POLITICA
La chicana de Patricia Bullrich a Jorge Macri por la gestión de los piquetes en la Ciudad

La senadora Patricia Bullrich sigue en modo campaña y posicionándose como la principal candidata a jefa de Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones de 2027. En este marco, en las últimas semanas encabezó un raid de críticas a la administración de Jorge Macri en las que apuntó contra el estado de los subtes, el mantenimiento y, ahora, la gestión de los piquetes y cortes de calles en la Ciudad.
La también exministra de Seguridad y exmiembro de Pro, partido que lidera Mauricio Macri, compartió una imagen de un cartel publicitario del gobierno porteño en el que celebraban una “Ciudad sin piquetes” con un antes y después de una calle ocupada.
“Gracias por el reconocimiento. Justo esa avenida vivía cortada hasta que implementamos el Protocolo Antipiquete y cortamos el curro de los gerentes de la pobreza. Decisión desde el día 1 del Presidente», escribió Bullrich junto a la fotografía en su cuenta de X.
“PD: ese Ley y Orden me suena, lo buscaré en mis tuits viejos”, deslizó para cerrar el posteo, en alusión al comentario que solía hacer cuando estaba a cargo de la cartera de Seguridad.
Mientras la figura del jefe de Gabinete Manuel Adorni—otro de los que aparecía como potencial candidato de LLA—se debilita en medio del escándalo por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Bullrich comienza a ubicarse en la carrera contra Pro y el kirchnerismo.
La semana pasada ya se había referido a la “falta de inversión” en el transporte público en el territorio porteño y a la necesidad de más líneas que conecten los distintos barrios. “Los subtes nos pasaron por arriba. Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener subte, allá por 1913. Y 113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión“, lamentó en un posteo de X.
Esta había sido la segunda vez en menos de un mes que Bullrich —quien fue miembro de Pro y candidata a presidente por el partido— hacía alusión a la gestión amarilla en la Ciudad. Días antes, tras su encuentro con el alcalde de Santiago de Chile, Mario Desbordes, elogió la gestión en el país vecino y también aprovechó para cuestionar la administración de Macri.
“El orden, la seguridad y la gestión eficiente son la base obligatoria de una ciudad que crece», escribió la funcionaria en su cuenta de X junto a una fotografía en la que se la podía ver sentada de visita en la capital chilena.
El jefe de Gobierno porteño le respondió a la senadora luego de que cuestionara el estado del subte de la ciudad de Buenos Aires. “Hola senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!”, respondió Macri en X, en una crítica a su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta.
En ese sentido, el jefe de Gobierno remarcó que el subte es una “prioridad” para su administración y enumeró las acciones que tomó la administración porteña en ese ámbito. “Ya licitamos la Línea F, la primera en 25 años. Compramos 174 coches para renovar toda la Línea B, que no hace falta ni que te diga en qué estado la recibimos, y 50 más para las Líneas A y C. Todos 0KM”, precisó.
Sin embargo, sobre el mensaje irónico por los piquetes aún no se pronunció.
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POLITICA
Abel Furlán apuntó contra el Gobierno y los empresarios por la intervención de la UOM: “Hay una clara persecución”

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán acusó a los jueces laboralistas que ordenaron la intervención del sindicato de recibir “incentivos económicos y políticos”, en medio del conflicto entre el gremio y el Gobierno por la política de “desindustrialización”.
Durante una entrevista en el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Furlán señaló que detrás del fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se esconde una intromisión política para presionar al movimiento sindical.
“Acá hay empresarios y está el Gobierno por una sencilla razón: lo que está en disputa es el salario. Este gobierno pulverizó el poder adquisitivo, no solo de los trabajadores metalúrgicos, sino de todos los trabajadores de la industria”, señaló Furlan, que continuó: “Acá hay incentivos políticos y económicos. Son el mismo tribunal que echó por tierra con la cautelar de la CGT (contra la reforma laboral), poniendo en vigencia nuevamente una ley totalmente regresiva”.
“Nunca pensamos que en la UOM iba a suceder una intervención en democracia con los mismos contenidos que en dictadura. Para nosotros, esto es parte del proceso de desindustrialización”, afirmó Furlán. Y remarcó: “No tenemos duda que hay una clara persecución, porque quieren dejar en claro una medida ejemplificadora para que nadie más se atreva a disputar estas cuestiones”.
El viernes pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la elección nacional de la UOM y dispuso la intervención del gremio por 180 días. Así lo definieron los jueces Víctor Pesino y María Dora González, al apartar de su cargo a Abel Furlán, quien había sido reelecto, y ordenaron que se realicen nuevos comicios.
El fallo también declaró nulas las elecciones en la seccional Campana, origen de la disputa iniciada por la opositora Lista Naranja, que denunció irregularidades en el proceso electoral del 2 al 4 de marzo de 2026. Según la resolución, los comicios de la seccional y los nacionales celebrados el 18 de marzo eran “inescindibles”, por lo que la nulidad de la primera arrastró la de la segunda.
En un repaso sobre el conflicto, Furlán responsabilizó a la lista opositora, que caracterizó como afín al Grupo Techint, de obstaculizar el proceso electoral en el día de la elección. “La lista opositora robó y rompió urnas dentro de Tenaris Siderca. La Junta Electoral (de la seccional Campana) suspendió el proceso, y trasladó la votación a la sede sindical para garantizar su transparencia”.
Fue a partir de esa mudanza de las urnas sobre la cuál la oposición gremial judicializó e impugnó la elección. Según el dirigente, la lista oficialista de la seccional Campana se impuso por “2 mil votos contra 250 votos de la Lista Naranja”.
Una vez realizada las elecciones en todas las seccionales, el sindicato realizó el Congreso de autoridades para definir la nueva conducción. Fue en ese marco que la Justicia laboral “sacó una cautelar suspendiendo” el acto comicial. “Nosotros no fuimos notificados en tiempo y forma y, al no estar notificados, realizamos el congreso electoral igualmente. Fui elegido de manera unánime, con más del 80% de los votos”, describió.
Tras esa medida, Furlán cuestionó el fallo porque omitió una resolución por vía interna, a nivel del sindicato. “Hay un fallo de la Corte muy claro, donde se dice que si las organizaciones sindicales tienen instrumento para resolver los diferendos internos, debe privilegiarse que se resuelva por la vía asociacional, y no por la vía de intromisión del Estado”, describió.
“El precedente que dejan con la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica es gravísimo. No pueden interferir una organización que tiene 53 seccionales por la denuncia de una irregularidad en una sola. Cuando la organización tiene instrumentos para resolverlo en el marco estatutario”.
Sin embargo, aclaró que “el fallo no está firme”. “Ayer se ha reunido el Consejo Directivo de la UOM, al que no le afecta la resolución, que rechazó la resolución u nombró a Daniel Da Porta como delegado normalizador para resolver la cuestión de acefalía que produce la Cámara (laboral)”, explicó. “De verdad, el problema lo tengo en mi seccional y estoy dispuesto a ir a nuevamente a una elección”, aclaró.
El impacto político de la intervención

Ayer, la sede del gremio fue epicentro de un abrazo simbólico convocado por la UOM y respaldado por otros sindicatos. Los manifestantes exigieron el cese inmediato de la intervención y la restitución de las autoridades electas.
Según el dirigente sindical, su gremio es uno de los que más confrontan contra el impacto de las políticas del Gobierno sobre el empleo. De hecho, integra el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), que abarca a las dos CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Aceiteros, Papeleros, la Federación de Camioneros, SOMU, SUTNA, CONADU, Federación de la Carne y Metrodelegados, entre otros.
“Desde que Milei asumió el gobierno, la UOM perdió veinticinco mil puestos de trabajo. Es el resultado de la política de desindustrialización y ajuste sobre el salario”, señaló.
Para Furlán, la decisión judicial también responde a intereses empresariales concretos: “En Campana, la lista opositora fue propuesta por la patronal, Tenaris Siderca, que es el grupo Techint. Hace dos años que no podemos acordar paritaria porque pretenden que firmemos a la baja por debajo de lo que anuncia el INDEC. Hoy, el secretario de Trabajo es Julio Cordero, hombre del Grupo Techint”.

Las diferencias internas en la CGT
El referente metalúrgico también se refirió a la falta de reacción de la CGT frente a la situación política, y señaló que si bien en la central “conviven distintos puntos de vista y tenemos diferencias”, la organización “no puede seguir inactiva” y tiene que plantear un plan de lucha.
“Uno siempre trata de privilegiar la unidad en cuando hay este tipo de políticas que tienden a someter a propios y extraños. Este no es un avance solo frente a la UOM. El otro día participé de un hecho solidario con los compañeros del Subte por la denuncia penal que les hicieron por un plan de lucha. A la Unión Ferroviaria, del compañero (Omar) Maturano, le acaban de sancionar con una multa de 21.000 millones por haber adherido al paro de la CGT”, enumeró.
“Hay claramente -continuó- una intencionalidad de perseguir a quienes levantamos la voz en contra de este modelo de ajuste y de sometimiento. Entonces, esa situación hace de que tengamos diferencias sin dudas”. Y se preguntó: “¿Qué más tiene que suceder en la Argentina para que los trabajadores nos demos cuenta que somos los convidados de piedra de este proceso político?”.

“Este presidente llegó a decir que quienes defienden la industria nacional son chorros. Nosotros representamos uno de los gremios más representativos del mundo industrial, no podemos estar ausentes en la discusión política sobre el modelo de desarrollo para nuestro país”, concluyó.
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POLITICA
Dólar blue: rechazaron la unificación de las causas y ahora definirá la Cámara Federal

La puja por la investigación del “rulo financiero” no cede. El juez Daniel Rafecas, que reemplaza a la jueza María Servini hasta este viernes, rechazó la unificación de las causas por el doblar blue. De esta manera, ahora la Cámara Federal debería definir si se anexan las causas.
Ante un planteo de inhibitoria que había hecho el juez Ariel Lijo cuando se levantó el secreto de sumario, Rafecas contestó que las dos causas tiene objetos de investigación diferentes, aunque compartan algunos de los imputados. “De la lectura del objeto procesal de ambos legajos, no encuentro que deban tener –al menos en este estadio inicial por el que están transitando– un trámite conjunto, ni que guarden relación uno con el otro, ya que claramente se advierten diferentes objetos procesales, tal como lo expresara una de las partes», sostuvo la jueza federal en un fallo al que tuvo acceso .
Hace dos semanas, Servini había ordenado un embargo hasta cubrir $859.516 millones sobre los financistas y casas de cambio investigados. En esa misma resolución, la jueza le puso por primera vez un número al presunto perjuicio al Estado por el circuito del dólar blue durante la gestión de Alberto Fernández: US$607 millones. Ese monto surge de las extracciones en efectivo que habrían terminado en el mercado paralelo.
En ese expediente están bajo la mira las operaciones de Mega Latina, Gallo Cambios, Arg Exchange, Stema Cambios y Ars Cambios, entre otras casas de cambio.
El caso de Mega Latina es emblemático. Esa casa de cambio vendió US$466 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023, previo a la denominada normativa “anti blue”. Detrás de esa entidad aparecen Juan Ignacio Agra y la contadora Valeria Fernández, dos nombre que se repiten en otros expedientes.
Arg Exchange, de Elías Piccirillo y Martín Migueles, compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar entre enero y diciembre de ese año. Era un “pasamanos” que no encendió las alertas de las autoridades del BCRA de ese momento. “Esa situación constituye una alerta que no podía ser ignorada por la entidad, puesto que implicó su participación en un ‘pase de manos’ de pesos y dólares sin justificación económica aparente”, se puede leer en uno de los sumarios que se activaron el año pasado.
Varias de las “cuevas” y de los financistas se repiten en la causa que tiene delegada el fiscal Franco Picardi. En este expediente se investiga la maniobra del dólar blue, que llegó a dejar ganancias del 100% en la época de cepo, y la posible connivencia con funcionarios del Banco Central. Por ahora son funcionarios de segunda línea.
Recién en 2025, esa entidad comenzó a cerrar sus primeros sumarios. Esas investigaciones dan cuenta de un circuito que movió al menos US$900 millones.
La causa luego incorporó el “circuito paralelo” para autorizar importaciones mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Los chats y audios que surgieron del teléfono de Migueles, exsocio de Piccirillo, reflejan una supuesta intermediación con “la gente de adentro” para obtener un rédito de entre el 10 y el 15% de las importaciones.
Picardi pidió identificar a los funcionarios que intervinieron en una serie de operaciones sospechosas dentro de la Secretaría de Comercio, la exAFIP y el Banco Central, por entonces comandadas por Matías Tombolini, Carlos Castagneto y Miguel Ángel Pesce, respectivamente. Todavía no hubo respuestas.
La causa lleva casi un año: comenzó en julio del año pasado a partir de unos audios encontrados en un pen drive aportado por Carlos “El Lobo” Smith, un expolicía que trabajaba para Piccirillo y terminó declarando como “arrepentido”. En ese pen drive había conversaciones de Piccirillo con Francisco Hauque y con una funcionaria del Banco Central, Romina García, que hablaba de funcionarios “entongados”.
García, la única que se negó a aportar a la Justicia la clave de su teléfono, declaró luego en un sumario interno del BCRA que dijo esa frase porque estaba “nerviosa”.
Al momento de impulsar la inhibitoria, el fiscal Picardi dijo que su causa estaba más avanzada que la de Servini por la cantidad de allanamientos realizados. En esos procedimientos, se incautaron 30 teléfonos que ahora están siendo peritados.
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POLITICA
El Gobierno espera que Manuel Adorni presente su declaración jurada y se resigna ante una eventual citación judicial

El Gobierno espera que Manuel Adorni presente su declaración jurada los primeros días de la semana que viene y se resigna a una citación judicial al jefe de Gabinete. En el Ejecutivo creen que la documentación puede “aclarar el panorama” frente a las acusaciones por su patrimonio y por los expedientes abiertos en Comodoro Py, aunque ya admiten que una convocatoria de la Justicia es un escenario probable.
En la Casa Rosada reconocen que “la imagen va a ser fuerte” si el ministro coordinador debe presentarse en tribunales, pero intentan encuadrar ese paso como parte esperable del proceso. En ese caso, cerca del funcionario sostienen que presentará un escrito y se irá. “Es esperable”, expresan en Nación sobre la posibilidad de que la Justicia avance con una citación.
El tramo más inmediato del expediente está vinculado al viaje a Punta del Este que Adorni realizó en un avión privado durante el fin de semana largo de Carnaval. La investigación apunta a determinar quién pagó los vuelos y cuál fue el vínculo del funcionario con el productor televisivo Marcelo Grandío, titular de Imhouse, una firma con contratos de coproducción con la TV Pública.
Ese expediente corre en paralelo a otra línea de investigación sobre el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete. Allí se analizan operaciones inmobiliarias, refacciones, gastos en dólares, viajes y movimientos bancarios del matrimonio. En el oficialismo separan ambos frentes y analizan las magnitudes de avances por distintas vías.
En el Gobierno insisten además en que Adorni tiene cómo justificar su patrimonio. Según explican en el oficialismo, el funcionario apelará a una herencia de su padre y a ingresos previos de su esposa para respaldar parte de los fondos bajo análisis. “Él tiene forma de justificarlo todo”, sostienen cerca del ministro coordinador.
El dato interno es que Adorni sólo les mostró sus papeles a Javier Milei y a Karina Milei. Ambos lo respaldaron. El resto de los integrantes del Gabinete no vio los detalles de la documentación ni de las explicaciones patrimoniales. Pese a eso, buscan mostrar un respaldo político cerrado al ministro coordinador.
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Los ministros tampoco tienen previsto adelantar la presentación de sus declaraciones juradas. En Nación aseguran que esperarán a que lo haga primero Adorni, a diferencia de Patricia Bullrich, que la semana pasada decidió anticipar la suya en medio de la presión pública sobre el jefe de Gabinete. En sectores del oficialismo leyeron ese gesto como una señal de autonomía y como una presión indirecta sobre el funcionario.
La situación judicial de Adorni también generó cuestionamientos internos contra el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, por los avances de las causas y por la relación del Gobierno con Comodoro Py. En Balcarce 50 intentan bajarle el tono a esa discusión, pero reconocen que el expediente se transformó en una fuente de tensión política dentro de la administración libertaria.
El Gobierno busca avanzar en paralelo con el tratamiento de pliegos judiciales en el Senado. En Nación consideran que esa agenda puede ayudar a recomponer contactos con un sector de Comodoro Py y ordenar vínculos con el Poder Judicial, en un momento en el que los expedientes sobre funcionarios y dirigentes del oficialismo ganaron centralidad política.
La apuesta del Ejecutivo es que la declaración jurada le permita a Adorni recuperar iniciativa discursiva después de semanas a la defensiva. En Nación creen que la documentación puede servir como punto de inflexión para responder las acusaciones, ordenar el mensaje público y reducir el impacto político de las investigaciones.
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El caso se da además después de varios días en los que la agenda oficial quedó copada por la interna entre Santiago Caputo y Martín Menem. En la Casa Rosada reconocen que esa disputa desplazó los anuncios de gestión y complicó el intento de mostrar orden después del envío de proyectos al Congreso y del avance de la agenda legislativa.
En Balcarce 50 también esperan que el Mundial empiece a ocupar buena parte de la conversación pública en las próximas semanas. La estrategia oficial es llegar a ese tramo con Adorni ordenado en el plano patrimonial, con el Congreso en movimiento y con menos ruido interno. Por ahora, en el oficialismo se preparan para la presentación de la declaración jurada del jefe de gabinete durante la semana que viene y se resignan ante una eventual citación judicial.
Gobierno, Manuel Adorni, declaración jurada
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