POLITICA
Del pacto fiscal a una gran reforma tributaria: el plan del Gobierno para cumplir con el FMI
El Gobierno apunta a reformar el Monotributo como parte de un rediseño tributario más amplio, pero condiciona cualquier cambio al déficit cero. En el Ejecutivo dicen puertas adentro que el régimen está “quebrado” y lo ubican entre los capítulos que analiza el equipo económico para la reforma tributaria que se comprometió a trabajar con el Fondo Monetario Internacional.
La definición no implica, sin embargo, una reforma de shock. En la Casa Rosada reconocen que todavía no hay un proyecto definitivo y que el Ministerio de Economía trabaja sobre distintas alternativas. La idea que gana terreno en la mesa chica de Javier Milei es dividir la reforma en etapas para evitar un impacto fiscal que complique el equilibrio de las cuentas públicas.
“No vamos a admitir déficit. La idea es que sea una reforma escalonada y que no rompa el equilibrio de las cuentas”, aseguran en Nación. En otro sector del oficialismo advierten que el Gobierno sigue “ajustado de caja” y que una baja tributaria fuerte antes de las elecciones solo podría avanzar si se compensa con más recorte del gasto o con un salto de la actividad.
La estrategia que evalúa el Ejecutivo es separar los cambios en proyectos distintos. Entre las opciones, se evalúa incluir en el primer tramo incluir medidas de simplificación, revisión de beneficios fiscales, ajustes sobre regímenes especiales y cambios en el Monotributo. Las bajas más costosas -como una reducción más profunda de retenciones, impuesto al cheque o una reforma amplia del IVA- quedarían subordinadas al margen fiscal y a la negociación con gobernadores.
El diagnóstico sobre el Monotributo es uno de los puntos más sensibles. En el Gobierno sostienen que el esquema genera incentivos para que contribuyentes y pequeños negocios no crezcan, no pasen al régimen general o fragmenten actividades para evitar una carga impositiva mayor. Por eso, una de las alternativas en análisis apunta a ordenar la transición hacia autónomos, IVA y Ganancias, reducir saltos bruscos entre categorías y achicar la brecha con el régimen general.
En Nación buscan presentar ese capítulo como una medida de ordenamiento y no como una suba de impuestos. La dificultad política es que el Monotributo alcanza a profesionales independientes, comerciantes, prestadores de servicios y otros pequeños contribuyentes, una base amplia y sensible en términos electorales. Por eso, en la Casa Rosada no lo piensan como una reforma aislada, sino como una pieza dentro de un paquete escalonado.
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El compromiso con el FMI refuerza esa lógica. El organismo planteó que la reforma debería mejorar la eficiencia y la simplicidad del sistema, racionalizar gastos tributarios y permitir una reducción gradual de “impuestos distorsivos”. La letra chica del programa no apunta a una baja inmediata y generalizada de tributos, sino a una reforma fiscalmente neutra: bajar algunas cargas, pero compensarlas con ampliación de base, reducción de exenciones o recortes de gasto.
En el oficialismo admiten que ese punto marca el límite central de la discusión. La Casa Rosada quiere mostrar una hoja de ruta ante el FMI y ante el sector privado, pero no quiere resignar recaudación sin tener garantizada una compensación. Sostienen que primero debe consolidarse el equilibrio fiscal y recién después avanzar sobre las bajas de impuestos más costosas.
El otro eje será el pacto fiscal con las provincias. El equipo económico que lidera Luis Caputo busca abrir una negociación con gobernadores para incluir Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales. En Nación sostienen que una baja de impuestos nacionales tendría poco efecto sobre el “costo argentino” si las provincias y los municipios no acompañan con una reducción de tributos locales.
El contexto fiscal con las provincias también llega tensionado por la evolución de los recursos automáticos. Según IARAF, en abril de 2026 el Gobierno nacional envió al consolidado de provincias y CABA $5,584 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a los $4,362 billones girados en el mismo mes de 2025. Eso implicó una suba nominal del 28%, pero, descontado el efecto de la inflación, representó una caída real del 3,2%. En el caso de la coparticipación estricta -contar transferencias originadas en leyes complementarias ni compensaciones-, el descenso habría sido de 3,7% real.
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A eso se suma la última reestructuración presupuestaria. La decisión administrativa 20/2026 dispuso rebajas en créditos presupuestarios para cumplir con el equilibrio previsto en el Presupuesto 2026. En ese marco, el Ministerio del Interior tuvo un recorte de $320.671 millones, con una baja de $320.711 millones en el programa “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional”, principalmente vinculado a Aportes del Tesoro Nacional (ATN), las transferencias no automáticas.
El Gobierno quiere negociar con las provincias una baja de impuestos subnacionales, pero al mismo tiempo mantiene cerrada la caja nacional y recorta partidas vinculadas al vínculo financiero con los distritos. En la Casa Rosada creen que esa tensión obliga a avanzar por tramos y a evitar una reforma integral que concentre todos los costos políticos y fiscales en una sola ley. Nación ya experimentó dificultades por el capítulo de Ganancias de la reforma laboral, que terminó retirando.
Gobierno, Reforma Tributaria, MONOTRIBUTO, pacto fiscal
POLITICA
La Justicia Federal frenó la resolución del Gobierno que ordenaba el cierre de más de 600 servicios del INTI
A poco más de un mes de que el Gobierno nacional dispusiera el cierre de más de 600 servicios ofrecidos por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín resolvió suspender parcialmente la aplicación plasmada en la Resolución N° 42/2026.
El freno judicial fue producto de que el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto fallara a favor de la medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para evitar que se ejecutaran las órdenes plasmadas en el Boletín Oficial.
Según consta en el fallo, el magistrado ordenó al INTI abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo, incluyendo la cesación, transferencia o modificación sistematizada de funciones y la prohibición de movimientos de inventario con fines de reubicación, transferencia o disposición del equipamiento técnico.
Uno de los puntos claves de la resolución judicial sostuvo que los empleados del instituto no podrán ser desvinculados de sus puestos. De esta manera, el Gobierno se vio obligado a garantizar la “ocupación efectiva de todos los agentes cuyas funciones resultan afectadas, con mantenimiento pleno de sus categorías, remuneraciones y condiciones vigentes al 14 de abril de 2026″.
En línea con esto, el juez subrogante del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín dispuso la continuidad de los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo la órbita estatal del organismo.
El giro en la causa fue confirmado por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien celebró la decisión a través de la red social X. “La Justicia falla a favor de ATE y frena los despidos masivos en el INTI. También impide el desmantelamiento del organismo: un histórico triunfo para los estatales”, destacó en un comunicado.
“La Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones”, explicó el dirigente sindical.
En este sentido, el representante de ATE consideró que “la cautelar firmada por el juez Tezanos Pinto del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín es un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal”. Y concluyó: “Lo dijimos mil veces: no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional”.
La Resolución 42/2026, publicada el 16 de abril de este año, ordenaba el cierre de más de 600 servicios brindados por el INTI. Según el argumento ofrecido por las autoridades, la decisión había sido tomada con el objetivo de asegurar la eficiencia estatal y, sobre todo, la asignación de fondos públicos.
Qué implicaba la aplicación de la resolución
El documento publicado por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) establecía un proceso de transición ordenada para la supresión inmediata de ciertos servicios sistematizados, tras determinar que su prestación estatal carece de demanda efectiva o se superpone con ofertas del sector privado en condiciones regulares de mercado.
De esta forma, todos los convenios, órdenes de trabajo y compromisos contractuales vigentes serán respetados y finalizados conforme a lo estipulado previamente. Así, se garantizaba la continuidad para los usuarios actuales y la protección de sus derechos.
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Fue así que se designó a la Dirección Operativa para diseñar un plan de transición integral, que pretendía incluir la finalización organizada de los servicios discontinuados, el resguardo y organización de la documentación y registros técnicos, la notificación formal a usuarios y organismos vinculados, y la preservación de capacidades consideradas críticas.
Según los fundamentos expuestos por el Consejo Directivo del INTI en la resolución oficial, la medida no implica una reducción del rol institucional de la entidad, sino una redistribución hacia áreas en las que la intervención estatal resulta indispensable.
En línea con esto, remarcaron que la decisión formaba parte de una política de simplificación y mejora regulatoria que acompaña los lineamientos nacionales en materia de transparencia, competencia leal y estímulo al crecimiento económico y la inversión en el sector productivo local.
En el proceso participaron áreas técnicas como la Gerencia Operativa de Asuntos Legales y la Dirección Administrativa, que validaron la medida al no encontrar objeciones jurídicas ni operativas a la adecuación propuesta. Asimismo, aclararon que estos actos no representaban ninguna erogación presupuestaria adicional derivada de la reorganización, reflejando una orientación de austeridad y responsabilidad fiscal.
Por último, habían dispuesto que la cesación de los servicios alcanzados fuera inmediata tras la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la República Argentina. Mientras que el equipo directivo responsable del proceso está conformado por Juan Pablo Intelisano, Ezequiel Capelli y Miguel Ángel Romero, la Dirección de Planeamiento y Comercialización había sido facultada para adaptar la oferta tecnológica del INTI bajo los nuevos criterios.
POLITICA
La Plata: choferes de aplicaciones harán una caravana para exigir una ordenanza que regule la actividad
Los choferes que trabajan con aplicaciones de transporte en La Plata realizarán este miércoles una movilización para reclamar una regulación de la actividad y denunciar multas y secuestros de vehículos en medio de los controles municipales. La protesta fue convocada por la Asociación Civil Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (ACCAURA), que presentará petitorios al intendente Julio Alak y al Concejo Deliberante.
La concentración comenzará a las 9, en 120 y 34. Desde allí, a las 10, partirá una caravana hacia la Municipalidad de La Plata, donde la organización también entregará los puntos básicos y considerandos de un proyecto de regulación en el que está trabajando.
Según ACCAURA, en las últimas semanas se profundizaron los controles sobre los conductores que trabajan mediante plataformas digitales. La entidad sostuvo que las sanciones recaen sobre los choferes en un contexto en el que la actividad todavía no cuenta con un marco regulatorio específico.
“No se puede seguir persiguiendo a quienes trabajan todos los días. Los controles terminan castigando al conductor, no a las empresas ni a la falta de regulación. Una vez más, el hilo se corta por lo más fino”, señalaron desde la organización.
El reclamo por una ordenanza y una mesa de diálogo
La entidad pedirá el tratamiento de una ordenanza para regular el transporte de pasajeros mediante aplicaciones digitales y propondrá la creación de una mesa de diálogo “abierta y permanente” con el Municipio y el Concejo Deliberante.
Entre los principales reclamos figuran una solución “urgente” frente a las multas y secuestros de vehículos, además de un marco normativo que reconozca la actividad y establezca condiciones de seguridad tanto para trabajadores como para usuarios.
Desde ACCAURA aseguraron que el servicio ya tiene un peso significativo en la economía local y remarcaron que miles de familias dependen de esa actividad como fuente de ingresos.
“No se puede seguir considerando ilegal una actividad comercial y laboral que ya generó un ecosistema económico propio. La realidad existe: miles de familias viven de este trabajo y cientos de miles de usuarios lo eligen. Lo que falta es una decisión política para regular, ordenar y garantizar seguridad para trabajadores y pasajeros”, remarcaron.
La organización estimó que más de 10.000 conductores trabajan con plataformas digitales en la Región Capital bonaerense y sostuvo que el servicio es utilizado diariamente por miles de vecinos como alternativa al transporte público.
Con la movilización, ACCAURA buscará visibilizar un conflicto que, según planteó la entidad, “ya no puede seguir siendo ignorado” por las autoridades locales. El eje del reclamo estará puesto en la necesidad de avanzar con marco regulatorio para ese tipo de transporte de la capital bonaerense, donde la actividad funciona desde hace años sin normas específicas.
La Plata, Julio Alak, choferes, apps
POLITICA
Crisis en Bolivia: el Congreso autorizó a Rodrigo Paz a desplegar las Fuerzas Armadas y declarar el estado de emergencia
LA PAZ.- El Congreso de Bolivia autorizó este martes al presidente Rodrigo Paz a desplegar las Fuerzas Armadas en las calles del país y le otorgó la facultad de declarar el estado de emergencia en medio de la crisis social y los bloqueos de carreteras que azotan al país del Altiplano.
La medida fue aprobada por la Cámara de Diputados, donde se abrogó la Ley 1341, que regula los Estados de excepción, y pasó al poder Ejecutivo para su promulgación.
El Poder Legislativo tomó esta decisión en el inicio de la cuarta semana de protestas impulsadas por sindicatos mineros, campesinos y organizaciones vecinales en rechazo de la política económica liberal del Gobierno.
Además, exigen aumentos salariales y responsabilizan a la administración de Paz por la distribución de combustible de mala calidad que, según denunciaron, dañó miles de vehículos.
La norma recibió el apoyo de dos tercios de la Cámara baja, que sesionó de manera virtual. En las consideraciones, antes de la votación, cada diputado tuvo un media hora para justificar su voto, que fue nominal. Cada legislador expuso sus criterios respecto a la norma, tanto a favor como en contra.
Según informó el medio boliviano El Deber, la Cámara de Diputados se constituyó en cámara revisora ya que el Senado había dado el visto bueno del proyecto el pasado 24 de mayo.
Manolo Rojas, diputado del bloque del Partido Demócrata Cristiano (PDC), defendió la eliminación de la norma y sostuvo que el país atraviesa un momento de alta conflictividad que requiere una respuesta más firme del Estado.
“La protesta y la huelga están garantizadas. Dejemos de ser tibios. No podemos tolerar este tipo de actos violentos ni que un militar o un policía sea golpeado. No podemos tolerar que maten a jóvenes”, declaró el legislador luego de la votación.
A partir de la reconstrucción consignada por El Deber, la mayoría de los discursos de los diputados apuntaron a responsabilizar al expresidente Evo Morales como el principal articulador de la crisis que vive el país. Varios de los legisladores pidieron que, al margen de la ley, se defina de una vez la aprehensión del exmandatario.
Rojas también cuestionó las limitaciones que, a su criterio, impone la Ley 1341 al Poder Ejecutivo. “La ley 1341 fue creada para quitarle prerrogativas constitucionales a nuestro presidente”, afirmó. “¿Cómo quieren que los paceños reaccionemos a conductas de violencia? ¿Con florcitas, con pañuelitos blancos? No.”, remató en clara alusión a los sectores movilizados.
Por último, el legislador redobló la apuesta y sentenció: “Aquí hay dos facciones: el pueblo boliviano y los terroristas”.
El proyecto aprobado este martes apuntaba a derogar la denominada “ley Eva Copa”, aprobada durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Esa normativa reglamentaba artículos de la Constitución vinculados al estado de excepción y establecía límites al uso de las Fuerzas Armadas en conflictos internos.
Como consecuencia del estado de crisis profunda en que se encuentra Bolivia, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, expresó su preocupación y consideró lo que viene sucediendo en aquel país como acciones orientadas a desestabilizar el gobierno del presidente Paz.
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