Un fallo judicial dispuso la regulación. El sindicato destacó la gestión de Jorge Macri y señaló que debemos ir en búsqueda de un servicio de excelencia

21/05/2026 – 14:50hs

Después de más de diez años de reclamos, que incluyó marchas y acciones judiciales, el Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal logró que el gobierno porteño disponga la regulación de las aplicaciones de transporte de pasajeros como Uber y Didi, que operaban «sin controles ni exigencias claras», señalaron desde el gremio, que calificó la decisión como un «histórico triunfo».

En realidad, el acuerdo entre el gremio y la administración que encabeza Jorge Macri se da a través de un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo -Sala II, que reconoció la necesidad de establecer reglas para las denominadas Empresas de Redes de Transporte (ERT). La medida judicial obligó a la secretaría de Transporte porteño a aprobar una serie de requisitos obligatorios para las plataformas digitales que intermedien servicios onerosos de pasajeros mediante apps o web.

El fallo exige que las empresas estén legalmente constituidas y registradas, con domicilio legal y electrónico en CABA, y establece una serie de requisitos técnicos y de seguridad que las plataformas deberán cumplir obligatoriamente para operar en la Ciudad de Buenos Aires. Los puntos centrales incluyen:

• Inscripción ante AGIP
• Conductores con licencia profesional categoría D1, mayores de 21 años
• Certificado de antecedentes penales actualizado anualmente
• Seguro específico para transporte por plataformas
• Verificación técnica vehicular vigente
• Registro actualizado de conductores y vehículos a disposición de la autoridad de aplicación

El sindicato celebra el fin de la competencia desleal

El secretario General del gremio, Jorge García, sostuvo que la resolución «significa un paso fundamental para terminar con la competencia desleal, la precarización laboral y la ilegalidad que durante años afectó a miles de trabajadores del taxi».

En un encuentro encabezado por Macri, el secretario Adjunto Miguel Soto, apuntó: «Gracias, Jorge, por invitarnos y por esta resolución. Nosotros venimos de una larga lucha, muchas veces mal interpretada porque nosotros no venimos ni en contra de las aplicaciones ni de la modernización del transporte«.

Afirmó que «nuestra lucha es contra la desigualdad que teníamos los trabajadores taxistas» y resaltó que la reunión con la administración macrista demuestra que «el diálogo es el camino». Además, agradeció el esfuerzo de legisladores, del jefe de Gabinete y del Ejecutivo porteño, pero destacó especialmente «la valentía tuya (Jorge Macri) de dar el puntapié inicial con esta resolución que a la larga va a ser legislativa pero que va a ser importantísima para dar una respuesta a nuestros trabajadores y un marco de igualdad con las aplicaciones«.

Los próximos pasos hacia una ley integral

Soto detalló que dentro del proyecto de ley buscan incluir a las aplicaciones para «dar un servicio de excelencia», y adelantó que habrá desafíos como los cuadros tarifarios y la «registración de los compañeros y compañeras; es lógico que se disparen discusiones y está bien que así sea». Reiteró su agradecimiento a Macri «por esto que has hecho por los trabajadores taxistas, en nombre de la Federación y del sindicato» y agregó que «esto se verá reflejado en las provincias después. Nos ponemos a disposición para seguir consensuando una ley que nos incluya a todos».

Soto participó del cónclave acompañado por el secretario de Organización, Jorge Cafasso, y la secretaria de Prensa y Difusión, Viviana Fernández, y planteó que «vamos a seguir luchando del lado del trabajador, defendiendo sus derechos», subrayando que «dentro de la ley todo; fuera de la ley nada«.

Para el sindicato, el fallo judicial y la posterior resolución del gobierno porteño constituyen «un precedente histórico en defensa del trabajo registrado, la seguridad de pasajeros y conductores, y el cumplimiento de normas básicas para toda actividad de transporte público oneroso», al tiempo que advirtió: «Vamos con paso firme a una regulación legislativa, en el marco de la lucha por el trabajo digno, con derechos, dentro de una comunidad organizada».