Sergio Schoklender, uno de los máximos responsables del programa de viviendas Sueños Compartidos, instrumentado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo con fondos públicos, intentó despegarse de las acusaciones sobre desvíos millonarios. Cuando amplió ayer su indagatoria en el juicio oral de la causa, habló de una presunta “usina de denuncias contra Pro” vinculada al abogado Eduardo Barcesat.

“Se arma como un centro de investigación de la universidad que recibía un subsidio de Aníbal Fernández que iba directo a [Eduardo] Barcesat. La función de Barcesat era hacer todos los meses nuevas denuncias contra algún funcionario de Pro, en Capital, por supuesto”, sostuvo Schoklender durante el juicio oral en el que se investiga un presunto fraude al Estado.

En diálogo con , Barcesat respondió: “Todo eso es una fantasía de este hombre [por Schoklender]“. El abogado reconoció haber tenido contacto con Aníbal Fernández, pero no sobre la fabricación de denuncias contra opositores. “Me pidió que formara un centro de estudios, pero Madres de Plazas de Mayo no tenía nada que ver con eso”. Según dijo, se trata del “Centro de Estudios Políticos sobre Estado y Sociedad”.

Barcesat, que tiene 86 años, mencionó que su vínculo con Madres de Plaza de Mayo fue solo como “asesor ad honorem”, miembro del equipo de abogados de Hebe de Bonafini y como parte de su “compromiso ideológico” con los derechos humanos. Su vínculo con la extitular de la organización no es el único punto de conexión con el kirchnerismo. En 2013, el gobierno de Cristina Kirchner lo propuso como conjuez para la Cámara de Casación.

Años más tarde, y con el avance de causas sobre presunta corrupción contra la expresidenta, entre otros acusados, encabezó un proyecto que proponía crear un «tribunal de ética para el juzgamiento del lawfare“. En aquel momento, cuando trancurría 2020, fuentes de la administración de Alberto Fernández sostvieron que la iniciativa de Barcesat era a título personal. “Siempre fue un desafiante. Esto es una locura de él, que nosotros no impulsamos”, había dicho a una alta fuente del entonces gobierno en referencia al plan de crear un tribunal de ética que juzgue a jueces y periodistas por su actuación en causas contra exfuncionarios políticos. Un dirigente cercano a Cristina Kirchner sostuvo lo mismo. Sin embargo, nadie quiso ponerse al frente de las críticas a la iniciativa.

Más allá de eso, sus inicios lo encuentran como afiliado al Partido Comunista (PC), hace cinco décadas.

En su currículum publicado en la página de Common Action Forum, Barcesat se presentaba como asesor de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. En el kirchnerismo destacan el vínculo que cosechó con Julián Domínguez, expresidente de la Cámara.

En 2012, en un acto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), expuso sobre la necesidad de una reforma constitucional, en tiempos en que el ultrakirchnerismo postulaba que se habilitara la posibilidad de otro mandato de Cristina Kirchner. Él decía que eso no era “lo importante”, que lo importante era la integración latinoamericana, la tutela de los recursos naturales y los derechos humanos. Pero que habilitar otro mandato no era tampoco “una llamada a las puertas del infierno”. Su plan no prosperó.

Barcesat había participado de la redacción de la última reforma constitucional, en 1994. Fue convencional constituyente en representación del PC, por entonces en alianza con el Frente Grande, antecesor del Frepaso. Graciela Fernández Meijide era una de las principales dirigentes de ese movimiento. Ella y Barcesat se conocían desde hacía años.

“Lo conocí durante la dictadura. Barcesat era abogado en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Fue abogado mío en una querella que llevamos a la Corte contra la Obediencia Debida”, relató Fernández Meijide a en tiempos en los que el abogado impulsaba la idea del tribunal de ética. “Como abogado era muy bueno, tenía un profundo conocimiento de la ley. Por eso, toda su derivación posterior me llamó la atención -dijo entonces-. Por la calidad intelectual que yo le conocí, es un contrasentido total esta aventura de ser jueces éticos”.

Barcesat se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires, de la que fue también docente desde que era estudiante. Su carrera como profesor se interrumpió durante la dictadura militar. En ese momento, Barcesat era adjunto de Filosofía del Derecho en la cátedra de Jorge Rébori. Con el regreso de la democracia volvió a las aulas.

Siempre ejerció como abogado. Su primer estudio lo tuvo en Uruguay al 600 junto con Beinusz Szmukler, exconsejero de la Magistratura y presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas. “Trabajamos hasta que la dictadura nos obligó a separarnos como una medida de protección. Compartimos varios años de militancia común”, recordó hace unos años Szmukler, que militaba en el PC desde antes que Barcesat.

Muchos años más tarde, Barcesat encabezó otra aventura de voltaje político: fue abogado de Marta Holgado en su reclamo fracasado para ser reconocida como hija de Juan Domingo Perón.

El juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por corrupción judicial y acusado de haber ocultado que había sido echado del Poder Judicial en 2002 como empleado por ofrecer una coima, quedó a un paso del juicio político, luego de que la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobara por unanimidad el dictamen que propone su jury. Ahora, la decisión deberá ser ratificada por el plenario del organismo.

La decisión se tomó por unanimidad en la comisión de Acusación, con el voto de su titular, Alberto Maques, junto al senador Luis Juez, los diputados Gonzalo Roca, Álvaro González, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade y el abogado Cesar Grau.

En la misma reunión, la comisión también votó por citar a una suerte de indagatoria (a tenor del artículo 20 del reglamento interno) al juez en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, acusado de acoso sexual y maltrato a empleados. El kirchnerismo fracasó en su intento por acusarlo también por censura previa al frenar a través de un fallo audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Desde diciembre pasado, el titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario Gastón Salmain, se encuentra procesado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato.

Está acusado en una causa en la que, junto al financista Fernando Whpei y el lobista judicial Santiago Busaniche, se le imputa manipular un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso con la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y hasta abril 2024, a cambio de una coima de 200.000 dólares.

Al magistrado se le dictó la prisión preventiva, pero la detención no se concretó por su inmunidad de arresto. El fallo fue ratificado por la Cámara Federal de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal. La semana pasada, Salmain se presentó en el Consejo de la Magistratura para dar su versión de los hechos.

“El otro día lo teníamos acá a Salmain. No puedo creer que una persona esté más preocupada por mantener el salario y su cargo que defender su honor” dijo Luis Juez, luego de que fracasara un intento de la defensa del magistrado por apartarlo.

Y agregó: “No lo puedo creer. Lo escuché como abogado penal después de oir dura 40 años testimonios de delincuentes. Y dije: este hombre no puede ser juez federal”.

“Estamos hablando de un magistrado enormemente sospechado y la defensa del señor Salmain nos quería hacer creer que se confabuló toda la justicia federal de Rosario para ponerlo en este aprieto judicial… Necesitamos jueces con honor. Y el honor no se defiende con artilugios o picardías”, explicó el senador.

Tailhade pidió la palabra para acompañar el dictamen. “Es un juez con prisión preventiva que está tomando audiencias, una situación inverosímil”, subrayó.

Pero aclaró que su bloque no compartía el dictamen del juez por el segundo hecho: haber ocultado cuando concursó para juez federal que había sido echado del Poder Judicial en 2002 por orden de la Corte Suprema y tras una causa penal.

Según se determinó allí, Salmain -empleado de la seguridad social- le ofreció una coima a una empleada de la Cámara del fuero para manipular un sorteo y que una causa quedara bajo su órbita.

En su defensa, Salmain explicó que no estaba obligado a reportar ese antecedente porque había ocurrido hacía más de 10 años y que nadie le había preguntado.

A su turno, González comparó el caso con el del juez Marcelo Bailaque, otro magistrado federal de Rosario que está procesado también por hechos graves y que renunció cuando el Consejo de la Magistratura votó su juicio político.

“En la comisión no juzgamos delitos, sino si un juez está en condiciones de tener un buen o mal desempeño… Si un juez que está procesado con prisión preventiva está en condiciones de ser juez”, señaló.

Todos los presentes votaron el inicio del procedimiento de remoción. Este dictamen será analizado en la próxima reunión del Plenario, donde se necesita el apoyo de dos tercios de los presentes para que un juez enfrente el jury.

Luego, la comisión resolvió citar por el artículo 20 al juez Maraniello, denunciado por sus empleados de abuso y maltrato.

Pesa además en su contra la acusación de una joven que renunció tras relatar que sufrió abuso sexual.

Durante semanas, la comisión escuchó el testimonio de muchos de los denunciantes e incluso de los superiores del magistrado. En este caso, también el senador Juez fue el instructor del sumario, quien ratificó la gravedad de las acusaciones en su contra.

En la misma reunión, el diputado libertario Roca pidió desestimar las denuncias contra Maraniello que apuntaban al fallo que dictó para frenar la difusión de audios de Karina Milei.

Tailhade recordó que el propio Roca había pedido en la última semana postergar una definición y ahora solicitaba el cierre, pero el diputado libertario afirmó que se trataba de una decisión judicial y por ello no se lo podía investigar.

“Somos militantes políticos, no nos asustamos de la defensa que deba hacer el consejero Roca. Acá se lo denunció por censura previa contra la prensa para no difundir audios de Karina Milei. Nosotros no tuvimos la suerte que tuvo la funcionaria en cuestión sobre los audios que se hizo sobre nuestra jefatura política… Tampoco se lo pedimos nuca a ningún juez. El objeto de la denuncia es censura previa y para nosotros tiene que investigarse”, dijo la kirchenrista Siley.

La propuesta de Tailhade, Grau y Siley perdió contra el voto de Roca, Juez, González y Maques.

No obstante, eso no impidió votar por unanimidad la citación a Maraniello por las acusaciones hechas por sus empleados.