POLITICA
El juicio por contrabando contra el ex senador Edgardo Kueider comenzará este lunes en Paraguay
Este lunes a partir de las 8 de la mañana, el Tribunal de Sentencia Especializado en delitos económicos comenzará a juzgar a Edgardo Kueider y a su pareja y ex secretaria, Iara Guinsel. Los magistrados serán Elsa García -presidenta-, Matías Garcete Piris y Adriana Planás.
El fiscal Ysrael Villalba Ramírez acusa al exsenador y su pareja de contrabando en grado de tentativa. El proceso en contra de quien fuera senador nacional por Entre Ríos comenzó durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024.
En ese momento, la Aduana ubicada en la cabecera paraguaya del puente de la Amistad detuvo la Chevrolet Trailblazer en la que circulaban Kueider y Guinsel. En una mochila, se encontraron más de 200 mil dólares, pesos argentinos y guaraníes sin declarar.
Desde que Villalba Ramírez formuló la acusación el 5 de diciembre de 2024, el exlegislador y su pareja cumplen arresto domiciliario. Pasaron por tres lugares. Un lujoso complejo en el centro de Asunción, un dúplex y un departamento en un edificio periférico pero de alta gama que es donde residen ahora.
Efectos del proceso en Paraguay
El juicio sufrió dos postergaciones previas. En un principio, las audiencias iban a comenzar el 24 de noviembre del año pasado. Esa fecha se reprogramó para el 20 de abril de este año. Pero días antes, la Fiscalía pidió fijar una nueva debido a la extensión de otro juicio que se estaba llevando a cabo.
El cargo que enfrenta tiene una pena en expectativa de dos años y medio. Si hay condena y supera los 24 meses será de cumplimiento efectivo. Esto significa que deberá ir a la cárcel. Pero para el cómputo de una eventual sanción también se considerarán el año y medio que ha cumplido con prisión domiciliaria.
El juicio por contrabando es clave para comenzar a desenmarañar la tela de araña de las causas contra Kueider en la Argentina. En nuestro país tiene dos procesos abiertos por enriquecimiento ilícito y otros delitos. Uno está en la Justicia provincial de Concordia, Entre Ríos. El otro en los Tribunales Federales de San Isidro. La Corte Suprema debe definir cuál se queda con la investigación. Pero el expediente está paralizado desde noviembre.
La titular del Juzgado Federal, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición de Kueider y elevó a juicio la causa contra su banda. La remisión de Paraguay a la Argentina es otro juicio que se tramita en el país vecino. La Fiscalía guaraní ya dio el visto bueno para que sea extraditado. Pero requirió que antes se complete el proceso por contrabando.
Cómo espera Kueider el juicio
El ex senador está convencido de que es inocente y de que podrá demostrarlo. Sin embargo, sabe que carga con el peso de la condena social y culpa por eso a los medios y a la Justicia.
En cada aparición pública se ha mostrado con confianza sobre el resultado que podría arrojar el juicio en el país vecino. Apuesta a un veredicto absolutorio. Pero también sopesa que en la Justicia, a la que considera una ruleta, hay mucho de suerte.
En sus proyecciones está poder volver a la Argentina sin el peso de una condena por contrabando. Se imagina regresar con la absolución a su favor para disputar una revancha mediática. El fin de esa lucha es sacarse las etiquetas de que robó al Estado o lavó dinero.
Sin embargo, no es tan optimista con lograr un desquite. Ha dicho y repetido que considera que ante la opinión pública argentina ya fue condenado. Y que no habrá vuelta atrás. Es consciente de que su nombre se asocia con facilidad al adjetivo “corrupto”. Y está al tanto de que la idea que predomina en la sociedad es que durante su reclusión en Paraguay se da la gran vida.
En su lógica, los medios han sido parciales para con él, ya que se han centrado en información de los elementos que lo incriminan. De allí se decanta que la exposición le resta o, al menos, no le suma a su estrategia defensiva.
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POLITICA
Nicolás Massot pidió suspender la derogación de la Ley de Tierras: “El Gobierno tiene una salida fácil”
Nicolás Massot, diputado nacional de Encuentro Federal, presentó junto a Miguel Ángel Pichetto una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales y eliminó las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
En diálogo con Infobae al Regreso, Massot aclaró que el planteo judicial alcanza únicamente a ese artículo y no cuestiona el decreto completo. El objetivo de la presentación es evitar que durante las próximas semanas se concreten operaciones que puedan generar derechos adquiridos antes de que el Congreso tome una decisión. “Lo que queremos evitar es que esta ventana de tiempo, que tal vez son solamente 13 o 14 días, permita que se consoliden situaciones que después tengan efectos jurídicos”, sostuvo.
Massot señaló que la eliminación de las restricciones alcanza cuestiones vinculadas con tierras fronterizas, acuíferos y otros territorios contemplados por la normativa. “No es que le tenemos aversión a los extranjeros y no queremos que inviertan. No es así, no es eso lo que dice la ley”, aclaró.
Qué pide la cautelar
Según explicó el diputado, la presentación también busca que se releven las operaciones que puedan concretarse durante este período. “Pedimos a la Justicia que empiece a solicitar informes y nosotros lo vamos a reforzar con pedidos a las 24 provincias y a las direcciones de Registro de Propiedad”, señaló.
La intención es conocer qué escrituras puedan realizarse mientras se define el futuro de la norma. Massot remarcó que esa información no se encuentra disponible en una base de datos pública de consulta inmediata.
Además, pidió que una eventual decisión favorable sea publicada en el Boletín Oficial para evitar que los compradores puedan alegar desconocimiento. “Que nadie pueda alegar buena fe o desconocimiento”, afirmó.
El legislador también advirtió sobre la posibilidad de utilizar mecanismos para eludir las restricciones. “Si realmente se quiere liberar la venta de tierras fronterizas, acuíferas y demás, y sin tope, podrá alguien pagar USD 350.000 u USD 800.000, tramitar exprés la ciudadanía argentina y comprarse lo que quiera”, planteó.
La salida que propone para el Gobierno
Massot cuestionó que el Gobierno no haya impulsado una ley para reemplazar o ratificar los aspectos del DNU que considera necesarios. “Hace 30 meses, más o menos, que se sancionó el DNU. El Gobierno tuvo una elección en el medio, mejoró su situación en las dos cámaras y tuvo una advertencia en el Senado”, señaló.
Para el diputado, el oficialismo todavía tiene una alternativa antes de la sesión especial del 15 de octubre: aprobar una norma que vuelva a poner en vigencia las restricciones sobre la compra de tierras.
“En cualquier ley de las que se estaban discutiendo o en un proyecto nuevo, se pone un solo artículo que diga: ‘Deróguese el artículo 154 del DNU 70’ y se vuelve todo a la normalidad”, explicó.
Massot consideró que esa opción permitiría evitar que el conflicto quede planteado como una disputa general sobre todo el decreto. “El Gobierno lo tiene en un cajón a mano. Es facilísimo sortear esta situación”, sostuvo.
También cuestionó el fallo de la Corte Suprema que intervino en la disputa judicial. El diputado aclaró que no es abogado y evitó avanzar sobre cuestiones procesales, pero criticó el momento de la resolución y algunos de sus fundamentos.
“Textualmente dice: ‘Como es obvio, la soberanía no es un derecho colectivo’. Si era obvio, hace dos años que lo tenían para fallar. No es que llegó el mes pasado a la Corte Suprema”, afirmó.
Negociaciones antes del 15 de octubre
De cara a la sesión especial, Massot consideró que el Gobierno todavía tiene margen para negociar. Al referirse al ministro del Interior, Diego Santilli, destacó su capacidad de diálogo, aunque puso en duda que tenga la decisión final sobre el tema.
“Santilli tiene el conocimiento biográfico, la confianza de muchos actores y tiene las formas, pero por ahí no tiene la decisión última”, señaló.
Massot sostuvo que existen antecedentes recientes de acuerdos entre sectores con posiciones diferentes. Mencionó, entre otros, las discusiones por el Hospital Garrahan, el presupuesto universitario, el presupuesto de discapacidad y el financiamiento extraordinario de la SIDE.
“En algunas cuestiones puntuales hay mayorías que convergen sobre ese tema”, explicó.
El diputado también cuestionó la incertidumbre que, según su interpretación, genera la situación jurídica de la norma. “Con todo el ruido que hay, con las cautelares, los amparos, el Congreso en contra y el rechazo en el Senado, es una ley que pende de un hilo. Entonces afecta cualquier decisión de inversión real de alguien serio”, afirmó.
Sobre la movilización prevista para la jornada parlamentaria, Massot diferenció entre los reclamos de distintos sectores sociales y su eventual utilización política. “Seguramente van a ir veteranos de Malvinas, gente que quiere la emergencia en discapacidad y gente que quiere el presupuesto universitario”, señaló.
“Los vivos están de los dos lados”, agregó, y cuestionó tanto a quienes presentan cualquier protesta como desestabilización como a quienes utilizan las movilizaciones para provocar hechos de violencia.
La situación del PRO y el rol de Lacunza
En el cierre de la entrevista, Massot se refirió al exministro de Economía Hernán Lacunza y al presente del PRO.
“Si mucha gente como Hernán gana protagonismo en la escena política, es una buena noticia”, afirmó.
El diputado diferenció a Lacunza de la situación actual del partido. “Hernán representa un perfil muy serio y muy bueno del PRO, pero el PRO está buscando su bola en el bolillero”, sostuvo.
Massot cerró con una definición sobre el perfil que, según su visión, debería conservar la política argentina: “Lo importante es que en la Argentina no se pierdan el profesionalismo en la gestión, la incorporación de nuevos perfiles formados a la clase dirigente y la transparencia en los datos de gestión”.
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POLITICA
Guillermo Montenegro regresará a la intendencia de Mar del Plata tras diez meses en el Senado bonaerense
MAR DEL PLATA.– Guillermo Montenegro volverá a la intendencia de General Pueyrredón después de diez meses en el Senado bonaerense y completará el mandato para el que fue reelegido en 2023. El dirigente dejará su banca en la Legislatura y retomará el control del municipio en reemplazo de Agustín Neme, que había quedado al frente de la comuna desde diciembre. El regreso se producirá en medio de una creciente preocupación por la inseguridad y de dificultades en las cuentas municipales.
Durante meses, cada vez que alguien lo presentaba como exintendente, Montenegro hacía una corrección. No era exintendente. Era intendente en uso de licencia. La precisión, que podía parecer apenas jurídica, terminó siendo política.
Montenegro había pedido licencia, y no renunciado, cuando asumió como senador provincial el 10 de diciembre pasado. Esa diferencia le permitió conservar la posibilidad de regresar al cargo para el que había sido reelegido en 2023. Ahora decidió ejercerla.
La decisión se conoció apenas terminó el 62° Coloquio de IDEA, que durante tres días y reunió en Mar del Plata a empresarios, economistas y dirigentes políticos. Montenegro estuvo en la ciudad. Se lo vio en el Sheraton, conversó con empresarios y dirigentes, pero evitó hablar públicamente. Mientras la discusión por su eventual regreso crecía, eligió el silencio.
“Es una decisión personal”, manifestaron fuentes cercanas a Montenegro en diálogo con . “Mar del Plata tuvo una caída en términos de seguridad y no se hubiera perdonado no volver”, agregaron.
La vuelta supone también el final de una experiencia política que duró menos de un año. Montenegro había encabezado la lista de La Libertad Avanza en la Quinta Sección Electoral y desembarcó en el Senado bonaerense como parte del reordenamiento político que acercó al dirigente del Pro al oficialismo nacional. Neme, su reemplazante en el municipio, deberá regresar ahora al Concejo Deliberante.
Pero Montenegro no vuelve a la misma administración que dejó diez meses atrás.
Las cuentas municipales son una de las primeras señales. Los últimos tres ejercicios cerraron en rojo. El deterioro no comenzó con Neme: atraviesa el final de la propia gestión de Montenegro y se profundizó en un escenario de menores transferencias y mayores dificultades para financiar el funcionamiento municipal. En 2025, el resultado financiero consolidado de la administración central y los entes descentralizados dejó un déficit superior a los $16.000 millones.
El otro problema es bastante más visible.
La inseguridad se convirtió en los últimos meses en uno de los principales asuntos de la agenda marplatense. Cinco homicidios ocurridos en un período de pocas semanas encendieron las alarmas y llevaron a cámaras empresarias, comerciantes y distintos sectores de la ciudad a reclamar respuestas. Las estadísticas oficiales muestran, además, que la preocupación no nació de una sucesión de episodios aislados.
La discusión llegó esta semana hasta el Coloquio de IDEA. Patricia Bullrich habló allí del problema y contó que había conversado con la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva. El Gobierno prepara un refuerzo de fuerzas federales antes de la temporada de verano. La seguridad, una de las banderas con las que Montenegro construyó su perfil como intendente, vuelve así a esperarlo en el despacho principal del municipio.
Hay una Mar del Plata que permite entender esa preocupación sin necesidad de entrar inmediatamente en las estadísticas. El miércoles por la noche, mientras cientos de ejecutivos cenaban en distintos puntos de la ciudad después de las actividades de IDEA, en la avenida de los Trabajadores, en la zona del puerto, los restaurantes estaban llenos. Afuera, sobre una calle con poca iluminación, los trapitos se distribuían entre los autos estacionados.
Adentro se hablaba de inversiones, reformas y crecimiento. Afuera aparecía otra parte de la ciudad que no entraba en el programa del Coloquio.
Ese contraste acompañó los tres días del encuentro empresario. A pocos kilómetros del Sheraton, donde se discutieron durante horas las condiciones necesarias para que la Argentina vuelva a crecer, Mar del Plata atravesaba su propia discusión sobre seguridad, recursos y conducción política.
En ese escenario también se deterioró la relación entre Montenegro y Neme. Lo que inicialmente había sido presentado como una transición ordenada empezó a mostrar diferencias sobre la administración municipal y sobre la forma de enfrentar algunos de esos problemas. A medida que avanzó el año, la posibilidad del regreso dejó de ser una hipótesis lejana.
Montenegro nunca cerró esa puerta. Su licencia se convirtió, con el paso de los meses, en una herramienta política: podía seguir en el Senado o volver al municipio. La discusión adquirió todavía más peso porque su mandato como intendente termina en 2027 y porque la sucesión marplatense ya empezó a mezclarse con el armado electoral del próximo año.
La decisión despeja una incógnita, pero abre otras. Montenegro deberá volver a administrar una ciudad con tres ejercicios consecutivos en rojo, una discusión creciente por la inseguridad y una temporada de verano a pocas semanas de comenzar. También tendrá que reconstruir el funcionamiento político de un gobierno municipal que durante diez meses tuvo otro jefe.
En el Coloquio, Montenegro no quiso anticipar nada. Caminó por el Sheraton, habló en privado y evitó las definiciones públicas. Había una razón.
Durante meses, la pregunta en Mar del Plata fue si Montenegro iba a volver.
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POLITICA
Ley de Tierras: la oposición busca votos en Diputados para limitar la compra de campos por extranjeros y recurre a la Justicia
Las bancadas de la oposición en la Cámara de Diputados buscan alternativas ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto la Ley de Tierras Rurales, que había sido derogada por Javier Milei con el dictado del DNU 70/2023.
Este viernes se presentó una medida cautelar formada por los diputados Miguel Pichetto y Nicolás Massot. Buscan suspender la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023,hasta que el Congreso se pronuncie.
“Buscamos evitar que, mientras el Congreso se pronuncia, se consoliden como derechos adquiridos compras de tierras por extranjeros. Tras el fallo de la Corte, pueden comprarse sin límite tierras rurales, incluidos inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”, explicó Pichetto, jefe de la bancada de Encuentro Federal.
Nicolás Massot pidió suspender la derogación de la Ley de Tierras: “El Gobierno tiene una salida fácil”
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