Tras dar media sanción al proyecto denominado ley Hojarasca, la Cámara de Diputados puso en marcha el debate por la reforma del régimen de subsidios al gas por Zona Fría, que tiene como objetivo dar marcha atrás con la ley que se aprobó en 2021 con la incorporación de varias localidades para recibir beneficios en las facturas de gas.

El Gobierno nacional presentó un proyecto de ley para reformular el régimen de subsidios por «zona fría», con el objetivo de reducir el déficit fiscal y focalizar la asistencia únicamente en hogares ubicados en regiones consideradas de frío extremo.

La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza apunta a dejar afuera del esquema a cerca de 1,6 millones de usuarios.

La propuesta oficial limita el beneficio a hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna, regiones que históricamente integraban el sistema de compensaciones tarifarias por bajas temperaturas. De esta manera, se eliminaría la ampliación aprobada en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, impulsada políticamente por Máximo Kirchner.

Según explicó la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, unos 1,8 millones de usuarios seguirán recibiendo subsidios dentro del programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con descuentos superiores al 75% sobre el consumo de gas durante los meses de invierno.

Cómo cambiará el esquema de subsidios al gas de zona fría

Uno de los cambios centrales del proyecto es que el subsidio dejará de aplicarse sobre la totalidad de la factura y pasará a cubrir únicamente el consumo de gas natural medido en metros cúbicos. Hasta ahora, el beneficio también alcanzaba al cargo fijo.

Además, el nuevo esquema incorpora subsidios para la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en las regiones alcanzadas.

La política seguirá vigente para sectores vulnerables, entre ellos:

• hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas totales para una familia tipo, actualmente equivalentes a $4,3 millones;
• personas con Certificado Único por Discapacidad (CUD);
• veteranos de la Guerra de Malvinas;
• beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares.

En los fundamentos del proyecto, el oficialismo sostiene que la expansión del régimen realizada en 2021 «desnaturalizó» el esquema original, que estaba diseñado para asistir exclusivamente a zonas de frío extremo y hogares vulnerables.

Tarifas: el Gobierno busca un ahorro fiscal de hasta $460.000 millones

Según fuentes parlamentarias del oficialismo, la reforma permitiría generar un ahorro fiscal de entre $200.000 millones y $460.000 millones anuales.

La iniciativa sostiene que la ampliación del régimen incorporó usuarios de ingresos altos y regiones que no presentan condiciones climáticas comparables con las de la Patagonia o la Puna.

«El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal», señala el texto.

El proyecto también advierte sobre el impacto financiero que generó la expansión del sistema. Históricamente, el subsidio cubría el 50% de la tarifa plena en zonas de frío extremo y se financiaba mediante un fondo fiduciario alimentado con un recargo del 5,3% en las facturas de gas de todos los usuarios del país.

Sin embargo, tras la ampliación de 2021, la alícuota subió al 7,5%, aunque la recaudación dejó de ser suficiente para sostener el costo total de la política de subsidios.

«La escasez de fondos y el déficit fiscal han derivado en la falta de pago a las distribuidoras y subdistribuidoras y la consecuente ruptura de la cadena de pagos del gas a productores», argumenta el proyecto oficial.

Condonación de deudas y cambios para energías renovables

La iniciativa también incluye otros cambios relevantes para el sector energético.

Por un lado, crea un mecanismo para condonar las deudas acumuladas por distribuidoras eléctricas con CAMMESA durante los períodos de emergencia tarifaria. Como condición para acceder al beneficio, las empresas deberán desistir de todos los reclamos judiciales contra el Estado.

Por otro lado, el Gobierno propone extender hasta 2045 la exención impositiva para energías renovables, que vencía en 2025.

En paralelo, se derogan los regímenes de promoción de inversiones y acceso a divisas para la producción de hidrocarburos creados en 2013 y 2022, en línea con la estrategia oficial de reducir beneficios fiscales sectoriales y avanzar hacia un esquema de menor intervención estatal.