POLITICA
Las reformas audaces y rupturistas que impulsa el gobierno de Milei y el factor Peter Thiel en Argentina
Hay una forma de leer lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei en materia de inversiones que no aparece cuando se analiza cada medida por separado. Conviene verlas en conjunto, en la secuencia de las últimas semanas, para entender que se trata de algo más que una suma de proyectos y decretos: es la arquitectura deliberada de una administración que se propone competir por el capital global.
El contexto no admite eufemismos. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Argentina cerró 2025 en el último lugar del ranking regional de inversión extranjera directa entre las principales economías de América Latina. Captó USD 3.134 millones netos, mientras Brasil recibió USD 76.877 millones y México USD 40.871 millones. Costa Rica, con una economía más pequeña, superó a la Argentina con USD 5.733 millones. La fotografía es la de un país que pasó décadas construyendo una reputación de destino hostil para el capital externo: expropiaciones, cepos, confiscaciones, modificaciones retroactivas de reglas de juego y una cultura política que convirtió la desconfianza hacia el inversor extranjero en bandera de soberanía. El resultado de ese camino lo certificó la OCDE con frialdad estadística.
Sobre ese punto de partida, el Gobierno lanzó en semanas lo que en cualquier otro contexto habría llevado años de deliberación legislativa y burocrática.
El gobierno de Javier Milei impulsó en las últimas semanas un paquete de iniciativas para reposicionar a la Argentina como destino de inversión: un proyecto para reforzar garantías sobre la propiedad privada y reformar expropiaciones, una propuesta de nueva Ley General de Sociedades con digitalización y figuras como DAO, una herramienta estatal de inteligencia artificial para políticas sociales y la discusión de un “Golden Passport”. La agenda convive con tensiones legislativas por la reforma electoral, subsidios energéticos y pliegos judiciales.
Propiedad privada
El primero de los pilares es el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que ya obtuvo dictamen en el Senado y podría tratarse en el recinto para el próximo jueves 4 de junio. La iniciativa toca varios nervios simultáneamente.
Por un lado, modifica el régimen de expropiaciones: endurece los requisitos para que el Estado pueda avanzar sobre un bien privado y blinda jurídicamente al propietario frente a decisiones discrecionales del poder político. Por otro, elimina las limitaciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros que habían sido establecidas durante el kirchnerismo bajo la lógica de la “soberanía alimentaria”. Los fundamentos del proyecto fueron explícitos: esa normativa “implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario”. El nuevo enfoque concentra los controles en los casos en que estén involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos, no en el capital privado.
También deroga la norma que restringía la venta de tierras afectadas por incendios, una disposición que había impulsado Máximo Kirchner y que, en la práctica, funcionaba como herramienta de presión sobre propietarios en situación de vulnerabilidad. Además, incorpora cambios en los procesos de desalojo: establece un trámite más ágil para casos de falta de pago o usurpación y avanza en la digitalización integral de los registros inmobiliarios. “En 2025, las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires crecieron un 70% respecto de 2023″, señaló el proyecto. El sistema registral actual no está en condiciones de acompañar esa dinámica.
Traducido al lenguaje de un inversor extranjero que evalúa desembarcar en la Argentina: por primera vez en décadas, el suelo tendría garantías legales serias.
El código del siglo XXI
Mientras el Senado cerraba dictamen sobre la propiedad privada, el Gobierno envió al Congreso otra reforma de envergadura comparable: la nueva Ley General de Sociedades. La actual data de la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse. En términos de ecosistema emprendedor y economía digital, es un fósil legal.
La reforma que envió el Gobierno no es cosmética. Convierte las normas de la ley en disposiciones supletorias: el estatuto manda, no el Estado. Elimina los controles arbitrarios de los registros públicos. Habilita la resolución de conflictos societarios ante jurisdicciones extranjeras elegidas por las partes. E incorpora la digitalización total: domicilio electrónico, registros digitales, asambleas virtuales, constitución de sociedades mediante firma digital. “Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia”, sintetizó el ministro al presentar la iniciativa.
Pero el núcleo más disruptivo está en dos figuras que no existen en el derecho argentino vigente. La primera son las “Sociedades Automatizadas”: estructuras que pueden operar mediante algoritmos o inteligencia artificial sin requerir empleados para su funcionamiento ordinario. La segunda son las DAO —Organizaciones Autónomas Descentralizadas—, entidades digitales con participaciones representadas en tokens, registros en blockchain y reglas de funcionamiento programadas en contratos inteligentes, sin directorios ni gerencias tradicionales. Ambas figuras tendrían personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada.
El modelo de referencia que citó Sturzenegger fue Irlanda: su marco legal y fiscal favorable atrajo a las principales multinacionales tecnológicas del mundo. El argumento es que la Argentina tiene condiciones para hacer algo equivalente en el universo de la inteligencia artificial y la economía del conocimiento. “Menos controles arbitrarios de los burócratas, menos costos de transacción y más libertad para competir en el mundo. Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá”, afirmó el ministro.
El Estado que aprende
No toda la agenda de apertura está orientada al capital privado externo. El 22 de mayo, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello anunció el lanzamiento del “Gemelo Digital Social”, una herramienta de inteligencia artificial que busca transformar la forma en que el Estado diseña y evalúa políticas públicas.
La idea es técnicamente precisa: un gemelo digital es una réplica virtual alimentada con datos reales que permite simular comportamientos y evaluar escenarios posibles antes de implementar medidas concretas. Aplicado a política social, significa que el Estado podría calcular el impacto real de una intervención —sobre empleo, pobreza, educación, territorio— antes de ejecutarla, y reemplazar la lógica reactiva y clientelar que históricamente dominó esa área del Estado argentino. La herramienta procesa datos estatales de manera innominada —sin identificación de personas— para generar inteligencia de política pública. “Durante décadas, el Estado reaccionó sin poder anticipar. Estamos entrando en una nueva era”, afirmó el video institucional del ministerio.
Leída desde la perspectiva del inversor, la señal es relevante: un Estado que gestiona con datos es un Estado más predecible, con menor margen para la discrecionalidad y más rendición de cuentas sobre sus propias decisiones. También es un Estado que puede demostrar el impacto de sus políticas con pruebas, no con relato.
El pasaporte como intención
El cuarto componente de la agenda todavía no existe como programa concreto, pero su sola discusión dice algo sobre el clima que el Gobierno busca instalar. La idea de un “Golden Passport” —ciudadanía argentina a cambio de una inversión significativa, sin necesidad de residencia previa— circula en los despachos oficiales desde hace meses, aunque todavía no tuvo avances concretos. El modelo existe en Malta, Portugal, Grecia y los Emiratos Árabes Unidos, y en todos esos casos funcionó como imán para capital y talento emprendedor de alto valor.
En la Argentina, la iniciativa no se implementó. No hay programa lanzado, ni montos definidos por ley, ni agencia operativa. Lo que hay es una señal política que llegó a las páginas de The New York Times, que lo mencionó en su reportaje sobre Peter Thiel y la Argentina como parte del clima de incentivos del Gobierno para ese perfil de capital. En un contexto donde el pasaporte argentino da acceso a más de 170 países y el ecosistema de reformas empieza a tomar forma, esa posibilidad tiene peso propio aunque todavía no tenga reglamento.
El ruido de fondo
Toda esa agenda convive, en el mismo Congreso y en las mismas semanas, con una política de otra temperatura. Mientras Sturzenegger negocia dictámenes y los inversores globales leen los proyectos sobre DAO y propiedad privada, el Gobierno quedó enredado en tres discusiones que consumen tiempo legislativo y capital político sin generar valor agregado para el país que busca construir.
La primera es la reforma electoral. El oficialismo quiere eliminar las PASO —las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias— para simplificar el calendario electoral de 2027. Pero los gobernadores no quieren ceder ese instrumento, y el PRO de Mauricio Macri lo usa como palanca de negociación. El resultado concreto de ese bloqueo es que los argentinos podrían votar hasta seis veces el año que viene: tres para cargos provinciales —primarias, generales y eventual balotaje— y tres para los nacionales. La paradoja es que los mismos gobernadores que se resisten a eliminar las PASO son quienes insisten en desdoblar sus elecciones locales de las nacionales, precisamente para no quedar expuestos a la lógica de una elección presidencial que podría fortalecer a Milei y comprometer sus liderazgos territoriales. Es una discusión sobre poder, no sobre ciudadanos.
La segunda es la pelea por los subsidios energéticos. El proyecto de “ley de zona fría”, que obtuvo media sanción en Diputados, llegó al Senado con el respaldo de los gobernadores patagónicos y de varias provincias del interior que quieren que el Estado nacional siga financiando una porción significativa de las boletas de gas y electricidad de sus jurisdicciones. Es el segundo round de una negociación que el Gobierno busca resolver sin resignar el equilibrio fiscal que es, junto con la seguridad jurídica, la única credencial macroeconómica que tiene para mostrar ante los inversores que miran con atención la agenda de reformas.
La tercera es la disputa por los pliegos judiciales. Con casi un tercio de los cargos vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías de todo el país, el debate que debería girar en torno a cómo cubrir esas vacantes con la mayor celeridad posible terminó convertido en una discusión sobre pertenencias, lealtades y alineamientos políticos de los candidatos. El resultado es una Justicia estructuralmente debilitada en su capacidad operativa, que es exactamente lo contrario de lo que necesita un país que promete a los inversores externos que sus disputas serán resueltas con celeridad e independencia.
Ninguna de esas tres peleas es nueva. Lo nuevo es que ocurren mientras el país intenta, en paralelo, hacer algo completamente distinto.
La señal Thiel
El miércoles 28 de mayo, The New York Times publicó un extenso reportaje sobre Peter Thiel y la Argentina. No era una nota de negocios ni de tecnología: era una pieza de análisis político internacional sobre por qué uno de los empresarios más influyentes del mundo decidió mirar hacia el sur. El diario reveló que Thiel —cofundador de PayPal, presidente de Palantir, uno de los primeros inversores de Facebook y referencia ideológica de la derecha libertaria del Silicon Valley— trasladó temporalmente a su familia a Buenos Aires, matriculó a sus hijos en una escuela local y adquirió propiedades en la Argentina y Uruguay. En ese mismo reportaje apareció mencionado el Golden Passport como parte del menú de incentivos que el Gobierno argentino tiene en carpeta para atraer ese perfil de inversor: alguien que no solo busca rentabilidad, sino opcionalidad jurídica y geográfica en un mundo que se fragmenta. Que el diario haya elegido contar esa historia en ese momento no es un detalle menor: es el tipo de cobertura que los fondos globales leen antes de tomar decisiones.
Thiel se reunió con el presidente Milei, con el ministro de Economía Luis Caputo y con Sturzenegger. Milei definió el encuentro como el de “un anarcocapitalista que encuentra a otro anarcocapitalista llevando esas ideas a la práctica”.
Thiel no es un empresario convencional. Es el arquitecto intelectual y financiero de algunas de las apuestas más audaces del capitalismo tecnológico de las últimas décadas: cofundó PayPal, fue el primer inversor externo de Facebook, fundó Palantir —la empresa de análisis de datos que trabaja para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la comunidad de inteligencia y gobiernos de todo el mundo— y es uno de los principales impulsores globales de las DAO y de nuevas formas de organización empresarial basadas en blockchain. Es, también, uno de los pocos intelectuales del ecosistema tecnológico que convirtió su apuesta por la innovación radical en una posición política coherente: el escepticismo ante el Estado como organización suficiente para gestionar la complejidad del siglo XXI.
Que Thiel haya elegido la Argentina como residencia no es un dato anecdótico. En el ecosistema del venture capital global, los movimientos de los grandes inversores funcionan como señales. Cuando una figura de esa envergadura decide mover patrimonio, residencia y vínculos políticos, el empresariado global suele leer algo más profundo: que hay un proceso en marcha que vale la pena seguir de cerca. La afinidad ideológica es real —Thiel y Milei comparten una visión sobre desregulación, propiedad privada y límites del Estado—, pero lo que vuelve el dato estructuralmente relevante es que llegó en el momento exacto en que la Argentina construye el marco legal que hace que esa afinidad también sea una apuesta económica racional.
Las DAO que reconoce la nueva Ley de Sociedades son el tipo de estructura que Thiel financió e impulsó durante años. La propiedad privada con garantías legales sólidas es la condición de base que cualquier inversor de su perfil exige antes de comprometer capital. Y el Golden Passport es el tipo de incentivo que captura a empresarios que buscan no solo rendimiento financiero, sino también opcionalidad geográfica y jurídica en un mundo que se fragmenta políticamente.
No se trata de afirmar que la Argentina ya resolvió el problema de la atracción de inversiones. Los datos de la OCDE sobre 2025 son demasiado contundentes para el triunfalismo fácil, y la cautela que muestran muchos fondos internacionales frente a las elecciones de 2027 es un dato político que el Gobierno no puede ignorar. Pero sí se puede afirmar algo distinto: por primera vez en décadas, la Argentina construye simultáneamente los cuatro pilares que cualquier inversor sofisticado necesita ver antes de comprometer capital de largo plazo. Garantías de propiedad. Marco societario moderno. Estado predecible. E incentivos concretos para radicarse.
Eso no es poco. Durante mucho tiempo, fue exactamente lo que no había.
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POLITICA
“Milei es un malvinero de mecha corta”, aseguró Maximiliano Ferraro antes del debate en el Congreso
El diputado Maximiliano Ferraro sostuvo en Infobae al Amanecer que el Gobierno deberá traducir sus anuncios sobre Malvinas en una ley, inversiones en Defensa y partidas concretas dentro del Presupuesto 2027
Ferraro fue invitado al estudio para abordar la expectativa parlamentaria sobre el proyecto anunciado por el presidente Javier Milei. Durante su paso por Infobae al Amanecer, dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar sobre la agenda legislativa, la emergencia en discapacidad, la situación educativa y el esquema económico.
El legislador de la Coalición Cívica ubicó el anuncio presidencial dentro de un escenario de iniciativas que todavía no llegaron al Congreso. “Creo que estamos a la espera porque pasaron 12 días del Milei malvinero”, expresó al referirse a la cadena nacional.
Para Ferraro, el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas requiere continuidad institucional. “Malvinas debe ser una política de Estado”, afirmó, antes de vincular la falta de novedades sobre ese proyecto con la demora en la presentación del Presupuesto 2027.
El diputado enumeró otros asuntos que comenzaron a tomar lugar en la Cámara de Diputados. “Estamos esperando ese proyecto de ley, como estamos esperando el ingreso del Presupuesto 2027”, dijo.
La discusión parlamentaria también abarca el endeudamiento de los hogares y las dificultades de las personas con discapacidad frente a los pagos a prestadores y terapistas. Sobre ese cuadro, Ferraro señaló: “Estamos comenzando el debate de dos temas que el Gobierno no quería tratar en el Parlamento”.
Malvinas
Ferraro apuntó a la consistencia entre el anuncio presidencial y las decisiones económicas del Gobierno. “No es que no le creo: es un Milei malvinero de mecha corta”, afirmó.
El diputado tomó como ejemplo a Harbour Energy, una compañía vinculada a un proyecto beneficiado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Ferraro sostuvo que la empresa había recibido sanciones en Argentina antes de acceder a beneficios del esquema.
“En 2013 fue penalizada por la Argentina y en 2025 se le dio el beneficio del RIGI”, planteó al cuestionar la participación de esa firma en un proyecto alcanzado por el régimen.
Ferraro se refirió a una participación accionaria del 15% y planteó interrogantes sobre los controles previos. “¿La Legal y Técnica del ministro de Economía no vio que una empresa con 15% de participación accionaria había sido penalizada por la misma ley que hoy reivindican?”, preguntó.
El diputado objetó que el Ejecutivo promueva sanciones más duras para empresas que operen en la zona de Malvinas si previamente les concedió espacios de negociación o incentivos. “No solamente las invitaban, sino que las sentaban en la mesa”, sostuvo.
Pese a esas críticas, Ferraro descartó que la oposición se niegue a una norma que fortalezca la defensa de la soberanía argentina. “No me imagino poniéndome en contra”, dijo ante la posibilidad de que el proyecto eleve sanciones para compañías vinculadas a actividades en torno a las islas.
Su planteo se concentró en el alcance material de la propuesta. “Eso tiene que tener un reflejo también, no solamente en la Ley de Defensa de Soberanía de Malvinas, que es una manda constitucional, sino en cómo eso se refleja en el presupuesto”, afirmó.
Ferraro mencionó entre las medidas anunciadas por Milei la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego. “Lo que es concretar la base naval integrada en Tierra del Fuego” debe formar parte de esa discusión, sostuvo.
Para Ferraro, la credibilidad del anuncio dependerá de las decisiones que acompañen el discurso. “¿Cómo se demuestra si realmente va a ser creíble? Con acciones concretas, no solamente en lo meramente discursivo o en la estrategia comunicacional”, expresó.
El legislador vinculó la cuestión con la situación política del Presidente. “Intenta relegitimarse porque es algo que está muy en el corazón de los argentinos”, afirmó sobre el uso de Malvinas en la conversación pública.
A la vez, rechazó una lectura basada en lo que definió como nacionalismos extremos. “No creo en los nacionalismos tontos, y eso no quiere decir que no reivindique y no defienda la gesta de Malvinas”, manifestó.
El Presupuesto 2027
La semana previa, distintos bloques opositores impulsaron una sesión para tratar emplazamientos a comisiones. Ferraro sostuvo que esa instancia modificó la posición de La Libertad Avanza y sus aliados ante las iniciativas que no figuraban entre las prioridades oficiales.
“Logramos abrir el recinto”, afirmó el diputado, quien añadió que el oficialismo y parte de sus socios parlamentarios aceptaron tratar la situación de quienes acumulan deudas y la emergencia vinculada a discapacidad.
Al describir la dimensión que atribuyó al problema financiero de los hogares, Ferraro señaló: “Hoy seis millones de argentinos están endeudados y siete de cada diez lo hicieron para comprar alimentos o sostener el hogar”.
El legislador también introdujo el debate educativo en la discusión presupuestaria. “El presupuesto educativo del 2023 al 2025 cayó más del 47%”, afirmó, y ligó esa evolución con los resultados de las evaluaciones PISA.
Ferraro aclaró que la situación educativa no puede adjudicarse solamente a la actual administración. “No es responsabilidad de este Gobierno, pero hay que ponerlo sobre la mesa”, sostuvo.
Como alternativa para quienes enfrentan compromisos financieros, puso sobre la mesa un proyecto propio de portabilidad financiera. “Vos podés renegociar y los bancos salen a competir respecto de cómo te refinancian, a qué plazo y con qué tipo de interés”, explicó.
El mecanismo, según describió, permitiría que una persona traslade su historial crediticio hacia otra entidad para buscar mejores condiciones. “Tu carpeta la podés llevar a otras entidades bancarias y esas entidades bancarias compiten entre sí para ofrecerte mejores condiciones”, indicó.
Ferraro incluyó en esa propuesta a deudores de consumos, préstamos personales y créditos hipotecarios. “No es solamente la carpeta de un solo crédito que podés tener, sino que en esa instancia el banco te renegocia y te ofrece por ahí otro tipo de condiciones”, dijo.
En ese punto, también relacionó la morosidad con decisiones monetarias previas. “Tuviste un tiempo atrás que el Banco Central te puso una tasa de referencia alta y eso también incidió en cómo hoy está la situación”, manifestó.
Sobre la disputa política por la sesión, Ferraro afirmó que el oficialismo buscó impedirla hasta el último momento. “Veinticuatro horas antes de la sesión estaban haciendo todo lo que estaba a su alcance para que la sesión no sucediera”, dijo.
El legislador indicó que la oposición reunió entre 133 y 135 diputados para avanzar con la convocatoria, mientras que el número requerido para habilitar una sesión es de 139. “Cuando se dieron cuenta de que nosotros teníamos 133, 135 diputados, decidieron bajar”, aseguró.
Según su reconstrucción, la discusión permitió emplazar a comisiones que, de acuerdo con su visión, el oficialismo había dejado sin actividad. “Ellos habían decidido cerrar” esas comisiones, expresó.
Las críticas a Luis Caputo
El diputado también fue consultado por el impacto del RIGI y por los sectores que mostraron mejores resultados dentro de la economía. “Principalmente minería e hidrocarburos, por el desarrollo y el potencial que tiene Vaca Muerta”, respondió.
Ferraro agregó que las entidades financieras también obtuvieron beneficios durante este período. “Otro de los sectores que ganaron muchísimo, y hay que decirlo, son el sector financiero y los bancos”, afirmó.
A partir de una publicación del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el consumo en la calle Corrientes, el diputado cuestionó la distancia entre ese mensaje y la situación de los hogares. “Si hay una buena situación y él confía tanto en esa situación que administra, que traiga la plata que tiene en el exterior”, sostuvo.
El legislador diferenció esa exigencia de la libertad de los particulares para decidir dónde colocar sus ahorros o inversiones. “Estoy hablando de funcionarios públicos que tenemos responsabilidades públicas. No me estoy refiriendo al ciudadano común”, aclaró.
Ferraro extendió el pedido a otros integrantes del gabinete nacional. “Tiene que dar el ejemplo él, como tiene que dar el ejemplo Sturzenegger, como tiene que dar el ejemplo la política”, dijo.
El diputado recordó una intervención de Caputo ante estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella, donde el ministro había llamado a convencer a las familias para que retiren sus ahorros de los colchones. “¿No le dijo el otro día a unos estudiantes: ‘Convenzan a sus padres que saquen la guita de los colchones’?”, preguntó.
También señaló que dentro del Gobierno existirían voces con inquietudes sobre el día a día económico. “Algunos plantean prestar atención a la microeconomía, la economía del día a día de millones de argentinos”, sostuvo.
Ferraro cerró su crítica con una referencia a la interna oficialista. “Es una actitud cínica para quedar bien con el rey o con la reina, que es el Presidente o la hermana Karina Milei”, concluyó.
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POLITICA
Día clave para el Gobierno: expectativa por el Presupuesto y dilaciones en el proyecto de Malvinas
El presidente Javier Milei reunió el lunes a los diputados y senadores de La Libertad Avanaza en la Casa Rosada, pero no habló de geopolítica ni de la agenda parlamentaria. El mandatario dedicó las tres horas del encuentro a explicarles a los dirigentes de su espacio los principios básios de su modelo, cómo responder a las críticas de la oposición y la situación de los principales indicadores de la economía argentina.
Aunque el Gobierno se prepara para enfrentar en las próximas semanas importantes desafíos en el Congreso, al jefe de Estado le interesa más que los legisladores entiendan primero por qué está convencido de que las medidas que está tomando son correctas, porque considera que las batallas parlamentarias que se vienen las va a ganar si logra la ventaja en el plano discursivo.
Un primer ejemplo de esto lo tuvo con la causa Malvinas, cuando el equipo que lo acompaña le acercó las encuestas que indicaban que la gran mayoría de la población apoyaba fuertemente las medidas que anunció por cadena nacional.
Aunque varias de las iniciativas vinculadas a este asunto ya fueron anticipadas, el Poder Ejecutivo todavía trabaja en la redacción final del texto que entrará por la Cámara de Diputados, en la que interviene principalmente el canciller, Pablo Quirno, pero todavía no tiene fecha para la presentación.
No obstante, la cúpula libertaria ya comenzó con las negociaciones con los aliados y le mostraron un primer borrador al PRO durante la última reunión que tuvieron con ellos en Casa Rosada, en el marco de los acercamientos para alcanzar acuerdos electorales en todo el país.
En aquella oportunidad, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, los enviados de Mauricio Macri a esa mesa, vieron la propuesta y aseguraron que, en principio, van a apoyarla.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se comprometió a pasarles en los días siguientes por WhatsApp la versión final, aunque hasta el momento ninguno de los dos la recibió.
Los tiempos también se extendieron porque el primero de ellos se encuentra actualmente en Washington, ya que acompañó al alcalde porteño, Jorge Macri, en la gira que está haciendo por los Estados Unidos, lo que pausó las conversaciones con los libertarios.
Por lo pronto, lo que sí enviará este martes el Ejecutivo es el Presupuesto 2027, que también ingresará por ese mismo recinto, pero a diferencia del otro proyecto, su contenido se mantiene bajo un estricto hermetismo y en el Palacio de Hacienda se niegan a dejar trascender ningún detalle.
Recientemente, la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, respaldó el rumbo de la economía argentina y rechazó, en línea con el Presidente, una de las principales críticas de la oposición, el nivel de endeudamiento de las familias.
“Estamos monitoreando el reciente aumento en las tasas de morosidad de los hogares. No consideramos que esto represente una vulnerabilidad financiera significativa”, expresó.
En las últimas horas circularon algunos supuestos detalles de su contenido, pero las autoridades nacionales aseguraron a Infobae que esas cifras no eran correctas, sobre todo en lo que respecta a la expectativa sobre la inflación y el valor del dólar.
Lo que sí está definido es que no va a ser presentado por Milei, como los años anteriores. Tampoco por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. El plan de gastos para el año que viene, que será electoral, se entregará directamente y sin exposición de los funcionarios de primera línea.
Por la tarde, en tanto, volverá a reunirse la mesa política en las oficinas del extinto Ministerio del Interior para, justamente, terminar de coordinar la estrategia legislativa de cara a la discusión de los dos mencionados proyectos.
Como siempre, el encuentro estará encabezado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; acompañada por Santilli e Ignacio Devitt, su segundo; ”Toto“ Caputo; Santiago Caputo, asesor presidencial; Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado; Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional, y Fabián Fernández, secretario de Comunicación.
Será después de la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier. La intención es terminar de ordenar la estrategia para el tratamiento de la ley de gastos y recursos y definir la hoja de ruta de las próximas semanas.
El debate por el Presupuesto abrirá una nueva instancia de negociaciones con gobernadores y bloques aliados, que reclamarán definiciones sobre los recursos destinados a las provincias, las obras de infraestructura y las transferencias nacionales. El oficialismo necesita construir acuerdos para conseguir la aprobación de una norma que considera central para sostener el programa económico.
De hecho, este fue uno de los mensajes que Karina Milei les transmitió a los legisladores en la reunión del lunes, cuando tomó la palabra por unos minutos, poco antes de que llegara el Presidente.
A la funcionaria le molestó que algunos integrantes del oficialismo hayan criticado a distintos mandatarios provinciales y referentes de partidos que serán fundamentales para aprobar las reformas en el Congreso.
En paralelo, el Poder Ejecutivo continuará trabajando en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que fue anunciado por Milei en cadena nacional y busca endurecer las sanciones contra las empresas que desarrollen actividades sin autorización argentina en las islas Malvinas y en la Plataforma Continental.
Está cuestión seguirá así como uno de los temas de la agenda oficial, junto con el Presupuesto y la reforma electoral, que comenzará a debatirse este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. La Casa Rosada apunta a avanzar con esos proyectos antes de que las negociaciones por las elecciones de 2027 ocupen de lleno la dinámica del Congreso.
Pablo Quirno,Carlos Presti,Base Naval Integrada de Ushuaia,Ushuaia
POLITICA
Diputados abre el debate por el endeudamiento de las familias: hay casi 50 proyectos y buscan consensuar propuestas
Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados se reunirán este martes para comenzar a buscar acuerdos sobre los proyectos destinados a abordar el endeudamiento y la morosidad de las familias. El plenario fue fijado luego de que la Cámara Baja aprobara por unanimidad un emplazamiento que estableció un cronograma de trabajo y fijó para el 29 de septiembre la firma de los dictámenes.
En total, hay cerca de 50 iniciativas presentadas por distintos bloques de la oposición. Este lunes se sumó una propuesta de los diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora y forman parte de Provincias Unidas.
Ese proyecto plantea crear una línea de préstamos destinada a las personas que se encuentran en situación 2 o 3 en la Central de Deudores del Banco Central. La iniciativa permitiría refinanciar las obligaciones mediante créditos de mayor plazo y menor costo financiero.
Los préstamos serían otorgados por bancos que adhieran voluntariamente al programa y contarían con beneficios impositivos destinados a reducir el costo financiero, además de fondeo proveniente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Según la propuesta, el Estado no asumiría las deudas privadas.
Los créditos se ajustarían por UVA, tendrían una tasa máxima del 7,5% anual y un plazo de cinco años para su cancelación.
La diputada Alejandra Torres explicó los fundamentos de la iniciativa: “No hay un problema de deuda por irresponsabilidad. Tomar un crédito es parte de la dinámica de cualquier familia y motoriza el crecimiento, como ocurre en los países más desarrollados. El problema son las tasas desproporcionadas, por eso proponemos una salida donde cada parte hace su esfuerzo”.
Cómo será el debate en las comisiones y cuáles son los proyectos que tienen más respaldo
El emplazamiento aprobado por la Cámara de Diputados el miércoles pasado estableció un cronograma de reuniones para este martes 15 y los días 22 y 29 de septiembre, siempre a las 14. En el último encuentro está prevista la firma de los dictámenes.
Las iniciativas fueron giradas a las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, pero no a Presupuesto y Hacienda. El bloque oficialista que conduce Gabriel Bornoroni recibió favorablemente esa decisión, bajo la premisa de que las medidas que finalmente se acuerden no deberían generar impacto fiscal.
Santiago Pauli ya llevaba dos semanas realizando reuniones con invitados y trabajando sobre un esquema similar al que finalmente aprobó la Cámara. A partir del emplazamiento, los bloques opositores buscan ahora acercar posiciones y reducir el número de propuestas para avanzar con textos consensuados.
Entre los proyectos mejor posicionados aparecen los del radical Pablo Juliano y la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade. También existen iniciativas impulsadas por Unión por la Patria.
Juliano propuso crear un Régimen de Protección y Defensa de Usuarios Financieros y Prevención del Sobreendeudamiento en el Sistema de Crédito. La iniciativa busca fomentar el acceso responsable al financiamiento, prevenir situaciones de sobreendeudamiento y aumentar la transparencia de las condiciones de contratación.
También apunta a reforzar la responsabilidad de las entidades al momento de otorgar créditos y promover la inclusión financiera.
Frade, en tanto, centró su propuesta en el uso responsable de las tarjetas de crédito. El proyecto establece que las entidades emisoras deberán ofrecer a sus clientes la posibilidad de fijar límites de gasto definidos por los propios usuarios, con el objetivo de prevenir situaciones de sobreendeudamiento.
La Libertad Avanza prepara un dictamen propio y pone el foco en el costo real de los créditos
La Libertad Avanza también trabaja en una propuesta propia para llevar al recinto. El eje estará puesto en las medidas vinculadas con el Costo Financiero Total (CFT), el indicador que refleja cuánto termina pagando efectivamente una persona por un crédito al sumar intereses, comisiones, seguros y otros cargos.
En las reuniones de la Mesa Política de la Casa Rosada, de las que participa el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la senadora Patricia Bullrich presentó una propuesta para implementar un sistema que brinde información más clara y explícita antes de contratar un préstamo.
El objetivo es que los usuarios puedan conocer de antemano el costo real del financiamiento y comparar las condiciones antes de asumir una deuda.
La iniciativa involucraría al Banco Central, los bancos y las empresas fintech en los mecanismos de refinanciación y en la revisión de la forma en que se informa el CFT.
A partir de ese planteo, el oficialismo prepara un dictamen alternativo, que buscará presentar el 29 de septiembre, cuando las comisiones firmen los distintos despachos.
De esta manera, La Libertad Avanza pasó de mantenerse al margen de las primeras propuestas sobre endeudamiento familiar a trabajar en una alternativa propia, mientras la oposición intenta consensuar un texto que reúna parte de las casi 50 iniciativas presentadas.
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