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El acuerdo con EE.UU. y el riesgo de pensar el Mar Argentino como un bien común global

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El anuncio de una carta de intención entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur pone de manifiesto una serie de cuestiones que exceden ampliamente la cooperación técnica en materia de vigilancia marítima. Más que la incorporación de equipamiento o capacidades de monitoreo, lo que está en discusión es el marco geopolítico desde el cual el gobierno nacional piensa la inserción internacional de la Argentina y, particularmente, la manera en que concibe al Atlántico Sur, sus espacios marítimos y el ejercicio soberano sobre ellos.

No es un dato menor que esta carta de intención, cuyo contenido completo aún no fue publicado, haya sido anunciada primero por la embajada de los Estados Unidos y recién después por el propio gobierno argentino. La falta de transparencia resulta especialmente preocupante en este tipo de iniciativas vinculadas con áreas sensibles y mecanismos de coordinación con una potencia militar extranjera.

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Sin embargo, el punto más delicado aparece en el programa “Protecting Global Commons” bajo el cual se enmarca este acuerdo. La noción de “bienes comunes globales” suele utilizarse para referirse a espacios que no se encuentran bajo soberanía exclusiva de ningún Estado como la alta mar, la atmósfera, el espacio ultraterrestre o el ciberespacio. Lejos de ser un concepto neutral o cerrado, su utilización está atravesada por disputas geopolíticas. En este sentido, resulta sumamente riesgoso extender de manera difusa esa lógica hacia áreas de jurisdicción nacional como el Mar Argentino, la Zona Económica Exclusiva y la plataforma continental porque confundir esos planos implica, básicamente, relativizar nuestros derechos soberanos.

El Atlántico Sur ocupa un lugar cada vez más relevante en la disputa geopolítica. Allí convergen recursos pesqueros y minerales estratégicos, un enorme potencial energético, la conexión con la Antártida y la disputa de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, de ahí que cualquier esquema de vigilancia o cooperación impulsado por una potencia extranjera difícilmente pueda interpretarse como una asistencia técnica neutral.

Al ser la política de defensa subsidiaria de la política exterior, el acuerdo anunciado no puede analizarse por fuera del escenario internacional. La tercera década del siglo XXI transita una creciente inestabilidad marcada por la transición hacia un orden multipolar, el declive relativo de la hegemonía estadounidense y las consecuentes disputas tecnológicas, económicas y militares por recursos estratégicos, rutas comerciales y capacidad de proyección global. En este contexto, el alineamiento automático del gobierno nacional con los Estados Unidos no hace más que reducir los márgenes de autonomía estratégica de la Argentina.

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Ni la política exterior ni la de defensa pueden construirse a partir de la subordinación a intereses ajenos. Nuestro país necesita recuperar capacidades logísticas, marítimas, industriales, científicas y tecnológicas para sostener una estrategia soberana a largo plazo. Para ello resulta fundamental impulsar una política exterior orientada al interés nacional, basada en un no alineamiento activo y en el fomento de la integración regional como herramienta para defender nuestros recursos estratégicos y ampliar márgenes de autonomía. En un escenario internacional atravesado por una creciente conflictividad y crisis recurrentes, desarrollar capacidades propias resulta indispensable para evitar nuevas formas de vulnerabilidad frente a la inestabilidad.

La utilización ambigua de conceptos como el de “bienes comunes globales” habilita interpretaciones que pueden relativizar derechos soberanos e introducir nuevas formas de dependencia sobre áreas sensibles. La cooperación internacional resulta necesaria, aunque deja de ser conveniente cuando se inserta dentro de esquemas de vigilancia, control e influencia impulsados por potencias extranjeras en disputa por recursos, rutas marítimas y capacidad de proyección geopolítica.

El Atlántico Sur, la Patagonia y la Antártida constituyen espacios centrales para la soberanía y para cualquier proyecto de desarrollo nacional en el siglo XXI. Si la soberanía se define por la capacidad efectiva que tiene un Estado para conocer, controlar y decidir sobre sus espacios y recursos estratégicos, la Argentina necesita fortalecer su autonomía estratégica, consolidar capacidades propias y sostener una política exterior y de defensa orientadas por un interés nacional que no se encuentre definido por la subordinación a agendas extranjeras.

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El autor fue ministro de Defensa y canciller. Actualmente es diputado nacional.




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POLITICA

Intendentes y dirigentes afines a Kicillof presionan con medidas para frenar cambios a la ley de Zona Fría

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Tras la aprobación en Diputados a los cambios al régimen tarifario del gas conocido como Zona Fría, algunos dirigentes peronistas de distritos donde se aplica dicha discriminación tarifaria empezaron a tejer distintas estratagias con el objetivo de torcer la voluntad del Senado. Este miércoles, un grupo cuya mayoría responde al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, protagonizó una reunión en el distrito de Villa Gesell, en la que acordaron distintas acciones para instalar el tema y se acordó conformar una “red de ciudades en Defensa de la Zona Fría”. También hubo presencia del Frente Renovador de Sergio Massa, con la diputada nacional Jimena López, oriunda de Necochea.

La legisladora nacional consignó en ese encuentro que “el sentido de la Zona Fría es que nosotros -los distritos bonaerenses a los que alcanza el esquema ampliado de tarifa espacial- tenemos más días de frío y consumimos más metros cúbicos de gas. Mientras que un vecino de la CABA tiene mayores consumos durante casi 3 meses, nosotros podemos consumir esa misma cantidad durante 8 o 9 meses”.

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Más allá del encuentro, las miradas se posan sobre el futuro inmediato y la votación en el Senado del proyecto que elimina el régimen de Zona Fría en distintas provincias e impacta en 94 distritos en la provincia de Buenos Aires, que fueron incluidos en este grupo con la modificación hecha a la ley en 2021, por impulso del diputado nacional Máximo Kirchner. Ahora, de aprobarse los cambios en el régimen de Zona Fría, solo Carmen de Patagones quedará bajo este esquema. Grandes distritos del interior bonaerense como Bahía Blanca, Mar del Plata, Olavarría, Tandil, Azul, Pergamino o San Nicolás, entre otros, volverán al esquema tarifario regular con las excepciones subsidiarias que alcanzan a quienes perciban ingresos iguales o menores a tres veces el valor de la Canasta Básica Total para un “hogar tipo 2”, de acuerdo con el cálculo realizado por el Indec. En abril de este año, esto representa un monto mensual de $4,4 millones. Según estimaciones, cerca de 1 millón setecientos mil usuarios en todo el país perderían el beneficio si la iniciativa se aprueba en el Senado. El gobierno nacional habla de un ahorro fiscal de $ 272.000 millones. Actualmente, en la provincia de Buenos Aires hay 1.317.340 usuario alcanzados por el régimen tarifario.

En este esquema, concejales del peronismo y algunos intendentes empezaron a generar acciones. Tras la reunión de este miércoles, se acordó hacer una campaña de recolección de firmas en los distritos afectados. En principio, en los de la Quinta sección electoral, donde hay grandes conglomerados, principalmente en General Pueyrredón (Mar del Plata) o Tandil. Con ese material, más presentaciones ante el Defensor del Pueblo bonaerense, buscarán ver a los tres senadores nacionales que representan a la provincia de Buenos Aires. Se trata de Eduardo De Pedro y Juliana Di Tullio, por Fuerza Patria, ambos referenciados en Cristina Kirchner y en el radical Maximiliano Abad.

El intendente de Gesell, Gustavo Barrera; la diputada nacional, Jimena López; el concejal y ex intendente de General Pueyrredón (Mar del Plata), Gustavo Pulti

“Propongamos que el consejo deliberante de cada una de nuestras ciudades cree su pertenencia a una red de ciudades en defensa de la Zona Fría, presentemos proyectos de resolución en todos los consejos deliberantes para dirigirnos a los ciento treinta y cinco municipios de la provincia de Buenos Aires”, planteó en ese encuentro el ex intendente y actual concejal de Mar del Plata, Gustavo Pulti; un dirigente que responde directamente a Kicillof.

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En ese marco, el referente del MDF dijo: “Dirijámonos a los senadores y las senadoras con nombre y apellido y pidámosle que activen en defensa de los intereses de la provincia de Buenos Aires, de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires. Y si tienen alguna duda, le pueden preguntar a Jimena -López- cómo se defiende. Ella sabe hacerlo, se los va a explicar. Queda cerquita una cámara de la otra. Y también queda cerca es una ciudad de la otra y quedan cerca los domicilios nuestros, unos de otros, de los senadores y senadoras de la provincia de Buenos Aires”. Las palabras de Pulti tenían como destinatario implícito al también marplatense Maxi Abad.

El radicalismo bonaerense tomó distancia de los cambios al régimen de Zona Fría que aprobó Diputados la semana pasada. Por caso, el presidente del bloque UCR-Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena, marcó posición: “La decisión de eliminar el régimen de Zona Fría tiene un solo resultado: millones de hogares de la provincia de Buenos Aires van a pagar más por el gas que necesitan para calefaccionar sus hogares en invierno. No es una adecuación tarifaria. Es un ajuste que golpea a muchas familias bonaerenses y de otras muchas provincias argentinas”, planteó y también envió un mensaje a los senadores nacionales al plantear que “deben evitar la sanción de esta ley y mantener el subsidio”, ya que -según considera- “no es una cuestión técnica ni tarifaria. Es una decisión política que recae sobre quienes menos margen tienen para absorber un aumento”. Garciarena se mueve en tándem con Abad.

El senador nacional, Maximiliano Abad, junto al diputado provincial, Diego Garciarena y la senadora Nerina Neumann

Concejales e intendentes anunciaron que harán un “frazadazo” cuando la ley se discuta en el Senado. El intendente de Villa Gesell, el axelista Gustavo Barrera, advirtió que el distrito que gobierna cuenta con alrededor de 12 mil medidores de gas y que actualmente más de 7 mil hogares presentan problemas para pagar, con deudas y avisos de corte. “Si a esto se le suma un incremento mayor a la tarifa, va a ser catastrófico. La situación es realmente preocupante. Hay aumentos constantes y muchas familias ya no llegan. Por eso creemos que tiene que haber la fuerza necesaria para que esta quita, que ya tiene media sanción, no se apruebe en el Senado”, señaló.

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Días atrás, Kicillof también se refirió al tema y habló desde la localidad de Tornquist al respecto. Con un video al aire libre aseguró: “Son las nueve de la mañana, estamos en Tornquist, provincia de Buenos Aires, y está haciendo cuatro grados, fin de mayo, y así en buena parte del territorio y así marcan las estadísticas. El gobierno de Milei quiere quitar la Zona Fría de la provincia de Buenos Aires y de todo el país a más de tres millones de hogares”, lo que afectaría a “aproximadamente un millón trescientos mil hogares” bonaerenses, es decir, “cinco millones de personas”.

El video recibió distintos comentarios. El diputado nacional por el PRO y ex intendente de Pinamar, Martín Yeza, describió: “Con cuatro grados, Néstor Kirchner estaría en musculosa”. Yeza votó a favor de los cambios a la tarifa de la Zona Fría. Explicó que “van a seguir gozando de los beneficios del sistema las personas que perciban hasta 3 canastas básicas por mes, lo que equivale a 4.4 millones de pesos mensuales”, considerando que “la gran mayoría de jubilados y de trabajadores mantendrían el beneficio”. Además, de “las personas inscriptas en el RENABAP; los veteranos de Malvinas y las personas que tengan un integrante de la familia con un familiar con discapacidad”. Su votación generó algunos cruces en redes entre él y el jefe comunal gesllino.

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Sáenz insiste: el gobernador de Salta reclamó a Caputo por obras incumplidas y provisión de gas

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El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a reclamar este miércoles al gobierno nacional por compromisos incumplidos para obras. Después de haber sido recibido el 6 de mayo por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario provincial se reunió en esta oportunidad con el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Le planteé nuevamente el cumplimiento de los compromisos asumidos con los salteños y la demora en los pagos a las empresas para que continúen obras estratégicas para el desarrollo de Salta”, explicó Sáenz desde sus redes sociales.

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El mandatario salteño señaló que “se trata de proyectos fundamentales como las plantas depuradoras de Salta y Cafayate, rutas nacionales, la Ciudad Judicial de Orán y nuevas escuelas”.

“En muchos casos, la provincia viene sosteniendo con recursos propios obras que corresponden a Nación para evitar que se frenen”, advirtió.

Gas

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El mandatario provincial señaló que también pidió “previsibilidad en el abastecimiento de gas para Salta y la región”, al advertir que “cada invierno se sufren problemas que afectan a las familias y al sector productivo e industrial”.

“Además, planteé la incorporación de nuevos departamentos salteños al régimen de Zonas Cálidas para ampliar los subsidios energéticos a más salteños”, añadió, una semana después de que el Gobierno lograra aprobar en la Cámara de Diputados una limitación de las denominadas “zonas frías” para recortar subsidios a la provisión de gas natural en 11 provincias.

Resultó afirmativa la votación en general del proyecto denominado Zonas FríasCaptura Transmisión Cámara de Diputados

Como señaló , la estrategia para reunir los apoyos de los gobernadores consistió en la promesa del Poder Ejecutivo de compensar el recorte del subsidio al gas con beneficios sobre la tarifa eléctrica en las jurisdicciones de altas temperaturas y exenciones impositivas por “zona cálida” a Chaco, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca y Santa Fe. Salta completa esa lista.

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Otra reunión

Sáenz también se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, en una serie de encuentros que el Gobierno nacional atribuye a una agenda destinada a “fortalecer el trabajo articulado entre Nación y las provincias”.

Sáenz, con Santilli y ‘Lule’ Menem

Y otros reclamos

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A principios de mes, Sáenz había llevado a la Casa Rosada el reclamó por “obras y rutas” a las que el Poder Ejecutivo nacional se había comprometido.

El gobernador peronista, de buen vínculo con el gobierno de Javier Milei, planteó en esa oportunidad la necesidad de la continuar con “obras fundamentales para la provincia como la Ruta Nacional 51 y el puente sobre el río Vaqueros”.

También destacó la firma de un convenio para “recuperar el tramo de la Ruta Nacional 9/34 entre Rosario de la Frontera y Metán, dando respuesta a una problemática de muchos años en el sur de Salta”.

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Gustavo Sáenz,haber sido recibido el 6 de mayo por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei,lograra aprobar en la Cámara de Diputados una limitación de las denominadas “zonas frías” para recortar subsidios a la provisión de gas natural en 11 provincias,señaló LA NACION,Gustavo Sáenz,Luis Caputo,Conforme a,,»Manos de manteca». La tropa digital de Santiago Caputo denunció un pacto con el kirchnerismo en La Matanza y apuntó a Pareja,,Dato oficial. Cayó la deuda del Estado con empresas y proveedores mientras el Gobierno se esfuerza para sostener el superávit fiscal,,YPF vende una de sus joyas. Cuatro grupos y un tapado pelean hasta último minuto para quedarse con uno de los negocios del año,Gustavo Sáenz,,A puro ritmo carioca. El llamativo baile del gobernador Gustavo Sáenz tras anunciar nuevos vuelos entre Salta y Río de Janeiro,,“No me voy a cansar de reclamar”. El gobernador salteño Sáenz llevó pedidos de obras a la Casa Rosada,,Entrevista. Gustavo Sáenz: “El peronismo tiene que ser de centro, ahora parece el Partido Obrero”

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Sueños Compartidos: Schoklender declaró que Aníbal Fernández financiaba un centro destinado a » hacer denuncias contra funcionarios del PRO»

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Sergio Schoklender, exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, amplió este miércoles su declaración indagatoria en el juicio oral por la causa “Sueños Compartidos”, que investiga presuntas irregularidades y un supuesto desvío de más de 200 millones de pesos en la construcción de viviendas sociales.

Durante la audiencia, Schoklender defendió el proyecto y afirmó que en su vida tuvo varias empresas: “Todo lo puse al servicio de este proyecto porque creo en él, sigo creyendo en él, porque era el único proyecto sano en medio de dos décadas infames de corrupción”, dijo.

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El exfuncionario también reveló que en la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo se había armado un “centro de investigación” que recibía un subsidio fijo gestionado por Aníbal Fernández, a través de Hebe de Bonafini, destinado a realizar “denuncias permanentes contra funcionarios del PRO”. Según Schoklender, esas denuncias las presentaba el abogado Eduardo Barcesat.

Intentaron asaltar a los custodios de Hebe de Bonafini. Foto: EFE.

Al respecto, detalló que Barcesat convenció a Bonafini de que transmitiera a Fernández la necesidad de recursos para “comenzar a realizar” estas denuncias. Entre las acciones judiciales impulsadas por el abogado figuran presentaciones contra Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Marcos Peña y Germán Garavano.

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Schoklender también se refirió a otras fuentes de financiamiento de la Fundación y habló de donaciones del exterior, aportes de figuras del espectáculo, festivales y contribuciones de Hugo Chávez, de las que admitió que “alguno se perdió en el camino”. Afirmó también que la organización funcionaba como “un aparato militante del kirchnerismo” por indicación de Bonafini.

Las críticas al perito de la Corte

En relación con las obras, sostuvo que la única que se suspendió fue en Almirante Brown “porque nos habían entregado un basural”, pero que luego se construyeron proyectos adicionales como un centro de salud en El Impenetrable, con casa para el encargado y espacio para helicóptero en emergencias.

En otro momento de su declaración, Schoklender criticó duramente al perito de la Corte Suprema, Francisco Guzmán, al afirmar que “da vergüenza ajena lo que escuchamos acá”. Según Schoklender, al consultar a las provincias le confirmaron que las viviendas “estaban todo funcionando”.

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El informe de Guzmán aseguró que en algunos lugares se entregaron viviendas que no estaban en condiciones de ser habitadas. Por ejemplo, describió que muchas familias se calentaban con un tacho de chapa y tomaban agua de otra casa en una de las inspecciones realizadas.

Por su parte, la perito contable María Eleonora Feser agregó que los libros contables presentados por la Fundación tenían asientos sin respaldo documental como facturas o comprobantes de transferencias. Guzmán.

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La causa Sueños Compartidos investiga el destino de sumas millonarias transferidas por el Estado a la Fundación para la construcción de viviendas sociales.

La acusación sostiene que se habrían desviado alrededor de 206 millones de pesos que no se destinaron a las obras, con un segundo tramo vinculado a presunto lavado de dinero a través de empresas de los hermanos Schoklender. El juicio oral comenzó en febrero de este año ante los jueces Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Ricardo Basílico.

Las claves del juicio

  • El juicio por la causa “Sueños Compartidos”, que está en curso, es por el presunto desvío de más de $200 millones de fondos públicos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales.
  • Los principales imputados son los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender; el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, son los principales imputados, señalados como responsables directos por “fraude a la administración pública”.
  • De Vido y López, junto al exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, son señalados como coautores. Mientras que los hermanos Schoklender están acusados de ser “partícipes necesarios”. En paralelo los empresarios y financistas Daniel y Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin son señalados como “partícipes secundarios”.

Sueños Compartidos, Sergio Schoklender, juicio

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