POLITICA
Gerardo Martínez: “El Gobierno va estar en el banquillo de los acusados en la OIT por la violación de los derechos laborales”
Cuando este lunes comience la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, la CGT tendrá un papel muy relevante que aprovechará para darle una mayor exposición a sus denuncias contra el gobierno de Javier Milei: Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales cegetista y líder de la UOCRA, fue elegido por sus pares sindicales de todo el mundo como vicepresidente del encuentro en nombre del sector de los trabajadores.
Ese reconocimiento internacional de Martínez, luego de 21 años como miembro del Consejo de Administración de la OIT, le dará un protagonismo que contrastará con la decisión de la administración libertaria de no enviar ningún representante gubernamental para que defienda las medidas adoptadas, tal como sucedió en 2025.
El sindicalismo argentino, que aún no se repuso del shock por no haber podido resistir la sanción de la reforma laboral, tratará de aprovechar el escenario que se abrirá desde mañana: concurrirá a la OIT una numerosa delegación gremial, de una treintena de integrantes, algunos de los cuales presentarán sus denuncias contra el gobierno argentino, y el viernes próximo, por fuera de las deliberaciones de la conferencia, todos participarán de un acto político en el que, junto a sindicalistas de otros países, le darán un marco internacional a sus fuertes cuestionamientos a las políticas de Milei.
“Como viene la Argentina, estará en esta conferencia de la OIT, y posiblemente en la próxima va a seguir estando, en el banquillo de los acusados”, dijo Martínez a Infobae desde Ginebra, en un diálogo en el que, además de hablar sobre la conferencia del organismo, defendió la estrategia de la CGT por la reforma laboral y admitió: “No teníamos mucha fuerza para poder contrarrestar las pretensiones del Gobierno”.
El dirigente aseguró que las negociaciones del sector dialoguista para introducir cambios en la reforma laboral permitieron “mantener estructuralmente de pie a las estructuras sindicales” y, por otra parte, advirtió que la CGT podría realizar otro paro general: “No descarto que tengamos que ir a una medida de fuerza directa”, señaló, aunque “no deben parar solamente los trabajadores; debe ser un paro con una adhesión de la mayoría de la sociedad para que tenga contundencia”.
— ¿Qué puede pasar con los reclamos sindicales contra el gobierno de Milei en esta conferencia de la OIT?
— En cada conferencia se analiza el comportamiento y el acumulado de reclamos que tienen los gobiernos en las distintas latitudes. En este caso, la Argentina va a estar en la primera línea de juego por su comportamiento y de qué manera afecta las condiciones fundamentales de los derechos que tienen los distintos convenios de la OIT.
— ¿Se van a tratar este año las últimas denuncias que la CGT y otros sindicatos ya habían hecho?
— Acá, acá todo es “banda ancha”, lo que quiere decir que primero se presentan los casos, como los de aeronavegantes, la UTA, La Fraternidad o ATE, todos los que sufrieron consecuencias de las medidas que se adoptaron desde el Gobierno y que perjudican los derechos de los trabajadores, y después van surgiendo en la Comisión de Normas de la OIT los distintos expedientes que van a ser considerados en la conferencia.
— ¿Y eso cómo se determina? ¿Por votación?
— Bueno, hay, hay un sistema de control de los distintos reclamos de todo el mundo y a partir de ahí cada continente después va eligiendo qué se trata. Por ejemplo, como trabajadores proponemos que vaya la Argentina. Panamá es otro país de la región que estará sobre la mesa. Depende del peso de lo que se pone en discusión o de lo que se está reclamando.
— ¿Qué denuncias presentará la CGT?
— Cualquiera de los temas que se trata da el volumen para que en el juzgamiento se incluya todo porque todo está interrelacionado de alguna manera. Su suele violar un convenio porque ya violaste otro. Por eso el que hable por la CGT, que será Jorge Sola (uno de los cotitulares cegetistas), va a denunciar las distintas violaciones a los convenios de la OIT que ha cometido la Argentina desde el Gobierno que perjudican a los trabajadores.
— ¿No denunciarán sólo la reforma laboral?
— Ese tema es un capítulo que se tocará sí o sí, incuestionablemente. Cuando se trate el caso de la Argentina, el papel central lo va a tener la CGT por todas las violaciones de los últimos tiempos que afectan los derechos constituidos. Pero se va a hablar de todo. También del cepo salarial. Y como viene la Argentina, estará en esta conferencia, y posiblemente en la próxima va a seguir estando, en el banquillo de los acusados.
— ¿Qué representa su elección como uno de los vicepresidentes de la conferencia de la OIT?
— Creo que es el reconocimiento de una carrera con presencia en el área internacional de la CGT desde hace 20 años, integrando el Consejo de Administración, siendo parte durante casi 18 años del Comité de Libertad Sindical y y también habiendo sido un actor importante en el debate internacional. Por ejemplo, con una denuncia por la actitud del sector empleador y de algunos gobiernos de no reconocer que dentro del Convenio 87 de la OIT debía figurar el derecho a huelga.
— Ese punto se puso a consideración de la Corte Internacional de Justicia, que hace 15 días dio una opinión consultiva en favor de la postura sindical.
— Sí, fueron 12 años de discusiones donde se agotaron todas las instancias habidas y por haber ante la actitud caprichosa del sector empleador. Nosotros nos vimos en la obligación de recurrir a una entidad superior, como es la Corte Internacional de Justicia, para que se determine que dentro de los principios que involucra el Convenio 87 sobre libertad sindical está incorporado el derecho de huelga. Y esa fue la opinión de la Corte.
— Como esa opinión no es vinculante, ¿qué efecto concreto puede tener? ¿En qué los beneficia?
— En principio, hemos logrado recuperar conceptualmente algo que habíamos perdido hace 12 años. Es decir, no es que avanzamos más sino que ahora estamos en el mismo plano que teníamos. Los empleadores en ese momento, junto con algunos gobiernos, ganaron al determinarse que dentro del Convenio 87 no estaba comprendido el derecho a huelga. Rompieron así ese vínculo tripartito que teníamos al poner en tela de juicio el alcance del Convenio 87 tal como se había firmado. Desde hace 12 años intentamos por distintos caminos mantener la lógica que se planteaba desde el nacimiento de la OIT. Por primera vez en la historia tuvimos que recurrir a una entidad superior porque siempre todo se discutió adentro de la OIT.
— ¿Esta opinión de la Corte Internacional de Justicia puede tener alguna incidencia en los vaivenes judiciales de la reforma laboral en la Argentina?
— Es un dato que influye en el marco jurídico.
— ¿Puede influir en el ánimo de los jueces?
— Sí, y es un antecedente de relevancia en favor del derecho de huelga. Ahora, tenemos que reconstruir el affectio societatis como para que de aquí en adelante ni los empleadores ni los trabajadores tengamos que ir a recurrir a una entidad fuera de la OIT para resolver un problema que siempre se resolvió adentro.
— Más allá de la OIT, en la Argentina hay fuertes presiones del ala dura del sindicalismo para que la CGT haga otro paro general. ¿Qué opina al respecto?
— Es natural de que existan sectores que muestren con más énfasis el descontento ante la política laboral y de derechos sociolaborales que expresa el gobierno argentino. La CGT tuvo desde un principio reacciones contundentes para llevar adelante movilizaciones y huelgas generales. Pero cuando comenzó el debate sobre la reforma laboral nos encontramos con un gobierno que tenía 7 senadores y no tenía mayoría en la Cámara de Diputados, y después de las elecciones de octubre llegó a 32 senadores y mayoría en la Cámara de Diputados.
— Tampoco existió una actitud homogénea del PJ.
— Es cierto. Nuestros senadores, por razones que no llegamos a comprender y que no son lógicas, decidieron no integrar la Comisión de Trabajo en el debate del Senado como así también en la Cámara de Diputados. Nosotros ni siquiera teníamos un despacho de minoría.
— ¿Cree que eso fue tan determinante para la sanción del proyecto que impulsaba el Gobierno?
— Si miramos hacia atrás, cuando (Raúl) Alfonsín propone la “ley Mucci” (que promovía una democratización sindical) nosotros no teníamos mayoría en la Comisión Laboral. En ese momento, los diputados peronistas, en minoría, integraron la Comisión Laboral y hubo dos despachos, uno de mayoría y uno de minoría, pero después en el recinto, logramos frenar la ley Mucci.
— Pero eso fue gracias al voto del senador neuquino Elías Sapag. Por un solo voto no prosperó esa ley.
— Por diez votos o un voto es lo mismo. Lo cierto es que esa ley no salió. Ahora, no teníamos un despacho de minoría. Sí o sí teníamos que ir a hablar con quien presidía la Comisión Laboral, que es Patricia Bullrich.
— Pablo Moyano dijo que falló la estrategia de la CGT de apostar a la Justicia para frenar la reforma laboral y que por eso hay que salir a la calle a protestar.
— Habría que ver en qué momento lo dijo y cómo lo dijo, pero él es no es la representación de Camioneros. Ese sindicato tiene a uno de los secretarios generales de la CGT. Ahí hay un problema de identidad o de lo que significa la vida orgánica de Camioneros, que indudablemente hace que cualquiera puede decir cualquier cosa. Eso que dice Pablo Moyano no lo dice Hugo Moyano, que es secretario general de Camioneros, ni tampoco lo dice Octavio Argüello, que representa a Camioneros en el triunvirato de la CGT.
— ¿Usted sigue defendiendo la estrategia de la CGT de haber apostado a la Justicia para tratar de bloquear la aplicación de la reforma laboral?
— Dentro del planteo de la CGT hay un desarrollo estratégico y hay acciones tácticas. El hecho de no tener una plataforma de apoyo político, de no haber tenido la oportunidad de poder sacar un despacho de minoría en el Senado y de estar ante un oficialismo con un volumen político que era diferente al que tenía antes de octubre, hizo que no tuviéramos mucha fuerza para poder contrarrestar las pretensiones del Gobierno.
— Aun así, ustedes lograron salvar las cuotas solidarias para financiar a los sindicatos y que se mantuviera el mismo aporte a las obras sociales.
— No solamente eso. Había un artículo en el proyecto del Gobierno que decía concretamente que las empresas dejaban de ser agente de retención de las cuotas de afiliados. Con eso se desmembraba toda la estructura sindical. Te podés imaginar: tengo 20 mil empresas empadronadas y 400 mil trabajadores en la construcción. Si las empresas dejaban ser agente de retención, ¿cómo hacía para seguir manteniendo la estructura sindical?
— Algunos criticaron el hecho de que en las negociaciones sólo hayan conseguido dejar a salvo el financiamiento de los sindicatos.
— Gracias a las negociaciones, más allá de que no llegaron a fondo, algunas cosas se lograron mantener, como las estructuras de los derechos colectivos. Mantuvimos estructuralmente de pie a las estructuras sindicales como para tener capacidad dentro del desarrollo de una estrategia y después determinar acciones contundentes. Ahora, de todas formas, no descarto que tengamos que ir a una medida de fuerza directa. Está dentro del plan de lucha.
— ¿De qué depende que hagan otro paro?
— La responsabilidad la tiene la CGT y por eso fue elegida esta nueva conducción. Es nuestra responsabilidad generar un sendero donde no vayamos solamente desde la ira o por el grito a decir: “Vamos a un paro”. Al paro lo tenés que instalar, lo tenés que trabajar. No es que solamente deben parar los trabajadores. Debe ser un paro con una adhesión de la mayoría de la sociedad para que tenga contundencia. Si no, van a decir: “Bueno, está bien, pero fue un paro matero porque todo funcionó como si fuera un día normal. Hay que analizarlo también desde el punto de vista sociológico. Para que el paro sea contundente, con fuerza, tiene que ser mayoritario.
— ¿Pero no está creciendo el malestar de distintos sectores de la sociedad por la situación económica como para que decidan un nuevo paro general?
— El hecho de que no haya una dinámica que dé respuesta a la microeconomía y que eso afecte a la cantidad de empresas que han tenido que cerrar o que fueron a la quiebra, como la cantidad de nuevos trabajadores que eran formales y ahora quedaron en condición informal y no consiguen trabajo es un dato concreto, objetivo, que no tiene miradas ideológicas. Es una realidad contundente. Ahora, si vos me preguntás hoy: ¿Están dadas las condiciones para ir a un paro? Mucha gente te dice: “Yo no quiero perder el trabajo, no quiero perder el presentismo”. Es decir, hay una actitud ciertamente conservadora porque el panorama general que se da en el país muestra que hay un gobierno débil en la microeconomía y que existe una sensación térmica de que la sociedad se aleja de darle un apoyo estructural. Pero, sin embargo, tenés un gobierno que, a pesar de toda esta realidad, sigue teniendo un 40% de apoyo.
— Además hay dirigentes que están reclamando hace rato otro paro general, pero cuando llega la hora de concretarlo, sus propios afiliados no paran.
— Claro. Cuando estás afuera de la estructura, podés gritar y gritar, pero cuando estás adentro de la estructura tenés que tener responsabilidad. Porque mañana, si vos actuaste a tontas y locas por el grito de afuera y no fuiste inteligente para tomar una medida en el momento que corresponde como para que sea contundente, la crítica vuelve hacia la estructura sindical que se dejó llevar por los cantos de los gritos de afuera y no asumió su responsabilidad de conducir con inteligencia.
— Este debate interno sobre un nuevo paro general se va a reanudar después de la conferencia de la OIT?
— Creo que sí, pero, mientras tanto, después del Mundial de Fútbol va a comenzar un nuevo plano en el orden político, pensando en el 2027.
— Claro, de alguna forma arrancará la campaña electoral. ¿Qué va a hacer la CGT en materia política?
— Estamos hablando con muchos sectores. No sólo con las fuerzas propias en el orden político, sino que estamos hablando de la necesidad en nuestra fuerza política de generar un proceso de renovación y, por otro lado, de armar una instancia frentista o de coalición para poder recuperar el mando del país a partir de 2027.
— ¿Con el peronismo solo no alcanza?
— No, porque, aparte, muchos de los que se sienten los galanes de una época creen que ahora lo siguen siendo, pero muchos ya tienen el boleto picado.
— ¿A quiénes se refiere?
— A cualquiera. Te puedo decir, qué sé yo, Sergio Massa, (Guillermo), Moreno, hay tantos que aparecen ahora.
— ¿No se refiere también a Axel Kicillof?
— No, Kicillof tiene que resolver primero su interna en la provincia. En principio, es gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero no es el poder de la provincia.
— ¿Habla de su interna con Cristina Kirchner?
— Claro, no es lo mismo que cuando fueron (Antonio) Cafiero o (Eduardo) Duhalde, que además de ser gobernadores tenían el poder de decisión acumulado. El gabinete de Kicillof es una cooperativa. Hay dos o tres que responden a Sergio Massa, dos o tres que responden a La Cámpora, dos o tres que responden a intendentes y después está el resto que responde a Kicillof.
— ¿Eso quiere que la CGT no está encolumnada detrás de la candidatura de Kicillof en forma unánime?
— Mayoritariamente, no. Somos prudentes. (Kicillof) es uno de los candidatos, pero hay otros. Es necesario generar una masa crítica con un cierto volumen de representatividad que no sólo se base en el conurbano. Si tenemos a alguien que tiene un buen andamiaje en el conurbano, pero en el resto del país no tiene adhesión no alcanza. Uno tiene que pensar en todo el país. Nosotros buscamos reconstituir un liderazgo que tenga capacidad de representación a nivel nacional.
— Tampoco descarta a Dante Gebel, ¿no? La CGT estuvo reunida con él y hubo coincidencias.
— Dante Gebel es un outsider que está ahí. Él no dijo todavía qué quiere ser. Habló con nosotros, lo escuchamos, así como hablamos con otros, y después fuimos al encuentro que hubo en Parque Norte (de un sector no kirchnerista del peronismo).
— ¿Pero ve a Gebel como un candidato posible?
— Es alguien que proviene de afuera del sistema político. Dadas las circunstancias, si las fuerzas políticas tradicionales no recuperan un volumen con un candidato que logre enamorar o recrear la confianza mayoritaria, indudablemente hay que estar pensando que quizás necesitás un outsider, como lo fue Milei en su momento.
— Me imagino que en la CGT se reunirán para debatir a qué candidato presidencial apoyan. ¿Hay otros?
— Sí, hablamos con todos, hablamos con los gobernadores y también con una representación empresaria que surge con la intención de querer también jugar en el orden político para promover una alternativa diferente como es la que aparentemente se expresa a través de Jorge Brito. El objetivo de la CGT no es ser furgón de cola sino ser parte del debate en un proceso que nos dé la oportunidad de poder ganar las elecciones en 2027 y decir: “Milei, cumpliste un ciclo, fueron cuatro años, te respetamos, pero indudablemente tus decisiones, los objetivos que planteás con el nivel de agresión y con solamente una mirada macroeconómica y financiera, no representar al ser argentino”.
— De todas formas, ¿cree que alguna orientación del Gobierno deberá mantenerse si hay un recambio presidencial? Pienso en sostener una inflación a la baja o en reducir el déficit fiscal, por ejemplo.
— Es muy bueno lo que decís. Esa la matriz peronista. Representa justamente un equilibrio fiscal. La matriz peronista expresa una trilogía. El capital al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar social. Esa trilogía del capital, la economía y el bienestar social como objetivo fundamental es lo que representa la matriz peronista, en la que decimos: gobernar es crear trabajo. Para tener un país fuerte se necesita un equilibrio fiscal, ordenar las cuentas, tener un Estado eficaz, eficiente, promotor, propulsor. Y generar el ambiente de confianza como para dar respuesta hacia abajo a la microeconomía, a las necesidades que se plantean en la sociedad civil. Pero también abrir las compuertas para que Argentina incorpore nuevos inversores, para ampliar el volumen macroeconómico que dé la posibilidad de tener más empleo, más producción y más competitividad.
— Entonces puede haber un gobierno peronista que mantenga el rumbo de algunas medidas de Milei.
— Nosotros no chocamos con el tema del equilibrio fiscal y con lo que representa la inflación. Desde hace tiempo venimos diciendo que la inflación es el impuesto a la pobreza. Es más, fuimos los primeros que, cuando Massa se presenta con la oportunidad de ser candidato y asumió como ministro de Economía, en la CGT dijimos que necesitamos una política antiinflacionaria, que la empezó a hacer en su momento cuando provoca la primera devaluación. Cristina (Kirchner) a los 20 días hace una conferencia de prensa, lo ataca y después siguió emitiendo. La platita fácil. Eso no es parte del peronismo.
— Es decir, hay cosas en las que no se puede volver atrás por más que las esté haciendo Milei.
— No se puede seguir gastando más de lo que te ingresa. Y eso no significa que tenés que romper con el Estado y que vas a tener que crear más pobreza. Hay que tener una política de asistencia, de contención, ante un sector de la sociedad que está maltratado, golpeado, que está viviendo en una pobreza cada vez más extrema, pero sin perder de vista la importancia que tiene el equilibrio fiscal. Se puede lograr el equilibrio fiscal sin crueldad.
— Si hubiera un cambio de gobierno en 2027, ¿la CGT va a plantear la derogación de la reforma laboral?
— Tiene que haber un proceso de negociación para optimizar las condiciones que viabilicen la generación de puestos de trabajo sin perder derechos.
— Concretamente, ¿habría que derogarla?
— Forma parte del debate que hay que dar. Con esta reforma laboral, además de perderse derechos, se beneficiaron las principales corporaciones y todo lo que es el sector de empresas de capacidad instalada se ve afectado comparativamente en relación a las oportunidades que se les dan a las grandes corporaciones. Nosotros creemos que las convenciones colectivas son una herramienta fundamental que los empresarios saben manejar y que nosotros sabemos manejar con una postura positiva como para mejorar la empleabilidad, la producción y la competitividad.
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Elecciones internas en el PJ Salta: se presentaron 24 listas y ninguna estaría vinculada al kirchnerismo
Luego de que el interventor judicial José Luis Napoleón Gambetta convocara a elecciones internas en el Partido Justicialista (PJ) de Salta, este fin de semana se confirmó que se presentaron 24 listas para participar del proceso de normalización ordenado por la Justicia Federal.
Tal como habían anunciado a finales de mayo, los comicios están previstos para el 2 de agosto próximo. Aparentemente, el cronograma original se mantendría sin cambios y la votación se realizaría con boleta de papel, de acuerdo con las aclaraciones requeridas por las autoridades judiciales.
Hasta el momento, la inscripción contemplaría la reserva de nombre, la designación de apoderados y la constitución de domicilio legal. Según trascendió, entre las listas presentadas, dos corresponderían a la Juventud Peronista, mientras que las restantes representarían a distintos sectores de la provincia, incluyendo la Capital, el interior, el norte, el sur y el departamento Anta.
De acuerdo con la información obtenida por El Tribuno, este abanico territorial como señal de una participación amplia en la convocatoria. Por el momento, la presentación de listas corresponde solo a la primera etapa del cronograma electoral y no implica aún la oficialización de candidaturas.
Tras anotarse las 24 listas, se abrirá una fase de negociaciones, acuerdos y eventuales unificaciones en el PJ salteño. Desde el sector afín al gobernador Gustavo Sáenz, no se descartaría la conformación de una lista de unidad. No obstante, indicaron que ninguno de los listados representaría al ala kirchernerista.
Según está planteado en el cronograma electoral, el reconocimiento oficial de las listas podrá realizarse hasta el 23 de junio. Posteriormente, la presentación de listas de candidatos será del 24 al 27 de junio, etapa en la que deberán conocerse los nombres concretos que competirán por los cargos.
El proceso interno se produce tras una larga disputa por la conducción partidaria cuando, en febrero del 2025, el Consejo Nacional del PJ intervino el distrito Salta, que hasta entonces estaba liderado por Esteban Amat Lacroix.
A partir de este movimiento, la intervención designó como interventores a Sergio Berni y María Luz Alonso, pero la decisión fue judicializada. En mayo de 2025, la jueza María Servini declaró inválida la intervención, al considerarla arbitraria, aunque la Cámara Nacional Electoral suspendió ese fallo y el PJ salteño continuó bajo intervención.
En febrero de este año, la conducción nacional desplazó a Berni y nombró a Pablo Kosiner al frente del partido. No obstante, las impugnaciones y pedidos de elecciones internas derivaron en una nueva intervención judicial. Fue así que el pasado 15 de mayo, la Justicia Electoral designó a José Luis Napoleón Gambetta como interventor, con la misión de normalizar el partido y convocar a internas.
Según el fallo, la magistrada reclamó la falta de actos y/o convocatorias concretas que tuvieran como objetivo normalizar el espacio político. Por este motivo, consideró que la intervención había sido utilizada como una herramienta para provocar un vaciamiento institucional que afectó de forma directa los derechos de los afiliados.
En línea con esto, recordó que la intervención partidaria prevista en la Ley 23.298 es una herramienta excepcional, destinada a restablecer la normalidad solo en contextos de acefalia de órganos, renuncias masivas o incumplimiento de elecciones internas. Por lo que, en este caso, consideró que funcionó como un “mecanismo abusivo” que no logró resolver los conflictos internos de la jurisdicción.
A pesar de que dio cuenta de que las autoridades anteriores tenían previsto celebrar las internas el 25 de octubre de este año, la jueza Servini criticó el llamado al calificarlo como tardío en relación con el vencimiento de la intervención y carecería de garantía de concreción de actos electorales verificables.
En este contexto, señaló que la única vía para asegurar la normalización institucional era la intervención judicial. Por esto, dispuso que Gambetta tendrá la obligación de presentar informes quincenales sobre sus acciones y mantener informado al Juzgado Federal con competencia electoral en Salta. Además, deberá garantizar que el proceso electoral se desarrolle con transparencia, estableciendo fechas y procedimientos claros para la elección interna de autoridades.
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Magario frena el avance libertario en el Senado, pero asoma una puja en el PJ por el Consejo de la Magistratura
La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y presidenta del Senado bonaerense, Verónica Magario, convocó a sesionar en la Cámara alta provincial en lo que será la primera sesión ordinaria del 2026. La dilación en las reuniones se da como producto de la compleja convivencia dentro del peronismo que aún persiste por las designaciones en las vicepresidencias del cuerpo, la integración de las comisiones y ahora los futuros representantes del Poder Legislativo dentro del Consejo de la Magistratura bonaerense. Pese a ello, con la jornada del próximo miércoles, la presidencia de Cámara logró posponer el pedido de sesión especial que pergeña realizar La Libertad Avanza en acuerdo con otros bloques, tal como sucedió -y se llevó adelante- semanas atrás en la Cámara de Diputados bonaerense, cuando la oposición buscó sesionar para votar proyectos referidos al funcionamiento de IOMA.
El bloque de Fuerza Patria en la Cámara alta provincial tiene quórum propio. Sin embargo, las diferencias entre el kirchnerismo y el Movimiento Derecho al Futuro, también se trasladan a la dinámica legislativa, al punto que el presidente de la bancada, Sergio Berni, exterioriza sus diferencias con Magario en cada oportunidad que considera pertinente. “Estamos ante una situación inédita, hace sesis meses que no sesionamos”, decía la semana pasada ante periodistas en un desayuno al que convocó por el Día del Periodista. La línea argumentativa fue ratificada esta semana por el senador libertario Diego Valenzuela. El intendente en uso de licencia de Tres de Febrero, asumió la presidencia de la comisión de Asuntos Municipales el miércoles último. Su designación como presidente fue cuestionada por la senadora cristinista, María Inés Laurini, al considerar que Valenzuela había sido puesto al frente de esa comisión mientras estaba en licencia como senador -ya que el dirigente libertario también se había pedido reserva de cargo en la Cámara alta para asumir un rol dentro del gobierno nacional, en Migraciones, aunque finalmente nunca fue designado y entonces regresó al Senado-. También sugirió que la comisión debía ser presidida por alguien del peronismo, pues el PJ gobierna la mayor cantidad de distritos de la provincia de Buenos Aires. En la reunión de comisión, Valenzuela, planteó que debía ser hacer el reclamo ante las autoridades de la Cámara.
Luego del encuentro, enfatizó que “si bien hoy pusimos en marcha la comisión y hay algunas que ya arrancaron, estamos muy demorados. Estamos peor que en la pandemia. Así que estamos considerando desde el lugar nuestro, que somos 10 senadores de La Libertad Avanza, quizá en diálogo con otros bloques que tienen afinidades con lo que hay que hacer con la Provincia, poder avanzar con algún pedido de sesión especial o, bueno, mover la rueda”. Ese día, la vicepresidenta de la Cámara convocó a sesionar para el miércoles próximo. También regresará la apertura de los palcos de prensa en el recinto.
Sin embargo, hay un tema que ronda en el marco de acuerdos no resueltos en la Cámara alta. Son los representantes del Poder Legislativo para el Consejo de la Magistratura provincial. El Senado debe designar siete representantes, de los cuales cuatro serían para el bloque de Fuerza Patria. Hay un problema: en la bancada solo cuentan con tres abogados, condición excluyente para ser parte del órgano que define las ternas para cargos judiciales a cubrir en la Provincia. Los tres abogados son los senadores Sergio Berni —presidente del bloque y referente del cristinismo—, Fernando Coronel —del MDF— y Marcelo Feliú —que se mueve de manera autónoma—. A finales del año pasado, a sabiendas de esta situación, la Legislatura modificó la ley que ordena el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Allí dispuso que la representación fuera por órgano, más allá de si se tratase de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores.
Entonces, lo que se pergeñó semanas atrás para cubrir la cuarta vacante del Senado es que la Cámara de Diputados vote la designación del diputado Mariano Cascallares (cercano a la estructura política de Kicillof). El tema se puso en consideración en la reunión de labor parlamentaria previa a la sesión en Diputados y estaba avanzado que así sería; sin embargo, en medio de la sesión se decidió posponer esa votación, producto de la presión que se ejerció desde el Senado para retener su representatividad. Desde Diputados, las miradas apuntaron al Poder Ejecutivo por haber frenado el preacuerdo alcanzado, en particular a la Secretaría General de Gobierno, Agustina Vila, quien se ocupa de las negociaciones con la Legislatura en nombre del Ejecutivo.
“No creo que los lugares para el Consejo de la Magistratura se vayan a resolver en la sesión de este miércoles. No queda claro cómo es el procedimiento en estos casos. El Senado debería designar a sus representantes y, si falta uno, comunicarlo a Diputados para que cubra la vacante”, planteó un senador de la oposición ante la consulta de este medio.
Diputados sesionó la semana pasada, pero la designación de Cascallares quedó frenada por el momento. Aparece otro tema: “La verdad es que no se sabe cuándo vamos a volver a sesionar en Diputados, cuando tengamos sesión insistiremos de nuevo para votar al representante de la Magistratura, salvo que el gobernador tenga otra idea”, remarcó un diputado del peronismo. El mismo legislador, cercano a Cristina Kirchner, consideró: “Es un problema del MDF, de hecho nosotros que somos La Cámpora íbamos a votar a un diputado del gobernador, son ellos los que se tienen que poner de acuerdo”. Por lo pronto, el miércoles hay sesión en el Senado bonaerense. Fue convocada a las 13 horas y se pautó como hora de finalización las 23:59, con lo cual nadie descarta que -de mínima- se solicite una prórroga sin hora al momento de dar inicio al encuentro legislativo.
Este mes se cumplieron seis meses del funcionamiento del nuevo Congreso de la Nación, tras la asunción de 127 diputados el pasado 10 de diciembre, la mitad del total de sus miembros. De ese total, 95 fueron debutantes, sin experiencia previa en la Cámara baja.
En este primer semestre de 2026, se presentaron un total de 1.354 proyectos de ley, 691 de resolución (pedidos de informes) y 1.088 de declaración.
La mayoría de las iniciativas de ley fueron impulsadas por diputados de la oposición, algo usual históricamente, ya que son los más proclives a presentar proyectos que buscan marcarle la agenda al oficialismo.
El bloque con más integrantes nuevos es el de La Libertad Avanza (LLA): 55 de sus 95 miembros actuales. Es el que más creció respecto del período anterior y, hoy, es el más numeroso. A su vez, es bancada en la que la mayoría de sus integrantes no tenían experiencia legislativa, o incluso política previa, cuando ingresaron.
Le sigue en cantidad de debutantes el bloque de Unión por la Patria (UxP), con 43 legisladores nuevos de 93 miembros. El peronismo/kirchnerismo es la segunda minoría y es el sector que tuvo una mayor renovación de integrantes, aunque – a diferencia de LLA – con militancia previa de algún tipo.
Lejos en número, luego, aparecen el bloque de Provincias Unidas con 7 miembros nuevos de una bancada de 18; el PRO, con 6 diputados que ingresaron en diciembre de sus 12 actuales; la UCR, con 4 nuevos de 6.
A continuación, siguen los espacios provinciales y de izquierda: el bloque Independencia, que responde al mandatario tucumano Osvaldo Jaldo, con dos integrantes debutantes de un total de 3; Innovación Federal, con dos diputados nuevos de un total de 9 que tiene esta bancada integrada por representantes de Misiones, Salta, San Luis y Formosa; el PTS-Frente de Izquierda con una renovación de sus dos integrantes; Elijo Catamarca, alineado con el mandatario peronista Raúl Jalil, con un legislador nuevo de los tres que forman esta bancada que se abrió de UxP; el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, con uno nuevo de de uss dos miembros; Producción y Trabajo, ídem; y finalmente, los monobloques Defendamos Córdoba, La Neuquinidad y Primero San Luis, cuyos integrantes debutaron el 10 de diciembre.
Los de menor productividad
Del análisis de los datos publicados en el sitio web de la Cámara baja que hizo Infobae, 24 diputados presentaron menos de 10 proyectos en total, incluidos los de ley, resolución y declaración: 18 legisladores son de LLA, 2 son de la UCR y del bloque Independencia, y el resto de La Neuquinidad y de Primero San Luis.
De los 127 nuevos legisladores, 4 no presentaron ningún proyecto de ley en estos seis meses desde el 10 de diciembre, todos de La Libertad Avanza, los de “menor productividad” legislativa.
Los proyectos de ley son las más relevantes, y requieren la aprobación de ambas Cámaras, a diferencia de los de resolución y declaración que se refieren a cuestiones internas del cuerpo, pedidos de informes, expresión de posiciones o recomendaciones.
Uno de esos cuatro legisladores de LLA que no presentaron proyectos de ley desde que asumieron el 10 de diciembre es Adrián Ravier, de La Pampa, el flamante vocero presidencial. Este economista muy cercano a Javier Milei sólo presentó 2 proyectos de declaración (uno de repudio por el atentado contra Donald Trump en Washington, y otro por las pintadas en fachadas públicas y privadas, atribuidas al diputado nacional Juan Grabois), y 3 de resolución (un homenaje al Papa Francisco en el primer aniversario de su fallecimiento; un repudio a la agresión física sufrida por el diputado nacional Federico Pelli en Tucumán; y una modificación del artículo 128 del Reglamento de la Cámara para acotar las cuestiones de privilegio).
Su colega Nicolás Emma, electo por la Ciudad de Buenos Aires, no presentó ninguna iniciativa en estos seis meses, pero sí entre 2023 y 2025 ya que integraba la lista legislativa de LLA cuando Milei ganó la presidencia, y asumió la banca que dejó el primer mandatario al ir a la Casa Rosada. De profesión abogado, es presidente del Partido Libertario de la Ciudad.
María Luisa González Estevarena, electa por la Provincia de Buenos Aires, tampoco presentó proyectos de ningún tipo hasta ahora. Fue hasta diciembre legisladora porteña. Ingresó a la Legislatura de la Ciudad por el PRO, alineada con Patricia Bullrich, pero pegó el salto al bloque libertario cuando la entonces ministra de Seguridad se alineó con LLA.
Agustín Pellegrini, electo por Santa Fe y vicepresidente de LLA en esa provincia, tampoco impulsó iniciativas de ningún tipo, según figura en el sitio oficial de la Cámara baja.
Desde el 10 de diciembre hubo solo seis sesiones: tres en período extraordinario y tres ordinarias, el 8 y 29 de abril (informe del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni), y el 20 de mayo.
En estos seis meses de la renovación de la Cámara, el cuerpo aprobó la ley de Presupuesto 2026, la de Inocencia Fiscal, la Reforma Laboral, el Régimen Penal Juvenil que significó la baja de imputabilidad, la modificación de la Ley de Glaciares, la llamada Ley Hojarasca (derogación de legislación obsoleta) y cambios en la ley de Zonas Frías. Todas fueron iniciativas promovidas por el Ejecutivo. En el período de sesiones extraordinarias, entre diciembre y finales de febrero, solo se trata el temario que envía el Presidente.
Más allá de asistir a las reuniones del pleno, los diputados participan en distintas comisiones, en un número que varía entre 5 y 9, para discutir los distintos proyectos y emitir dictámenes.
La dieta mensual que cobran – a mayo – es $6 millones brutos ($4,5 millones netos), más un plus de $600.000 por gastos de representación.
“Soldados del Ejecutivo”
Desde el bloque de LLA sostuvieron, ante la consulta de Infobae, que “no es la tarea principal” de los legisladores del oficialismo presentar proyectos y que, en cambio, sí deben apoyar las iniciativas del Ejecutivo. “No es un valor para nosotros. Somos conscientes que somos soldados del Ejecutivo, y ese es el mandato popular que planteamos ya en la campaña”.
“Se habló en la escuela parlamentaria que las iniciativas que alguno pueda querer presentar, se acuerdan con el equipo parlamentario de Ignacio Devitt (Secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación). Todo el bloque está alineado con ese objetivo. La excepción son proyectos de declaración de interés en sus provincias o beneplácito o repudio por algún hecho», explicaron.
Pusieron como ejemplo, el proyecto de regulación del lobby que estuvo trabajando el diputado de LLA Andrés Laumann (Entre Ríos), que había sido enviado a revisión del Ejecutivo cuando entró la iniciativa sobre el mismo tema que impulsa el Gobierno. “Llegó el de Ejecutivo antes de que sea revisado el de Laumann. Pero finalmente, en los cambios que se están acordando con la oposición, se están tomando aspectos muy parecidos al qué él había elaborado y que no había llegado a presentar”, señalaron fuentes del bloque libertario.
Los que más proyectos presentaron
En el otro extremo, los nuevos diputados de Unión por la Patria son los que más iniciativas de todo tipo presentaron. Lideran el ranking entre todos los legisladores que asumieron el 10 de diciembre, considerando los proyectos de ley, resolución y declaración.
Juan Carlos Molina, de profesión cura y electo por Santa Cruz, sin mandatos previos, presentó o firmó 173 iniciativas, de las cuales, 60 proyectos fueron de ley (ocupa el tercer lugar si se consideran solo este tipo de normas presentadas). Otros 18 proyectos fueron de declaración y 95 proyectos de resolución.
Le sigue la bonaerense Agustina Propato, con 172, en total, de los cuales 61 fueron de ley (en segundo lugar si se consideran solo estas iniciativas). Ya había sido diputada nacional por el peronismo, electa en 2021.
El tercer lugar lo ocupa Agustín Rossi, de Santa Fe. En los últimos seis meses firmó 168 iniciativas, de las cuales 40 fueron proyectos de ley. Tampoco es su primer mandato ya que desde 2005 ocupó una banca de diputado nacional por el Frente para la Victoria y retuvo su mandato hasta el 2013. Repitió cargo entre 2017 y 2019 y dejó su banca para asumir en este último año como ministro de Defensa de Alberto Fernández.
Luego aparece en cantidad de iniciativas impulsadas desde el 10 de diciembre, Gabriela Pedrali, electa por La Rioja, quien también había ocupado una banca desde 2021. Firmó 161 proyectos, de los cuales 65 fueron de ley. Es una de las legisladoras más prolíficas, ya que que lidera el ranking de iniciativas de este tipo como autora o cofirmante.
Le siguen Cristian Andino, de San Juan, diputado por primera vez, aparece con 146 proyectos firmados, de los cuales 54 son de ley; y Moira Lanesan Sancho, de Santa Cruz, también novata en su banca, con 46 proyectos de ley, de los 144 que firmó.
En el ranking aparece después Hugo Yasky, el secretario general de la CTA desde 2006 y ex secretario general de la CTERA. Llegó a la Cámara de Diputados en 2017. En el último semestre firmó 137 proyectos de los cuales 41 fueron de ley.
En tanto, María Teresa García, diputada por Buenos Aires y muy cercana a Cristina Kirchner, es autora o coautora de 133 proyectos, entre ellos 56 de ley. Ya había pasado por el Congreso entre 2005 y 2017, y luego fue legisladora provincial bonaerense.
Si se consideran sólo los proyectos de ley, también lideran la tabla los nuevos legisladores de UxP. De los 8 que presentaron más de 40 iniciativas desde diciembre hasta ahora, todos son peronistas/kirchneristas. Lidera el ranking la riojana Pedrali.
Los diputados del oficialismo
Sólo tres diputados de LLA presentaron 10 o más proyectos de ley en este semestre: el salteño Carlos Zapata, 18; y el puntano Carlos Almena y la bonaerense Johana Longo, 10 cada uno.
Otros 8, firmaron entre 7 y 9 iniciativas de este tipo: Laura Soldano, Sabrina Ajmechet, Soledad Molinuevo, Alejandro Fargosi, Laura Rodríguez Machado, María Gabriela Flores, Rosario Goitia y Aníbal Tortoriello.
Si se consideran todas las iniciativas de ley, resolución y declaración que firmaron desde que asumieron en diciembre, el ranking de los libertarios lo encabezan Zapata (52); Almena (41); Soldano, de Córdoba (37); Longo (36); Molinuevo, de Tucumán (36); Soledad Mondaca, de Neuquén (34); Flores, de Salta (32); Adrián Brizuela, de Catamarca (31); Goitía, de Chaco (31) y Federico Pelli, de Tucumán (30).
Cómo se procesó la información
La fuente de información fue el sitio Web de la Cámara de Diputados, de donde se realizó la extracción de datos. De los 257 legisladores en total, se analizó el universo de 127 que asumieron el 10 de diciembre. De este grupo se procedió a la descarga de los proyectos en los que aparecen como autores o confirmantes, discriminando entre proyectos de resolución, de declaración o de ley. La información se cruzó por pertenencia geográfica y de bloque. La fecha de corte para el análisis de los datos fue el 10 de junio.
Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener
Carga y chequeo: Desiré Santander
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