Mientras el Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanza con el programa de compra de divisas para fortalecer las reservas internacionales, al mismo tiempo profundiza el desarme gradual de la millonaria cobertura cambiaria que había instrumentado antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025. Esta decisión se refleja en la disminución de la exposición en contratos de futuros de dólar.

En los meses previos a los comicios de medio término, la volatilidad impulsó una dolarización significativa por parte de los agentes económicos. Si bien es habitual que la demanda de dólares aumente en períodos electorales, el volumen registrado en 2025 resultó excepcionalmente elevado. De acuerdo con estimaciones del propio BCRA, la dolarización alcanzó los USD 35.000 millones, un registro sin antecedentes.

“Esa adquisición de activos y coberturas en moneda extranjera representó más del 50% del stock de M2 transaccional, lo que implica una caída en la demanda de dinero de magnitud inédita”, señaló la entidad en el Informe de Política Monetaria (IPOM). A partir del triunfo del oficialismo en los comicios de medio término, ese flujo comenzó a revertirse y se observó una tendencia hacia la desdolarización en el segmento de futuros.

El dólar futuro funciona como un acuerdo para fijar hoy el precio de la moneda estadounidense para una fecha futura. Este instrumento actúa como resguardo frente a eventuales cambios en el tipo de cambio y ayuda a moderar las presiones sobre el mercado spot, donde la operatoria se realiza en el momento.

En los contratos de futuros, las partes -ya sea el BCRA o privados- pactan un precio y una fecha de liquidación; al vencimiento, no se intercambia la divisa, sino que se compensa la diferencia, en pesos, entre el valor acordado y la cotización efectiva del dólar.

Para Andrés Reschini, titular de la consultora F2, a fines de abril los datos publicados dan cuenta de una caída mensual de USD 471 millones a USD 2.127 millones en la posición del Banco Central. Esto se traduce en la séptima contracción consecutiva desde los USD 6.844 millones vendidos a fin de septiembre. “Para mayo se espera una caída aun más acelerada”, sumó Reschini.

“El BCRA publicó su posición de futuros al 30 de abril, reportando un short por USD 2.176 millones, lo que representa una disminución mensual de la posición de USD 434 millones. Con este dato, la posición se acerca a niveles de junio 2025 (USD 1.909 millones), donde el mercado empezó a mostrar los primeros síntomas de una fuerte caída en la demanda de dinero, que se intensificó en octubre producto de las elecciones de medio término», explicó, por su parte, Martín de la Fuente, analista financiero de Bavsa.

Bajo su perspectiva, si bien el actual iba a ser un mes desafiante en términos de desarme de la cobertura, ya que el contrato de mayo 2026 representa el 50% del interés abierto total, “se viene viendo rolleo de posiciones de mayo a contratos largos (se viene armando volumen en DLR/NOV26 y DLR/DIC26), así como también cierres de posiciones de mayo”.

Antes de las elecciones de medio término del año pasado, se produjo una dolarización del 50% del M2, un agregado monetario que representa la cantidad de dinero en circulación de la economía, incluyendo el efectivo en manos del público, los depósitos a la vista y los depósitos en cajas de ahorro y cuentas corrientes.

De acuerdo a los cálculos de de la Fuente, el BCRA redujo su posición en futuros en USD 3.951 millones desde ese entonces. En simultáneo, el Tesoro liquidó instrumentos dollar linked -bonos o acciones atados a la evolución del tipo de cambio oficial- por otros 7.808 millones dólares. De esta manera, la cobertura desarmada sumó USD 11.759 millones en total.

Mientras se aguarda el desembolso de USD 1.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central acumula 93 jornadas consecutivas con resultados positivos en el mercado cambiario. Este saldo favorable responde a acuerdos alcanzados con bancos, empresas privadas y organismos estatales. En la última rueda, la entidad sumó USD 139 millones y el total anual se aproximó a los 9.000 millones de dólares.

Desde la adopción del nuevo esquema monetario en enero, el Banco Central concretó compras por 8.990 millones de dólares. Abril marcó el mayor volumen mensual, con USD 2.769 millones, mientras que solo el 2 de enero no se registraron operaciones de compra.

En las últimas semanas, la autoridad monetaria aceleró la adquisición de divisas, luego de un inicio de mayo con montos diarios inferiores a los 100 millones de dólares. En la última semana, el BCRA incorporó USD 909 millones, llevando el acumulado de mayo a 1.835 millones de dólares.

El Central ya alcanzó el 89,9% de la meta anual de compras. Durante el primer trimestre, la demanda de dólares del Tesoro para cancelar obligaciones financieras limitó el incremento neto de reservas. Para sostener el ritmo de acumulación, el BCRA emitió pesos sin esterilizar y el Tesoro absorbió ese excedente mediante colocaciones de deuda en moneda local, con el objetivo de estabilizar el tipo de cambio y contener la inflación.

Proyecciones oficiales anticipan que el saldo neto de compras para 2026 se ubicará entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, dependiendo de la disponibilidad de divisas y de la demanda de pesos. Según el presidente del BCRA, Santiago Bausili, estos factores serán determinantes para el resultado anual.

Al cierre de la jornada, las reservas internacionales totalizaron USD 46.803 millones, con un incremento diario de 52 millones de dólares. El monto quedó cerca del máximo alcanzado durante la actual gestión, que se registró en febrero con 46.905 millones de dólares. Se prevé que, tras el ingreso de los fondos del FMI, ese nivel será superado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció días atrás que el ajuste del gasto público había encontrado un límite y que era necesario empezar a recaudar más a partir de ahora para el superávit fiscal. Esta dificultad que enfrentan para mantener el pilar del programa económico quedó de manifiesto en el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en donde el Gobierno se comprometió, en caso de ser necesario, a tomar medidas adicionales para alcanzar el objetivo primario, entre ellas posponer la entrada en vigencia de la reforma laboral.

El aplazamiento se inscribió en el marco de los compromisos asumidos por Caputo frente al FMI. En el staff report, el organismo dejó en claro que para alcanzar el objetivo fiscal de un superávit primario de cerca de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026, resultará necesario sostener una política de disciplina de gasto estricta y continua. En una coyuntura de desafíos que fueron señalados por el FMI con el impacto de la reducción de impuestos legales sobre las exportaciones agrícolas y los efectos de las iniciativas de gasto aprobadas por el Congreso a finales de 2025, que alcanzaron 0,35% del PIB, junto con las nuevas medidas tributarias incluidas en la ley laboral (0,15% del PIB).

En el informe, el FMI reveló que las autoridades argentinas se comprometieron a reducir subsidios a la energía, mejorar la orientación de las transferencias sociales y racionalizar el gasto discrecional tanto corriente como de capital. Pero también a adoptar medidas adicionales si los pagos de intereses de la deuda superan lo previsto, con el fin de resguardar el ancla fiscal. Entre ellas, demorar la entrada en vigencia de la reforma laboral, lo que permitiría ahorrar 0,15%/PBI; fortalecer impuestos especiales, 0,10%/PBI; y mejorar la focalización de subsidios al transporte, 0,10%/PBI.

Por hace semanas, Infobae realizó consultas frecuentes tanto a fuentes oficiales del Ministerio de Economía y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre los avances en la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). En cada una de las oportunidades aseguraban que dependían primero de la publicación del decreto reglamentario de presidencia. Pero los tiempos corrían y la Ley de 27.802 fijaba que la iniciativa debía entrar en vigencia a partir del 1° de junio.

Fue en el contexto de la publicación del informe del FMI cuando fuentes del Gobierno reconocieron a Infobae que FAL no entrará en vigencia en junio, siendo una posibilidad que se encuentra habilitada la Ley por un plazo máximo de seis meses (hasta el 1° de diciembre de 2026). Sin embargo, se trata de una encerrona para el ministro de Economía, Luis Caputo, ya que si bien la entrada en vigencia del FAL tiene un costo fiscal para el Estado (porque las contribuciones al fondo por despido se restaban de las que se hacen a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)), por medio de esta iniciativa se busca desarrollar el mercado de capitales.

Pero el compromiso de mejorar la focalización de subsidios de transporte es otro punto de tensión para el ministro que podría su vez presionar sobre la inflación. La tensión que hay entre Gobierno y las empresas de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedo de manifiesta en los últimos meses en donde por el aumento del precio del combustible, los empresarios reclamaban que se actualice la estructura de costos y con ello se otorguen mayores subsidios o un aumento del boleto.

Lo que derivo en las reducciones de frecuencia de líneas de colectivo que afectaron a miles de usuarios. Un problema, al que la Secretaría de Transporte resolvió de manera transitoria y sin dejar conforme a los empresarios con un aumento del boleto del 2% por tres meses desde mayo hasta julio, ya que sostiene estar por debajo de la inflación y guarda distancia con el de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad que todos los meses aumentan dos puntos más inflación.

Pero fue en esa conversación que entablaron los empresarios de colectivos del AMBA con las autoridades de Transporte en donde se puso sobre la mesa que el Gobierno trabaja para que los subsidios vayan a los usuarios en lugar de las empresas de colectivos para lo que esperan tener avances en julio según pudo saber Infobae con fuentes que participaron de las reuniones.

El contexto fiscal presenta tensiones, hace nueve meses que la recaudación viene en caída. Y si bien el propio Caputo reconoció que la gestión económica buscó avanzar en la reducción de impuestos para estimular la competitividad, advirtió recientemente que el margen para ajustar el gasto público se encuentra agotado. “Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, explicó el ministro durante su participación en el programa Economía de quincho.

El Staff Report del FMI remarcó la importancia de mantener la disciplina del gasto público y advirtió que, ante eventuales desvíos, las autoridades deberán implementar acciones adicionales para proteger el objetivo fiscal. El Gobierno reiteró su compromiso con la reducción de subsidios energéticos y el fortalecimiento de los programas sociales focalizados, al tiempo que siguió evaluando alternativas para la racionalización del gasto corriente y de capital.

En este escenario, las prioridades del equipo económico se concentraron en sostener el equilibrio fiscal, promover una mayor eficiencia en el gasto y evitar medidas que incrementen el déficit. El diálogo con el FMI se mantuvo como un pilar central de la estrategia oficial, mientras las definiciones sobre la reforma laboral y el Fondo de Asistencia Laboral continuaron pendientes de resolución.

La campaña agrícola 2025/2026 alcanzó un nuevo récord para el campo argentino. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, los seis principales cultivos alcanzaron las 163,2 millones de toneladas, un 21,25% más que el ciclo anterior. Así lo difundió el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta personal de X, a horas de que el presidente Javier Milei anunciara una nueva baja de retenciones al trigo, la cebada y la soja.

El funcionario destacó el rendimiento individual de cada cultivo y subrayó el impacto de la campaña sobre el entramado económico. Soja, maíz, girasol, trigo, cebada y sorgo lideraron el crecimiento productivo.

De acuerdo con los números oficiales, la soja sumó 49,9 millones de toneladas y marcó un rendimiento promedio de 30,6 quintales por hectárea. El maíz alcanzó 70 millones de toneladas, el mayor volumen en dos décadas, y rindió 72 quintales por hectárea.

En tanto, el girasol logró 7,4 millones de toneladas, con 23,4 quintales por hectárea en promedio nacional, mientras que el trigo aportó 27,9 millones de toneladas, lo que representó el máximo histórico para la serie estadística del país. A su vez, la cebada sumó 5,6 millones y el sorgo 2,4 millones de toneladas. Estos números reflejaron la diversificación productiva y el peso creciente de toda la cadena agroindustrial.

Analistas atribuyen el salto productivo a la combinación de condiciones climáticas favorables, innovaciones tecnológicas y decisiones estratégicas en manejo de cultivos. El incremento de la superficie sembrada y la mejora en los rindes permitieron alcanzar un volumen nunca antes registrado.

Estos números fueron informados luego de que Milei anunciara una nueva baja de retenciones para el sector. Fue durante el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y la medida implicará una baja de derechos de exportación para el trigo y la cebada de 7,5% a 5,5% a partir de junio de este año. Además, confirmó que a partir de enero de 2027, según los resultados de la recaudación, bajará entre 0,25 y 0,5% por mes las retenciones para la soja.“Será de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, declaró.

Desde el sector, rápidamente salieron a aplaudir la medida, ya que vienen reclamando desde hace tiempo una eliminación total de las retenciones, tal como había prometido el Presidente desde su llegada al Gobierno. Sucede que luego de algunos pasos realizados en este sentido el año pasado, en los últimos meses la recaudación cayó fuerte en términos reales y el Gobierno sigue manteniendo como prioritario el objetivo de déficit 0 y de bajar la inflación. Es por eso que había frenado toda medida que implicara costo fiscal.

El anuncio generó expectativas entre los productores, exportadores y entidades agroindustriales, que analizaron el posible impacto de la decisión sobre la rentabilidad y la dinámica de la próxima campaña. Las retenciones, históricamente, funcionaron como un factor central en la ecuación de costos e ingresos del campo argentino y su modificación se considera clave para la planificación de inversiones y la comercialización de granos.

El Gobierno presentó la medida de baja de retenciones como parte de una estrategia para mejorar la competitividad y sostener el flujo de divisas a partir de las exportaciones agrícolas. De acuerdo con proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, el agro proyecta liquidar en 2026 alrededor de USD 35.375 millones.

El complejo sojero aportaría USD 16.500 millones, el maíz USD 7.500 millones, el trigo USD 2.200 millones, el girasol USD 2.400 millones, la cebada USD 500 millones, el sorgo USD 300 millones y otros cereales y oleaginosas USD 600 millones.

La proyección de divisas se da en un escenario internacional marcado por precios elevados y tensiones geopolíticas. La posición argentina como proveedor agrícola se vio favorecida por estos factores, aunque el sector enfrenta un aumento sostenido de costos. El incremento del precio del petróleo y de insumos como combustibles y fertilizantes, en particular la urea, encareció la estructura productiva y generó preocupación entre los productores. El salto en los costos limitó el efecto positivo del mayor ingreso de divisas sobre la rentabilidad del sector.

En 2025, el agro liquidó aproximadamente USD 31.330 millones, un 25% más que el año anterior, en parte por el adelantamiento de exportaciones tras la eliminación temporal de retenciones. El pico se registró en septiembre de 2025, cuando la liquidación mensual superó los USD 7.000 millones, seguido por una baja en los meses posteriores.