La Cámara de Diputados de Mendoza analiza dos proyectos que podrían cambiar el sistema de sanciones por alcoholemia positiva. En este sentido, ambas iniciativas buscan fortalecer las penas contra funcionarios públicos que sean detectados manejando bajo los efectos del alcohol.

La discusión comenzó a tomar forma luego de una seguidilla de casos en la provincia en los que cinco funcionarios resultaron detenidos por alcoholemia positiva entre 2025 y lo que va de 2026. El episodio más reciente involucró a Diego Silvestre, excoordinador del ETI de San Rafael, quien fue sorprendido el 5 de julio de 2026 con 2,26 gramos de alcohol en sangre, pocos días después de asumir un nuevo cargo en el Consejo de Minería.

El primer proyecto, presentado por el diputado Edgardo Civit Evans (Jubilados Auténticos), propone incorporar un agravante a la Ley Contravencional 9.099 para que las sanciones por conducir alcoholizado se dupliquen en mínimo y máximo cuando el infractor sea funcionario público en ejercicio. El texto sostiene que los episodios protagonizados por funcionarios afectan la institucionalidad y la confianza de la ciudadanía, y que la función pública exige una responsabilidad agravada. El objetivo es que la mayor severidad opere tanto como correctivo como medida preventiva.

La segunda iniciativa, impulsada por la diputada Stella Huczak (PRO), plantea una reforma más amplia de la Ley de Seguridad Vial y el Código Contravencional. En este punto, mantiene el esquema actual para alcoholemias inferiores a 1 gramo por litro de sangre, pero endurece sanciones y plazos de inhabilitación para funcionarios que superen ese límite.

Además, incorpora nuevos mecanismos como la obligación de informar la infracción a la autoridad superior, la prohibición de reemplazar multas por trabajo comunitario, la retención del vehículo y el requisito de cursos de capacitación obligatorios. También establece que la inhabilitación para conducir se aplique incluso si se paga voluntariamente la multa y presume la infracción cuando el funcionario se niegue al test de alcoholemia.

Ambas propuestas, ingresadas durante sesiones extraordinarias, no avanzaron de momento en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales que preside la diputada Beatriz Martínez (UCR). Desde el Ejecutivo provincial, según informó el medio Los Andes, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, señaló que ya existen agravantes específicos para funcionarios en el régimen contravencional, aunque admitió que en la Ley Vial no hay diferencias subjetivas. Según la ministra, la sanción vial máxima alcanza hoy los 5 millones de pesos.

Antecedentes de funcionarios mendocinos alcoholizados

En el último año y medio, cinco funcionarios públicos fueron detectados conduciendo con alcohol en sangre en Mendoza. El caso más reciente fue el de Diego Silvestre, con 2,26 g/l el 5 de julio de 2026 en San Rafael, tres días después de asumir como representante de los abogados en el Consejo de Minería. Cinco días después, presentó su renuncia. En febrero de este año, el consejero del Río Atuel en el Departamento General de Irrigación, Gustavo Villegas, renunció tras ser detenido con 1,44 g/l en General Alvear.

Durante 2025, resultaron detenidos por alcoholemia positiva los concejales Miqueas Burgoa (UCR), en Guaymallén, con 1,25 g/l el 10 de mayo, y Martín Antolín (Partido Libertario), en San Rafael, con 1,15 g/l el 24 de noviembre. Ambos continuaron en sus bancas tras los episodios. En enero de 2025, el entonces presidente del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), Jorge Teves, fue detectado con 0,89 g/l y también presentó su renuncia.

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La crisis diplomática que se abrió entre la Argentina y Brasil tras los dichos del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, seguida por la decisión del gobierno brasileño de llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, reabrió el debate sobre los límites entre las afinidades ideológicas de un gobierno y los intereses permanentes de la política exterior. Para Jorge Argüello, uno de los diplomáticos argentinos con mayor trayectoria internacional, el episodio representó un quiebre con una política de Estado que comenzó a construirse con el regreso de la democracia y que logró sostenerse durante más de cuarenta años.

«Constituye una gran imprudencia, probablemente la mayor desde 1983“, afirmó Argüello en declaraciones a Infobae.

El ex embajador argentino en Estados Unidos, Portugal y ante las Naciones Unidas sostuvo que el conflicto no debía analizarse únicamente desde la coyuntura política, sino desde el proceso de integración estratégica que impulsaron Raúl Alfonsín y José Sarney a partir de 1983, cuando ambos países decidieron dejar atrás décadas de competencia y desconfianza para construir una relación basada en intereses comunes.

“Desde el momento en que Alfonsín y Sarney iniciaron un camino de integración sin retorno, hemos pasado cuarenta años construyendo confianza sobre la base de intereses compartidos, no de afinidades ideológicas”, explicó.

A juicio del exdiplomático, ese fue precisamente uno de los principales activos de la relación bilateral: haber logrado preservar la cooperación entre la Argentina y Brasil más allá de los cambios políticos registrados en ambos países durante las últimas cuatro décadas.

“Durante estos cuarenta años convivieron presidentes de los más diversos signos políticos en los dos países y, sin embargo, el vínculo no solamente se mantuvo, sino que se fue profundizando”, sostuvo.

Argüello recordó que ese proceso permitió revertir una histórica rivalidad regional y convertirla en una asociación estratégica sin antecedentes en América del Sur.

“Nosotros venimos de una antigua rivalidad y hemos construido una asociación estratégica”, señaló.

Como ejemplo de esa transformación mencionó la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), el organismo binacional creado por ambos países para supervisar el uso pacífico de los materiales nucleares.

“El ABACC es un hecho único en el mundo”, destacó, al señalar que constituye uno de los mayores símbolos de la confianza alcanzada entre Buenos Aires y Brasilia desde el retorno democrático.

Para el ex embajador, esa construcción institucional es la que hoy aparecía amenazada por una visión que subordinaba la política exterior a las afinidades ideológicas entre los gobiernos.

“Todo esto que hemos ido construyendo durante cuarenta años choca con la idea de teñir de azul la región”, afirmó, en referencia a la estrategia política impulsada por Javier Milei junto a dirigentes de la centroderecha latinoamericana.

Argüello aclaró que no cuestionaba que un presidente tuviera posiciones políticas o ideológicas definidas. El problema, sostuvo, aparecía cuando esas convicciones terminaban condicionando decisiones que afectaban intereses permanentes del Estado.

“Los presidentes pueden tener posiciones políticas e ideológicas, pero lo que no pueden hacer es imponerlas sobre el interés nacional”, afirmó.

Y desarrolló esa idea con una definición que, a su entender, constituía uno de los principios centrales de la política exterior.

“El interés nacional es permanente. No cambia en función del pensamiento político o de la concepción ideológica del gobierno. Porque el gobierno pasa; el interés nacional permanece”, sostuvo.

Las declaraciones de Argüello llegaron después de que el presidente Milei participara el sábado en San Pablo del acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Durante su discurso calificó a Lula de “ladrón”, “presidiario” y “totalitario”, además de insultar al juez Alexandre de Moraes, quien le había impedido visitar al ex presidente Jair Bolsonaro durante su estadía en Brasil.

La reacción brasileña fue inmediata. El Partido de los Trabajadores repudió las declaraciones del mandatario argentino, funcionarios del gobierno de Lula cuestionaron el tono del discurso y, finalmente, el canciller Mauro Vieira resolvió llamar a consultas al embajador Julio Glinternick Bitelli, en la respuesta diplomática más importante adoptada por Brasil desde el inicio de la gestión de Milei. Según pudo confirmar Infobae de fuentes oficiales, la decisión respondió al fuerte malestar que provocaron los agravios dirigidos tanto al presidente brasileño como a uno de los integrantes del Supremo Tribunal Federal.

Para Argüello, el episodio excedía el enfrentamiento personal entre los actuales mandatarios y obligaba a reflexionar sobre el rumbo de la política exterior argentina.

“Los gobiernos pasan; el interés nacional permanece”, insistió.

A su entender, esa fue la lógica que permitió consolidar durante más de cuatro décadas una relación estratégica entre las dos mayores economías de América del Sur y convertirla en uno de los pilares del Mercosur y de la estabilidad regional.

Por eso consideró que la crisis actual trascendía el conflicto coyuntural. Desde su mirada, la mayor preocupación no residía únicamente en el deterioro del vínculo político con el gobierno de Lula, sino en que una política exterior basada en afinidades ideológicas terminara debilitando una política de Estado que sobrevivió a administraciones radicales, peronistas, liberales y socialdemócratas a ambos lados de la frontera.

“Hemos construido cuarenta años de confianza sobre intereses compartidos. Ese es el capital que no debería ponerse en riesgo”, concluyó el ex embajador, al sintetizar la preocupación que, según entendía, hoy atravesaba a buena parte de la diplomacia argentina.

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