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El Gobierno apunta a reformar el Monotributo como parte de un rediseño tributario más amplio, pero condiciona cualquier cambio al déficit cero. En el Ejecutivo dicen puertas adentro que el régimen está “quebrado” y lo ubican entre los capítulos que analiza el equipo económico para la reforma tributaria que se comprometió a trabajar con el Fondo Monetario Internacional.

La definición no implica, sin embargo, una reforma de shock. En la Casa Rosada reconocen que todavía no hay un proyecto definitivo y que el Ministerio de Economía trabaja sobre distintas alternativas. La idea que gana terreno en la mesa chica de Javier Milei es dividir la reforma en etapas para evitar un impacto fiscal que complique el equilibrio de las cuentas públicas.

“No vamos a admitir déficit. La idea es que sea una reforma escalonada y que no rompa el equilibrio de las cuentas”, aseguran en Nación. En otro sector del oficialismo advierten que el Gobierno sigue “ajustado de caja” y que una baja tributaria fuerte antes de las elecciones solo podría avanzar si se compensa con más recorte del gasto o con un salto de la actividad.

La estrategia que evalúa el Ejecutivo es separar los cambios en proyectos distintos. Entre las opciones, se evalúa incluir en el primer tramo incluir medidas de simplificación, revisión de beneficios fiscales, ajustes sobre regímenes especiales y cambios en el Monotributo. Las bajas más costosas -como una reducción más profunda de retenciones, impuesto al cheque o una reforma amplia del IVA- quedarían subordinadas al margen fiscal y a la negociación con gobernadores.

El diagnóstico sobre el Monotributo es uno de los puntos más sensibles. En el Gobierno sostienen que el esquema genera incentivos para que contribuyentes y pequeños negocios no crezcan, no pasen al régimen general o fragmenten actividades para evitar una carga impositiva mayor. Por eso, una de las alternativas en análisis apunta a ordenar la transición hacia autónomos, IVA y Ganancias, reducir saltos bruscos entre categorías y achicar la brecha con el régimen general.

En Nación buscan presentar ese capítulo como una medida de ordenamiento y no como una suba de impuestos. La dificultad política es que el Monotributo alcanza a profesionales independientes, comerciantes, prestadores de servicios y otros pequeños contribuyentes, una base amplia y sensible en términos electorales. Por eso, en la Casa Rosada no lo piensan como una reforma aislada, sino como una pieza dentro de un paquete escalonado.

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El compromiso con el FMI refuerza esa lógica. El organismo planteó que la reforma debería mejorar la eficiencia y la simplicidad del sistema, racionalizar gastos tributarios y permitir una reducción gradual de “impuestos distorsivos”. La letra chica del programa no apunta a una baja inmediata y generalizada de tributos, sino a una reforma fiscalmente neutra: bajar algunas cargas, pero compensarlas con ampliación de base, reducción de exenciones o recortes de gasto.

En el oficialismo admiten que ese punto marca el límite central de la discusión. La Casa Rosada quiere mostrar una hoja de ruta ante el FMI y ante el sector privado, pero no quiere resignar recaudación sin tener garantizada una compensación. Sostienen que primero debe consolidarse el equilibrio fiscal y recién después avanzar sobre las bajas de impuestos más costosas.

El otro eje será el pacto fiscal con las provincias. El equipo económico que lidera Luis Caputo busca abrir una negociación con gobernadores para incluir Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales. En Nación sostienen que una baja de impuestos nacionales tendría poco efecto sobre el “costo argentino” si las provincias y los municipios no acompañan con una reducción de tributos locales.

El contexto fiscal con las provincias también llega tensionado por la evolución de los recursos automáticos. Según IARAF, en abril de 2026 el Gobierno nacional envió al consolidado de provincias y CABA $5,584 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a los $4,362 billones girados en el mismo mes de 2025. Eso implicó una suba nominal del 28%, pero, descontado el efecto de la inflación, representó una caída real del 3,2%. En el caso de la coparticipación estricta -contar transferencias originadas en leyes complementarias ni compensaciones-, el descenso habría sido de 3,7% real.

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A eso se suma la última reestructuración presupuestaria. La decisión administrativa 20/2026 dispuso rebajas en créditos presupuestarios para cumplir con el equilibrio previsto en el Presupuesto 2026. En ese marco, el Ministerio del Interior tuvo un recorte de $320.671 millones, con una baja de $320.711 millones en el programa “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional”, principalmente vinculado a Aportes del Tesoro Nacional (ATN), las transferencias no automáticas.

El Gobierno quiere negociar con las provincias una baja de impuestos subnacionales, pero al mismo tiempo mantiene cerrada la caja nacional y recorta partidas vinculadas al vínculo financiero con los distritos. En la Casa Rosada creen que esa tensión obliga a avanzar por tramos y a evitar una reforma integral que concentre todos los costos políticos y fiscales en una sola ley. Nación ya experimentó dificultades por el capítulo de Ganancias de la reforma laboral, que terminó retirando.

Gobierno, Reforma Tributaria, MONOTRIBUTO, pacto fiscal

Los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini resolvieron en asambleas tomar ambos establecimientos por tiempo indeterminado. La decisión fue adoptada este martes después de una serie de debates internos en los que participaron decenas de alumnos, con el objetivo de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Argumentan que la medida es una respuesta directa al ajuste del Gobierno nacional, que afecta tanto los salarios docentes como el mantenimiento de la infraestructura educativa.

La protesta comenzará en la noche, al finalizar el turno vespertino, y se desarrollará bajo la modalidad de toma con presencia de los estudiantes en los edificios. Según lo resuelto en las asambleas, el dictado de clases no se interrumpirá completamente: cada alumno podrá optar por adherirse o no a la medida y, en reemplazo de la actividad habitual, se organizarán clases públicas en el marco de la protesta. El presidente del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, Francisco Pitrola, precisó en diálogo con A24 que la voluntad de la comunidad estudiantil “es visibilizar la crisis y defender la educación pública”, remarcando que cada jornada se evaluará en asambleas si la ocupación continúa.

El reclamo central apunta a que el Gobierno nacional cumpla la ley votada por el Congreso y promulgada en octubre de 2025, que establece pautas para el financiamiento de las universidades y sus instituciones dependientes. Sin embargo, la norma se encuentra judicializada y su aplicación fue suspendida a la espera de una definición sobre las partidas presupuestarias. El Poder Ejecutivo apeló los fallos iniciales que ordenaban la puesta en marcha de los artículos vinculados a la recomposición salarial y al financiamiento, mientras el oficialismo promueve un nuevo proyecto legislativo que condiciona las actualizaciones presupuestarias a que la inflación anual supere el 14,3%.

La toma de los colegios preuniversitarios se inscribe en un contexto de conflicto por los recursos destinados a la educación superior. En paralelo a la protesta estudiantil, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) anunció un paro total de actividades por veinticuatro horas para este viernes, con la consigna de exigir la convocatoria urgente a paritarias y la recomposición salarial. “Reclamamos la urgente convocatoria a paritarias, la recomposición salarial y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario”, señaló la organización en un comunicado. Se suma a los otros sindicatos de docentes universitarios, Conadu y Conadu Histórica.

La medida de fuerza de los docentes se suma a una serie de movilizaciones y jornadas de clases públicas impulsadas desde 2024 en todo el país. El gremio sostiene que los salarios perdieron un 52,1 % de poder adquisitivo desde la llegada del presidente Javier Milei a la Casa Rosada y denuncia que el atraso impacta de manera directa en la calidad educativa y en la permanencia del cuerpo docente en el sector público.

“Los profesores del Nacional Buenos Aires están cobrando un 30 % menos que los docentes de las escuelas de la Ciudad”, afirmó Pitrola en A24. Según el dirigente estudiantil, esta situación representa un perjuicio estructural y evidencia “un claro ataque directo a las universidades”. Sostuvo también que “históricamente, los docentes de los colegios preuniversitarios ganaban un 30 % más que sus pares de la ciudad”, y consideró que la reversión de esta relación salarial se produce en el marco de una política que busca “deteriorar la educación pública para eventualmente arancelarla”.

En la entrevista concedida a A24, Pitrola explicó que la ocupación de los establecimientos tiene carácter “indeterminado”, pero que la continuidad de la medida será evaluada de manera cotidiana en asambleas abiertas a toda la comunidad educativa. “La idea es visibilizar, la idea es informar a la sociedad lo que está pasando en el colegio, porque es realmente muy grave”, expresó el presidente del centro de estudiantes. Aseguró que “la situación es límite” y que “los profesores se están yendo al sector privado, dejando la labor de la enseñanza pública”.

Desde la perspectiva de los alumnos, el deterioro de los salarios y la falta de mantenimiento edilicio son síntomas de una crisis más profunda que afecta a toda la Universidad de Buenos Aires (UBA) y al sistema universitario nacional. En este sentido, la movilización estudiantil se articula con las acciones de los gremios docentes y no docentes, que este martes organizaron clases públicas frente al Palacio de Tribunales para exigir una definición de la Corte Suprema sobre la ley.

El conflicto por el financiamiento universitario no es nuevo: desde 2024, estudiantes y trabajadores han encabezado al menos cuatro movilizaciones federales y numerosas jornadas de protesta. La promulgación de la ley en octubre de 2025 no destrabó la situación, ya que su implementación quedó supeditada a la asignación de fondos en el Presupuesto. Mientras tanto, el Gobierno envió al Congreso una nueva iniciativa que no contempla una recomposición por lo ocurrido en 2024 y 2025.