El primer trimestre de 2026 confirma que el Gobierno sigue mostrando números positivos. Sin embargo, la foto de marzo ofrece una señal menos favorable: el superávit se mantiene gracias a una contracción del gasto, pero también con ingresos tributarios en retroceso. La consolidación fiscal avanza, aunque la meta exige cada vez mayores esfuerzos.

El Sector Público Nacional no Financiero cerró marzo con superávit primario y financiero. En perspectiva, esto representa un cambio notable: hasta hace poco, encadenar meses de saldo positivo era excepcional para la política fiscal argentina. Sin embargo, la continuidad del superávit no debe impedir observar que la mejora en el balance primario, requerida por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional -0,8% del PBI-, aún no se materializa plenamente.

Durante el primer trimestre, el resultado primario fue 5,4% menor al del mismo período de 2025, medido a precios constantes de 2026. El balance financiero mostró una baja real de solo 0,2%. Es decir, la caja sigue cerrando, pero con menos margen que al inicio del ajuste.

El motivo es claro: ingresos y gastos evolucionaron en paralelo. Los ingresos totales cayeron 5,1% en términos reales, igual que el gasto primario. Así, el superávit persiste, no por un crecimiento de los recursos, sino porque el gasto se ajusta al ritmo de la recaudación. Esta diferencia es crucial: en una economía que busca estabilizarse, la recaudación deja de beneficiarse de la alta nominalidad y depende cada vez más de la evolución real de la actividad, el comercio exterior y la estructura impositiva vigente.

El dato más relevante del primer trimestre es la caída de los ingresos tributarios. La recaudación acumulada retrocedió 8% en términos reales, lo que equivale a una pérdida de aproximadamente $3 billones respecto de igual período de 2025, a moneda constante. La merma es amplia y afecta a los principales impuestos nacionales.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) explica la mayor parte de la caída, con un aporte negativo cercano a $0,9 billones. Los Derechos de Exportación aportaron una pérdida similar, de $0,8 billones, influida por rebajas en varios ítems y la estabilidad cambiaria, que impacta el monto recaudado en moneda local. Aportes y contribuciones a la seguridad social restaron otros $0,6 billones. Los impuestos a las ganancias y los derechos de importación también contribuyeron a la baja. El resto de los tributos solo compensó marginalmente.

Este desempeño deja un mensaje claro para los próximos meses. En 2024, la consolidación fiscal inicial se apoyó en la licuación de partidas y una dinámica nominal favorable. En 2025, el superávit se sostuvo con recortes significativos, principalmente en subsidios e inversión pública. En 2026, si la recaudación no mejora, sostener el resultado requerirá una política fiscal más precisa, donde cada rubro asuma mayor peso.

La contracción del gasto primario, de 5,1% real, replica la caída de los ingresos. Sin embargo, el promedio oculta diferencias importantes entre partidas. Algunas continúan con reducciones intensas; otras comienzan a mostrar presiones o recomposiciones.

Entre las partidas que más caen destacan los gastos de funcionamiento no salarial (28,4% real) y el gasto de capital nacional (29,2%). Las transferencias corrientes a provincias se redujeron 27%, mientras que las prestaciones sociales retrocedieron 17,2%, representando el mayor ahorro por volumen. Las remuneraciones mostraron una baja real de 8,2%. Estos rubros siguen siendo clave en la contención del gasto.

En contraste, tres partidas merecen atención: las universidades registraron un incremento real de 32,6% en el acumulado; las transferencias de capital a provincias aumentaron, aunque desde una base baja; y los subsidios económicos subieron 15% real en el primer trimestre. Esta última cifra es menor a la advertida en el primer bimestre, pero sigue siendo relevante para la consistencia fiscal.

El balance del primer trimestre mantiene la tendencia: la política fiscal sigue contractiva y el resultado es positivo. En comparación con las últimas dos décadas, esto representa una novedad relevante. Sin embargo, el desafío se transforma. Ya no basta con sostener el ajuste inicial; ahora se trata de preservar el superávit en un contexto de ingresos reales débiles y componentes del gasto que empiezan a recomponerse.

El riesgo no es un quiebre inmediato, sino la acumulación de presiones graduales. Menor recaudación, subsidios que dejan de caer, recomposición universitaria, provincias con menos margen y prestaciones sociales rígidas delinean una agenda fiscal más compleja que la de 2024. En este escenario, el superávit ya no es solo una señal de disciplina, sino también una prueba de gestión minuciosa.

La consolidación fiscal persiste; el reto es que no pierda solidez.

El autor es Economista Asociado de FIEL. Esta nota es un anticipo de la publicación Indicadores de Coyuntura N° 685 de la Fundación FIEL

La economía en 2026 avanza por el sendero de recuperar el proceso de desinflación que prevaleció hasta mayo de 2025 y también de reactivar la actividad agregada, interrumpida en la previa a las elecciones legislativas.

Con ese escenario, Infobae entrevistó a Fernando Navajas, economista jefe de FIEL, miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), donde actualmente dirige el Instituto de Economía Aplicada. Fue presidente de la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP) y durante cuatro décadas desarrolló su carrera docente en los departamentos de economía de las facultades de Ciencias Económicas de la UBA y la Universidad Nacional de La Plata, para analizar la coyuntura y conocer sus expectativas para el resto del año, en un contexto de incertidumbre y volatilidad interna e internacional.

— Ahora que se reanuda el proceso de desinflación, según las previsiones del REM del BCRA, los analistas centran la atención en la reactivación del consumo. ¿Existe un estado de insatisfacción permanente en el mercado?

— Yo diría que es un estado de preocupación más que de insatisfacción. Ahora, si uno cree que la inflación va a caer, también tiene que creer que el salario real y el consumo se van a recuperar. Creo que para la inflación se está mirando para adelante y en el consumo para atrás, por la debilidad del salario real, que sabemos va a perder si la inflación queda en un escalón alto, por más que el tipo de cambio esté constante, como muestran los datos (ver gráfico).

Hay que mirar para adelante y ser consistente con la idea de que la inflación va a descender; de otro modo, para mí no es consistente el pronóstico de menor inflación y menor consumo. Otra cosa es que se diga que se espera desinflación, pero en realidad no se crea eso.

— Semana a semana se anuncian inversiones hiper millonarias en emprendimientos productivos; sin embargo, no parecen suficientes para recrear un clima de euforia en los mercados financieros. ¿El capital de riesgo orientado a equipos de producción se ha vuelto menos temeroso que el destinado a activos líquidos?

— Muy buena pregunta. En teoría, el capital de riesgo en activos físicos debería ser tan temeroso como el de activos financieros, si pensamos en que se trata de inversiones hundidas. Si miramos bien los datos, vamos a ver que lo que hay son anuncios, pero no tanto desembolsos. Por un lado, anuncios del RIGI que superan ampliamente los USD 120.000 millones y, por el otro, desembolsos que vienen lentos.

Una explicación es que los procesos de inversión tienen rezagos (el RIGI originalmente daba dos años para las inversiones, pero creo que va a haber flexibilidad).

Pero existe otra explicación, vinculada a que los anuncios se explican por una “corrida” para obtener los beneficios (rush to lock in) y luego esperar la transición política. Es decir, que también el capital físico, que desde 2003 en la Argentina experimentó expropiaciones parciales de inversiones hundidas, se estaría comportando con cautela para administrar ese riesgo.

Por último, sobre equipos de producción, los datos de la inversión bruta agregada (FBCF) y de la importación de bienes de capital vienen de una caída en 2025 en términos desestacionalizados, más allá de las expectativas de mejora, como se discute en el último Informe Monetario Mensual del BCRA.

— ¿Los “mercados” le reclaman al Gobierno más velocidad en encarar reformas estructurales que las propias empresas, pese a que muchas dependen de la aprobación del Congreso y otras de gobiernos subnacionales?

— Yo no veo a los mercados, representados por inversores externos, si se quiere, quejarse por la falta de velocidad de las reformas.

— En una reciente exposición en EXPO EFI habló de los “cuatro riesgos que califican el cambio estructural en ciernes”. ¿Podría sintetizarlos?

—El tema da para largo, pero voy a tratar de sintetizar. Yo veo a la economía argentina atravesando un profundo cambio estructural producto de un salto tremendo en la producción de hidrocarburos concentrado en Neuquén, una fuerte reorganización industrial frente a una apertura importadora de origen chino y una reconfiguración del sector servicios en presencia de la digitalización y la IA. Hay cuatro riesgos de sostenibilidad asociados a esto:

1. Problema potencial del riesgo que supone un beneficio extraordinario (windfall) en el sector energético, que podría vulnerar las condiciones de sostenibilidad política y fiscal, dado que se basa en un régimen fiscal generoso para acelerar la inversión. A precios demasiado altos de las exportaciones, eso podría desencadenar futuras intervenciones políticas y, además, se concentra geográficamente a nivel subnacional.
2. El cambio estructural se asocie a condiciones que, incluso con una liberalización comercial normal y dadas las brechas de productividad, podrían conducir a un proceso contractivo, en lugar de expansivo (como en la década de 1990, se ve el gráfico más abajo), para la producción manufacturera agregada. Esto subraya la necesidad de abordar la reorganización industrial ante la entrada de importaciones.
3. La consolidación fiscal y la desvinculación del sector público nacional del gasto público en infraestructura, junto con una asociación público-privada incipiente pero lenta, no den lugar a una rápida transición hacia la inversión del sector privado (nuevamente, como en la década de 1990). Esto podría derivar en una inversión muy baja y, por lo tanto, en un bajo crecimiento de la productividad en infraestructura, con efectos indirectos negativos en la productividad sectorial y agregada.
4. Los riesgos que los cambios tecnológicos y organizativos impacten negativamente en la capacidad del sector servicios para absorber empleo de calidad, que debe crecer para dar cabida a la reasignación desde el sector manufacturero en los mercados laborales geográficos relevantes (conurbano bonaerense).

— ¿Cómo cree que se deberían administrar estos cuatro riesgos?

— Lo que dije en EXPO EFI en abril fue que creo que se requieren reformas o instrumentos más específicos que los contenidos en las reformas estructurales convencionales:

1. Debe estudiarse la introducción de cláusulas de escape en el régimen fiscal del RIGI para escenarios de precios altos del petróleo y se debería inducir a Neuquén a conformar un “wealth fund” para ahorrar el windfall petrolero.
2. Se necesita un RIGI para la industria, pero distinto al reclamado por la UIA o al recientemente creado en la Provincia de Buenos Aires: más específico para mercados relevantes donde la entrada importadora está siendo, o va a ser, intensa y obliga a una reorganización que solo puede decidir el sector privado.
3. Replantear la política de infraestructura para buscar fuentes de fondeo que reviertan el desplazamiento de los organismos multilaterales y evitar errores de mal diseño de política sectorial y de propensión a la captura regulatoria, algo que a mí me preocupa mucho en un país como la Argentina.
4. El más difícil, llevar adelante una política de empleo en estrecho vínculo con la formación de capital humano.

— En 2026 la economía ha enfrentado un shock global dado por el cierre del estrecho de Ormuz, que en el caso del petróleo tiene efectos positivos en las exportaciones, pero también negativos en cuanto al precio de los combustibles. ¿Cómo ve este tema, dada su experiencia en temas de precios de energía?

— La parte positiva del shock es clara y hace saltar en valor a las exportaciones, así como los ingresos fiscales nacionales y especialmente subnacionales (estos, por regalías). El impacto por el traslado parcial a precios internos del shock petrolero es un aspecto verdaderamente novedoso y muy sui generis. Los países han venido usando instrumentos fiscales o apelado a fondos de estabilización, pero Argentina no puede hacer lo primero por razones fiscales ni tampoco armó en el pasado un fondo de estabilización.

Lo que terminó haciendo la Argentina es armar lo que yo llamo el “Fondo Marín”, que es una acción de coordinación para suavizar los aumentos, llevada adelante por YPF, equivalente a un “contrato implícito” (se llama así en economía a un contrato no escrito). Es cuasicolusivo, pero no contra los consumidores -como los acuerdos colusivos-, sino a favor de ellos y del interés público.

Es algo verdaderamente sorprendente como decisión empresarial y conlleva algo que no es común en un mundo en el que las empresas están para ganar dinero y solo así contribuyen al bien común (Milton Friedman dixit). Lo del “Fondo Marín” se aparta de eso y se alinea, en mi opinión, con visiones más avanzadas de gobernabilidad corporativa y sostenibilidad. El mensaje a la sociedad es distinto al de reglas de mercado de corto plazo: lo decidió la empresa, no el gobierno.

Se hace en un momento en que los precios afuera vuelan y la sociedad va a mirar ingresos y beneficios extraordinarios de exportación, lo cual neutraliza críticas a la idea de que hay una fiesta para las empresas que no trae dividendos, sino malas noticias para la sociedad. Se vincula, vale decir, con la legitimidad de cómo se ve el régimen fiscal (RIGI) del sector petrolero.

Dicho todo esto, el “Fondo Marín” tiene el problema de cualquier otro fondo si las condiciones no son transitorias. En el caso argentino el problema se agravaría si la correlación negativa entre tipo de cambio y precio del petróleo se diera vuelta por el lado del tipo de cambio. También hay riesgos.

— El ministro de Economía afirmó que “se vienen los 18 mejores meses de las últimas dos décadas”. ¿Cuál es su previsión al respecto?

— Ojalá tenga razón. No puedo decir más frente a esa afirmación tajante. Necesitamos que el ministro de Economía sea optimista, porque para el pesimismo ya tenemos demasiado. Hay un tema no trivial: que el sector privado y la gente entiendan cuál es el modelo vigente, a los efectos de tomar decisiones, más allá de si les gusta o no.

Formar expectativas cuando existen modelos o creencias diferentes complica los procesos de transición.

— ¿Cómo interpreta una banda cambiaria cuyo techo supera en más de $300 al valor de mercado y cuyo piso es inferior en más de $600 por dólar?

— La banda cambiaria inferior es irrelevante y hace rato que debería haberse actualizado, porque no es serio ese valor. El superior viene con una cláusula de ajuste o flexibilidad que me parece correcta. La brecha con ese límite superior no debería ampliarse, porque eso puede inducir creencias de ajustes a futuro, lo que lleva a expectativas de inflación postergada.

Habría que testear si el deslizamiento en los precios de los productos importados -mientras el tipo de cambio está planchado-, que se observa en varios casos, no hace la mímica del ajuste mensual de la banda superior. Pero yo no hice esa estimación y no tengo elementos para decir si lo que observo es casual y no generalizado.

— ¿Cuál considera que es el mejor indicador para medir la competitividad de la economía argentina?

— El market share de nuestras exportaciones en mercados relevantes (que son aquellos en los que las empresas compiten) y de productos locales bajo competencia importadora, también en mercados relevantes. Ese es el test último.

— ¿La relación entre el PBI y el empleo total es un buen indicador de la productividad en la economía?

— Es un indicador parcial. En economía se usa la relación con todos los insumos, o la productividad total de factores (TFP). También es uno de los indicadores para medir competitividad relativa entre economías. La productividad laboral se correlaciona estrechamente con el ingreso por habitante en el largo plazo. Nosotros hemos estado en el fondo de esa línea de correlación.

— El Gobierno dispuso un nuevo recorte de las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso para 2026. ¿Esta decisión refleja una señal de ajuste para consolidar la desinflación, o evidencia un exceso de presupuesto inercial que no responde a programas actuales?

— Refleja una señal de compromiso con la consolidación fiscal y va en línea con lo anunciado por el Gobierno desde el inicio del mandato. Este es uno de los elementos de comunicación del “modelo” del gobierno, que se le hace al sector privado para evitar multiplicidad de creencias y reforzar la credibilidad.

— ¿Cuál es su evaluación de la política monetaria del Gobierno?

— Se ha vuelto más consistente que lo que vimos en 2025 y, al mismo tiempo, no pierde el sesgo prudencial de acompañar con cuidado la remonetización de la economía sin perder el objetivo prioritario de volver a controlar la inflación. Creo que eso se lee bien en el último Informe de Política Monetaria.

La acumulación de reservas es lo que se puede. Más generaría riesgos de hacer descarrilar la meta de bajar la inflación y eso choca con restricciones políticas de cara a 2027. Y si en 2027 se instala un escenario político malo, no hay reservas que alcancen.

Más allá de esto, entiendo perfectamente que puede haber un debate serio sobre cómo crear un régimen monetario y cambiario que derrote la tremenda inercia inflacionaria y de expectativas que nos condenó a una inflación de 2% plus bajo diferentes regímenes (pre 2015, 2016-18 con inflation targeting y parece que también ahora). Pero esto tiene el problema de que conduce a la incertidumbre de modelos o creencias múltiples. Y la incertidumbre de régimen es detrimental. Hay algo peor que un sistema de bandas cambiarias: una banda de sistemas cambiarios.

— Con la reactivación y la desinflación resurgió el crédito, aunque aún en niveles bajos; esto generó un aumento acelerado de la morosidad. ¿Es un fenómeno que debe preocupar?

— Es un reflejo del “mismatch” entre ingresos esperados y realizados de los hogares y se asocia con la sorpresa de aceleración inflacionaria de 2025, lo cual debería corregirse este año. Debe monitorearse.

— Finalmente, ¿qué proyecciones tiene para la economía argentina en lo que resta de 2026 y para 2027 en materia de actividad, inflación, reservas y empleo?

— Yo soy respetuoso de la sabiduría agregada detrás del promedio de muchas opiniones (lo que se llama “the wisdom of crowds”) y, por lo tanto, la respuesta debería ser: proyecciones parecidas a las del REM. En materia de precios y actividad apuntan a un cierre con “30% plus” de inflación y 2,5% de crecimiento, con valores que mejoran a, digamos, 20% y 3,5%, respectivamente, en 2027.

Yo creo que existe un escenario más favorable hacia fin de este año, en el que la economía crece al 4% y la inflación se ubica en 1,5% mensual; es decir, volvemos al mejor momento de 2025. También, en materia de reservas y empleo, las cosas pueden ir mejor que el promedio actual de las expectativas del mercado.

Fotos: Maximiliano Luna

A la manera de los mileuristas de España, aquellos que deben subsistir con 1.000 euros por mes aún con un empleo fijo, la Argentina desarrolló “el fenómeno de los millonistas”. Con ese neologismo se refiere a los argentinos que ganan hasta un millón de pesos por mes un informe del Instituto Gino Germani, de la UBA, que brinda datos precisos sobre ese universo. El 86% de los asalariados informales y el 81% de los cuentapropistas de baja calificación debe sobrevivir con ese ingreso, que se ubica lejos de la línea de pobreza ($1.470.000) y no tan por encima de la de indigencia ($650.000). Incluso, el 46% de los trabajadores formales, aquellos que tienen empleo legal, también son “millonistas”.

El estudio presentó una segmentación del mercado de trabajo en función de los ingresos mensuales, tomando como umbral el millón de pesos. “En el extremo más desfavorable se ubican los asalariados informales y los cuentapropistas de baja calificación: el 86% y el 81% respectivamente perciben ingresos mensuales de hasta un millón de pesos, lo que implica que la enorme mayoría de estos trabajadores no logra superar dicho umbral”, explicó el reporte elaborado por los investigadores Eduardo Chávez Molina, Mariana Sosa y José Rodríguez de la Fuente.

El “fenómeno de los millonistas” es, según la investigación, que aquellos que perciben hasta un millón mensual por su trabajo constituyen el ocupante promedio del mercado laboral argentino: “En términos agregados, el 63% del total de ocupados percibe ingresos mensuales de hasta un millón de pesos, una cifra que expone la crisis salarial generalizada que atraviesa el mercado laboral argentino”.

La categoría no se restringe a la informalidad ni al trabajo precario: la propia estructura salarial formal quedó atravesada por el fenómeno. En el sector de los asalariados formales, el 46% se encuentra por debajo del millón de pesos, mientras que entre los patrones precarios la proporción es idéntica. La excepción más clara la constituyen los patrones formales, donde el 84% supera el umbral del millón de pesos. Les siguen los cuentapropistas de alta calificación, con un 44% que logra cruzar ese piso.

Estas cifras ilustran la profundidad de la segmentación laboral y la extensión del fenómeno. Según el informe, “la enorme mayoría de estos trabajadores no logra superar dicho umbral”. El contexto de deterioro del poder adquisitivo y de crisis salarial se refleja en la distribución de los ingresos reales, no sólo en la informalidad, sino también en sectores tradicionalmente asociados a mejores condiciones laborales.

En cuanto al ranking de ocupaciones informales según la mediana de ingresos, el informe resaltó que, excluyendo las ocupaciones de dirección de pequeños establecimientos, el promedio de ingresos laborales para los no registrados en el cuarto trimestre de 2025 fue de $500.000. Las actividades vinculadas al transporte, la construcción y la reparación de bienes son las que mayores ingresos lograron captar dentro de la informalidad, aunque ese monto continúa lejos de la canasta básica familiar.

La brecha entre ramas de actividad también resulta significativa. El sector de explotación de minas y canteras se destacó como el único que duplicó, y en algunos casos superó, los ingresos promedio del resto de las actividades económicas. Esta diferencia acentuó la segmentación, mostrando la desigualdad estructural dentro del mercado de trabajo argentino.

Frente a la crisis salarial y la insuficiencia de los ingresos laborales, las estrategias económicas de las familias para sostener el consumo adquirieron centralidad. El informe del Instituto Gino Germani examinó las prácticas y recursos a los que recurrieron los hogares argentinos, en particular a partir del impacto de la devaluación de finales de 2023. Gastar los ahorros le permitió a muchos amortiguar el golpe inicial de la pérdida de poder adquisitivo. El estudio señaló: “El principal recurso al que los hogares recurrieron luego de la devaluación de finales de 2023 fue la utilización de ahorros familiares. Luego, el uso de este activo fue descendiendo a niveles similares a los de años anteriores”.

El acceso a préstamos de amigos o familiares se mantuvo constante en torno al 16% de los hogares, mientras que la necesidad de recurrir a préstamos bancarios o financieros aumentó hacia fines de 2025 y alcanzó al 15%. El análisis por clase social mostró diferencias en la implementación de estas estrategias. La utilización de ahorros resultó transversal entre los grupos, pero los trabajadores manuales fueron quienes más recurrieron a este recurso, con una proporción cercana al 40%. En el caso de los préstamos bancarios o financieros, los trabajadores de grandes establecimientos encabezaron el acceso, en torno al 20%.

El fenómeno millonista, lejos de circunscribirse a sectores informales o precarios, se extendió a buena parte del mercado laboral formal. La investigación refleja un escenario social en el que la protección legal del empleo no garantiza por sí sola la superación del umbral del millón de pesos.

La segmentación del mercado laboral argentino quedó reflejada en los niveles de ingresos y en las estrategias de los hogares para hacer frente a la insuficiencia salarial. Los millonistas se consolidó como una característica central de la estructura social argentina, según la investigación. La persistencia de este fenómeno y la incapacidad de los ingresos laborales para superar el millón de pesos en la mayoría de los casos marcan el pulso de la crisis salarial y la fragmentación social.