POLITICA
El Gobierno promueve cambios en la ley de Etiquetado Frontal
Tras anotarse un triunfo en la Cámara de Diputados con la media sanción de la Ley “Hojarasca”, el gobierno de Javier Milei prepara cambios en la ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Etiquetado Frontal. En el Congreso, legisladores oficialistas ya presentaron un proyecto para avanzar con su derogación.
La normativa vigente, sancionada en 2021, establece que todos los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan exceso de determinados nutrientes críticos (sodio, azúcares, grasas y calorías) deberán exhibir en su envase un rótulo -en forma de octógono negro-, que advierta sobre la abundancia de estos componentes. El texto sancionado toma como referencia los valores nutricionales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Además, obliga a las empresas a rotular con una etiqueta rectangular los envases de productos que contengan cafeína o edulcorante para desalentar su consumo en niños. De igual modo, para preservar la salud de los menores, la ley prohíbe que los productos con uno o más sellos muestren publicidad infantil (ya sea dibujos animados o promesas de regalos) y limita su venta en establecimientos educativos.
Ahora, el gobierno de Milei busca modificar la norma. Por estas horas, el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger ultima los detalles del proyecto que enviará al Congreso, por lo que evita adelantar los cambios que impulsará.
En 2024, la administración nacional ya había avanzado con cambios en la ley de Etiquetado Frontal mediante dos disposiciones de la Anmat.
Por entonces, se resolvió, entre otras cuestiones, que el cálculo de los nutrientes excesivos -pese a seguir respetando los parámetros de la OPS- se realizaría únicamente sobre los componentes añadidos durante el proceso de elaboración, en lugar de incluir aquellos intrínsecos de los alimentos.
Diputados piden su derogación
En paralelo a los cambios que prepara el Ejecutivo, la semana pasada ingresó al Congreso un proyecto para avanzar con la derogación de la ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa lleva la firma de los diputados nacionales Daiana Fernández Molero (Pro) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza).
Los legisladores argumentan que la manera en que se calcula el exceso de determinados componentes -que se mide por nutrientes en proporción de calorías totales y no en valores absolutos- genera una “distorsión de la información” para el consumidor. Además, señalan que bajo el sistema vigente, la amplia mayoría de productos contaba con al menos un sello. En 2023, esa proporción llegaba al 85%.
“La Ley de Etiquetado Frontal no solo no informa, sino que confunde. Si TODO tiene octógono negro, el sello no significa nada”, sostuvo Bongiovanni en su cuenta de X. “Además, le encarece los costos al productor y traba las exportaciones porque es incompatible con el Mercosur”.
Otro de los problemas que advierten sobre la normativa vigente es que no se alinea con los sistemas que aplican otros países del Mercosur. Sucede que en Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay utilizan un parámetro distintos para calcular el exceso de nutrientes críticos: en lugar de tomar la proporción de nutrientes en calorías totales, se basan en sus valores absolutos por cada 100 gramos o mililitros.
Los valores máximos aceptados para eludir el sello, sin embargo, varía de país a país. Los sistema más similares en este sentido son los de Brasil y Paraguay.
Los diputados firmantes señalan que esta falta de uniformidad dificulta el comercio y la inversión, en especial entre pequeñas y medianas empresas.
Ante la consulta de , los diputados explicaron que, con su iniciativa, buscan delegar en los organismos técnicos la aplicación de un sistema que unifique criterios con países vecinos. “Nuestra propuesta es la derogación. Volver atrás con la norma. Y que los organismos técnicos (como en la mayor parte del mundo) establezcan criterios razonables y homologables con los países del Mercosur respecto de la información nutricional”, dijo Bongiovanni.
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POLITICA
Javier Milei hablará ante la ONU con foco en Malvinas y la defensa del desarrollo de la inteligencia artificial
Javier Milei subirá por tercera vez este miércoles al atril de la Asamblea General de las Naciones Unidas para dar un discurso que combinará el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, críticas al organismo supranacional y una defensa del desarrollo irrestricto de la Inteligencia Artificial.
El Presidente se encuentra en Nueva York desde este martes, con una cargada agenda oficial que ya incluyó una cumbre del Escudo de las Américas donde coincidió con Donald Trump. Allí, el republicano volvió a mostrar su sintonía con el Gobierno libertario y llamó una “gran victoria” al triunfo electoral de Milei en las elecciones legislativas de 2025. Poco antes, el argentino había elogiado el discurso de Trump ante la Asamblea: “Está tantos pasos adelante que pocos entienden la magnitud de liderazgo”.
Para reforzar el vínculo con la administración norteamericana, el Presidente también mantuvo por la noche un encuentro con el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio.
Sin embargo, el punto cúlmine de su estadía en Manhattan llegará este miércoles a las 12 (hora argentina), cuando Milei se dirija nuevamente a los líderes mundiales para ratificar su posicionamiento geopolítico en medio de los debates globales sobre la regulación tecnológica, los cuestionamientos al funcionamiento de la ONU y el conflicto argentino con el Reino Unido por las Islas Malvinas.
Según anticiparon en Casa Rosada, el discurso de Milei se organizará en tres ejes. El primero es el planteo por Malvinas, que esta vez llega reforzado por el paquete de medidas anunciado tras la cadena nacional del 3 de septiembre: sanciones más duras a empresas que operan en las islas sin autorización argentina, un proyecto de ley de defensa de la soberanía y fondos para una base naval integrada en Tierra del Fuego.
En ese sentido, se espera que Milei vuelva a rechazar el derecho a la autodeterminación de los isleños y la validez de los referendos en el archipiélago, además de cuestionar iniciativas unilaterales como el proyecto petrolero Sea Lion.
El segundo eje son las críticas a la ONU por su injerencia en la política interna de los países, una línea que Milei sostiene desde su debut en el foro en 2024, cuando definió al organismo como un “Leviatán de múltiples tentáculos”.
El tercero es la defensa del avance tecnológico sin restricciones. En sintonía con el discurso de Donald Trump del día anterior, el Presidente buscará “desmentir los escenarios distópicos” en torno a la Inteligencia Artificial, en contraposición del debate que hoy divide a buena parte de la industria sobre los riesgos de esa tecnología.
POLITICA
La justicia paraguaya se quedó con los 200 mil dólares que Edgardo Kueider intentó entrar al país
En medio de los avances en una causa por lavado de dinero que investiga al ex senador Edgardo Kueider, Óscar Orué, titular de la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) de Paraguay, confirmó a Infobae que los USD 200 mil no declaró al intentar pasar por el Puente de la Amistad quedaron en poder del Estado paraguayo. Un destino similar ocurrió con la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaba con su pareja, Iara Guinsel, que será rematada.
Los bienes habían sido decomisados el 4 de diciembre de 2024 cuando se produjo el incidente en la cabecera paraguaya del viaducto que une Ciudad del Este con Foz do Iguaçu. La medida fue ratificada por una resolución administrativa posterior. Y quedó firme luego de que el ex representante de Entre Ríos en el Congreso dejara caer la apelación.
Según detalló Orué, Paraguay ya se quedó con los USD 200 mil que trasladaban. Están acreditados en una cuenta del Estado del país vecino. En rigor, Kueider intentó traspasar la frontera con 211 mil dólares, pero como el límite legal para transportar es de 10 mil, se le devolvió ese dinero y el resto quedó retenido.
La Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaba figuraba a nombre de Daniel “Gonzalito” (o Pajarito) González. Guinsel tenía una autorización de manejo y, al momento de la detención, era quien conducía.
El supuesto dueño del vehículo está sindicado por la Justicia como posible testaferro de Kueider. Se acreditó que fue presidente de Betail SA. La firma figuraba como dueña de departamentos de lujo en Paraná comprados en efectivo por el ex senador, según los titulares de la desarrolladora inmobiliaria que los construyó.
La camioneta será puesta en remate. Lo recaudado también quedará en manos del Estado paraguayo, señaló Orué. El funcionario puntualizó que la venta pública de la Chevrolet Trailblazer se realizará “antes de fin de año”, con seguridad.
El proceso
Luego de la retención del dinero y del vehículo, se inició un trámite de decomiso que culminó con una resolución administrativa de la DNIT, una dependencia similar al ARCA de Argentina.
La defensa de Kueider accionó contra la decisión ante el Tribunal de Cuentas del país vecino. El organismo es la primera instancia del Poder Judicial encargada de entender en los procedimientos y recursos contencioso-administrativos.
El expediente fue caratulado “Edgardo Darío Kueider y otros c/ resolución nº 212 dictada por la DNIT”. El procedimiento contencioso administrativo en Paraguay dispone que quien promueve la demanda debe impulsar la causa. Si no lo hace durante tres meses, se dicta la caducidad de oficio. Esto fue lo que ocurrió con el caso del ex senador argentino.
Según establecieron los jueces Gonzalo Sosa Nicoli, Alejandro Ávalos Valdéz y Hugo Diez Pereira Vera, los abogados de Kueider dejaron pasar más de cuatro meses sin realizar ningún acto. Por eso, el pasado 9 de septiembre declararon de oficio la caducidad de instancia y la incautación de bienes quedó firme.
El caso
Edgardo Kueider fue detenido en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad en las primeras horas del martes 4 de diciembre de 2024. Llevaba 200 mil dólares, guaraníes y pesos argentinos que no había declarado en la Aduana a pesar de que lo consultaron al respecto. La Justicia le dictó prisión domiciliaria a él y a su pareja.
En junio pasado, fue condenado por contrabando en grado de tentativa. Le dieron dos años de cumplimiento condicional. A Guinsel, la sancionaron con un año y 10 meses.
Por otro lado, la Justicia de Paraguay le abrió otra causa por lavado de activos. Es por la compra de departamentos y cocheras en un edificio de lujo de Asunción. La hipótesis fiscal es que se usó dinero proveniente de ilícitos en la Argentina para la operación.
Kueider, además, tiene dos causas por lavado abiertas en nuestro país. Una está radicada en el Juzgado Federal de San Isidro. La jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez lo tramitan. La otra se armó en la Justicia de Entre Ríos. El juez de Garantías 2 de Concordia, Ives Bastián, y el fiscal José Costa son quienes llevan el expediente. La Corte tiene en sus manos definir a cuál le corresponde la competencia.
Por otro lado, Arroyo Salgado pidió a Paraguay la extradición de Kueider. Eso generó un nuevo juicio en el país vecino. La Fiscalía paraguaya dio luz verde al procedimiento. Pero puso como requisito que antes cierre sus cuentas ante la Justicia legal. En ese recorrido están las apelaciones por la condena por contrabando y el caso por lavado.
POLITICA
El proyecto del Gobierno sobre Malvinas se tratará en Diputados en un plenario de tres comisiones
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Gobierno comenzó formalmente su recorrido en la Cámara de Diputados, luego de que Martín Menem definiera su giro a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. La iniciativa tiene 133 artículos, incluye cambios en distintas normas vinculadas con seguridad y recursos naturales y ya generó cuestionamientos de sectores de la oposición.
Las tres comisiones están presididas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente, y tendrán a su cargo el análisis de la propuesta antes de que pueda avanzar hacia la firma de un dictamen.
El texto impulsado por el Poder Ejecutivo contempla, entre otros puntos, la derogación de la Ley 26.659, que regula las sanciones vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.
También introduce modificaciones en el Código Penal, la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
La oposición anticipó que no acompañará el proyecto sin una discusión profunda. El diputado y excanciller Jorge Taiana sostuvo: “Más que a la defensa de la soberanía, el proyecto de ley que escribió el Gobierno sobre Malvinas responde a la iniciativa norteamericana del Escudo de las Américas”.
Por su parte, Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, afirmó: “El proyecto está más hecho para la represión interna que para recuperar Malvinas. Cuando (Javier) Milei se convirtió en malvinero, venía de estar en Chile donde alabó al (expresidente Augusto) Pinochet, y la verdad que Pinochet y Malvinas no riman”.
Además, consideró que la iniciativa es “una consecuencia de la reunión del Canciller (Pablo) Quirno con Marco Rubio (secretario de Estado de EE.UU.) y del alineamiento ciego con los Estados Unidos”.
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman también rechazó el proyecto. “El proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Poder Ejecutivo, bajo la cobertura de una supuesta defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, constituye un fraude monstruoso: pretende reforzar el Estado autoritario y profundizar el realineamiento de la Argentina y la región con Estados Unidos y sus intereses geopolíticos. Otra vez aparece la mano del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, detrás de una iniciativa de Javier Milei”, planteó.
Los principales cambios que propone la iniciativa
El Gobierno fundamentó el proyecto como “un hito en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país”.
La propuesta ratifica que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.
Según los fundamentos oficiales, busca “castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta; y dotar al Estado Nacional de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.
Uno de los cambios centrales es la derogación de la Ley 26.659 y la ampliación del esquema sancionatorio a otros recursos naturales, renovables y no renovables, explotados sin autorización de la República Argentina.
El texto prevé además penas de cinco a siete años de prisión, multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial para quienes, a sabiendas, provean bienes o servicios esenciales a sujetos alcanzados por las conductas previstas en la norma.
También crea el Consejo de Seguridad Nacional, que será encabezado por el Presidente de la Nación y funcionará como órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional.
Entre sus atribuciones figuran asistir al Presidente en cuestiones vinculadas con la seguridad nacional, elaborar la Política de Seguridad Nacional y aprobar las políticas sectoriales de los distintos integrantes del sistema.
El Senado impulsa una Bicameral permanente por la causa Malvinas
En paralelo al avance del proyecto en Diputados, el Senado tiene previsto tratar este miércoles a las 16 la creación de una Comisión Bicameral por la Causa Malvinas, impulsada por el bloque Convicción Federal.
La senadora Carolina Moisés pidió el tratamiento sobre tablas de la iniciativa, que busca garantizar una intervención permanente del Congreso en los asuntos vinculados con la soberanía sobre las islas.
“En este punto lo que quiere Convicción Federal es hacer respetar la participación que debe tener el Poder Legislativo en esta materia, frente a los acontecimientos públicos y las acciones del Gobierno Nacional que incluso envió al Congreso un proyecto en defensa de la soberanía nacional”, explicó.
La comisión estaría integrada por 16 legisladores, ocho de cada Cámara, y debería incluir al menos un representante de Tierra del Fuego por Diputados y otro por el Senado.
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