POLITICA
Sobreseen a la extitular del PAMI Luana Volnovich en una causa por la compra de medicamentos oncológicos
La Justicia Federal dictó el sobreseimiento definitivo de la extitular del PAMI y actual diputada nacional Luana Volnovich, de exfuncionarios y de titulares de importantes laboratorios farmacéuticos, que estaban acusados de supuesto fraude por la compra de medicamentos oncológicos y tratamientos especiales durante el año 2023.
La resolución judicial exculpó a Volnovich, referente de la agrupación La Cámpora, el resto de los exfuncionarios y a los directivos de laboratorios al concluir que no existió ningún perjuicio económico para el Estado nacional.
El fallo fue firmado por el juez federal Sebastián Ramos tras un dictamen del fiscal Ramiro González en el mismo sentido. Por lo tanto, sin apelación de González, el sobreseimiento quedará firme.
La causa se inició el 22 de enero de 2025 a raíz de una denuncia presentada por Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, y el exlegislador Hernán Reyes.
Los denunciantes sostenían que el PAMI había adquirido medicamentos mediante un Convenio Marco a precios hasta 16 veces más caros que los obtenidos a través de licitaciones públicas, lo que a su criterio configuraba un “extractivismo económico” y una defraudación al Estado.
En el expediente se investigó a Volnovich, cercana a Cristina Kirchner, y a importantes lideres de la industria farmacéutica, como Isaías Mauricio Drajer, presidente de Laboratorio Elea Phoenix SA, Gustavo Horacio González, de Laboratorio Kemex SA; y Mariano Luis de Elizalde, de Biosidus SAU. También quedó bajo la lupa un grupo de funcionarios de la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales (conocida como ACE-ONCOLOGÍA): Santiago Veiga, Adriana Caruso, Candelaria Alonso, Javier Waisblat y Leonardo Fernández. Además, otros apuntados fueron los representantes de Laboratorios Raffo SA y GP Pharm SA..
El fiscal González solicitó el sobreseimiento de todos los implicados al no hallar delito. Argumentó que el PAMI utiliza de forma legal y complementaria dos modalidades de contratación: las Licitaciones Públicas y el Convenio Marco de Adhesión.
Explicó que, si bien la licitación es el mecanismo principal, el Convenio Marco funciona como una vía de excepción necesaria para suplir demoras, faltantes de stock o exigencias judiciales.
El objetivo primordial de usar este convenio más costoso es no frustrar la continuidad del tratamiento médico del afiliado y garantizar su derecho a la salud, y evitar así incurrir en abandono de persona.
Respecto a las sospechas sobre los precios, el fiscal constató que en el Convenio Marco las condiciones comerciales, actualizaciones y descuentos se encuentran fijados de antemano.
Esto significa que los precios no se definían de manera discrecional ni arbitraria en cada operación.
Además, el fiscal aseguró que no hubo perjuicio económico. Según González, cuando un laboratorio incumplía la entrega de una licitación y obligaba al PAMI a comprar más caro vía Convenio, el organismo aplicaba una penalidad descontándole al laboratorio infractor el 100% del valor pagado por el remedio de reemplazo.
De este modo, el fiscal concluyó que el costo extra para el Estado “siempre es cero”.
González también exculpó a los administradores de Ace-oncología, al sostener que su rol era estrictamente administrativo y logístico (auditoría de recetas, control de stock y liquidaciones), sin ninguna injerencia ni poder de decisión sobre la formación de los precios o la relación contractual.
Del mismo modo, descartó que Volnovich haya actuado por fuera de sus facultades constitucionales o incumplido sus deberes de funcionaria pública.
El juez federal Ramos, con el dictamen del fiscal que proponía el sobreseimiento, resolvió hacer lugar al pedido, desligar a los acusados de la causa y archivar las actuaciones.
El magistrado fundamentó su decisión al sostener que el trabajo del fiscal representaba un “análisis lógico y razonado de los elementos obrantes en autos” que superaba los exámenes de razonabilidad.
Ramos argumentó que, bajo el sistema acusatorio argentino, la labor de los jueces está limitada, pues si la fiscalía decide no acusar y pedir el sobreseimiento, el juez no puede avanzar en contra de esa voluntad ni “suplir la pretensión punitiva del Estado”.
Finalmente, el juez dispuso que en el caso de los representantes de los laboratorios Raffo SA y GP Pharm S.A., al no haber sido individualizados con nombre y apellido durante la instrucción penal, la solución jurídica correspondiente era disponer el archivo de las actuaciones.
la compra de medicamentos oncológicos,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Axel Kicillof criticó la decisión de la Corte que eliminó las restricciones para la venta de tierras a extranjeros
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó duros cuestionamientos al fallo de la Corte Suprema que revocó la resolución que declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que había derogado la denominada Ley de Tierras. Kicillof habló de “fallo de la infamia” y acusó al máximo tribunal de “tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”.
La norma tiene entre sus ejes la limitación de la propiedad de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, definiendo criterios y excepciones, busca preservar la soberanía territorial y evitar la extranjerización desmedida de las tierras.
Kicillof dijo en su cuenta de X: “Hace menos de dos meses, miles de argentinos se movilizaron para rechazar la entrega de nuestro territorio y el Gobierno ‘Nacional’ tuvo que retirar su proyecto porque no conseguía los votos en el Senado”.
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La oposición criticó a la Corte por el fallo que dejó sin límites la venta de tierras a extranjeros y llamó a otra movilización
La decisión de la Corte Suprema que revocó la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley 26.737 provocó reacciones de dirigentes de Unión por la Patria, el Partido Socialista y el Frente de Izquierda. Los referentes reclamaron que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023 y, en varios casos, convocaron a movilizarse.
El tribunal hizo lugar al recurso extraordinario del Estado, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. La Corte sostuvo que la asociación no acreditó legitimación para llevar adelante la acción colectiva.
La resolución dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales, que imponía límites a la titularidad y tenencia de terrenos rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó la decisión como “el fallo de la infamia”. “La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”, escribió.
Kicillof sostuvo que el Gobierno retiró su proyecto en el Senado porque no reunió los votos necesarios. “Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial”, afirmó. Además, cuestionó al presidente Javier Milei y expresó: “Argentina para los argentinos”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo en una entrevista con Infobae en Vivo que, a partir de la resolución, “Argentina no cuenta con una ley que proteja las tierras rurales frente a la extranjerización o la compra por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras o de Estados extranjeros”.
Según su interpretación, el DNU 70/2023 derogó por completo la Ley de Tierras y eliminó las restricciones para la compra de propiedades rurales. El constitucionalista afirmó que el fallo de la Corte “revocó una sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que declaró la inconstitucionalidad del DNU en este punto y conservaba la plena vigencia de la Ley de Tierras”.
Gil Domínguez calificó la sentencia como “dogmática” y “arbitraria”. También cuestionó que la Corte negara legitimación al CECIM de La Plata: “¿Quién más va a estar con legitimación procesal, con representación colectiva adecuada, que un centro de excombatientes de Malvinas, que tiene dentro de su objeto social la defensa de la integridad territorial?”.
Sobre la posibilidad de una nueva judicialización, señaló: “La Corte dice ‘acá no, pero en otro caso sí’. Ahora, para la Corte solamente se puede acceder a la Justicia si se titulariza un derecho individual”.
El senador de Unión por la Patria, Mariano Recalde, afirmó que “la Corte Suprema falló en contra de la Ley de Tierras que el pueblo defendió en las calles”. También sostuvo: “Si no alcanzó con una enorme movilización, vamos a tener que hacer dos”.
“El Senado ya rechazó el DNU 70 que derogó la Ley de Tierras. Si Diputados lo rechaza completamente, frenamos la venta del país”, escribió Recalde, quien cerró su mensaje con una convocatoria: “Es ahora, en el Congreso y en las calles”.
El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, cuestionó a los integrantes del máximo tribunal y señaló que “la misma ley” cuya derogación quedó vigente “quiso modificarse en el Senado y una enorme movilización popular lo impidió”.
“Hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros”, expresó Martínez. Luego fijó los “objetivos” de su espacio: “Pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70”.
La diputada Julia Strada, también de Unión por la Patria, pidió “bajar ese DNU en el Congreso” y cuestionó la decisión judicial en un mensaje que tituló: “Sobre la ley de tierras y el escándalo de los tres tipos de la Corte Suprema reviviendo un capítulo frenado del DNU 70 para vender el país”.
El diputado socialista Esteban Paulón sostuvo que la resolución restableció la derogación de la Ley 26.737 y afirmó que esa norma fijaba límites a la adquisición de terrenos por extranjeros.
“Ahora, la responsabilidad está en el Congreso. En Diputados debemos rechazar el DNU 70/23, tal como hizo el Senado”, planteó. También hizo “un llamamiento” a sus pares para convocar “urgente una sesión especial”.
La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman reclamó “anular el decreto 70/23” y afirmó que el tratamiento pendiente corresponde a la Cámara de Diputados. “Integrantes del Frente de Izquierda nos hemos puesto a disposición reiteradamente para llamar a una sesión especial”, indicó.
“Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”, agregó Bregman.
La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz publicó el mensaje “Argentina: se vende” y cuestionó que “después de semanas de debate y movilizaciones, tres jueces decidan por todo un país”.
“A los legisladores nos votó el pueblo y tenemos la responsabilidad de representarlo”, sostuvo Tolosa Paz. “No podemos permitirlo. Algo de la República debe quedar en pie, a pesar de este Gobierno vendepatria”, agregó.
La ex secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra también criticó la sentencia. “La Constitución dice que son nulos de nulidad absoluta, pero la CSJN vuelve inaplicable esa disposición y le permite a Milei gobernar por DNU”, expresó. Luego reclamó: “Que se muevan los diputados”.
A pesar de la presión y las sanciones de la Argentina, la empresa británica Rockhopper confirmó que mantiene su objetivo de extraer petróleo en las Islas Malvinas en 2028, en el balance de resultados del primer semestre que publicó la compañía.
Se trata de su proyecto Sea Lion, que la empresa confirmó que sigue vigente, para empezar a producir petróleo en el primer trimestre de 2028. La petrolera destacó que el gobierno de las Islas y Reino Unido tildaron de “ilegítimas y carentes de justificación jurídica” a las medidas del Gobierno, que esta semana redobló la ofensiva por la soberanía del archipiélago.
Este mes el presidente Javier Milei intensificó la estrategia de reclamos de soberanía de las Islas. A principios de septiembre dispuso una batería de medidas, con la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), denuncia penal a petroleras, envío de una nueva ley de Soberanía al Congreso y ahora la intención de llevar al Reino Unido al Tribunal Internacional de Derechos del Mar.
Las claves de la confirmación de la petrolera Rockhopper de su plan de extraer petróleo en Malvinas en 2028, pese a las sanciones de la Argentina
Rockhopper posee el 35% de Sea Lion, mientras que la la petrolera israelí Navitas, que cotiza en la bolsa de Tel Aviv, tiene el 65%. Ambas compañías ya habían ratificado sus intenciones de seguir adelante con el proyecto, además de plantear que las licencias que poseen fueron “legalmente otorgadas” por el gobierno local de las islas.
El director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, habló de un “período decisivo” para la empresa, confirmó el objetivo de “lograr la primera producción de petróleo para el primer trimestre de 2028” en Sea Lion.
El directivo destacó la “reciente ampliación de capital, que garantiza la financiación total hasta la primera producción de petróleo, y al continuo y firme respaldo de los gobiernos del Reino Unido y de las Islas Malvinas”.
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