POLITICA
Qué respuestas podría tener la declaración jurada de Manuel Adorni, según expertos
“Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar los números por adelantado”, dijo el presidente Javier Milei el 6 de mayo último. Pasaron más de tres semanas y el jefe de Gabinete todavía no entregó a la Oficina Anticorrupción (OA) su declaración jurada de 2025. Allí debería explicar el origen de los fondos para la compra del departamento de Caballito, la evolución de sus deudas, sus ingresos y gastos, y cualquier otro cambio en su patrimonio al cierre del año pasado. Pese a eso, el documento no responderá a todas las preguntas que surgen de la investigación judicial sobre presunto enriquecimiento ilícito.
Una fuente que trabajó en la OA explicó que las declaraciones juradas funcionan como una “base” para cualquier investigación. “Siempre hay que tener en cuenta que la presentación no indica que lo que haya declarado se encuentre bien, en cuanto a si allí está la totalidad de sus bienes y deudas, gastos e ingresos y, además, si los importes consignados son los correctos”, indicó.
Un especialista en compliance, también con pasado en la función pública, consideró que la presentación de la declaración jurada “es importante, pero puede no ser decisivo” en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Según mencionó, ese delito lo comete aquel que tiene ingresos o un nivel de vida por encima de sus “ingresos legítimos” como funcionario. “No se comprueba solo con la falta de justificación, pero ¿qué pasa? El funcionario tiene que poner cuáles son sus ingresos y eso es una herramienta que tiene para defenderse”, consideró el experto en cumplimiento normativo.
En esa causa, el fiscal Gerardo Pollicita busca respuestas sobre el origen de los fondos que Adorni y su cónyuge, Bettina Angeletti, utilizaron para solventar gastos. En el expediente judicial hay distintos registros de prueba que acreditan gastos por un total de US$408.662 y deudas por un total de US$335.000, de acuerdo con la conversión que hizo , en función de la fecha de cada uno de las operaciones. A eso habría que añadirle los $85 millones de la tarjeta de crédito durante 2025, tal como reveló .
Esta próxima declaración jurada se insertará en ese rompecabezas. No lo completará, pero puede aportar indicios sobre los hechos investigados que hayan ocurrido el año pasado: de dónde obtuvo los US$30.000 por parte de la compra del departamento en Caballito en noviembre de 2025, la nueva deuda con las dos jubiladas que financiaron más del 80% de esa incorporación, si convalida el supuesto acuerdo por fuera de la escritura de US$65.000 que declaró el hijo de una de sus financistas, las posibles cancelaciones parciales de una hipoteca anterior y cómo aparece el importe de las reformas en Indio Cua. Según el contratista Matías Tabar, ascendieron a $245.000 dólares.
Esto implica que la declaración jurada puede contener mucha información para la Justicia, aunque también algunas limitaciones. Una de ellas es la temporal. Esta declaración jurada se circunscribirá a todo lo ocurrido hasta el cierre de 2025. No entran pagos como los de los viajes a Punta del Este o Nueva York, ocurridos en febrero y marzo de este año. Ambos insumieron alrededor de US$13.000, de acuerdo con fuentes judiciales.
Todas esas cuestiones sobre departamentos, autos y deudas se discriminan dentro del apartado sobre evolución patrimonial. Esto se complementa con los ingresos y gastos. Sobre los primeros, existen las categorías “Ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas neto de gastos”, “Ingresos No alcanzados por el Impuesto a las Ganancias” y los “Bienes recibidos por Herencia, Legado o Donación”. De hecho, el hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, cuando rectificó su declaración jurada de 2025 agregó $21 millones provenientes de una “herencia”.
El ítem de gastos contiene a los “Gastos No Deducibles en el Impuesto a las Ganancias” y a “Gastos Personales”. Allí podrían estar incluidos los pagos por consumos con tarjeta de crédito, según el exfuncionario de la Oficina Anticorrupción. En 2024, su última declaración jurada, Adorni no declaró nada en ese rubro. De ese modo se diferenció del Presidente, de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y del resto de los ministros de ese momento que sí declararon haber tenido gastos personales durante ese año.
Las fuentes consultadas por también advirtieron sobre posibles omisiones en las declaraciones. El 25 de marzo, Adorni había dicho en una conferencia de prensa que “todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”. Sin embargo, tal como pudo saber este medio, durante abril de este año agregó en el anexo reservado de su cónyuge la casa de Indio Cua que había comprado en noviembre de 2024. “El texto de la ley dice omisión maliciosa. Ahí empiezan los abogados a pelear qué es maliciosa o no”, analizó la fuente con pasado en la Oficina Anticorrupción.
La ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública detalla que la declaración jurada debe contener los bienes inmuebles y las mejoras que se hayan realizado sobre dichos inmuebles, los bienes muebles registrables como autos, depósitos en bancos, créditos, dinero en efectivo dentro y fuera del país, inversiones cotizables, deudas, ingresos y egresos anuales derivados del trabajo, de rentas o de sistemas previsionales. Gran parte de esa información suele incluirse en una tabla de cinco columnas. Allí se completa: “tipo”, en alusión a qué clase de activo o pasivo se declara, su “descripción” (explica qué es), “origen fondos”, “titularidad” (utilizado para discriminar si es propietario 100% o en un porcentaje menor) e “importe”.
Esto último le aporta trazabilidad a la evolución del patrimonio. Por este motivo, la última declaración jurada de Adorni en manos de la Oficina Anticorrupción, correspondiente a 2024, servirá como punto de partida para la presentación de la de 2025.
Según esa presentación, el jefe de Gabinete concluyó 2024 con dos inmuebles (uno en la Ciudad de Buenos Aires y otro en La Plata), dos autos, $2,4 millones en efectivo, otros US$42.500 en efectivo, unos US$6.220,23 depositados en el exterior, un saldo a su favor en ARCA de $2.001.060,69 y declaró bienes del hogar por $3,6 millones. Uno de los indicios que puede aportar su próxima declaración jurada es si utilizó parte de estos activos para incorporar otras propiedades. En ese caso, los números anteriormente detallados podrían verse modificados.
En paralelo a los activos, Adorni declaró cuatro deudas al cierre de 2024, que sumaron $95,4 millones. En caso de haberlas cancelado durante 2025, ese número se reduciría. Y si se hubiera endeudado más, también debería verse reflejado.
Dos de las cuatro deudas poseen el carácter de hipotecarias. Allí aparecen la mujer retirada de la Policía Federal y su hija. En sede judicial declararon que le prestaron US$100.000 a Adorni y Angeletti, que al momento de su testimonial judicial les debían US$70.000 y que la cancelación total de la hipoteca incluye intereses.
La compra del departamento en Caballito debería aparecer en la próxima declaración jurada, según los expertos consultados. Adorni y Angeletti lo adquirieron en noviembre de 2025 por un valor de US$230.000, tal como refleja un informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires. Sus vendedoras, dos jubiladas les financiaron la operación con una hipoteca que cubrió US$200.000 del total de la venta. Y según fuentes judiciales, los US$30.000 restantes fueron pagados. Esa nueva deuda, así como el origen de fondos y porcentaje de titularidad sobre la propiedad son ítems que se esperan encontrar.
En la historia sobre el departamento de Caballito aparece una cuestión que despertó el interés de los expertos consultados por . El hijo de una de las jubiladas, Pablo Feijoo, declaró ante la Justicia que acordó con el jefe de Gabinete un pago adicional de 65.000 dólares, por fuera de la escritura. De allí surgen dos grandes preguntas: ¿Esa supuesta deuda será reconocida por Adorni? ¿Cómo?
“Lo primero que hay que ver es si hay papeles, si es acreditable”, señaló la fuente con pasado en la Oficina Anticorrupción. Para ello, revisar la declaración jurada de Feijoo ante ARCA puede ser una alternativa de los investigadores.
Por otra parte, las refacciones en la casa del country Indio Cua también podrían tener un lugar en la declaración jurada. El contratista Matías Tabar sostuvo en sede judicial que los gastos ascendieron a US$245.000.
La fuente que trabajó en la Oficina Anticorrupción explicó que las mejoras a un inmueble pueden tener distintos modos de “exposición” en la declaración. Una alternativa es agregar “mejoras del inmueble” y el valor. Otra posibilidad es que dichas refacciones estén incluidas dentro del importe total que se le asigna a la propiedad.
Por su parte, el especialista en compliance indicó que este tipo de erogación también puede aparecer en la línea sobre gastos, siempre y cuando se trate de operaciones realizadas por Adorni. En caso que todo esto haya sido encarado por Angeletti podría estar en el anexo reservado.
De acuerdo con el exfuncionario de la Oficina Anticorrupción, “la técnica de declaración indica que si las mejoras son iguales o superan el 20% del valor de compra de la propiedad deben declararse dentro del valor total del inmueble, o el valor del inmueble y el valor de la mejora”. Si fuesen menores a ese 20% podría incorporarse en un rubro de gastos.
la investigación judicial sobre presunto enriquecimiento ilícito,distintos registros de prueba,tarjeta de crédito,el contratista Matías Tabar,rectificó su declaración jurada,Manuel Adorni,Conforme a,,Análisis. El Gobierno adelanta el calendario electoral,,Billeteras virtuales. La investigación de $LIBRA se frena por la falta de recursos tecnológicos para seguir la ruta del dinero,,Solo en Off. La curiosa SIDE de Santiago Caputo, entre balazos virales y comunicados sanitarios,Manuel Adorni,,Análisis. Cambio de clima,,Cortocircuitos. Por qué se pelean los mileístas,,Encuestas. ¿Pasó ya lo peor para Milei?
POLITICA
Villa La Angostura: la Justicia rechazó un planteo mapuche en un juicio por tierras y advirtió sobre una posible “maniobra procesal”
El juez Francisco Astoul Bonorino, a cargo del juzgado de Villa La Angostura, rechazó in limine el pedido de intervención voluntaria de la Comunidad Mapuche Lof Melo y de José Lucas Melo en el juicio que la Comunidad Mapuche Lof Kinxikew inició contra María Cristina Broers, propietaria de un predio ubicado a unos 35 kilómetros de esa localidad neuquina, donde ambas comunidades mantienen un prolongado litigio territorial.
La comunidad Lof Quintriqueo, identificada como Kinxikew, promovió una acción reivindicatoria con el objetivo de recuperar un espacio del que había sido desalojada en el marco de un proceso judicial por usurpación.
En ese expediente, la comunidad integrada por miembros de la familia Melo intentó incorporarse a la demanda civil con una pretensión que, según expuso, estaba vinculada con la ocupación y el reconocimiento de la propiedad comunitaria de esas tierras. Sin embargo, el magistrado rechazó la presentación, realizada a través del abogado Luis Virgilio Sánchez.
Una adhesión sin pretensión propia
En su resolución, el juez señaló que el Lof Melo se presentó como “legitimado activo necesario”, es decir, como litisconsorte necesario de la parte actora, bajo el argumento de que el predio está ocupado por la comunidad y constituye “tierras indígenas”.
No obstante, advirtió que, en el objeto de su presentación, la comunidad se limitó a manifestar su adhesión a la demanda, sin formular una pretensión procesal propia.
Para Astoul Bonorino, esa adhesión no configura un litisconsorcio ni modifica la composición de las partes del proceso. Se trata, según explicó, de personas que comparecen para expresar su acuerdo con lo solicitado por la parte actora, sin que se advierta “la utilidad o el sentido de su admisión como partes”.
El magistrado también señaló una contradicción en el planteo. Si la intención del Lof Melo hubiera sido reclamar para sí el mismo derecho que invoca el Lof Kinxikew, la presentación resultaría “a todas luces contradictoria”.
El motivo es que la propia demanda describe la convivencia de ambas comunidades en el territorio y reconoce expresamente la posesión y la propiedad comunitaria del Lof Kinxikew.
Una presentación “rayana a la mala fe procesal”
Más allá de los aspectos formales, el juez cuestionó el momento en que se produjo la intervención del Lof Melo y consideró que su actuación “luce rayana a la mala fe procesal”.
En ese sentido, observó que la comunidad había sido mencionada desde el inicio de la demanda, aunque nunca fue citada formalmente al proceso. Sin embargo, se presentó espontáneamente después de que se rechazara la recusación con causa promovida por la actora original, una decisión que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones el 13 de junio de 2025.
Una vez incorporada al expediente, la comunidad intentó recusar al magistrado sin expresión de causa, sin aportar nuevos hechos o argumentos y sin explicar los motivos de esa presentación fuera de la oportunidad procesal correspondiente.
Astoul Bonorino calificó de “peculiar y poco frecuente” la presentación escalonada de supuestos litisconsortes de una misma parte, especialmente cuando se trata de comunidades que, según sus propios argumentos, conviven de manera pacífica y coordinada en el territorio.
A partir de esa secuencia, concluyó que el planteo “parece acercarse más a una maniobra procesal” destinada a sortear el rechazo de la recusación con causa presentada originalmente.
De todos modos, el fallo no impuso sanciones ni declaró formalmente la existencia de mala fe procesal. La expresión utilizada por el juez se enmarca en la valoración que realizó sobre las circunstancias y los tiempos de la presentación.
La contradicción sobre la titularidad de las tierras
Otro de los puntos centrales de la resolución fue la incompatibilidad que el magistrado advirtió entre la postura del Lof Melo y los términos de la demanda a la que pretendía adherirse.
El juez sostuvo que no resulta coherente reclamar para sí un territorio y, al mismo tiempo, respaldar una acción judicial que reconoce la posesión y la propiedad comunitaria de otra comunidad sobre ese mismo espacio.
En el escrito presentado, el Lof Melo no incorporó hechos nuevos ni desarrolló una pretensión independiente. Por el contrario, adhirió a una demanda que describe su presencia en el inmueble, pero que reconoce expresamente los derechos invocados por el Lof Kinxikew.
“Nos encontramos ante una situación que no puede tener efecto alguno en la constitución o modificación de las partes procesales. Se trata simplemente de personas que comparecen al proceso a manifestar que están de acuerdo con lo solicitado por la actora en su demanda”, sostuvo Astoul Bonorino.
De ese modo, el magistrado concluyó que la presentación no reunía las condiciones necesarias para justificar la intervención de la comunidad como parte en el expediente.
Un conflicto territorial con más de una década de litigios
El conflicto por esas tierras se tramita en la Justicia neuquina y se remonta a 2011, cuando se produjo la ocupación del predio. La propietaria documentó sus derechos sobre el inmueble y, a lo largo de los años, distintos jueces dictaron resoluciones favorables a su posición e incluso ordenaron el desalojo de las tierras.
En agosto pasado se concretó el desalojo de una de las fracciones ocupadas, mientras que la ejecución de la medida en el sector restante quedó inconclusa.
Semanas después, el magistrado ordenó completar el procedimiento y libró un nuevo mandamiento judicial para ejecutar el desalojo en la superficie que todavía permanece ocupada.
La resolución que rechazó la intervención del Lof Melo se inscribe en ese extenso proceso judicial, en el que continúan en disputa los derechos sobre el territorio y las condiciones para hacer efectiva la restitución del inmueble.
Mapuche,Lof Melo,desalojo,Neuquén,Argentina,protesta,comunidad,derechos indígenas,tierras,activismo
POLITICA
El Reino Unido anunció que las nuevas licencias de hidrocarburos en las Islas Malvinas requerirán su autorización final
El Gobierno del Reino Unido confirmó este jueves que cualquier nueva licencia de hidrocarburos en las Islas Malvinas deberá contar con el consentimiento del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, un dato que ubica a Londres como autoridad final sobre los permisos petroleros futuros en momentos de renovada tensión con la Argentina por la explotación de recursos en el Atlántico Sur.
La definición había sido adelantada el 15 de septiembre ante la Cámara de los Comunes y se formalizó ahora en una respuesta parlamentaria ante la Cámara de los Lores.
La respuesta oficial del 1 de octubre precisa que, aunque el gobierno de las islas conserva la responsabilidad sobre el marco regulatorio y ambiental, ninguna licencia nueva puede emitirse sin la aprobación final del secretario de Estado británico, un requisito que Londres ya había mencionado ante la Cámara de los Comunes el 15 de septiembre. Lo que en la superficie podía leerse como un respaldo diplomático a lo que resuelven los isleños se confirma, en los hechos, como una supervisión directa del Gobierno central, que se erige en filtro último de cualquier autorización futura.
Una pregunta en los Lores destapó el mecanismo
La aclaración llegó como respuesta a una consulta formal del conservador Lord Moynihan, integrante de la Cámara de los Lores, presentada el 17 de septiembre y registrada en el sistema de preguntas parlamentarias del Reino Unido bajo el identificador HL3722. El legislador había pedido precisiones sobre las evaluaciones de impacto ambiental de los nuevos yacimientos y sobre el respaldo del Gobierno británico al desarrollo de esos proyectos. El planteo, dirigido en un primer momento al Ministerio para la Seguridad Energética, terminó derivado al Foreign Office.
La respuesta estuvo a cargo de Lord Wood of Anfield, subsecretario parlamentario de Estado para Europa, Europa del Este, Seguridad Internacional y Crecimiento. “El Gobierno del Reino Unido mantiene una postura coherente respecto al derecho de las Islas Malvinas a desarrollar sus recursos naturales. Este derecho es fundamental para su autodeterminación, que este Gobierno defenderá con firmeza”, sostuvo el funcionario, según consta en el sitio oficial del Parlamento británico. A continuación, formalizó el punto central: “Cualquier nueva licencia de hidrocarburos requiere el consentimiento del secretario de Estado, quien actúa de conformidad con la legislación aplicable de las Islas Malvinas; no emitimos comentarios sobre licencias individuales”.
El mensaje que Londres envía a la Argentina
Al elevar la decisión sobre nuevas licencias al nivel del secretario de Estado para Asuntos Exteriores, cargo que ocupa Ed Miliband, el Reino Unido institucionaliza su rol de autoridad final en la materia y envía una señal política precisa hacia Buenos Aires: cualquier cuestionamiento legal o económico a los permisos petroleros ya no se dirige contra el gobierno local de las islas, sino contra el Ejecutivo de Londres. La jugada se produce en paralelo a la ofensiva judicial y diplomática que impulsa la Argentina contra las compañías que operan en la zona.
El Gobierno de Javier Milei denunció penalmente a esas empresas y promovió procedimientos administrativos para sancionarlas. La Justicia Federal de Río Grande, a través de la jueza Mariel Borruto, ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas al proyecto, una medida cautelar que alcanzó perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial. El 3 de septiembre, Milei había anunciado un decreto para endurecer las sanciones contra las compañías que operen en las islas sin autorización argentina, además de un proyecto de ley de defensa de la soberanía y fondos para una base naval en Tierra del Fuego. “Las Islas Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay debate”, afirmó entonces el Presidente.
Sea Lion, el proyecto que queda bajo la lupa
El desarrollo de Sea Lion, el mayor emprendimiento petrolero previsto en aguas próximas al archipiélago, opera bajo licencias ya existentes y no bajo un permiso nuevo. Por esa razón, Londres evitó precisar si el secretario de Estado intervino en la aprobación de su programa de producción, informó Mercopress. La administración de las islas había aprobado en diciembre de 2025 las fases uno y dos del Northern Development Area, el área septentrional del proyecto, aunque un documento posterior de su Consejo Ejecutivo reconoció que aún restaban “numerosos” permisos y consentimientos regulatorios antes de alcanzar el primer petróleo.
Navitas Petroleum, la operadora israelí del emprendimiento, posee una participación del 65%, mientras que Rockhopper Exploration conserva el 35% restante. La primera etapa contempla 11 pozos submarinos conectados al buque flotante de producción, almacenamiento y descarga Aoka Mizu, a los que se sumarían otros 12 en una segunda fase. La producción está prevista para el primer trimestre de 2028, con una estimación oficial de USD 2.000 millones en regalías durante 30 años, según había informado Infobae.
Autodeterminación contra soberanía bilateral
El Reino Unido sostiene que los habitantes de las Islas Malvinas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales bajo el principio de autodeterminación, una posición que reafirmó Wood of Anfield en su respuesta a Moynihan. La Argentina rechaza que ese principio sea aplicable al caso y sostiene que existe una disputa bilateral de soberanía reconocida por la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965 a partir del Alegato Ruda, que calificó la situación del archipiélago como colonial y llamó a resolverla mediante negociaciones entre ambos países. Con la centralización del mecanismo de licencias en el Foreign Office, ese litigio diplomático suma ahora un frente adicional: el de la autoridad administrativa directa de Londres sobre cada nuevo permiso de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
Diplomacy / Foreign Policy,Energy Markets,Environment,LEGACY: Financials (TRBC),Financials (TRBC level 1),South America / Central America
POLITICA
Elecciones en Brasil: el Gobierno prevé que Lula gane la primera vuelta y que Bolsonaro tenga ventaja en un balotaje
En el entorno del presidente Javier Milei afirman que el escenario más probable para las elecciones de Brasil de este domingo es que el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva sea el candidato más votado. Ese resultado, sin embargo, no le alcanzaría para poder imponerse en primera vuelta, lo que implicaría una segunda vuelta con su más inmediato competidor, Flávio Bolsonaro. Aunque el panorama para esa instancia sigue sin ser claro, en la Casa Rosada creen que la inercia que lleva el postulante opositor podría ser determinante.
“Nosotros vemos a un Lula claro ganador en primera vuelta, pero a Bolsonaro con mayores probabilidades de poder ganar una segunda”, afirman en la Casa de Gobierno. Quedó lejos el escenario que se evidenciaba dos meses atrás, cuando viajó personalmente a Brasil para asistir al acto de lanzamiento de Flávio. En ese entonces, el presidente brasileño parecía tener un panorama completamente favorable para ambas instancias; pero la diferencia se redujo de manera considerable con el pasar de las semanas.
En la Casa Rosada evitan hacer una proyección de números y prefieren hablar de tendencias. A diferencia de otras semanas, diversos funcionarios del Ejecutivo y dirigentes del entorno libertario optaron por no emitir demasiados comentarios respecto al desarrollo de los comicios.
Quien sí realizó comentarios fue el propio Milei durante una entrevisa con el medio francés Le Point, el cual fue publicado este martes, horas antes de que arribara a París para participar del Argentina Week. Allí volvió a calificar al mandatario brasileño de “ladrón” y lo acusó de haber salido de prisión “por un tecnicismo administrativo orquestado por un juez cómplice [en alusión al juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes]”.
En el reportaje, Milei también volvió a acusar al gobierno de Lula de haber realizado una interferencia en la campaña presidencial del 2023 y de haber querido perjudicarlo. “Durante mi campaña envió a varios comunicadores y psicólogos a Buenos Aires para montar operaciones sucias contra mí”, sostuvo el mandatario. Hasta el momento, las denuncias han sido todas declamatorias y ninguna se realizó en el plano judicial.
Infobae pudo saber que estas declaraciones no cayeron bien en el Palacio do Planalto, la sede del Ejecutivo brasileño. “La situación dista de ser ideal. De nuestra parte existe una intención de resguardar el vínculo”, marcó una fuente gubernamental del país vecino. Es por ese motivo que han tomado la decisión de que el embajador en la Argentina, Julio Bitelli, no vuelva a nuestro territorio, de mínima, hasta después de las elecciones.
En la Casa Rosada tienen la misma postura. El embajador en Brasil, Daniel Raimondi, no tiene fecha prevista para retornar a la sede diplomática en Brasilia. “El estatus que se va a mantener entre ambos países va a ser como el que se mantuvo en el último tiempo, a nivel de Encargados de Negocios”, respondieron en el Gobierno.
El Ministerio de Seguridad Nacional que comanda la ministra Alejandra Monteoliva ordenó un refuerzo de la cobertura sobre las sedes diplomáticas que tiene Brasil en Argentina. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que hay 13.138 personas habilitadas en el país para votar este domingo: 11.873 en la Embajada de Brasil en Buenos Aires, 926 en el Consulado General en Córdoba, 236 en el Consulado General en Mendoza, 62 en el Consulado General en Puerto Iguazú y 41 en el Consulado en Paso de los Libres. El horario de votación en la sede de la Capital Federal será entre las 08:00 y las 17:00.
Se prevé que mañana hable el canciller Pablo Quirno y dé su lectura sobre el desarrollo de los comicios. A diferencia de lo que hicieron países como Estados Unidos, Australia, Canadá y el Reino Unido, Argentina no realizó ningún alerta sobre potenciales riesgos a la seguridad de sus sedes consulares.
“Si Estados Unidos recibió alguna amenaza puede estar relacionado a que Lula decidió enfatizar como uno de los ejes del último tramo de su campaña una supuesta injerencia externa en el proceso electoral”, analizó una importante fuente del Ejecutivo Nacional. Y agregó: “Hay cierta apatía de los brasileños en estas elecciones; no vemos riesgo de hechos violentos en las próximas semanas”.
Muy por lo bajo, en la Casa Rosada se ha escuchado a importantes despachos decir que prefieren que gane Lula por sobre Bolsonaro. Es un deseo que no se corresponde con lo que quiere Milei, pero que se funda en la lectura de que una victoria del candidato del Partido Liberal podría opacar el rol del mandatario argentino como líder regional, así como la relación preferencial con Estados Unidos. En particular, quienes miran esto último ven que la economía de Brasil podría tener serias dificultades el año próximo y que podría haber una cierta disputa con el país vecino para recibir algún fondo de contingencia en caso de ser necesario.
Todas estas lecturas podrían ser, cuanto menos, relativizadas. Hay un posicionamiento transversal en el establishment de Estados Unidos de apoyar a la administración de Milei pese a cualquier viraje de gestión en otros países de la región. El interés de Washington sobre la circulación bioceánica sobre la zona de Tierra del Fuego se mira en clave de la disputa geopolítica con China. Es decir, la centralidad va a seguir existiendo de cualquier manera.
Si bien Flavio Bolsonaro tendría una afinidad mucho mayor con la administración Trump, las distancias ideológicas no le han impedido a Lula de tener encuentros de magnitudes. Un mandato del dirigente del PL tampoco podrá relegar de su vínculo con China: no ha propuesto romper su pertenencia al BRICS y una parte significativa de sus exportaciones de productos primarios se envían a la potencia asiática.
En relación al apoyo económico, la economía brasileña tiene una dimensión que sería prácticamente imposible pensar en un apoyo económico que pudiera ser realista y que no sea cuestionado en la política interna estadounidense. Los eventuales montos que precisaría Argentina son ostensiblemente menores.
the top photos of the day by ap photojournalists
Los veterinarios coinciden sobre el galgo: “Es un perro muy sensible y necesita un entorno tranquilo”
Villa La Angostura: la Justicia rechazó un planteo mapuche en un juicio por tierras y advirtió sobre una posible “maniobra procesal”
El paso a paso del reclamo de la Argentina ante un tribunal internacional para intentar frenar el proyecto de Sea Lion en Malvinas
El durísimo anuncio que hizo Camila Deniz y destrozó a su familia: «Tiene un tumor maligno y tiene que hacer un quimioterapia»
El Reino Unido anunció que las nuevas licencias de hidrocarburos en las Islas Malvinas requerirán su autorización final
DHS exposes dilemma behind SCOTUS deportation fight: ‘We have two choices’
Ley de Tierras: la CGT repudió el fallo de la Corte Suprema y le exigió a Diputados que rechace el DNU de Milei
Milei volvió a dar un discurso en la Argentina Week de París y se emocionó en el cierre
La CGT descartó un paro general, pero hará una movilización el 8 de octubre en defensa de la industria
Luto en el periodismo: murió a los 58 años una de las conductoras más famosas y reconocidas de la TV, luchando contra un cáncer cerebral
POLITICA3 días agoLey de Tierras: la CGT repudió el fallo de la Corte Suprema y le exigió a Diputados que rechace el DNU de Milei
- POLITICA1 día ago
Milei volvió a dar un discurso en la Argentina Week de París y se emocionó en el cierre
- SOCIEDAD3 días ago
Capcom ha admitido su destino con los remakes de Resident Evil y muchos jugadores se hacen la misma pregunta: ¿Qué pasa con Resident Evil 5 y 6?
