El Tribunal de Juicio Criminal Oral del Distrito Sur, con sede en Ushuaia, condenó este viernes a Carlos Hipólito Córdoba, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Tierra del Fuego, a cinco años de prisión efectiva por el delito de estafas reiteradas vinculadas a un plan de viviendas sociales. La sentencia se leyó en la sala y el sindicalista fue detenido de inmediato junto a otro condenado en la misma causa.

El fallo abarca 22 hechos delictivos perpetrados entre diciembre de 2013 y fines de 2017, todos relacionados con el plan de 128 viviendas que ATE impulsó en el barrio Barrancas del Río Pipo, en la capital fueguina. El tribunal halló a Córdoba coautor materialmente responsable del delito, en una causa que mantuvo en vilo al gremio estatal durante años.

La misma pena recayó sobre Miguel Ángel “Miguelón” Arana, también imputado en el expediente y declarado coautor de los mismos hechos. En contraste, el tribunal absolvió al empresario Erik Enrique Moscoso Panozo, quien estaba acusado de lavado de activos y se le concedió el beneficio de la duda.

Tanto Córdoba como Arana quedaron alojados en un establecimiento penitenciario, a disposición del tribunal hasta que la sentencia quede firme.

El proyecto habitacional en cuestión fue concebido como una iniciativa del gremio para facilitar el acceso a la vivienda a sus afiliados. Según relató el propio Córdoba ante los jueces en sus palabras finales, el plan original contemplaba una escala mucho mayor.

“Nosotros gestionamos esas 128 viviendas, que en realidad eran 600, no 128. El proyecto es de 600 viviendas. En ese momento salieron las casas sindicalizadas, que eran alrededor de 264, en un proyecto teníamos. Era el segundo proyecto de toda la República Argentina que se lo otorgaba el Banco Nación a todos los vecinos”, sostuvo el dirigente, según recogió Infofueguina.

Pese a la condena, el sindicalista insistió hasta el último momento en que no cometió ningún ilícito. “Nunca jugamos con ningún compañero, soy inocente”, afirmó Córdoba ante el tribunal.

El dirigente también negó haber obtenido beneficios personales del esquema, y subrayó su situación patrimonial para reforzar ese argumento: “Yo he dejado bien demostrado que no tengo vivienda. Me interesaría tener alguna vivienda, pero no me alcanza el sueldo para poder hoy obtener eso. Yo no alquilo, pero porque vivo en la casa de mi mujer. Eso quería dejar dicho. Me declaro inocente”, expresó.

Córdoba afirmó que ni él ni su equipo engañaron a los beneficiarios sobre el destino de los fondos. “Jamás nosotros le hemos mentido a nadie, por lo menos mi gente y yo. No se le ha mentido a la gente diciéndole que vamos a recibir plata por esto”, declaró ante los jueces.

El dirigente gremial también trazó un recorrido personal ante el tribunal: “Mi historia en Tierra del Fuego viene desde los 9 años, trabajando en el campo, y llegué a donde llegué”, dijo, en un intento de contextualizar su trayectoria antes de escuchar la sentencia. Incluso agradeció al fiscal por haber reconocido, al inicio del proceso, que teóricamente podría haber sido declarado inocente.

El tribunal dispuso que Córdoba y Arana permanezcan detenidos en carácter de prisión preventiva y alojados en un establecimiento penitenciario hasta que la sentencia adquiera firmeza. La resolución abre la posibilidad de que la defensa interponga recursos ante instancias superiores.

Durante años, Córdoba, que ha visitado varias veces los tribunales a lo largo de su trayectoria gremial, fue un alto referente del sindicalismo fueguino.

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El Gobierno planea enviar la semana que viene al Congreso cambios a la Ley de Inocencia Fiscal para intentar atraer los dólares del colchón. En el Ejecutivo aseguran que las modificaciones se impulsarán por ley y sostienen que los equipos técnicos están ultimando detalles para remitir el proyecto en los próximos días.

En la Casa Rosada reconocen que el régimen no obtuvo el resultado que esperaban. La lectura interna es que la herramienta generó adhesiones, pero todavía no produjo el volumen de exteriorización ni de ingreso de fondos al circuito formal que buscaba el Ministerio de Economía. Es por eso que Luis Caputo decidió avanzar con cambios después de reunirse con contadores y tributaristas que marcaron objeciones técnicas sobre el alcance del esquema.

En Balcarce 50 apuntan a reforzar la seguridad jurídica del régimen y ampliar los incentivos para que los contribuyentes usen fondos no declarados o fuera del sistema sin quedar expuestos a revisiones fiscales hacia atrás. En Economía insisten en que no se trata de un blanqueo tradicional ni de una amnistía, sino de un sistema que cambia la lógica de fiscalización: menos “presunción de culpabilidad fiscal” y más confianza en la declaración del contribuyente.

La base de la Ley de Inocencia Fiscal es el Régimen Simplificado de Ganancias. Bajo ese esquema, ARCA precarga la declaración jurada con la información disponible, el contribuyente puede aceptar o corregir los datos y el cálculo se concentra en ingresos y gastos deducibles, sin poner el foco inicial en la evolución patrimonial ni en consumos personales.

El beneficio central es el llamado “tapón fiscal”. Si el contribuyente adhiere al régimen, presenta la declaración y paga en término, obtiene efecto liberatorio por el período fiscal base y una presunción de exactitud sobre declaraciones de Ganancias e IVA de períodos no prescriptos. En la práctica, eso limita la posibilidad de que el fisco vuelva sobre ejercicios anteriores, salvo que detecte inconsistencias relevantes.

Entre los puntos que se analizan en la discusión técnica aparece el margen para corregir declaraciones juradas sin perder automáticamente los beneficios del régimen. En el Gobierno reconocen que parte de las dudas de contadores y tributaristas pasa por el riesgo de que una inconsistencia formal, una diferencia de criterio o un error detectado por ARCA termine dejando al contribuyente fuera del esquema y habilite revisiones más amplias sobre períodos anteriores.

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La normativa vigente prevé la caída de beneficios si el organismo detecta una discrepancia significativa. Por eso, una de las alternativas bajo estudio es ampliar las instancias de rectificación y pago de diferencias antes de que el contribuyente pierda la presunción de exactitud y el efecto liberatorio. En Economía creen que ese punto puede ser clave para reducir el temor de quienes tienen fondos fuera del sistema.

Otro eje bajo revisión es el alcance del universo de contribuyentes que puede adherir. El régimen vigente fija topes de ingresos y patrimonio para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias. En los equipos que siguen la discusión admiten que esos límites forman parte de los puntos observados por especialistas, aunque todavía evitan confirmar cuál será la redacción final del proyecto.

También aparece en análisis la actualización de umbrales vinculados a reclamos o discusiones tributarias, con el argumento de que algunos montos quedaron desactualizados por la inflación. En Economía buscan que la reforma reduzca zonas de incertidumbre y mejore los incentivos para que más contribuyentes entren al régimen, pero remarcan que los detalles técnicos todavía están siendo terminados.

ARCA ya había instrumentado la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias y habilitó el trámite online para personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan los requisitos. El mecanismo se realiza con clave fiscal, a través del Sistema Registral, y debe ratificarse para el período fiscal correspondiente. Además, el organismo prorrogó los vencimientos de Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular hasta fines de julio.

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Esa prórroga le dio al Gobierno más tiempo para enviar la reforma al Congreso y buscar su tratamiento antes de que venza el plazo operativo del régimen. Caputo ya había anticipado públicamente que ARCA extendería los vencimientos después de una reunión con contadores, que reclamaban más tiempo para revisar la información precargada y evaluar el impacto del sistema sobre cada contribuyente.

El Ministerio de Economía considera que la reforma puede ayudar a relanzar una de sus apuestas para los próximos meses: que una parte de los dólares guardados fuera del sistema vuelva al circuito formal y empuje actividad. En el equipo económico vinculan ese objetivo con otras medidas orientadas a sostener el crecimiento, como la obra privada en rutas, el avance de concesiones y la implementación de reformas productivas.

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