A fin de conseguir la media sanción al proyecto que introduce cambios en el sistema de subvenciones de la Ley de Zona Fría, el Gobierno negoció con las provincias del norte el otorgamiento de un subsidio en la boleta de luz por “Zona Cálida”, que implica un mayor gasto público y complica el ajuste que se pretendía inicialmente. Sin embargo, parte de la oposición no dialoguista alertó que la medida se implementará por una Resolución del Ministerio de Economía y que podría no cumplirse.

A pesar de que el objetivo de la iniciativa era recortar el gasto público, durante la negociación política en la Cámara de Diputados, la administración libertaria ofreció una contrapartida para sumar votos: prometió a varias provincias del norte y centro del país como Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones y Santa Fe la creación de subsidios para la electricidad en zonas muy cálidas y cálidas, con un costo fiscal estimado de entre USD 71 millones y USD 95 millones anuales. La implementación de este beneficio quedaría bajo una Resolución del Ministerio de Economía, lo que genera incertidumbre sobre su cumplimiento.

El documento que el oficialismo entregó a los diputados se tituló “Resolución Bonificaciones y Bloques adicionales de verano y primavera para zonas bioambientales Ia, Ib y IIb (muy cálidas y cálidas)”. En ese texto, el Gobierno planteó un aumento de los bloques de subsidios en los meses de noviembre y marzo, al menos. Para la Zona muy Cálida (Ia y Ib), el bloque adicional sería de 300 kW/h; en la Zona Cálida (IIb), de 200 kW/h. Este mecanismo supondría un aumento en la transferencia de recursos estatales hacia las provincias involucradas.

Según pudo saber Infobae, actualmente Zona Fría genera un déficit de 485.000 millones de pesos. En tanto, de aprobarse la ley, el ahorro para las arcas del Estado sería de 272.099 millones de pesos. Según fuentes oficiales de la Secretaría de Energía, la cifra mencionada no incluye el gasto adicional de los subsidios otorgados en la boleta de gas durante la negociación, que oscila entre USD 71 millones y USD 90 millones anuales. Al tipo de cambio mayorista de $1.400, esto representa $126.000 millones, es decir, la mitad del ahorro que se buscaba.

El oficialismo impulsó un proyecto que propuso la sustitución del artículo 75 de la Ley 25.565 y del artículo 148 de la Ley 11.672, con el foco en restringir el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. El texto estableció que el fondo solo financie compensaciones a empresas proveedoras por ventas de gas natural y gas licuado de petróleo en la Patagonia, el departamento de Malargüe en Mendoza y la región de la Puna. Además, incluyó la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas.

El proyecto determinó que el recargo para financiar el fondo podrá alcanzar hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, aplicándose a todos los metros cúbicos comercializados por redes a nivel nacional, salvo los exportados o los inyectados por GNL importado y regasificado. También redefinió el universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría, limitando la ayuda a las regiones históricas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna, y dejando afuera a provincias que ingresaron con la ampliación de 2021: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y otras.

Es que en la extensión de 2021, el Congreso amplió el criterio a partir de parámetros bioambientales, lo que llevó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red. El fuerte crecimiento de beneficiarios tensionó el Fondo Fiduciario y llevó al Gobierno a revisar el esquema de financiamiento, con el objetivo de ajustar el gasto público y redefinir quiénes reciben el subsidio por zona fría.

La negociación política giró así sobre la base de promesas que, hasta el momento, solo existen en documentos internos y en la palabra de los funcionarios. El diputado Esteban Paulon cuestionó con dureza el procedimiento durante la sesión: “Salieron a revolear la ‘Zona cálida’, que no existe. Es un papelito, una hojita de Word que dice: ‘Zona cálida’, si acá hay gente que dio quórum pensando que en algún momento va a llegar la ‘Zona cálida’ a su provincia, suerte; si hay un gobierno mal pagador de los compromisos, es este”.

El trasfondo de la discusión muestra el dilema entre el objetivo oficial de ajustar el gasto público y la presión de los diputados -ergo sus gobernadores- para mantener o expandir los beneficios energéticos. La redefinición del Fondo Fiduciario y la limitación a las zonas históricas buscó recortar el universo de beneficiarios y aliviar el peso fiscal, pero la necesidad de obtener acuerdos en la Cámara de Diputados forzó al Gobierno a prometer nuevos subsidios para las provincias del norte.

El resultado dejó un esquema de subsidios segmentado: por un lado, zonas históricas que conservaron el beneficio en el gas a través del Fondo Fiduciario; por otro, regiones del norte que esperan la instrumentación de subsidios eléctricos, condicionados a una resolución administrativa cuya emisión y alcance todavía no están garantizados.

ANSES mantiene vigente un plan de pagos que permite regularizar aportes previsionales a quienes están cerca de la edad jubilatoria pero no llegan a completar los 30 años exigidos. El régimen está destinado a mujeres de 50 a 59 años y hombres de 55 a 64, es decir, personas que están a 10 años o menos de poder iniciar el trámite jubilatorio.

La herramienta funciona bajo la Ley 27.705 y apunta a cancelar períodos sin aportes hasta marzo de 2012 inclusive. Muchos trabajadores tienen años de actividad laboral que no figuran registrados en el sistema, o períodos en los que estuvieron desempleados o trabajaron de manera informal.

El objetivo del plan es darles la chance de regularizar esa deuda previsional y acercarse al piso de 30 años que se necesita para acceder a una jubilación ordinaria.

Deuda previsional: quiénes pueden anotarse en el plan de pagos 

El plan de pagos de ANSES tiene requisitos de edad bastante claros. Pueden adherirse quienes todavía no cumplieron la edad jubilatoria pero están a una década o menos de hacerlo.

Concretamente, el universo de beneficiarios incluye a:

• Mujeres de 50 a 59 años
• Hombres de 55 a 64 años
• Trabajadores que necesiten regularizar aportes faltantes
• Personas que no alcancen los 30 años de aportes exigidos

Hay un detalle clave: este régimen solo funciona para quienes aún no llegaron a la edad jubilatoria. Si alguien ya cumplió 60 años (mujer) o 65 (hombre) y no tiene los aportes, debe recurrir a otro instrumento.

Para esos casos existe la moratoria de la Ley 24.476, que permite regularizar aportes hasta septiembre de 1993. Es decir, cubre períodos más antiguos pero solo aplica para quienes ya están en edad de jubilarse.

La diferencia es simple: el plan de pagos de la Ley 27.705 es para quienes están llegando a la edad jubilatoria, mientras que la moratoria 24.476 es para quienes ya la cumplieron.

Cómo hacer el trámite para regularizar aportes de jubilación

El primer movimiento es revisar el historial previsional. ANSES permite consultar todos los aportes registrados desde la plataforma Mi ANSES, en la sección «Historial Laboral».

Ahí aparecen todos los períodos en los que el sistema tiene cargados aportes. Es común encontrar que faltan años trabajados que no figuran, especialmente si se cambió muchas veces de empleador o hubo períodos sin relación de dependencia.

Una vez detectados los baches, hay que solicitar un turno en ANSES. En la oficina del organismo le informarán cuántos años de aportes le faltan y cuál es el monto de la deuda a regularizar.

Los pasos son:

• Ingresar a Mi ANSES y abrir el «Historial Laboral»
• Verificar qué aportes figuran registrados y qué períodos faltan
• Sacar un turno en ANSES para consultar en persona
• Confirmar en oficina cuántos años faltan y el monto a pagar
• Aceptar el plan de pagos si corresponde

Si hay años trabajados que no figuran en el sistema, se puede iniciar un trámite de reconocimiento de servicios. Para eso hace falta presentar documentación que respalde esa actividad laboral: recibos de sueldo, certificados de trabajo, contratos, o cualquier otro comprobante.

El régimen funciona a través de la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP), cuyo valor se actualiza según la base mínima imponible del régimen general. Eso significa que el costo del plan no queda congelado, sino que sigue el ritmo de los ajustes salariales.

Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado

Además del plan de pagos, ANSES mantiene vigente el Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado. Está destinado a mujeres de 60 años o más que hayan tenido hijos y no lleguen a los 30 años de aportes.

El programa reconoce:

• Un año de aporte por cada hijo biológico
• Dos años de aporte por cada hijo adoptivo
• Un año adicional si se trata de un hijo con discapacidad
• Dos años más si la madre cobró la Asignación Universal por Hijo durante 12 años o más

Esta medida permite que muchas mujeres completen los años necesarios para acceder a una jubilación ordinaria, reconociendo el tiempo dedicado a la crianza como trabajo no remunerado.

El reconocimiento funciona como un complemento: si a una mujer le faltan pocos años para llegar a los 30, puede sumar los que correspondan por tareas de cuidado y cerrar la cuenta. Es una herramienta que se combina bien con el plan de pagos, permitiendo atacar el problema desde dos frentes.

Ambos instrumentos —el plan de pagos de la Ley 27.705 y el reconocimiento por tareas de cuidado— siguen activos y pueden consultarse en cualquier oficina de ANSES o a través de la web oficial del organismo.

El gobierno de Javier Milei confía en aprobar esta noche en la Cámara de Diputados el proyecto que reforma el Régimen de Zonas Frías y recorta subsidios al gas en numerosas localidades de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Salta, entre otras, luego de una negociación con un grupo de gobernadores que incluyó la promesa de una compensación para la tarifa eléctrica de la cual también se beneficiarán las distribuidoras.

La bancada del oficialismo logró el quórum para sesionar poco antes de las 10:30 con la colaboración de los diputados alineados con los gobernadores de Misiones, Salta, Tucumán, San Juan, Neuquén y Mendoza, además del PRO y la UCR. Fuentes del oficialismo y de la oposición adelantaron a iProfesional que ya están los votos para darle media sanción al proyecto y girarlo al Senado.

El proyecto enviado por Milei y el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, revierte la ampliación territorial del Régimen de Zonas Frías que se aprobó en 2021 a instancias del kirchnerismo, lo que implica una significativa reducción del universo de usuarios que gozaban de descuentos sobre la tarifa de gas de entre 30% y el 50%.

La gestión anterior extendió ese subsidio de 950.000 hogares a 4 millones y se estima que si el proyecto se convierte en ley aproximadamente 3 millones de usuarios perderían ese beneficio, según fuentes parlamentarias, dado que volvería a limitarse solo a la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe (Mendoza). Básicamente, el proyecto cambia el criterio geográfico más amplio por uno basado en el nivel de ingresos de los hogares.

Zonas Frías: la negociación detrás del recorte de subsidios al gas

Por el impacto que este cambio tendrá en el bolsillo de millones de usuarios, durante algunas horas estuvo en duda que los gobernadores mandaran a sus diputados a votar a favor. De hecho, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, pidió públicamente que el proyecto sea rechazado, dado que en esa provincia el cambio afectará a los hogares de los departamentos del sur y centro de la provincia, incluyendo zonas como Río Cuarto, General Roca y Calamuchita, entre otros.

No obstante, el Gobierno destrabó la aprobación con el ofrecimiento de una compensación parcial en la tarifa eléctrica para las zonas cálidas en las provincias de Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca y Santa Fe. El ministro del Interior, Diego Santilli, encabezó la negociación con los gobernadores de esos distritos para asegurar los votos necesarios.

Mientras la compensación saldría por resolución, la otra pata de la estrategia del oficialismo pasó por las distribuidoras eléctricas. «La ley sale porque las distribuidoras tienen deudas con CAMMESA y necesitan la compensación«, señaló a iProfesional una fuente parlamentaria al tanto de las conversaciones sobre el tema.

La clave pasa por el artículo 4 del proyecto que crea un mecanismo para condonar las deudas acumuladas por las distribuidoras con CAMMESA durante los períodos de emergencia tarifaria. «Ese artículo es clave. Parece un tema del gas, pero es de electricidad. Acá mandan las eléctricas», sintetizaron con cierta amargura en uno de los despachos opositores.

Lo concreto es que el gobierno de Milei espera que el recorte de los subsidios al gas en todos los departamentos que quedarán excluidos del Régimen de Zonas Frías le permita un ahorro fiscal de entre un ahorro fiscal de entre $200.000 millones y $460.000 millones anuales.

Quiénes mantendrán el beneficio por zona fría

El proyecto del oficialismo quiere vuelve al diseño geográfico original, con lo que quedarán afuera del subsidio por zona fría algo más de 50 municipios de Buenos Aires, una docena de departamentos en Córdoba, así como en La Pampa y en San Juan, 8 en Santa Fe, en San Luis y en Salta, 6 en Mendoza, 3 en Catamarca, 3 en La Rioja, y 1 en Tucumán (Tafí del Valle)

Los únicos hogares que seguirán contando con la bonificación del 50% serán los que estén anotados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), al cual acceden solo quienes acreditan un ingreso igual o inferior a tres Canastas Básicas Totales, monto que hoy ronda los $4.400.000, y familias donde al menos un miembro tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Pero además, otro cambio que introduce el proyecto es que el subsidio dejará de aplicarse sobre la totalidad de la factura y pasará a cubrir únicamente el consumo de gas natural medido en metros cúbicos. Hasta ahora, el beneficio también alcanzaba al cargo fijo.

El argumento central del Gobierno es que la ampliación de las localidades consideradas «zona fría» que se aprobó en 2021 «desnaturalizó» el sistema de tal forma que el subsidio alcanzó a «todos los usuarios de una vasta región del país con independencia de su poder adquisitivo«, según graficó durante el debate en comisiones la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti.

Qué localidades perderán el subsidio por zona fría si avanza la ley

El mayor impacto se dará en la provincia de Buenos Aires, que fue la más beneficiada por la extensión de 2021. Los hogares de General Pueyrredón (Mar del Plata), Necochea, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Bahía Blanca, Patagones, Tres Arroyos, Tandil, Olavarría y Azul, entre otros, perderán el descuento por zona fría si el proyecto se convierte en ley.

También municipios de la región centro y norte de la Provincia como Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, General Las Heras, Junín, Pergamino, San Nicolás, Campana, Zárate, Chivilcoy, Balcarce y Bolívar se verían afectados.

En Mendoza únicamente se mantiene dentro del beneficio el departamento de Malargüe, contemplado en el régimen original, mientras que quedarán afuera el Gran Mendoza (incluida la Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Córdoba es otro de los distritos que sentirá el impacto de la exclusión en el Régimen de Zonas Frías al quedar afuera los departamentos del sur y centro de la provincia, incluyendo algunas de las zonas más pobladas como Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto, entre otros.

Asimismo quedarán excluidos del beneficio los municipios de la zona sur de Santa Fe que habían sido alcanzados por la ampliación de la Ley 27.637 incluido Rosario, igual que los departamentos de Cafayate; Cerrillos; Chicoana; La Caldera; La Viña; Rosario de Lerma; San Carlos y la Capital en la provincia de Salta.

En el caso de La Pampa, limita con la Patagonia pero gran parte de su territorio no estaba incluido en la ley original y fue incorporado masivamente en 2021, por lo que si avanza el proyecto del Gobierno perderán el beneficio generalizado Santa Rosa y las localidades ubicadas en Maracó; Realicó; Trenel; Conhelo; Quemú; Chapaleufú; Rancul; Catriló; Atreucó; Guatraché y Utracán.

Misma situación en localidades de San Luis como Ciudad de San Luis, Villa Mercedes o Merlo; la zona del Gran San Juan; Andalgalá, Belén y Tinogasta en Catamarca; Famatina, Chilecito y General Lamadrid en La Rioja y Tafí del Valle en Tucumán.