ECONOMIA
El Gobierno busca modificar los subsidios al gas en Zona Fría: cuántos hogares perderán el beneficio
Tras dar media sanción al proyecto denominado ley Hojarasca, la Cámara de Diputados puso en marcha el debate por la reforma del régimen de subsidios al gas por Zona Fría, que tiene como objetivo dar marcha atrás con la ley que se aprobó en 2021 con la incorporación de varias localidades para recibir beneficios en las facturas de gas.
El Gobierno nacional presentó un proyecto de ley para reformular el régimen de subsidios por «zona fría», con el objetivo de reducir el déficit fiscal y focalizar la asistencia únicamente en hogares ubicados en regiones consideradas de frío extremo.
La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza apunta a dejar afuera del esquema a cerca de 1,6 millones de usuarios.
La propuesta oficial limita el beneficio a hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna, regiones que históricamente integraban el sistema de compensaciones tarifarias por bajas temperaturas. De esta manera, se eliminaría la ampliación aprobada en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, impulsada políticamente por Máximo Kirchner.
Según explicó la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, unos 1,8 millones de usuarios seguirán recibiendo subsidios dentro del programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con descuentos superiores al 75% sobre el consumo de gas durante los meses de invierno.
Cómo cambiará el esquema de subsidios al gas de zona fría
Uno de los cambios centrales del proyecto es que el subsidio dejará de aplicarse sobre la totalidad de la factura y pasará a cubrir únicamente el consumo de gas natural medido en metros cúbicos. Hasta ahora, el beneficio también alcanzaba al cargo fijo.
Además, el nuevo esquema incorpora subsidios para la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en las regiones alcanzadas.
La política seguirá vigente para sectores vulnerables, entre ellos:
- hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas totales para una familia tipo, actualmente equivalentes a $4,3 millones;
- personas con Certificado Único por Discapacidad (CUD);
- veteranos de la Guerra de Malvinas;
- beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares.
En los fundamentos del proyecto, el oficialismo sostiene que la expansión del régimen realizada en 2021 «desnaturalizó» el esquema original, que estaba diseñado para asistir exclusivamente a zonas de frío extremo y hogares vulnerables.
Tarifas: el Gobierno busca un ahorro fiscal de hasta $460.000 millones
Según fuentes parlamentarias del oficialismo, la reforma permitiría generar un ahorro fiscal de entre $200.000 millones y $460.000 millones anuales.
La iniciativa sostiene que la ampliación del régimen incorporó usuarios de ingresos altos y regiones que no presentan condiciones climáticas comparables con las de la Patagonia o la Puna.
«El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal», señala el texto.
El proyecto también advierte sobre el impacto financiero que generó la expansión del sistema. Históricamente, el subsidio cubría el 50% de la tarifa plena en zonas de frío extremo y se financiaba mediante un fondo fiduciario alimentado con un recargo del 5,3% en las facturas de gas de todos los usuarios del país.
Sin embargo, tras la ampliación de 2021, la alícuota subió al 7,5%, aunque la recaudación dejó de ser suficiente para sostener el costo total de la política de subsidios.
«La escasez de fondos y el déficit fiscal han derivado en la falta de pago a las distribuidoras y subdistribuidoras y la consecuente ruptura de la cadena de pagos del gas a productores», argumenta el proyecto oficial.
Condonación de deudas y cambios para energías renovables
La iniciativa también incluye otros cambios relevantes para el sector energético.
Por un lado, crea un mecanismo para condonar las deudas acumuladas por distribuidoras eléctricas con CAMMESA durante los períodos de emergencia tarifaria. Como condición para acceder al beneficio, las empresas deberán desistir de todos los reclamos judiciales contra el Estado.
Por otro lado, el Gobierno propone extender hasta 2045 la exención impositiva para energías renovables, que vencía en 2025.
En paralelo, se derogan los regímenes de promoción de inversiones y acceso a divisas para la producción de hidrocarburos creados en 2013 y 2022, en línea con la estrategia oficial de reducir beneficios fiscales sectoriales y avanzar hacia un esquema de menor intervención estatal.
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ECONOMIA
A más de USD 100 el barril, impulsó la inflación mayorista, pero un banco de Wall Street y un economista global prevén una importante baja del precio del petróleo
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ECONOMIA
Boom de ingenieros en Argentina: se rompió un récord de egresados pero faltan en sectores clave
- Estadísticas universitarias: datos 2007-2024 de la Dirección Nacional de Presupuesto, Control e Información Universitaria (Ministerio de Capital Humano), sobre las 29 terminales de interés público definidas por el CONFEDI.
- Visión de la sociedad: encuesta online a 1.371 personas de 16 a 85 años de todo el país (marzo-abril de 2026; error de ±2,6%).
- Visión de los ingenieros: 372 encuestas a graduados (marzo-mayo de 2026; error de ±5%).
- Visión de las empresas: 117 empresas que emplean a 34.932 ingenieros, cerca del 15% del total del país (abril-junio de 2026). Colaboraron: Argencon, CADECI, CAEM, CAMARCO, CIQyP, IAPG, IPA, SRA y UIA.
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ECONOMIA
Una delegación argentina viajó al Reino Unido en medio de la tensión por la soberanía y el petróleo de Malvinas
En la misma semana en que la Argentina formalizó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar su pedido para frenar la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas, el secretario de Minería, Luis Lucero, viajó a Londres junto a funcionarios de Mendoza y Jujuy para participar en uno de los foros más influyentes de la industria global de metales y minerales críticos.
Según supo Infobae, Lucero partió el miércoles 14 de octubre rumbo a la capital británica, donde su agenda incluirá dos citas centrales. El lunes 20, participará del Argentina Day, un foro de inversión en minerales estratégicos organizado por la Embajada argentina en Londres junto con la embajadora Mariana Plaza. Allí, el secretario presentará un panorama de la actualidad minera del país y las oportunidades de inversión.
Al día siguiente, el 21 de octubre, expondrá como panelista en el Wood Mackenzie LME Forum, dentro de la London Metal Exchange Week (LME Week), el encuentro anual que reúne a los principales actores del mercado mundial de metales. Lo hará junto con ejecutivos de Appian Capital, BMO Capital Markets y la propia consultora organizadora, en un bloque dedicado a la geopolítica de los minerales críticos, el dominio chino en las cadenas de suministro y las condiciones para atraer inversión occidental.
La comitiva incluye también funcionarios técnicos de Jujuy y Mendoza, las dos provincias con mayor proyección en litio y cobre. Si bien se especuló en un momento con una comitiva integrada por el propio presidente Javier Milei y gobernadores, para una organización similar a la Argentina Week que se realizó en Nueva York (EEUU) y París (Francia), la delegación se centró en cuadros especializados del sector minero, no en figuras políticas de primer nivel.
El propio Milei abonó a la especulación cuando, a finales de 2025, aseguró a The Telegraph que su intención era viajar a Londres en 2026. De haberse realizado, habría sido la primera visita bilateral de un presidente argentino al Reino Unido desde la de Carlos Menem en 1998. Pero todo cambió con el giro en la política argentina sobre Malvinas.
El 3 de septiembre, la Oficina del Presidente anunció sanciones y un proyecto de ley contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago, con foco en el proyecto Sea Lion, operado por la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%). Una semana después, la Casa Rosada confirmó que el viaje presidencial quedaba suspendido.
“Acordamos que era mejor suspenderlo”, explicó una fuente del gabinete a Infobae. La Argentina Week en Londres fue descartada y la actividad regresó a un formato estrictamente minero, vinculado con la LME Week.
En paralelo a estas actividades en Londres, sigue su curso la presentación argentina ante el tribunal con sede en Hamburgo, que se formalizó el 13 de octubre. Buenos Aires pidió medidas provisionales para prohibir nuevas actividades extractivas de Sea Lion, restringir el uso de información técnica obtenida durante las exploraciones y ordenar al Reino Unido que se abstenga de conceder nuevos permisos. El reclamo se apoya en el artículo 290.5 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y se inscribe dentro de un procedimiento arbitral iniciado el 28 de septiembre.
Londres respondió con firmeza. La subsecretaria parlamentaria del Foreign Office, Uma Kumaran, calificó las acciones argentinas como “una campaña escalada de coerción económica” y anunció que el Gobierno británico activará la legislación de Protección de los Intereses Comerciales (PTI) para blindar a las empresas que operan en las islas. “Este gobierno no se quedará de brazos cruzados mientras la Argentina utilice la coerción económica contra el pueblo de las Islas Malvinas”, afirmó ante la Cámara de los Comunes.
Sea Lion prevé una inversión de USD 2.200 millones, con inicio de producción estimado para 2028 y una capacidad proyectada de hasta 180.000 barriles diarios durante 30 años.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar confirmó la recepción de la solicitud argentina y anunció que fijará una fecha para audiencias orales. El resultado determinará si las medidas provisionales pedidas por Buenos Aires pueden frenar Sea Lion antes de que se constituya el tribunal arbitral. Navitas y Rockhopper mantienen sus planes y han señalado que no esperan que las acciones legales argentinas alteren el cronograma del proyecto.
En medio de la escalada diplomática, el principal asesor presidencial, Santiago Caputo, sumó un nuevo frente de controversia. El 14 de octubre publicó en la red social X un extenso mensaje en el que afirmó que “el Reino Unido está siendo colonizado por el Islam” y que esa supuesta amenaza constituía una razón adicional para que Argentina recupere las Islas Malvinas.
Caputo compartió un video que mostraba a Sagal Abdi-Wali, diputada laborista de origen somalí, jurando su cargo en la Cámara de los Comunes con la mano sobre el Corán. “Ver al Reino Unido siendo colonizado por el Islam no solo es un riesgo inminente para la causa de Occidente todo sino que es una tragedia en términos históricos para quienes defendemos las ideas de la libertad”, escribió el asesor, quien concluyó: “Recuperar Malvinas no es una causa solamente nacional. Es una causa de Occidente”.
El presidente Milei replicó la publicación en su propia cuenta. El mensaje, según supo este medio, generó preocupación en el Reino Unido, y medios como The Telegraph y The Guardian le dedicaron notas destacadas.
La organización del Argentina Day del 20 de octubre confirma que la representación diplomática argentina en el Reino Unido mantiene activa su agenda de promoción de inversiones, incluso en el momento de mayor confrontación bilateral en décadas. El antecedente es directo: en octubre de 2024, durante la LME Week, la Embajada argentina y la Embajada británica en Buenos Aires coorganizaron un encuentro similar donde Lucero, el entonces secretario de Finanzas Pablo Quirno —hoy canciller— y cinco gobernadores de provincias mineras presentaron el potencial del país ante inversores internacionales.
Argentina como proveedor de litio y cobre
Más allá de la controversia política y diplomática, el Servicio Geológico Británico (BGS) identificó a la Argentina como uno de sus tres destinos prioritarios para la cooperación en minerales críticos, junto con Filipinas y Zambia, con oportunidades específicas en litio, cobre y exploración geológica en Jujuy, Salta y Catamarca. Según la Estrategia Nacional de Minerales Críticos del Reino Unido, la demanda interna de litio crecería un 1.100% antes de 2035, mientras que la de cobre casi se duplicaría.
Esa evaluación técnica contrasta con el clima político. En la misma semana, la Argentina también votó en la Asamblea General de la ONU junto con Estados Unidos e Israel —y contra 153 países— contra una declaración sobre prevención de pandemias, una posición que el Gobierno vinculó con su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con su defensa de la soberanía nacional frente a organismos multilaterales.
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