POLITICA
Las reformas audaces y rupturistas que impulsa el gobierno de Milei y el factor Peter Thiel en Argentina
Hay una forma de leer lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei en materia de inversiones que no aparece cuando se analiza cada medida por separado. Conviene verlas en conjunto, en la secuencia de las últimas semanas, para entender que se trata de algo más que una suma de proyectos y decretos: es la arquitectura deliberada de una administración que se propone competir por el capital global.
El contexto no admite eufemismos. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Argentina cerró 2025 en el último lugar del ranking regional de inversión extranjera directa entre las principales economías de América Latina. Captó USD 3.134 millones netos, mientras Brasil recibió USD 76.877 millones y México USD 40.871 millones. Costa Rica, con una economía más pequeña, superó a la Argentina con USD 5.733 millones. La fotografía es la de un país que pasó décadas construyendo una reputación de destino hostil para el capital externo: expropiaciones, cepos, confiscaciones, modificaciones retroactivas de reglas de juego y una cultura política que convirtió la desconfianza hacia el inversor extranjero en bandera de soberanía. El resultado de ese camino lo certificó la OCDE con frialdad estadística.
Sobre ese punto de partida, el Gobierno lanzó en semanas lo que en cualquier otro contexto habría llevado años de deliberación legislativa y burocrática.
El gobierno de Javier Milei impulsó en las últimas semanas un paquete de iniciativas para reposicionar a la Argentina como destino de inversión: un proyecto para reforzar garantías sobre la propiedad privada y reformar expropiaciones, una propuesta de nueva Ley General de Sociedades con digitalización y figuras como DAO, una herramienta estatal de inteligencia artificial para políticas sociales y la discusión de un “Golden Passport”. La agenda convive con tensiones legislativas por la reforma electoral, subsidios energéticos y pliegos judiciales.
Propiedad privada
El primero de los pilares es el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que ya obtuvo dictamen en el Senado y podría tratarse en el recinto para el próximo jueves 4 de junio. La iniciativa toca varios nervios simultáneamente.
Por un lado, modifica el régimen de expropiaciones: endurece los requisitos para que el Estado pueda avanzar sobre un bien privado y blinda jurídicamente al propietario frente a decisiones discrecionales del poder político. Por otro, elimina las limitaciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros que habían sido establecidas durante el kirchnerismo bajo la lógica de la “soberanía alimentaria”. Los fundamentos del proyecto fueron explícitos: esa normativa “implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario”. El nuevo enfoque concentra los controles en los casos en que estén involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos, no en el capital privado.
También deroga la norma que restringía la venta de tierras afectadas por incendios, una disposición que había impulsado Máximo Kirchner y que, en la práctica, funcionaba como herramienta de presión sobre propietarios en situación de vulnerabilidad. Además, incorpora cambios en los procesos de desalojo: establece un trámite más ágil para casos de falta de pago o usurpación y avanza en la digitalización integral de los registros inmobiliarios. “En 2025, las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires crecieron un 70% respecto de 2023″, señaló el proyecto. El sistema registral actual no está en condiciones de acompañar esa dinámica.
Traducido al lenguaje de un inversor extranjero que evalúa desembarcar en la Argentina: por primera vez en décadas, el suelo tendría garantías legales serias.
El código del siglo XXI
Mientras el Senado cerraba dictamen sobre la propiedad privada, el Gobierno envió al Congreso otra reforma de envergadura comparable: la nueva Ley General de Sociedades. La actual data de la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse. En términos de ecosistema emprendedor y economía digital, es un fósil legal.
La reforma que envió el Gobierno no es cosmética. Convierte las normas de la ley en disposiciones supletorias: el estatuto manda, no el Estado. Elimina los controles arbitrarios de los registros públicos. Habilita la resolución de conflictos societarios ante jurisdicciones extranjeras elegidas por las partes. E incorpora la digitalización total: domicilio electrónico, registros digitales, asambleas virtuales, constitución de sociedades mediante firma digital. “Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia”, sintetizó el ministro al presentar la iniciativa.
Pero el núcleo más disruptivo está en dos figuras que no existen en el derecho argentino vigente. La primera son las “Sociedades Automatizadas”: estructuras que pueden operar mediante algoritmos o inteligencia artificial sin requerir empleados para su funcionamiento ordinario. La segunda son las DAO —Organizaciones Autónomas Descentralizadas—, entidades digitales con participaciones representadas en tokens, registros en blockchain y reglas de funcionamiento programadas en contratos inteligentes, sin directorios ni gerencias tradicionales. Ambas figuras tendrían personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada.
El modelo de referencia que citó Sturzenegger fue Irlanda: su marco legal y fiscal favorable atrajo a las principales multinacionales tecnológicas del mundo. El argumento es que la Argentina tiene condiciones para hacer algo equivalente en el universo de la inteligencia artificial y la economía del conocimiento. “Menos controles arbitrarios de los burócratas, menos costos de transacción y más libertad para competir en el mundo. Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá”, afirmó el ministro.
El Estado que aprende
No toda la agenda de apertura está orientada al capital privado externo. El 22 de mayo, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello anunció el lanzamiento del “Gemelo Digital Social”, una herramienta de inteligencia artificial que busca transformar la forma en que el Estado diseña y evalúa políticas públicas.
La idea es técnicamente precisa: un gemelo digital es una réplica virtual alimentada con datos reales que permite simular comportamientos y evaluar escenarios posibles antes de implementar medidas concretas. Aplicado a política social, significa que el Estado podría calcular el impacto real de una intervención —sobre empleo, pobreza, educación, territorio— antes de ejecutarla, y reemplazar la lógica reactiva y clientelar que históricamente dominó esa área del Estado argentino. La herramienta procesa datos estatales de manera innominada —sin identificación de personas— para generar inteligencia de política pública. “Durante décadas, el Estado reaccionó sin poder anticipar. Estamos entrando en una nueva era”, afirmó el video institucional del ministerio.
Leída desde la perspectiva del inversor, la señal es relevante: un Estado que gestiona con datos es un Estado más predecible, con menor margen para la discrecionalidad y más rendición de cuentas sobre sus propias decisiones. También es un Estado que puede demostrar el impacto de sus políticas con pruebas, no con relato.
El pasaporte como intención
El cuarto componente de la agenda todavía no existe como programa concreto, pero su sola discusión dice algo sobre el clima que el Gobierno busca instalar. La idea de un “Golden Passport” —ciudadanía argentina a cambio de una inversión significativa, sin necesidad de residencia previa— circula en los despachos oficiales desde hace meses, aunque todavía no tuvo avances concretos. El modelo existe en Malta, Portugal, Grecia y los Emiratos Árabes Unidos, y en todos esos casos funcionó como imán para capital y talento emprendedor de alto valor.
En la Argentina, la iniciativa no se implementó. No hay programa lanzado, ni montos definidos por ley, ni agencia operativa. Lo que hay es una señal política que llegó a las páginas de The New York Times, que lo mencionó en su reportaje sobre Peter Thiel y la Argentina como parte del clima de incentivos del Gobierno para ese perfil de capital. En un contexto donde el pasaporte argentino da acceso a más de 170 países y el ecosistema de reformas empieza a tomar forma, esa posibilidad tiene peso propio aunque todavía no tenga reglamento.
El ruido de fondo
Toda esa agenda convive, en el mismo Congreso y en las mismas semanas, con una política de otra temperatura. Mientras Sturzenegger negocia dictámenes y los inversores globales leen los proyectos sobre DAO y propiedad privada, el Gobierno quedó enredado en tres discusiones que consumen tiempo legislativo y capital político sin generar valor agregado para el país que busca construir.
La primera es la reforma electoral. El oficialismo quiere eliminar las PASO —las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias— para simplificar el calendario electoral de 2027. Pero los gobernadores no quieren ceder ese instrumento, y el PRO de Mauricio Macri lo usa como palanca de negociación. El resultado concreto de ese bloqueo es que los argentinos podrían votar hasta seis veces el año que viene: tres para cargos provinciales —primarias, generales y eventual balotaje— y tres para los nacionales. La paradoja es que los mismos gobernadores que se resisten a eliminar las PASO son quienes insisten en desdoblar sus elecciones locales de las nacionales, precisamente para no quedar expuestos a la lógica de una elección presidencial que podría fortalecer a Milei y comprometer sus liderazgos territoriales. Es una discusión sobre poder, no sobre ciudadanos.
La segunda es la pelea por los subsidios energéticos. El proyecto de “ley de zona fría”, que obtuvo media sanción en Diputados, llegó al Senado con el respaldo de los gobernadores patagónicos y de varias provincias del interior que quieren que el Estado nacional siga financiando una porción significativa de las boletas de gas y electricidad de sus jurisdicciones. Es el segundo round de una negociación que el Gobierno busca resolver sin resignar el equilibrio fiscal que es, junto con la seguridad jurídica, la única credencial macroeconómica que tiene para mostrar ante los inversores que miran con atención la agenda de reformas.
La tercera es la disputa por los pliegos judiciales. Con casi un tercio de los cargos vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías de todo el país, el debate que debería girar en torno a cómo cubrir esas vacantes con la mayor celeridad posible terminó convertido en una discusión sobre pertenencias, lealtades y alineamientos políticos de los candidatos. El resultado es una Justicia estructuralmente debilitada en su capacidad operativa, que es exactamente lo contrario de lo que necesita un país que promete a los inversores externos que sus disputas serán resueltas con celeridad e independencia.
Ninguna de esas tres peleas es nueva. Lo nuevo es que ocurren mientras el país intenta, en paralelo, hacer algo completamente distinto.
La señal Thiel
El miércoles 28 de mayo, The New York Times publicó un extenso reportaje sobre Peter Thiel y la Argentina. No era una nota de negocios ni de tecnología: era una pieza de análisis político internacional sobre por qué uno de los empresarios más influyentes del mundo decidió mirar hacia el sur. El diario reveló que Thiel —cofundador de PayPal, presidente de Palantir, uno de los primeros inversores de Facebook y referencia ideológica de la derecha libertaria del Silicon Valley— trasladó temporalmente a su familia a Buenos Aires, matriculó a sus hijos en una escuela local y adquirió propiedades en la Argentina y Uruguay. En ese mismo reportaje apareció mencionado el Golden Passport como parte del menú de incentivos que el Gobierno argentino tiene en carpeta para atraer ese perfil de inversor: alguien que no solo busca rentabilidad, sino opcionalidad jurídica y geográfica en un mundo que se fragmenta. Que el diario haya elegido contar esa historia en ese momento no es un detalle menor: es el tipo de cobertura que los fondos globales leen antes de tomar decisiones.
Thiel se reunió con el presidente Milei, con el ministro de Economía Luis Caputo y con Sturzenegger. Milei definió el encuentro como el de “un anarcocapitalista que encuentra a otro anarcocapitalista llevando esas ideas a la práctica”.
Thiel no es un empresario convencional. Es el arquitecto intelectual y financiero de algunas de las apuestas más audaces del capitalismo tecnológico de las últimas décadas: cofundó PayPal, fue el primer inversor externo de Facebook, fundó Palantir —la empresa de análisis de datos que trabaja para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la comunidad de inteligencia y gobiernos de todo el mundo— y es uno de los principales impulsores globales de las DAO y de nuevas formas de organización empresarial basadas en blockchain. Es, también, uno de los pocos intelectuales del ecosistema tecnológico que convirtió su apuesta por la innovación radical en una posición política coherente: el escepticismo ante el Estado como organización suficiente para gestionar la complejidad del siglo XXI.
Que Thiel haya elegido la Argentina como residencia no es un dato anecdótico. En el ecosistema del venture capital global, los movimientos de los grandes inversores funcionan como señales. Cuando una figura de esa envergadura decide mover patrimonio, residencia y vínculos políticos, el empresariado global suele leer algo más profundo: que hay un proceso en marcha que vale la pena seguir de cerca. La afinidad ideológica es real —Thiel y Milei comparten una visión sobre desregulación, propiedad privada y límites del Estado—, pero lo que vuelve el dato estructuralmente relevante es que llegó en el momento exacto en que la Argentina construye el marco legal que hace que esa afinidad también sea una apuesta económica racional.
Las DAO que reconoce la nueva Ley de Sociedades son el tipo de estructura que Thiel financió e impulsó durante años. La propiedad privada con garantías legales sólidas es la condición de base que cualquier inversor de su perfil exige antes de comprometer capital. Y el Golden Passport es el tipo de incentivo que captura a empresarios que buscan no solo rendimiento financiero, sino también opcionalidad geográfica y jurídica en un mundo que se fragmenta políticamente.
No se trata de afirmar que la Argentina ya resolvió el problema de la atracción de inversiones. Los datos de la OCDE sobre 2025 son demasiado contundentes para el triunfalismo fácil, y la cautela que muestran muchos fondos internacionales frente a las elecciones de 2027 es un dato político que el Gobierno no puede ignorar. Pero sí se puede afirmar algo distinto: por primera vez en décadas, la Argentina construye simultáneamente los cuatro pilares que cualquier inversor sofisticado necesita ver antes de comprometer capital de largo plazo. Garantías de propiedad. Marco societario moderno. Estado predecible. E incentivos concretos para radicarse.
Eso no es poco. Durante mucho tiempo, fue exactamente lo que no había.
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Desde el comienzo de la semana, el Gobierno dejó en claro cuál será su estrategia para encarar el año electoral. La hoja de ruta se apoya sobre dos ejes: el ordenamiento financiero para afrontar los vencimientos de deuda y la negociación con los gobernadores. El tercer pilar, el desempeño de la macro y la microeconomía, en la Casa Rosada lo dan prácticamente por descontado.
El objetivo es uno: la reelección.
El lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicitó cómo piensa cubrir los vencimientos por unos US$ 24.000 millones. Horas más tarde, durante el Tedeum, Javier Milei se mostró junto a 13 gobernadores con los que mantiene diálogo político y aseguró que “se inicia una nueva etapa”. Para el oficialismo, ese es el camino que conduce a las elecciones presidenciales de 2027.
Caputo decidió avanzar sobre el frente financiero con la presentación del programa que, según explicó, permitirá afrontar todos los vencimientos hasta fines de 2027 y alejar el fantasma de un default.
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En el Gobierno consideran que el riesgo de un regreso del kirchnerismo es bajo, aunque admiten que siempre existe la posibilidad de que un cambio en las expectativas electorales impacte sobre el tipo de cambio. Por eso buscan minimizar riesgos y construir un blindaje que despeje el horizonte electoral, aporte certidumbre y reduzca la posibilidad de una corrida cambiaria o bancaria.
Cuatro días antes, el Banco Central había anunciado que refinanció préstamos por US$ 6000 millones con diez entidades financieras mediante una operación tipo REPO, entregando bonos como garantía. De esa manera postergó los vencimientos hasta 2028, es decir, después de las elecciones, y consiguió una tasa de interés más baja.
Además, Caputo explicó cómo se pagarán los vencimientos de este año y de 2027 sin necesidad de volver al mercado internacional. Dejó abierta esa posibilidad únicamente si las tasas de interés descienden, pero aclaró que no constituye un objetivo en sí mismo.
La primera reacción del mercado fue positiva. Desde el mismo lunes, el riesgo país se mantuvo cerca de los 400 puntos básicos, mientras subieron tanto los bonos como las acciones.
La negociación con los gobernadores y la agenda legislativa
El segundo eje de la estrategia oficial pasa por la necesidad de avanzar en el Congreso con distintos proyectos, especialmente los vinculados con la reforma política.
A último momento, Milei sumó otra iniciativa: modificar la Carta Orgánica del Banco Central para limitar la facultad de emitir dinero. Durante la presidencia de Cristina Kirchner y la gestión de Mercedes Marcó del Pont se incorporó entre los objetivos de la autoridad monetaria no solo preservar el valor de la moneda, sino también promover el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Milei busca eliminar esas referencias.
También pretende obtener autorización para disponer el cierre de las oficinas de la administración pública (“shutdown”) cuando se agote el presupuesto. El objetivo es reducir el margen para que alguna decisión altere el rumbo del mercado. El Presidente aplica así las enseñanzas de Friedrich Hayek en su versión más pura.
La iniciativa también funciona como un gesto hacia la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, que llegará a la Argentina antes de fin de julio como señal de respaldo al programa económico. De hecho, el jueves la vocera del organismo, Julie Kozack, elogió la mayor transparencia en el financiamiento del sector público.
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Durante su discurso en Tucumán, Milei repasó los logros de su gestión y los proyectos que impulsa en el Congreso. Pero el dato político más relevante fue la presencia de los gobernadores que habitualmente mantienen una actitud dialoguista con la Casa Rosada. El Presidente les agradeció especialmente el respaldo y dejó abierta la puerta para profundizar esos acuerdos de cara a la reelección.
El contexto explica buena parte de esa estrategia. La mayoría de los gobernadores buscará la reelección en sus provincias o, cuando no tenga habilitado un nuevo mandato, intentará imponer a un sucesor propio.
En ese escenario, la negociación entre Diego Santilli y los mandatarios provinciales tiene dos caras.
La primera está vinculada con los fondos, avales y obras que reclaman las provincias, afectadas por la caída de la recaudación nacional y de la coparticipación. Si esa cara tuviera un nombre, sería el de Luis Caputo. La lógica que guía a Santilli es que toda asistencia económica debe traducirse en gobernabilidad para Milei.
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La otra cara del acuerdo pasa por una discusión todavía abierta: si La Libertad Avanza impulsará candidatos propios en cada distrito o permitirá que los gobernadores compitan sin enfrentar una verdadera alternativa libertaria. En ese terreno, quien tiene la última palabra es Karina Milei, cuya estrategia hasta ahora dio resultado en las elecciones de medio término.
Santilli administra ese delicado equilibrio entre gobernadores, Caputo y Karina Milei.
Ahora, sin la presión que implicó la campaña de Manuel Adorni, el Gobierno necesita que los proyectos avancen en el Congreso. Tanto la reunión de la mesa política del miércoles como el encuentro de Labor Parlamentaria en el Senado, que prepara la sesión prevista para la próxima semana, apuntan en esa dirección: impulsar una agenda que habilite nuevas negociaciones.
Aunque para la mayoría de los ciudadanos las elecciones todavía parecen lejanas, para la dirigencia política ya comenzaron a influir sobre todas las decisiones.
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El cronograma provincial suele iniciarse en febrero y los gobernadores necesitan saber cuál será el escenario político antes de definir si desdoblan los comicios o los hacen en forma simultánea con los nacionales. En la mayoría de los casos no solo se ponen en juego bancas legislativas, sino también la continuidad de sus propios proyectos políticos. La excepción es Corrientes, que tiene un calendario diferente.
Con el Mundial de fútbol a ocho días de finalizar, los tiempos políticos comenzarán a acelerarse.
El proyecto de reforma política enviado por Milei todavía no reúne el respaldo de la mayoría de los gobernadores. Solo manifestaron apoyo Raúl Jalil, Leandro Zdero y Gustavo Valdés.
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Mientras tanto, el Gobierno puso sobre la mesa otra alternativa: el regreso de las colectoras o alguna variante de listas de adhesión.
No se trata de una discusión sencilla. Ese mecanismo fue utilizado en distintas elecciones hasta que Mauricio Macri lo prohibió por decreto. Bastaría con derogar esa norma para volver a habilitarlo, aunque la implementación presenta complejidades, especialmente con la Boleta Única de Papel.
Además, Patricia Bullrich considera que volver a las colectoras sería un retroceso porque implica resolver las internas el mismo día de la elección general. Santilli evalúa otras alternativas, aunque toda reforma electoral enfrenta un obstáculo adicional: requiere una ley especial aprobada por mayoría absoluta de ambas cámaras, es decir, 37 senadores y 129 diputados.
Macroeconomía, inflación y el desafío del bolsillo
El tercer eje de cualquier estrategia electoral es la economía. Sin embargo, en el Gobierno parten de la premisa de que las condiciones macroeconómicas llegarán alineadas al momento de la elección.
El miércoles se conoció que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8%. Ese dato coincide con las proyecciones del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que estima una inflación nacional cercana al 2% para junio, mientras que los diez pronosticadores más precisos la ubican entre 1,8% y 1,9%.
Para el período comprendido entre julio y diciembre, el REM proyecta registros mensuales cercanos al 1,8%, equivalentes a una inflación anual del orden del 30%.
Todo indica que el próximo martes el Indec difundirá un dato nacional en línea con esas previsiones.
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El Gobierno sostiene una fuerte política de contracción monetaria para contener la inflación y evitar un salto del dólar. A su vez, el Fondo Monetario Internacional proyectó un crecimiento del 3,5% para la economía argentina durante este año.
La incógnita pasa por determinar cuándo esa mejora de la actividad llegará a los sectores urbanos. Mientras la construcción mostró un crecimiento sólido, con una suba del 6,3% intermensual y del 4,1% interanual en mayo, la industria continúa exhibiendo un comportamiento irregular, con un avance del 0,4% mensual y del 5,7% interanual.
¿Ese crecimiento ya se refleja en el bolsillo de la gente? El viceministro de Economía, José Luis Daza, reconoció que todavía hay personas que no perciben esos beneficios, aunque aseguró: “No habrá plan platita. No hay atajos populistas”. Según sostuvo, la recuperación llegará a través de la expansión del crédito.
Javier Milei, La Libertad Avanza
POLITICA
Los planes políticos en torno a la reforma del BCRA: tiempos, consensos y especulaciones del Gobierno
Javier Milei concentró en los últimos días toda su atención política en un solo objetivo: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. No solo ocupó buena parte de la reunión de Gabinete del jueves —pese al feriado—, sino que también se convirtió en el eje casi excluyente de su actividad en redes sociales, entre tuits propios y reposteos sobre el tema.
La iniciativa, aseguraron en Gobierno, fue ideada por el propio Milei, con los lineamientos que había expuesto semanas atrás en un discurso ante la Fundación Faro, con foco en dos puntos centrales. Por un lado, el artículo 3 de la Carta Orgánica vigente —el que habilita el mandato múltiple, introducido en 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont. Por otro, los adelantos transitorios al Tesoro, que el Gobierno busca directamente prohibir.
El plan oficial es que la iniciativa ingrese por el Senado y no por Diputados, lo que deja buena parte de su suerte en manos de las gestiones de Patricia Bullrich, pero sobre todo de los gobernadores, a quienes Milei viene mimando desde hace varias semanas.
“Fue un privilegio discutir esto con tres ex presidentes del Banco Central”, les dijo Milei a sus ministros durante la reunión de Gabinete del jueves, en referencia a Caputo, Sturzenegger y Bausili. El encuentro se organizó a instancias del propio Presidente, que quería transmitirles en persona a los ministros los detalles del proyecto que, aseguran quienes lo rodean, es hoy su prioridad excluyente.
En el Gobierno adelantaron que el proyecto probablemente sea girado por el Senado —aunque todavía no está confirmado— y que llegaría en un paquete de tres o cuatro leyes. En Casa Rosada calculan que el envío podría concretarse la semana próxima. Antes, buscan reunir a la mesa política y volver a convocar al Gabinete, además de medir el nivel de consenso real que tiene la iniciativa en la Cámara alta.
Milei planea un anuncio formal, con bombos y platillos, alto despliegue comunicacional y posiblemente con un nombre de marketing que le dé mayor visibilidad. “Es una reforma estructural”, repitieron en el entorno presidencial. E insistieron en que no hay una especulación política detrás: “El Presidente no toma decisiones económicas por motivos políticos”, sostuvo un colaborador de la cúpula.
El consenso para la iniciativa aún es un misterio y pocos en la dirigencia aliada se refirieron al tema. “No leímos siquiera un borrador”, dijo un alto referente de PRO. Un funcionario de confianza de Milei fue elocuente: “Nada sale como uno quiere, siempre tenés que negociar con la política”, aunque aclaró que “no es un proyecto que genere polémica”. El único punto de fricción, según reconocieron, podría ser el artículo vinculado al “shutdown” del financiamiento al Tesoro: “Quizás eso puede tener un poco más de picante”, admitieron. Más allá de los resultados, festejaron que el Gobierno haya retomado la iniciativa: “El oficialismo propone nuevamente la agenda”, se entusiasmó un alto funcionario.
Sobre el origen de la idea, en el Gobierno fueron categóricos: se trata de una iniciativa personal de Milei, que trabaja junto a Caputo, Sturzenegger y Bausili. “Básicamente es blindar la baja de la inflación”, explicaron, al detallar que buscan impedir que el Banco Central emita dinero sin respaldo —una conducta que planean directamente tipificar como delito— y prohibir el financiamiento al Tesoro.
“Faltan detalles que durante este fin de semana se pulirán”, agregaron.
En Balcarce 50 no descartan que Milei les pida a sus ministros del equipo que le lleven el proyecto nuevamente a la residencia este fin de semana, mientras la iniciativa permanece en lo que definen como “etapa final de redacción”.
El martes, Milei ya había convocado a Caputo, Bausili y Sturzenegger a Olivos para avanzar en la redacción del proyecto. Y, pudo saber Infobae, no se descarta una nueva convocatoria en los próximos días: “Que no extrañe que los llame de raje”, señaló una fuente con acceso directo al Presidente.
Más allá de la discusión sobre la Carta Orgánica en sí, la reforma se despliega en un paquete más amplio. “Son tres proyectos, que también pueden ser cuatro, si tenés que cambiar algo asociado a la ley penal”, explicaron en el Gobierno, en referencia a la tipificación como delito de la emisión sin respaldo. El cuarto proyecto podría estar vinculado a la elección de las autoridades del Banco Central. “Es un paquete de reformas”, dijeron.
En el oficialismo sostienen que será difícil que la oposición —con excepción del kirchnerismo y la izquierda— no la acompañe: “Darle mayor independencia al Banco Central… no hay muchas maneras de discutir que eso es algo bueno”, deslizaron.
POLITICA
Argentina empieza a cambiar los fusiles FAL: se firmó el contrato con Israel para la compra de armas militares
El Ministerio de Defensa firmó el contrato con su contraparte de Israel para la compra de fusiles ARAD y de esta manera las Fuerzas Armadas comenzarán a reemplazar progresivamente a los históricos FAL en el marco de modernización del equipamiento militar que intenta llevar adelante la Argentina.
El acuerdo, al que tuvo acceso TN en exclusiva, contempla una primera entrega por parte de Israel de 700 fusiles ARAD 7 con accesorios y 167 dispositivos de fogueo por un monto de 1.730.499 dólares. Si bien se estableció que el envío puede realizarse durante 2026, se espera que se produzca en las próximas semanas.
No está previsto un cronograma de pago y entrega del equipamiento militar luego de este primer desembolso. Lo que sí figura en el contrato firmado el 28 de junio es que habrá una ventana de ejecución de 3 años en donde la Argentina podrá solicitar armamento por un total máximo de 12 millones de dólares.
Teniendo en cuenta la primera transferencia mencionada anteriormente, al ministerio de Defensa argentino le quedará un saldo restante de 10.269.501 a abonar en los próximos tres años para la incorporación de los fusiles ARAD 7 –calibre 7,62 mm- y ARAD 5 –calibre 5,56mm-.
El equipamiento militar que comprará la Argentina está producido por la empresa Israel Weapon Industries, a quien el Ministerio de Defensa israelí seleccionó para que sea el principal contratista para ejecutar el acuerdo.
Como es habitual en este tipo de acuerdos, el ministerio de Defensa encabezado por Carlos Presti se compromete a no vender ni transferir el armamento adquirido a otras personas, empresas, entidades o gobiernos. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la situación económica argentina, se plantearon anexos para proceder en caso de demoras en los pagos o entregas.
La firma del acuerdo supone una nueva confirmación del alineamiento en política exterior que adoptó la Argentina desde la llegada de Javier Milei en diciembre de 2023: primero, Estados Unidos; segundo, Israel. En este contexto es que se priorizó la oferta realizada desde Oriente Medio. Otros países que son potencia en industria militar están también interesados en convertirse en proveedores.
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Las negociaciones con Israel para adquirir los modernos fusiles comenzaron hacia 2024 bajo la gestión del por entonces ministro Luis Petri con reuniones técnicas con representantes del Estado Mayor Conjunto, a las que le siguieron distintos encuentros con miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
En los primeros años de Petri se activaron distintas líneas de negociación para adquirir insumos, equipamiento y transportes para modernizar las Fuerzas Armadas, una cuenta pendiente en las últimas décadas en el país.
En este contexto, hay diálogos en curso con distintos países para evaluar la adquisición de drones, helicópteros y hasta submarinos, aunque el sueño de volver a tener presencia militar debajo de los mares y océanos parece una idea más lejana por la escasa capacidad económica con la que cuenta la Argentina para afrontar estos proyectos.
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