El link para ver el organigrama municipal está caído. Cuando se busca en Internet el apellido Ortizoga y aparecen documentos con cargos y designaciones, no se puede entrar.

Hasta el viernes, el nombre de Luna Suyai Ortigoza figuraba en documentos oficiales de Morón como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad. Tiene 27 años y está hoy acusada por narcotráfico y es intensamente buscada por las autoridades.

En el marco de una investigación que surgió por una denuncia anónima en Castelar, agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron de la casa de Ortigoza cerca de medio kilo de cocaína y la señalaron como parte de una organización dedicada a la venta de drogas.

Ortigoza fue desplazada del cargo el viernes pasado tras el hallazgo. La caída de la funcionaria de segunda línea del municipio gobernado por Lucas Ghi abrió una nueva arista: la de los vínculos familiares alrededor de la joven dirigente, cuyo apellido circula desde hace años en la estructura local.

Ghi, un intendente alineado con el PJ, aseguró ayer en TN que Luna Ortigoza fue nombrada en Morón por estar “formada y capacitada” y negó que su designación respondiera a militancia política. Además, dijo que ingresó a la municipalidad en la gestión anterior.

Sin embargo, la joven fue designada el 16 de junio de 2025 mediante el Decreto 1236/2025 con una carga de 48 horas semanales. El nombramiento fue firmado por el propio jefe comunal, que está en el cargo desde 2019, con un primer mandato previo, entre 2009 y 2015. La responsable directa de Ortigoza hasta su remoción era Laura De Peri, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad.

Mientras fiscales intentan determinar cuál era su rol dentro de la banda investigada, en Morón empezaron a reaparecer otros nombres, como el de Silvina Noemí Ortigoza, madre de Luna. Según supo , integró en 2023 listas vinculadas a Nuevo Encuentro, una fuerza aliada al kirchnerismo, y es actualmente directora de la Unidad de Gestión Comunitaria N°5 de Castelar sur. Está en planta permanente y tiene una carga horaria de 48 horas semanales.

Fuentes al tanto dijeron que no se “lleva muy bien” con su hija Luna. A pesar de esto, en medios locales bonaerenses, como Zona Norte Diario, circuló una versión de que la exfuncionaria está prófuga en la casa de su madre y que estaban esperando a que “se esclarezca todo”.

Otra familiar de Luna vinculada al municipio es su hermana, Betania Yael Milego, de 37 años. Es asesora de la senadora bonaerense Mónica Macha, una de las figuras históricas del espacio político en Morón.

La familia Ortigoza, especialmente la madre de la prófuga, está vinculada a Hernán Sabbatella, secretario Legal y Técnica de Ghi. En 2021, el funcionario fue denunciado por abuso sexual y entrega de estupefacientes por una exempleada municipal. En noviembre de ese año, la causa se archivó.

El año pasado, el caso volvió a cobrar relevancia porque la denunciante pidió que la Justicia revierta el archivo. Sabbatella y Ghi, que apoyan al gobernador Axel Kicillof en el liderazgo del peronismo, están enfrentados políticamente con el hermano de Hernán, Martín, el líder de Nuevo Encuentro, que quiere postularse a intendente en 2027.

Nuevo Encuentro expulsó a Hernán cuando el caso creció en los medios de comunicación. La entonces secretaria de Género de Ghi, Cinthia Frías, que lideraba el equipo de contención a la denunciante, le había pedido la renuncia a Hernán Sabbatella, sin éxito.

En el marco de la interna, en abril del año pasado, Ghi reformuló su gabinete. Desplazó a varios funcionarios, entre ellos a Frías, y en consecuencia asumió como secretaria Laura de Peri, que fue quien finalmente nombró a Luna Ortigoza en su área.

Hallazgo y búsqueda

La PFA encontró en el domicilio de la exfuncionaria medio ladrillo de cocaína por un peso total de 480 gramos, una bolsa con envoltorios de esa sustancia por un peso de 70 gramos, otros tres envoltorios con 15 gramos más y una balanza digital, además de dinero en efectivo, según pudo saber .

Por otro lado, la Justicia ordenó la captura de Ángel Daniel Paz, de 34 años, pareja de Ortigoza, que tiene domicilio en Pasaje Florit al 3600, en Castelar. A su vez, la Policía detuvo en otro procedimiento a Norberto Hernán Aliano (42), que enfrenta cargos por comercio y tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización.

La causa se abrió en marzo con una denuncia anónima por narcomenudeo. En ese marco, la Fiscalía N°9 de Morón, a cargo de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, dispuso una serie de tareas de campo a la Policía.

En los ocho procedimientos que se realizaron en total, en colaboración con la Policía Federal Argentina (PFA), se incautaron 1,7 kilos de cocaína, 240 gramos de marihuana, dos balanzas digitales, $24.800 en efectivo, un revólver con su cargador, tres cartuchos y 43 municiones, tres celulares y documentación, según confirmaron a este medio fuentes oficiales.

La Justicia Federal dictó el sobreseimiento definitivo de la extitular del PAMI y actual diputada nacional Luana Volnovich, de exfuncionarios y de titulares de importantes laboratorios farmacéuticos, que estaban acusados de supuesto fraude por la compra de medicamentos oncológicos y tratamientos especiales durante el año 2023.

La resolución judicial exculpó a Volnovich, referente de la agrupación La Cámpora, el resto de los exfuncionarios y a los directivos de laboratorios al concluir que no existió ningún perjuicio económico para el Estado nacional.

El fallo fue firmado por el juez federal Sebastián Ramos tras un dictamen del fiscal Ramiro González en el mismo sentido. Por lo tanto, sin apelación de González, el sobreseimiento quedará firme.

La causa se inició el 22 de enero de 2025 a raíz de una denuncia presentada por Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, y el exlegislador Hernán Reyes.

Los denunciantes sostenían que el PAMI había adquirido medicamentos mediante un Convenio Marco a precios hasta 16 veces más caros que los obtenidos a través de licitaciones públicas, lo que a su criterio configuraba un “extractivismo económico” y una defraudación al Estado.

En el expediente se investigó a Volnovich, cercana a Cristina Kirchner, y a importantes lideres de la industria farmacéutica, como Isaías Mauricio Drajer, presidente de Laboratorio Elea Phoenix SA, Gustavo Horacio González, de Laboratorio Kemex SA; y Mariano Luis de Elizalde, de Biosidus SAU. También quedó bajo la lupa un grupo de funcionarios de la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales (conocida como ACE-ONCOLOGÍA): Santiago Veiga, Adriana Caruso, Candelaria Alonso, Javier Waisblat y Leonardo Fernández. Además, otros apuntados fueron los representantes de Laboratorios Raffo SA y GP Pharm SA..

El fiscal González solicitó el sobreseimiento de todos los implicados al no hallar delito. Argumentó que el PAMI utiliza de forma legal y complementaria dos modalidades de contratación: las Licitaciones Públicas y el Convenio Marco de Adhesión.

Explicó que, si bien la licitación es el mecanismo principal, el Convenio Marco funciona como una vía de excepción necesaria para suplir demoras, faltantes de stock o exigencias judiciales.

El objetivo primordial de usar este convenio más costoso es no frustrar la continuidad del tratamiento médico del afiliado y garantizar su derecho a la salud, y evitar así incurrir en abandono de persona.

Respecto a las sospechas sobre los precios, el fiscal constató que en el Convenio Marco las condiciones comerciales, actualizaciones y descuentos se encuentran fijados de antemano.

Esto significa que los precios no se definían de manera discrecional ni arbitraria en cada operación.

Además, el fiscal aseguró que no hubo perjuicio económico. Según González, cuando un laboratorio incumplía la entrega de una licitación y obligaba al PAMI a comprar más caro vía Convenio, el organismo aplicaba una penalidad descontándole al laboratorio infractor el 100% del valor pagado por el remedio de reemplazo.

De este modo, el fiscal concluyó que el costo extra para el Estado “siempre es cero”.

González también exculpó a los administradores de Ace-oncología, al sostener que su rol era estrictamente administrativo y logístico (auditoría de recetas, control de stock y liquidaciones), sin ninguna injerencia ni poder de decisión sobre la formación de los precios o la relación contractual.

Del mismo modo, descartó que Volnovich haya actuado por fuera de sus facultades constitucionales o incumplido sus deberes de funcionaria pública.

El juez federal Ramos, con el dictamen del fiscal que proponía el sobreseimiento, resolvió hacer lugar al pedido, desligar a los acusados de la causa y archivar las actuaciones.

El magistrado fundamentó su decisión al sostener que el trabajo del fiscal representaba un “análisis lógico y razonado de los elementos obrantes en autos” que superaba los exámenes de razonabilidad.

Ramos argumentó que, bajo el sistema acusatorio argentino, la labor de los jueces está limitada, pues si la fiscalía decide no acusar y pedir el sobreseimiento, el juez no puede avanzar en contra de esa voluntad ni “suplir la pretensión punitiva del Estado”.

Finalmente, el juez dispuso que en el caso de los representantes de los laboratorios Raffo SA y GP Pharm S.A., al no haber sido individualizados con nombre y apellido durante la instrucción penal, la solución jurídica correspondiente era disponer el archivo de las actuaciones.