En medio de una crisis de mora récord que afecta a millones de hogares y amenaza la estabilidad de la banca, el lanzamiento de un plan de rescate del Banco Nación provoca un fuerte reacomodamiento en el sistema financiero argentino. La entidad estatal propone un mecanismo abierto no solo a sus propios clientes, sino también a quienes mantienen deudas con otros bancos o fintech, lo que intensifica la competencia entre entidades y obliga a los principales actores del mercado a ajustar sus estrategias para retener usuarios y evitar la exclusión financiera. El fenómeno de la morosidad revela el impacto de la caída del poder adquisitivo, el encarecimiento de servicios y la proliferación de deudas para sostener el consumo, con un sistema que enfrenta el desafío de atender tanto la urgencia social como su propia sustentabilidad.

El aumento de la irregularidad en créditos y préstamos personales, que trepó al 11,5% en el sector de personas físicas durante marzo de 2026, coloca a la Argentina en el nivel más alto de los últimos veinte años. El porcentaje de mora en tarjetas de crédito alcanzó el 11,7%, mientras que los préstamos personales registraron un 14,2% de incumplimiento. El contexto se vuelve aún más delicado porque casi cinco millones de hogares atraviesan situaciones de deuda, y la respuesta de bancos, financieras y billeteras digitales se diversifica según el perfil de clientes, la antigüedad de los atrasos y la capacidad de pago de cada usuario.

La propuesta del Banco Nación impacta en el tablero financiero porque invita a reorganizar deudas tanto de sus propios clientes como de usuarios de otras entidades, incluidas fintech. La consolidación de obligaciones permite simplificar la gestión, acceder a plazos máximos de 72 meses y pagar tasas fijas del 65% TNA, con montos de hasta 100 millones de pesos. Para quienes presentan atrasos en tarjetas de crédito de hasta 90 días, la entidad ofrece reprogramar deudas por hasta 10 millones de pesos, con plazos de hasta 60 meses y una tasa nominal anual del 35%. El programa prevé que la tarjeta continúe activa, que el pago en cuotas comience en el siguiente resumen y que los límites de compra se ajusten temporalmente.

En el caso de una mora superior a los 90 días, el Banco Nación extiende los plazos de financiamiento hasta 96 meses, siempre sujeto a evaluación crediticia y condiciones particulares. Cada solicitud pasa por una evaluación personalizada, en la que equipos de especialistas revisan el perfil, los ingresos y las características de la deuda para definir opciones a medida. El usuario puede iniciar la gestión en cualquier sucursal, donde recibe asesoramiento y conoce los requisitos actualizados para acceder a estas alternativas.

El Banco Nación pone el foco en reducir la carga mensual de los deudores, extender los plazos y facilitar el acceso a soluciones flexibles, en un contexto donde la mora bancaria creció de 3,3% a 11,5% para personas físicas en un año, con el mayor grado de incumplimiento en préstamos personales desde 2011.

El que aspire a la asistencia del Nación, tiene distintas alternativas:

Destinada a personas que perciben sus haberes a través del Banco Nación. Esta herramienta permite reunir obligaciones financieras mantenidas tanto en esta como en otras entidades, facilitando la administración de los compromisos y la organización del esquema de pagos.

La línea contempla tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $ 100 millones.

• Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito

Disponible para clientes que registran hasta 90 días de atraso en el pago de una tarjeta de crédito emitida por la institución. Posibilita reestructurar saldos pendientes de hasta $ 10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35%.

La operatoria contempla el mantenimiento de la tarjeta, el inicio del pago de las cuotas en el próximo resumen y adecuaciones temporales en los límites de compras.

Para situaciones con más de 90 días de atraso, el Banco dispone de alternativas de financiación para extender los pagos en hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y condiciones vigentes.

• Cómo iniciar la gestión

Los clientes pueden acercarse a cualquier sucursal para recibir asesoramiento y conocer las opciones disponibles. También tienen la posibilidad de consultar la información y requisitos vigentes en www.bna.com.ar.

A través de estas herramientas, el Banco Nación acompaña a sus clientes en la reorganización de sus compromisos financieros, brindando soluciones que favorecen una administración ordenada, previsible y sostenible de su economía personal.

El Banco Provincia opta por una estrategia centrada en la prevención del sobreendeudamiento y la detección temprana de señales de estrés financiero. La entidad prioriza el otorgamiento responsable de crédito, implementa un monitoreo activo de la cartera y reacciona con agilidad para evitar que los atrasos se vuelvan estructurales. Para quienes presentan mora temprana, de hasta 90 días, el banco ofrece una línea de refinanciación de préstamos personales de hasta 72 meses, con tasa fija del 81,78% nominal anual (vigente a marzo de 2026), anticipo equivalente a una cuota, o sin anticipo para quienes perciben haberes en la entidad.

Para clientes con ingresos de hasta tres salarios mínimos (menos de 1.073.400 pesos), hay un programa especial con tasa fija del 40,89% y extensión de plazos hasta 60 meses. Si la mora supera los 90 días, se mantienen plazos de hasta 72 meses, un anticipo del 5% (o sin anticipo si el usuario cobra haberes en el banco) y, en situaciones críticas, opciones como quitas de capital o cancelación por saldo contable.

En el segmento de empresas, el Banco Provincia habilita líneas de refinanciación tanto para mora temprana como tardía, con plazos de hasta 84 meses, anticipos del 2,5% o 5%, y tasas variables más spread, que en marzo de 2026 equivalen al 35,16% nominal anual. La entidad reportó que la recuperación de mora se cuadruplicó durante el primer bimestre de 2026 frente a los tres años anteriores, resultado que atribuye a su política de prevención y acompañamiento.

ICBC implementó soluciones específicas según el grado de atraso en la cartera de clientes. Para usuarios sin mora pero con deudas elevadas en tarjeta de crédito (más del 30% financiado y más de 9 millones de pesos en Visa o Mastercard), se ofrece un préstamo personal para reestructuración con tasa UVA +20% y plazo de hasta 48 cuotas, aunque implica la baja del producto tarjeta. Para quienes deben menos de 9 millones, hay una opción de cuotificación en tarjeta Visa, con tasa del 39% y plazo de 24 cuotas, que permite mantener la tarjeta activa.

Para clientes con mora superior a 30 días en tarjetas, préstamos personales o cuentas corrientes sin garantía, el banco diseña acuerdos de pago personalizados, ajustando el número de cuotas y bonificando el saldo según la capacidad de pago y el nivel de morosidad. Además, ofrece planes de refinanciación que buscan aliviar la carga financiera a través de la consolidación de deudas, con la baja de todos los productos en mora y plazos de 6 a 60 meses. Las tasas disponibles son fija del 70% TNA o UVA +10% TNA. El acceso a estos planes requiere no superar la situación 4 en Veraz e implica una revisión y aprobación del área de créditos.

El Banco Macro, por su parte, despliega el programa “Gestión de Mora Temprana”, que prioriza la acción antes de que los atrasos se conviertan en casos de incobrabilidad. El equipo del banco contacta a los clientes en cuanto detecta dificultades en la gestión de las deudas, para ofrecer reestructuración con tasas diferenciales. El contacto directo permite anticipar soluciones y rescatar usuarios antes de que la situación se agrave. Voceros de la entidad remarcan que los usuarios muestran buena recepción ante la posibilidad de acceder a planes de reestructuración, lo que les brinda mayor certidumbre sobre su situación financiera.

En el área de banca empresas, la metodología incluye segmentación por actividad y herramientas adaptadas a la realidad de cada sector, con el objetivo de evitar que las empresas lleguen a situaciones críticas de atraso.

El Banco Credicoop adopta una estrategia diferenciada basada en su estructura cooperativa. La entidad desarrolla modelos de análisis para identificar de manera temprana indicadores de posibles dificultades y, frente a estos casos, ofrece líneas de crédito con tasas más bajas y plazos extendidos. Pereira explica que el objetivo es comprender la situación particular de cada socio y anticiparse a los problemas, ajustando las medidas a las necesidades específicas. El banco busca que la carga financiera afloje en el corto plazo para los asociados, adaptando las soluciones a cada situación.

El Banco Santander, por otro lado, adoptó una política de gestión individualizada ante situaciones de mora. Cuando la relación entre los pagos mensuales y los ingresos de un cliente se complica, la entidad ofrece planes de pago específicos para facilitar la cancelación de deudas. Durante la vigencia del plan de refinanciación, el banco suspende productos como tarjetas de crédito, sobregiros y nuevos préstamos, aunque mantiene activa la cuenta y otros servicios esenciales. Los usuarios pueden solicitar ayuda a través de los canales habituales, como el home banking, la aplicación móvil, el centro de atención telefónica y las sucursales. Esta metodología busca acompañar al cliente durante el proceso de regularización, adaptando las alternativas a las posibilidades de cada caso.

Entre los bancos privados líderes, la reacción frente al aumento de la morosidad se apoya en la personalización y en el uso intensivo de tecnología. Fuentes de una de las principales entidades descartan campañas masivas y señalan que el monitoreo es constante y personalizado. El sistema analiza el comportamiento individual de los clientes y, cuando detecta señales de estrés financiero, ofrece refinanciaciones con condiciones diferenciadas, como tasas más bajas y plazos extendidos. Durante el proceso, se suspenden tarjetas de crédito y la posibilidad de nuevos créditos, hasta que el usuario regulariza su situación.

El objetivo de este enfoque es preservar la condición de sujeto de crédito y evitar que los clientes enfrenten instancias judiciales. Los canales para acceder a estos planes incluyen plataformas digitales, atención telefónica y sucursales, con esquemas adaptados al segmento y a la capacidad de pago de cada usuario.

Las billeteras digitales, como Mercado Pago, implementan modelos de gestión del riesgo basados en scoring propio, que analiza más de 3.000 variables y se actualiza en tiempo real. Este modelo permite otorgar líneas de crédito acordes a la capacidad de pago de los usuarios y personalizar las condiciones de refinanciación. Voceros de la fintech señalan que este proceso permite una gestión de riesgo más precisa y dinámica que la del sistema tradicional, con alternativas adaptadas a la realidad de cada usuario.

A partir de mañana, los colectivos en la provincia de Buenos Aires aumentará 4,6% en las tarifas, llevando el boleto mínimo por encima de los $1.000. El ajuste llega después de la decisión tomada en mayo por Axel Kicillof, cuando el gobernador ordenó un alza del 11,6% que llevó el boleto base a $968,57. Esa medida profundizó la brecha con los valores que rigen en la Ciudad de Buenos Aires y en las líneas nacionales, y generó presión sobre los precios en un contexto donde el Gobierno nacional busca contener la inflación luego del registro de 3,4% en marzo.

Según fuentes oficiales de la Secretaría de Transporte bonaerense a Infobae, el incremento responde a la vuelta de la fórmula tradicional de “dos puntos más inflación”. “A partir de mañana, el aumento en las líneas de colectivos de la provincia es de dos puntos más el último IPC de abril (2,6%), volvemos a lo mismo de siempre”, indicaron.

El nuevo cuadro tarifario para los Servicios Urbanos Provinciales del Gran Buenos Aires establece que el boleto mínimo de 0 a 3 kilómetros pasa de $968,57 a $1.015,61. Para el tramo de 3 a 6 kilómetros, la tarifa sube de $1.089,64 a $1.142,55; para 6 a 12 kilómetros, de $1.210,71 a $1.269,50; de 12 a 27 kilómetros, de $1.452,85 a $1.523,40; y para recorridos superiores a 27 kilómetros, de $1.708,07 a $1.791,02. Quienes viajan sin la tarjeta SUBE pagarán $2.031,21 por el boleto mínimo.

En el caso de la tarifa social, que mantiene un descuento del 55% respecto al valor pleno, el boleto para el tramo más corto sube de $435,86 a $457,02. El resto de los tramos refleja aumentos proporcionales y mantiene el beneficio para los usuarios alcanzados por el programa.

El Servicio Suburbano Provincial también actualiza sus valores: el pasaje terminal cuesta $337,87, el valor por kilómetro se eleva a $51,61 y el boleto mínimo alcanza los $1.336,19. El boleto mínimo sin SUBE se ubica en $2.672,38.

La decisión de Kicillof de aumentar 11,6% en mayo respondió a la lógica de trasladar el costo real del servicio a los usuarios y reducir el peso de los subsidios estatales. Esta postura, identificada con una visión pro mercado, produjo tensiones en el Gobierno libertario, que observó cómo el ajuste provincial sumaba presión sobre el índice de precios al consumidor.

Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de colectivo también subirá 4,6% desde mañana, pero el boleto mínimo quedará en $788,41, muy por debajo del valor bonaerense. En cuanto a las líneas nacionales, que atraviesan el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el próximo aumento será de 2% y se aplicará recién el 15 de junio, en línea con la estrategia del equipo económico nacional de postergar los ajustes hacia mitad de mes para morigerar su impacto en la inflación.

El conflicto por el financiamiento del transporte público se intensificó desde el estallido de la crisis en Oriente Medio y la posterior suba de los combustibles en Argentina. Las empresas de colectivos del AMBA reclamaron a la Secretaría de Transporte de la Nación un recalculo tarifario que acompañe los mayores costos operativos. La falta de acuerdo derivó en una reducción de frecuencias, hasta que a fines de abril el Gobierno nacional transfirió $56.000 millones en concepto de subsidios atrasados y se comprometió a revisar la política de boletos.

A mediados de mayo, el Gobierno autorizó una suba para la líneas que circulan en el AMBA del 6% en el boleto, a ejecutarse en tres tramos: 2% el 18 de mayo, 2% el 15 de junio y otro 2% el 15 de julio. Lo que forma parte de la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo: escalonar los incrementos tiene como objetivo amortiguar su efecto sobre la inflación.

Sin embargo, las misma no dejo conforme a las empresas de colectivos. “Es un 6% dividido en 3 meses. O sea, 2 mensuales aproximadamente. Por debajo de la inflación.Cuando lleguemos a junio la brecha con la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será mayor aún, porque ellos seguirán aumentando inflación más 2% todos los meses”, sostuvo una fuente del sector.

Es que con el aumento del 2% que se aplicará a mitad de mes, el boleto para las líneas de colectivo que circulan en el AMBA quedará en $728,18 mientras que el de la provincia de Buenos Aires se ubicará en $1.015,16 (diferencia de $286,98) y el de la Ciudad de Buenos Aires en $788,41 (diferencia de $60,23).

El debate sobre los criterios para actualizar el boleto y la estrategia para contener el impacto inflacionario continúa atravesando a las distintas jurisdicciones del AMBA. Las diferencias de enfoque entre la provincia, la Ciudad y la Nación repercuten en el precio final que pagan los usuarios, que encuentran cada vez más disparidad en los valores según el recorrido y la administración responsable.

El secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José García Hamilton, dejará de integrar el equipo que encabeza el ministro Luis Caputo. En su reemplazo, el jefe del Palacio de Hacienda ya adelantó que esa función será asumida desde este lunes por Juan Ignacio Stampalija, que hasta hoy se desempeñaba como Subprocurador del Tesoro de la Nación.

“Hace algo más de un mes, José García Hamilton me comunicó que iba a tener que renunciar por razones personales. Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión como Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. También por tomarse el tiempo para hacer una transición tranquila, lo que demuestra además su calidad humana. Muchísimas gracias José!! @joseghamilton”, posteó en la red social X el ministro Luis Caputo. Y completó: “A partir del lunes, @juanistamp, quien hasta ahora se desempeñaba como Subprocurador del Tesoro de la Nación, asumirá esa responsabilidad, aportando toda su experiencia y capacidad profesional. ¡Bienvenido Juan! Estoy seguro de que harás una gran gestión”.

Stampalija llega a Economía con la reputación que le ganó el haber integrado junto a Julio Pablo Comadira y Santiago Castro Videla el trío de espadas jurídicas que desde la Procuración del Tesoro de la Nación diseñaron y sostuvieron la estrategia legal que permitió revertir una condena de USD 16.000 millones en contra del Estado argentino en la justicia de Estados Unidos por la expropiación de YPF.

El nuevo cambio en el equipo de Caputo no tiene las características cruentas del anterior, ocurrido hace poco más de un mes, cuando el jefe de Economía “le aceptó la renuncia” (tal fue la versión oficial) a Carlos Frugoni, quien se desempeñaba como secretario de Coordinación de Infraestructura y se supo a través de investigaciones periodísticas que tenía dos propiedades en Miami que no había incluido en su declaración jurada como secretario de Estado del ministerio de Economía.

En reemplazo de Frugoni, Caputo designó entonces al hasta entonces secretario de Transporte, el arquitecto, Fernando Herrmann, y en el cargo que ocupaba Hermann designó a Mariano Ignacio Plencovich.

A su vez, a fines de febrero había renunciado Alejandro Lew al cargo de secretario de Finanzas, lo que obligó a Caputo a mover alfiles: en su lugar designó a Federico Furiase, economista del riñón del caputismo, que se desempeñaba como director en el Banco Central. Lew, que había sido designado en noviembre de 2025, se fue porque su propuesta de emitir un bono, como había hecho Ecuador, en momentos en que el riesgo país estaba por debajo de los 500 puntos, había sido rechazada por el propio presidente de la Nación, Javier Milei.

En su momento, Lew, quien se había desempeñado previamente como jefe financiero (CFO) de YPF, había llegado al equipo de Caputo en reemplazo de Pablo Quirno, que dejó Economía no por disidencias sino por un ascenso: desde entonces es el ministro de Relaciones Exteriores (Canciller) de la República Argentina.

Un desprendimiento mucho más significativo y temprano fue la renuncia de Joaquín Cottani, el secretario de Política Económica, con que el equipo económico había iniciado su gestión tras la asunción del presidente Milei. Cottani se fue por diferencias significativas sobre la política económica, en particular sobre la política cambiaria del gobierno y, en línea con el pensamiento cavallista con el que se identifica, porque era partidario de un desmantelamiento más completo del cepo cambiario.

En reemplazo de Cottani fue designado poco después José Luis Daza, economista nacido en la Argentina pero que también tiene nacionalidad chilena y a quien Caputo conoce desde sus tiempos de operador en Wall Street. Otra incorporación, más reciente, fue la del economista uruguayo Ernesto Talvi, pero más en la función de asesor externo y gestor ante organismos internacionales, dada su reputación como excanciller y excandidato presidencial de Uruguay y su experiencia como funcionario del Banco interamericano de Desarrollo (BID):