artistas de compañías teatrales para viajar y alojarse a un precio reducido en los servicios que presten empresas estatales. Se deroga por la reducción de la oferta estatal y la falta de uso.
• Ley N° 21.159 (1975). Imponía cursos obligatorios de formación turística a empleados públicos. Se deroga por desuso y redundancia.
• Ley N° 22.426 (1981). Regulaba la transferencia de tecnología y marcas extranjeras, exigiendo aprobación estatal. Se deroga por violar la libertad de contratación y comercio.
• Ley N° 22.963 (1983). Exigía autorización oficial para el uso de mapas en etiquetas de productos y otros usos. Se deroga por ser una injerencia excesiva y generar costos innecesarios.
• Ley N° 23.419 (1986). Exigía a empresas públicas y estatales informar al Poder Ejecutivo sobre perforaciones en el subsuelo. Se deroga por resultar redundante y burocrática.
• Ley N° 23.634 (1988). Declara de interés nacional y prioritario cría de conejos y crea la Comisión Nacional de Cunicultura. Se deroga por ser un organismo ineficaz y un gasto innecesario.
• Ley N° 24.057 (1992). Regulaba trámites y organismos hoy disueltos.
• Ley N° 24.127 (1992). Instituía el “Premio Nacional a la Calidad” en el sector privado y la administración pública, financiado con recursos estatales. El proyecto considera que debe derogarse porque “el sector privado no necesita que el Estado lo premie por tener procesos eficientes. En cualquier caso, será el mercado quien lo premie, a mayor eficiencia obtendrá mayores ganancias”.
• Ley N° 24.298 (1994). Creaba el Programa Nacional para la Vinculación con la Comunidad Argentina en el Exterior. Se deroga por ser declamativa y por estar cubierta la función por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Ley N° 24.960 (1998). Instituía el premio “Prevención de las Adicciones” que tiene como finalidad incentivar la participación en la prevención de la drogadependencia. Se deroga porque los organismos de lucha contra las adicciones no requieren una ley para establecer planes u otorgar premios.
• Ley N° 25.750 (2003). Conocida como la “ley de Bienes Culturales”. Restringía la propiedad extranjera en medios de comunicación hasta el 30% de su capital accionario. Se deroga por considerarse inconstitucional y restrictiva de la inversión extranjera.
• Ley N° 26.227 (2007). Creaba el Consejo Federal de la Juventud. Se deroga por superposición de funciones y por ser innecesaria la estructura burocrática.
• Ley N° 26.688 (2011). Declaraba de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos. Se deroga por ser una norma meramente declamativa sin consecuencias prácticas.
• Ley N° 27.171 (2015). Obligaba a la Federación Colombófila Argentina a “constatar el año de nacimiento y la matrícula de las palomas mensajeras de carrera que determine su pertenencia al Registro Nacional de Desarrollo y Potencial Colombófilo”. En suma, obligaba a registrar palomas mensajeras. Se deroga por innecesaria intervención estatal en actividades asociativas privadas.
• Ley N° 20.984 (1975) y Ley N° 24.807 (1997). Creaban organismos para integrantes del sector público financiados con fondos nacionales. Se derogan para eliminar estructuras innecesarias y liberar recursos.
• Ley N° 11.380 (1926). Autorizaba al Banco de la Nación Argentina a ampliar plazos de préstamos a Sociedades Cooperativas, en base en una ley derogada hace 50 años. Se deroga por falta de utilidad y sustento normativo.
• Ley N° 12.307 (1936). Establecía premios a la pintura y literatura, a otorgar por institutos que ya no existen. La competencia corresponde hoy a la Secretaría de Cultura y al Fondo Nacional de las Artes.

• Ley N° 13.521 (1949). Exceptuaba del pago de impuestos a gestiones para obtener excepciones al servicio militar obligatorio, que dejó de existir en 1994, por lo que la gestión carece de objeto.
• Ley N° 14.578 (1958). Creaba el Fondo Especial de Obras y Servicios Públicos, a financiar con recursos de un artículo derogado. Actualmente es un fondo sin recursos.
• Ley N° 17.584 (1967). Creaba el Fondo Nacional Permanente para Estudios de Preinversión, que dejó de existir hace años.
• Ley N° 20.085 (1973). Instituía el “Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas” en Cabo San Antonio. El proyecto nunca superó la etapa de prefactibilidad.
• Ley N° 20.299 (1973). Establecía un régimen de seguros estatales para el comercio exportador ante riesgos no cubiertos por aseguradoras privadas, en un esquema de alta intervención estatal, ya abandonado.
• Ley N° 20.327 (1973). Creaba el organismo Ediciones Culturales Argentinas dependiente de Cultura, que dejó de publicar y cuya función es cubierta por el sector editorial privado.
• Ley N° 20.543 (1973). Otorgaba créditos y beneficios a arrendatarios y aparceros que adquieran predios, beneficios que hace tiempo que o están disponibles.
• Ley N° 20.956 (1975). Encomendaba a Agua y Energía Eléctrica estudios para aprovechar energía mareomotriz en el litoral marítimo. El proyecto nunca avanzó y la empresa ya no existe.
• Ley N° 23.671 (1989). Creaba un Comité de Análisis y Seguimiento para recursos crediticios del tratado con España. Sus funciones corresponden hoy a la Secretaría de Hacienda y el Comité ya no está activo.
• Ley N° 24.731 (1996). Establecía que el Ministerio de Economía debía publicar un informe anual de tecnología industrial. La norma ha dejado de ser operativa.
• Decreto Ley N° 12.795/44. Regulaba la inscripción y exclusión en el Registro de Comerciantes en Granos por la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, organismos que ya no existen y cuyas inhabilitaciones no se aplican.
• Ley N° 20.984 (1975). Crea el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina – “Circulo de Legisladores”-. “Proponemos eliminar el financiamiento por parte del Estado Nacional. Los legisladores que quieran participar y aportar para dicho Círculo podrán seguir haciéndolo con sus propios fondos”, señaló el proyecto.
• Ley N° 24.807 (1997). Crea la Federación Argentina de Municipios. Se propone su modificación para que el financiamiento de dicha Federación no provenga de las arcas del Estado Nacional.