El juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti sufrió el miércoles último un intento de boicot durante una charla que brindó en la Universidad Nacional de La Matanza por parte de militantes kirchneristas que reclamaron por la “inocencia” de la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple una prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

Con carteles con los epítetos de “Delincuente” y “Ladrón” para Lorenzetti y acusaciones de “mafiosos” y “cagones” para los jueces del máximo tribunal, la campaña intervino el espacio público de La Matanza para demostrar su desagrado con la presencia del jurista.

Incluso circuló por los alrededores un avión desde donde se proclamaba con altavoz: “¡Atención, Cristina es inocente!”.

Noticia en desarrollo

El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires Jorge D’Onofrio deberá enfrentar un juicio oral por la compra de una camioneta de lujo, adquirida por un funcionario de su entorno. El juez federal de Campana Adrián González Charvay dio por cerrada la investigación por el delito de lavado de dinero y elevó el expediente a juicio.

También será juzgado Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control bonaerense, un hombre que respondía a D’Onofrio.

La novedad está vinculada de manera directa con otro expediente, en la Justicia provincial, donde se investiga el supuesto delito precedente. En ese caso, el fiscal provincial Álvaro Garganta pidió que D’Onofrio vaya a juicio por un millonario negociado con el sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

¿En qué consistía la maniobra? Varias empresas se comprometieron a subcontratar a una firma ligada al exministro para administrar el sistema de turnos. Esa firma, que no tenía experiencia en el rubro tecnológico, recaudó $4.995.000.000 en poco más de un año.

La Justicia sospecha que los fondos utilizados para la compra de la camioneta proveían de alguna de estas maniobras ilícitas.

La camioneta, una Audi Q8, dominio AE554ZD, estaba a nombre de Asensio pero era utilizada por D’Onofrio. “Asensio actuó como interpuesto registral o testaferro, ocultando la verdadera titularidad del rodado y disimulando el patrimonio real de D’Onofrio, configurando un típico esquema de disimulación patrimonial propio de maniobras de lavado de activos”, sostuvo Charvay cuando procesó al exministro.

El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de San Martín y luego por la Cámara de Casación.

La defensa de D’Onofrio luego planteó que una de las causas que tramitan en la provincia de Buenos Aires había sido archivada, pero omitió que otros expedientes seguían avanzando. Además del caso de las VTV, el fiscal Garganta tiene en la mira una red de gestores que ofrecían descuentos del hasta el 50 por ciento para hacer desaparecer las infracciones.

Esa maniobra, que habría arrancado en enero de 2022, cuando D’Onofrio llegó al gabinete de Axel Kicillof, contaba con la participación de varios jueces de faltas.

“No se atribuyó el origen de los activos a un único hecho precedente sino que se valoraron un conjunto de investigaciones y circunstancias que, apreciadas de manera integral, permitieron sostener la existencia de actividades ilícitas susceptibles de generar los fondos involucrados en la maniobra de autos», sostuvo Charvay al momento de justificar la elevación a juicio.

D’Onofrio finalmente será juzgado por la compra de una camioneta, aunque en ese mismo expediente se investigaban otros bienes de lujo del exministro y sus allegados. Algunos de los datos llegaron desde España a través de la Unidad de Información Financiera (UIF).

En ese país, la concejal de Pilar Claudia Pombo, muy cercana al ex ministro, había creado una sociedad junto al exjuez de Faltas Mario Quattrochi para explotar dos restaurantes: Tardeo PacíficoyTardeo Soho. Tras el escándalo, las sociedades se disolvieron rápidamente.

Para justificar la supuesta compra de ese vehículo, Asensio aportó un contrato de mutuo por $30 millones con la firma “Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario SA”, creada para la ocasión y puesta a nombre de sus padres.

Para la Justicia, fue una maniobra para esconder el verdadero origen del dinero. “Los fondos utilizados para la adquisición del vehículo habrían provenido de presunta la actividad ilícita desplegada por D´Onofrio mientras cumplía funciones de Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires», sostuvo el juez en varias ocasiones.