En medio de un clima de creciente preocupación por la caída de la demanda, y la consecuente merma de producción y afectación del empleo, los industriales recibieron sobre fines de la semana una noticia que esperaban desde hace meses pero creían que se demoraría un tiempo más.

Primero, el presidente Javier Milei y luego, con más detalle, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticiparon que así como bajarán las retenciones a las exportaciones de varios cultivos agrícolas, también avanzarán con una eliminación gradual de los derechos de exportación que aún tienen varios productos industriales. Entre ellos, los autos.

El anuncio se produjo la misma semana en la que el titular del Palacio de Hacienda recibió a la cúpula de la UIA para repasar distintos temas que preocupan a la industria y medidas sugeridas para ayudar al sector. Ese listado, además de baja de retenciones, incluía reducción de contribuciones patronales y la posibilidad de tomarlas a cuenta de IVA; financiamiento mediante el Fogar a las pymes; devolución por parte de ARCA de los saldos a favor de IVA; alguna medida para fomentar la compra de materiales para la construcción, entre algunas otras.

El mensaje en la reunión fue el mismo de siempre. La recaudación está en caída y aún no es el momento de tomar medidas que impacten en la caja. Los datos de abril reflejaron la novena caída interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional total, de un 3,8% real. Y en el primer cuatrimestre descendió 6,7% en términos reales, según repasó el economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Si mejoran los ingresos tributarios, lo primero será bajar retenciones y el impuesto al cheque, le dijo Caputo a la UIA, representada por su presidente, Martín Rappallini, y algunos de los vicepresidentes de la entidad. Pero luego sorprendió con el anuncio. Y la baja gradual comenzará en julio. Es más, enfatizó -contrariamente a lo que venía afirmando en reuniones privadas con el sector privado- que esta decisión ya está tomada y no depende de la evolución de la recaudación. Buscó así tranquilizar al sector productivo.

Sin embargo, según pudieron averiguar los empresarios, el Gobierno no incluirá en esta primera etapa a la siderurgia ni a la minería (litio y plata), ya que les implicaría un alto costo fiscal. En cambio, entrarán en la rebaja, además de los autos, sustancias y productos químicos (tributan 4,5%); caucho y plástico (4,5%); y algunos alimentos, como conservas y extractos de azúcares (2,25%). “Son muy buenas noticias para el sector químico y petroquímico que exporta en promedio 18% de las MOI siendo 2do después del automotriz”, dijeron fuentes del sector a Infobae.

La UIA emitió este sábado un comunicado en el que celebró el anuncio realizado por el Gobierno. Destacó que la medida “avanza en el sentido correcto” porque permitirá aliviar la carga tributaria sobre la producción y mejorar la competitividad de los sectores exportadores.

Según señaló la entidad, la eliminación de los derechos de exportación fue uno de los principales reclamos planteados esta semana durante la reunión que mantuvieron con Caputo y se trata de una herramienta clave para fortalecer al sector transable industrial y potenciar las exportaciones con valor agregado. En 2025, las ventas al exterior de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) alcanzaron los USD 23.380 millones.

La institución sostuvo además que la reducción de impuestos distorsivos es fundamental para una industria que “compite globalmente y genera empleo, inversión y desarrollo federal”. En ese sentido, recordó que el sector industrial aporta en promedio el 26,6% de los principales tributos nacionales y que uno de cada tres pesos recaudados por IVA proviene de la actividad manufacturera.

El comunicado también incluyó un llamado a provincias y municipios para que acompañen el proceso con una revisión de la carga tributaria local que pesa sobre las empresas. “La competitividad tributaria requiere del compromiso de los tres niveles del Estado”, remarcaron desde la entidad, que anticipó que continuará trabajando con las autoridades nacionales, provinciales y municipales para avanzar en una agenda de reducción de costos y eliminación de distorsiones.

Durante la reunión del martes pasado, aunque Caputo no anticipó los anuncios que se venían, se mostró optimista respecto de los meses que se aproximan, dando a entender que a mitad de año el escenario económico podría mejorar y que ello podría impulsar decisiones en materia impositiva.

Caputo habló de junio. “¿Qué le hace pensar que en junio la situación cambiará?“, le preguntó Rappallini. Sin dar precisiones, el ministro respondió que manejaban datos que hacían prever ese escenario. Todos se quedaron con la duda. Luego llegaron los anuncios y la rebaja de los derechos arrancará, justamente, a mitad de año.

Milei anunció una baja de retenciones al campo y a la industria en el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Cereales, el jueves por la noche. En ese contexto, dijo que en el caso de los sectores manufactureros, será a partir de julio e irán bajando hasta llegar a 0% en junio del año próximo, confirmó.

“Y no solo le voy a bajar retenciones, digamos, al sector agropecuario. También le vamos a bajar a la industria a partir de julio hasta hasta junio de 2027, a la industria automotriz, a la industria petroquímica, a maquinarias, vamos a ir a cero y ese cronograma va a estar siendo informado por el Ministerio de Economía en estos días. O sea que vamos a seguir bajando retenciones, vamos a seguir achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde, que se achique el Estado, que se agrande el mercado para que tengamos más libertad y, por ende, más prosperidad”, dijo el mandatario.

La noticia fue muy bien recibida por el sector empresario, tal como lo refleja el comunicado de hoy, aunque la dirigencia igual mantiene la cautela, ya que aún todavía no está claro que la recaudación vaya a mejorar. Según Argañaraz, a partir de junio va a a mejorar la situación relativamente a los primeros meses, pero eso no implicará que la recaudación crezca. “Sí creo que va a caer a menor tasa. Es que ha sido tan grande la caída de los primeros meses que es muy difícil llegar a una recaudación positiva en el año”, consideró el analista.

El equipo económico está observando que a mediados de año la economía mejorará -de hecho, ya los datos del Estimador Mensual Económico (EMAE) de marzo fueron alentadores, con un crecimiento de 3,5% mensual-, impulsados por una cosecha récord, que ya anticipó Caputo este viernes, más obras viales y privadas y un consumo que se recuperará de la mano de la baja de la inflación y el mayor crédito.

Si este escenario se concreta, además de la baja de retenciones, podría haber espacio para avanzar con otras medidas que viene reclamando la UIA desde comienzos de año. “La Argentina se encareció 15% en dólares desde que la UIA se juntó con Caputo en febrero. La actividad no mejoró. Las medidas tienen que salir”, dijo una fuente del sector.

Durante la reunión con Caputo, los industriales le consultaron también sobre cuál era el plan con respecto al tipo de cambio y, pese a lo que muchos afirman, el ministro descartó que estuviera atrasado. “Nos dijo que seguirían comprando reservas y que el tipo de cambio estaba bien”, dijo un miembro de la UIA, mientras afirmaba que el dólar hoy está barato y que la demostración más fiel de ello es cuando se observa lo que ocurre con los viajes al exterior.

En la UIA también preocupa el impacto de la apertura importadora sobre sectores que todavía operan con niveles de actividad muy bajos. En varias ramas fabriles aseguran que la combinación entre costos en dólares más altos, caída del consumo interno y mayor ingreso de productos importados está generando una presión creciente sobre la producción local. “Hoy muchas empresas están trabajando con márgenes mínimos o directamente perdiendo plata para sostener operaciones”, describió un empresario.

Por eso, valoraron las señales del Gobierno en materia de impuestos, pero también insisten en la necesidad de que se recupere la demanda lo antes posible. En el sector sostienen que buena parte de las compañías ya atraviesa una situación delicada y advierten que sin una recuperación más clara del consumo y mejoras en la competitividad, podrían profundizarse los problemas de empleo y producción durante el segundo semestre.

Un nuevo índice privado se sumó a la batería de indicadores que rastrean la evolución de la economía. En particular, este ya desde su nombre “Índice del argentino de a pie” busca auscultar la situación económica “desde una perspectiva más cercana y realista”. A diferencia de los tradicionales, que usualmente miden variables agregadas, el foco de este nuevo indicador es “la experiencia cotidiana de las personas: cómo impactan los precios, el consumo y los ingresos en la vida diaria.

En un contexto donde variables como la inflación y la caída del consumo reflejan tensiones en el bolsillo de los hogares, este tipo de medición permite traducir los grandes números macroeconómicos en percepciones concretas. Así, no solo aporta datos, sino también contexto sobre cómo viven los argentinos la economía en tiempo real”, indicó Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market, que elaboró el Índice buscando responder a preguntas básicas: ¿cómo vive la economía una persona de carne y hueso? ¿Le alcanza el sueldo? ¿Resignó algo este mes? ¿Qué espera para los próximos meses?

Se trata de un índice híbrido, que entremezcla datos duros, como precios y salarios con percepciones detectadas en encuestas de hogares y se compone de cuatro pilares:

1. Ingreso real: cuánto rinde el sueldo
2. Costo de vida: Alimento, transporte, servicios
3. Consumo posible: qué se puede comprar y qué se resigna
4. Expectativas: Sobre el futuro económico

En una escala de 0 a 100, en la que puntajes de 0 a 40 marcan un rojo de “deterioro” (que va de “colapso estructural” a “deterioro leve”, puntajes de 40 a 70 indican “tensión” (desde “crítica” a “contenida”) y puntajes de 70 a 100 identifican situaciones de “estabilidad” (desde “frágil” a “plena”), el puntaje para la primera versión del índice arrojó un resultado de 61,8 puntos (esto es “tensión contenida”) en febrero/marzo de este año. “Significa que la economía del hogar promedio no está en colapso, pero tampoco en calma: hay presión sostenida sobre el bolsillo, con señales mixtas según el pilar que se mire”, dice el informe que acompaña la primera publicación.

Ese resultado, explica, “describe un escenario donde las presiones económicas siguen presentes, pero sin un desborde inmediato. Los hogares continúan ajustando consumos, postergando decisiones y administrando con mayor cautela sus ingresos, lo que evita un deterioro más brusco en el corto plazo. Sin embargo, esta “contención” no implica mejora, sino más bien una capacidad de adaptación que tiene límites. La persistencia de esta dinámica refleja una economía que aún no logra recomponer el poder adquisitivo de forma sostenida, dejando a los consumidores en una situación de equilibrio frágil, donde cualquier shock adicional podría reactivar tensiones más profundas”, explicó Di Pace.

El primer pilar mide si el ingreso “alcanzó” en la experiencia concreta de un hogar a fin de mes. Un 37% de los hogares no solo cubrió sus gastos sino que logró ahorrar algo —señal de estabilidad relativa”, a un 27% le alcanzó ”justo” y a poco más del 35% restante no le alcanzó e incluso una parte de ellos debieron recurrir al crédito para cubrir (con deuda) sus consumos. “Un trabajador registrado con antigüedad, pareja con doble ingreso y sin deudas vive una realidad completamente diferente a la de un trabajador informal, monoparental o con cargas de crédito. El índice los promedia en 60 puntos, pero detrás de ese número conviven situaciones que poco tienen en común”, dice el informe.

Pilar de datos duros, compara la variación de la Canasta Básica Total (CBT, elaborada por el Indec, que mide la “línea de pobreza”) con la del salario formal que surge de la evolución del Ripte, otro indicador oficial que mide el promedio de ingresos de los trabajadores formales entre diciembre de 2025 y enero de este año. En ese lapso, el costo de la CBT aumentó casi cuatro puntos más que el salario, una brecha negativa que muestra que el ritmo del costo de vida le está ganando al de los ingresos.

Según Focus Market, es el pilar más revelador. Si bien no mide lo que le cuesta vivir mensualmente ni cuánto gana el trabajador, ausculta “lo que dejó de comprarse”. En la pregunta sobre a qué renunció, dice el informe, aparece la dimensión más humana y cruda del ajuste. Al respecto, los datos muestran que el ajuste del consumo tiene varias capas. La primera y más extendida es el recorte de salidas, entretenimiento, vacaciones, gastos pueden postergarse sin consecuencias inmediatas.

Por esa experiencia, según Focus, ya pasó la mayoría de los hogares. Una segunda capa es la renuncia a bienes durables y semi-durables como ropa, calzado, electrodomésticos, arreglos del hogar y también está “muy extendida”. La tercera capa y más preocupantes es el recorte de alimentos, que afectó a 14% de los encuestados, quienes dijeron haber reducido “la cantidad o calidad de lo que come”. Ergo, “uno de cada siete hogares relevados ya no está ajustando por el lado del lujo ni del confort: está ajustando por lo básico. Es el indicador más directo de vulnerabilidad real que arroja el índice y el que más interpela a cualquier lectura optimista del período”, dice Focus. De hecho, el puntaje de ese pilar, 55,9 puntos, está en el rango de “tensión marcada” en la vida del “argentino de a pie”.

El cuarto y último pilar se refiere no a lo que pasó al encuestado sino lo que se espera y arroja una nota sorprendente difícil de interpretar: casi la mitad de los encuestados (46,9%) espera que su situación económica mejore en los próximos tres meses, el mejor resultado de la primera versión del índice, en contraste con resultados de los demás pilares.

Según Focus, ese optimismo en medio de consumos recortados y salarios que corren detrás de la inflación admite dos lecturas posibles. Una más bien psicológica, según la cual tras período prolongado de deterioro, la expectativa de mejora surge más como necesidad que como cálculo o proyección racional. La idea básica sería que “lo peor ya pasó”, aunque los datos no lo sostengan. La otra lectura, más optimista, es que una parte sustancial de los encuestados esté anticipando mejoras concretas, como una mejora salarial, un trabajo nuevo o la cancelación de una deuda, no capturadas por índices generales pero significativas en la vida concreta de una persona o familia.

“Lo que sí queda claro es la tensión entre ese optimismo y los datos del período: el salario formal creció apenas 0,78% mientras la inflación fue tres veces mayor. Por ahora, la expectativa de mejora flota sobre evidencia en sentido contrario. Si en la próxima edición del índice esa brecha empieza a cerrarse — salarios acelerando, inflación desacelerando —, el optimismo habrá sido una señal adelantada valiosa. Si no, habrá sido, simplemente, esperanza”, subraya el informe, que precisa también que quienes esperan deterioro (el 26%) son una proporción no son una minoría marginal: uno de cada cuatro hogares perdió esperanzas de recuperación, al menos a corto plazo.

El informe hace también algunos cruces analíticos. El primero y más directa es cuánto resto tiene concretamente una familia que vive del salario formal promedio. Con el RIPTE de enero 2026 en $1.646.344 y una Canasta Básica Total y una familia tipo de cuatro personas en $1.397.672, la brecha es de $248.673, apenas un 17,8% sobre el umbral de pobreza, un colchón mínimo para cubrir imprevistos, gastos en salud o un gasto fuera de lo habitual. Margen, dice Focus, que en un contexto de inflación mensual superior al 2% se licúa rápidamente, pese a tratarse del segmento más protegido —tiene obra social, aportes jubilatorios, paritarias y estabilidad relativa- del mercado laboral.

La pregunta que surge es qué sucede con quienes están afuera del registro formal. Según el índice, la respuesta es que el 31,6% de los hogares relevados simplemente no llega a fin de mes.

Otro cruce analítico confronta expectativas fue el más alto: 46,9% de los encuestados espera mejorar en los próximos tres meses, pero esa expectativa no cuaja con el hecho de que en el período relevado los precios aumentaron a un ritmo tres veces superior a los ingresos. “Los datos del período no ofrecen aún ningún punto de inflexión visible: ni una aceleración salarial, ni una desaceleración sostenida de la inflación, ni una mejora en el empleo informal que pudiera explicar ese salto en las expectativas”, dice Focus, quien resalta al respecto una gran disparidad de situación entre distritos.

En un extremo están CABA y Neuquén, donde el ingreso per cápita supera por buen margen la CBT y permite cierta acumulación o cobertura de gastos adicionales. En esas jurisdicciones donde el índice supera el promedio de 61,8 y podría incluso subestimar la mejor situación del hogar promedio. El extremo opuesto son provincias como Chaco, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, donde la mediana del ingreso per cápita no llega al 65% del costo de vida. Esto es, la mitad de la población está 35% o más por debajo del mínimo que necesita para vivir. “Los hogares de esas regiones no están cerca del umbral de pobreza: están por debajo o bordeándolo de manera estructural”, concluye el informe.

Una asistencia internacional transitoria brindaría el tiempo necesario para afianzar la generación genuina de divisas por exportaciones energéticas, reconfigurando la economía y dando lugar a una nueva etapa de crecimiento sostenido.

En 2025, el peso sufrió un fuerte ataque especulativo que buscó desestabilizar el modelo económico de Argentina. El puente financiero proporcionado por Estados Unidos resultó decisivo: permitió consolidar el salto exportador y evitó una nueva crisis cambiaria.

El año cerrará con exportaciones energéticas por USD 16.500 millones -con un barril a USD 64- tras inversiones para aumentar la producción de USD 11.000 a USD 17.000 millones. Estas cifras continuarán creciendo hasta alcanzar USD 50.000 millones en 2032, cuando las exportaciones de LNG estén totalmente operativas, evitando así futuras crisis de balanza de pagos.

El economista Ricardo Arriazu advierte que, desde 1980, Argentina acumuló 20 años de crecimiento negativo sobre 45 años, atribuibles principalmente a crisis de balanza de pagos, originadas en buena medida por la propia acción de los argentinos: ataques especulativos debido a la desconfianza en el peso.

En 2025, los clientes bancarios compraron para atesorar USD 42.000 millones, aun enfrentando alternativas financieras más rentables, un fenómeno que se constituyó en el principal riesgo para la estabilidad económica y la concreción de un desarrollo a futuro.

El puente financiero de Estados Unidos cubrió el faltante transitorio de divisas y ayudó a restaurar la confianza tras las elecciones de medio término y errores políticos del gobierno. La recuperación permitió avanzar en las obras de infraestructura necesarias para que la producción en Vaca Muerta se duplicara, sentando las bases para sostener el nuevo ciclo exportador.

Este año, las exportaciones energéticas sumarán USD 16.500 millones, y podrían llegar a USD 20.500 millones si el barril se sostiene en USD 100. Además, se proyecta alcanzar USD 20.000 millones cuando el oleoducto Vaca Muerta Sur funcione a pleno desde 2027, y continuar el crecimiento hasta los USD 50.000 millones en 2032 con la operación completa de los buques de gas natural licuado de YPF-ENI, XRG y Adnoc, la estatal de Emiratos Árabes.

A estas cifras deben sumarse USD 6.056 millones de exportaciones mineras de litio y cobre previstas para este año. Estas exportaciones se estiman en USD 22.000 millones para 2035, junto a USD 7.000 millones generados por el agro tras una cosecha récord. El agro puede elevar sus exportaciones en un 50% si se eliminan las retenciones actuales.

Estas fuentes aseguran dólares suficientes para el país, aunque en sectores que no son grandes generadores de empleo y cuyas áreas productivas se encuentran alejadas del conurbano bonaerense, la región más afectada por el desempleo y la insuficiencia salarial.

El comercio, la construcción y la industria sufren la crisis, a pesar de tratarse de los sectores que más mano de obra demandan. El economista Juan Carlos de Pablo recuerda que, en economías en transformación, el crecimiento es desigual entre sectores, dada la asincronía inherente al cambio estructural. Esto no debe sorprender: es un fenómeno propio de una economía en ajuste.

El sector industrial afronta una transformación estructural forzada por la apertura económica y la eliminación de subsidios. El tiempo insuficiente para adaptarse junto con condiciones lejos de ser ideales acentúan la caída del poder adquisitivo.

Este es un desafío serio para el gobierno: debe atender un sector que genera malestar social y cuyos cambios se ven reflejados en la forma “K” del ciclo económico actual, con energía, minería y agro creciendo, pero generando poco empleo, y sectores demandantes de mano de obra (comercio, construcción, industria) en baja.

La industria presenta una retracción prolongada, mientras el economista austríaco Joseph Schumpeter explicaba que el proceso destructivo suele adelantarse al proceso de creación de lo nuevo; una tendencia acentuada por la apertura de importaciones y la competencia internacional.

Existen beneficios cuantiosos -cosecha récord, superávit energético, apoyo financiero internacional (con Estados Unidos, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional)-, pero estos ingresos no impactan en el salario ni el empleo. El modelo actual no traslada estos fondos al consumo y, por lo tanto, no reactiva la economía en los sectores más vulnerables.

Los sondeos de opinión revelan un cambio de humor social y respaldo al gobierno, pero persiste el desencanto por la desconexión entre los indicadores económicos positivos y la experiencia cotidiana de la población.

Las encuestas muestran que el 70% de la población debió recortar gastos básicos, evidenciando la fractura entre el crecimiento y el bienestar generalizado. Según Arriazu, esto ocurre por dos motivos: el crecimiento no “derrama” hacia los salarios ni el empleo en el conurbano, y el pico de consumo registrado beneficia en especial al 30% favorecido por los cambios, con alto consumo de automóviles, turismo y bienes de lujo.

A pesar de las señales alentadoras de los bancos internacionales, el escenario político es inestable y la economía dista de haber alcanzado el equilibrio. Es preciso sostener el rumbo y adoptar medidas concretas en lugar de esperar sólo por una mejora espontánea.

El tiempo resulta esencial: aunque la inflación parece ceder, los salarios recién empiezan a recuperarse y el crédito da señales de reactivación, la economía requiere un empuje adicional.

Frente a la proximidad de elecciones -donde el 70% del conurbano vota y es el más afectado-, se plantea la necesidad de tender un puente salarial a los desocupados de la construcción, el comercio y la industria, para acompañarlos hasta que sus empleos se regeneren.

Arriazu propone dos instrumentos: un programa de desempleo transitorio dirigido a quienes sufren el redimensionamiento del comercio y la industria del conurbano, hasta que la economía y el consumo se reactiven, y un programa de obras públicas transitorio, focalizado en esa misma zona para quienes perdieron su empleo en la construcción. Estos mecanismos funcionan como puente hasta que el crédito hipotecario y la construcción privada retomen su marcha.

Estos programas sociales impulsarán la economía al recomponer el empleo y la recaudación fiscal, fortaleciendo el superávit fiscal hoy debilitado por la caída de ingresos.

Restablecer el sustento a las familias de los sectores en transición permitirá la recuperación de la demanda, el consumo y la recaudación fiscal, y dará tiempo a los empresarios para completar la transformación estructural, mientras la economía encuentra su nuevo equilibrio. Estas medidas pueden financiarse a través de un préstamo puente del Programa de Reforma Estructural del Banco Mundial y el BID, conceptualmente equivalente al puente financiero que permitió superar la crisis de 2025.

Así, el país podrá encarar 2027 y 2028 en mejor posición, permitiendo el desarrollo de soluciones estructurales para los problemas industriales, con acceso a crédito, reducción del riesgo país y el apoyo de la calificación de la calificadora internacional Fitch Ratings, facilitando el cumplimiento de obligaciones externas sin usar reservas del Banco Central.

Por último, se plantea la inclusión de los jubilados que realizaron aportes en las mejoras, utilizando los fondos que acumuló el Fondo de Garantía de Seguridad del Anses: USD 36.000 millones de incremento hasta los USD 78.000 millones al 30 de abril de 2026, desde los USD 42.000 millones en diciembre de 2023.

Estos fondos pueden aplicarse normativamente, permitiendo diferenciar a quienes contribuyeron de quienes no lo hicieron, sin afectar ningún derecho ni comprometer el superávit fiscal o el presupuesto.

El autor es Director del Comité del Comité de Asuntos Energéticos del CARI