Apenas una semana después de enviar al Congreso el denominado “Súper RIGI” para atraer inversiones en inteligencia artificial, centros de datos e infraestructura tecnológica, el Gobierno presentó una reforma integral de la ley general de sociedades (19.550) destinada a adaptar el marco jurídico argentino a esas nuevas actividades.

La iniciativa, que ingresó el viernes al Senado, propone reemplazar una norma con más de cincuenta años de vigencia por un régimen más flexible para la constitución, organización y financiamiento de empresas.

Entre otros cambios, crea nuevas figuras societarias vinculadas a blockchain e inteligencia artificial, habilita una mayor autonomía para que los socios definan sus reglas internas y permite que determinadas controversias puedan resolverse mediante arbitrajes internacionales y bajo legislación extranjera.

Combinado con el “Súper RIGI”, el proyecto muestra una estrategia más amplia del Gobierno: no solo atraer industrias que hoy tienen escasa o nula presencia en la Argentina, sino también modificar las reglas societarias para facilitar su radicación y funcionamiento. El régimen de promoción enviado la semana pasada apunta específicamente a actividades que el Poder Ejecutivo define como industrias “del futuro”, vinculadas a infraestructura tecnológica estratégica y proyectos todavía experimentales en el país.

La reforma de la ley de sociedades, sin embargo, anticipa debates. Entre otros puntos, la nueva libertad contractual, la posibilidad de recurrir a derecho extranjero en determinadas relaciones societarias y la reducción de controles formales podrían abrir interrogantes sobre los mecanismos de fiscalización y transparencia de estructuras empresariales complejas. La simplificación y desregulación podría convertir al país en un destino predilecto para la evasión, el lavado de activos u otras maniobras ilícitas.

También aparecen cuestionamientos sobre la incorporación de organizaciones basadas en blockchain y contratos inteligentes, cuyos protocolos -el código- podrían quedar parcialmente fuera del alcance de los controles administrativos ordinarios.

En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo sostiene que la actual ley 19.550 “ha demostrado ser insuficiente para responder a las transformaciones del entorno económico, tecnológico y jurídico de las últimas décadas” y argumenta que resulta necesario contar con estructuras societarias “más simples, flexibles y tecnológicamente compatibles”.

Nuevas figuras

El aspecto más novedoso de la iniciativa es la incorporación de nuevas estructuras pensadas para modelos de negocios digitales.

La principal es la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), una figura inspirada en las organizaciones descentralizadas que funcionan mediante blockchain y contratos inteligentes. El proyecto establece que podrá operar de manera total o parcialmente autónoma a través de protocolos tecnológicos -el código- previamente definidos y que sus integrantes podrán participar mediante tokens u otros activos digitales.

El Gobierno sostiene que esta incorporación responde a “la aparición de nuevas formas de organización económica que, de no contar con reconocimiento jurídico, pueden operar en zonas de incertidumbre, informalidad o falta de responsabilidad claramente atribuible”.

Pero su inclusión abre interrogantes regulatorios. El proyecto limita el acceso de los organismos de control a partes del software que gobierna el funcionamiento de estas organizaciones, salvo orden judicial. Como en una DAO ese código define buena parte de las decisiones y operaciones de la sociedad, podría dificultar las tareas de fiscalización.

En una DAO, por ejemplo, muchas decisiones que en una empresa tradicional toman directivos o accionistas quedan programadas en el sistema y se ejecutan automáticamente.

La reforma también crea la figura de la sociedad automatizada, definida como aquella que desarrolla su actividad mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial sin requerir intervención humana constante. En estos casos, la sociedad deberá incorporar la expresión “automatizada” en su denominación y responder por los daños que puedan ocasionar esos sistemas.

A la vez, el proyecto incorpora definitivamente a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) dentro de la ley general. La figura, creada durante el gobierno de Mauricio Macri para facilitar la creación de empresas, conserva su lógica de constitución rápida y flexible, aunque ahora queda integrada al régimen societario general.

La iniciativa también flexibiliza el objeto social, habilita la unipersonalidad en todos los tipos societarios, digitaliza trámites y documentación, facilita las reuniones remotas y elimina diversas exigencias registrales que el Gobierno considera burocráticas.

Arbitraje internacional y derecho extranjero

Uno de los cambios más sensibles habilita que las sociedades que no realicen oferta pública puedan pactar que determinadas relaciones internas se rijan por derecho extranjero o por principios del derecho mercantil internacional. También permite establecer tribunales arbitrales fuera de la Argentina para resolver conflictos societarios.

El Gobierno argumenta que la medida busca otorgar previsibilidad a emprendimientos con participación de inversores extranjeros y estructuras internacionales.

El texto aclara que esa libertad contractual no alcanza a cuestiones vinculadas con la existencia de la sociedad, la protección de terceros, la responsabilidad frente a acreedores o los procesos de liquidación, que continuarán regidos por normas argentinas.

La iniciativa fue elaborada principalmente por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, en conjunto con la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal Murphy, y el Ministerio de Justicia. Lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

En el Gobierno hay alivio, pero también temor.

Alivio, porque se frenó la caída de la imagen de Milei. Y porque el humor social empezó a virar del modo “enojo” hacia el sentimiento de “mayor tolerancia frente al mal menor”.

Un respetado consultor que le envía datos al Presidente, me dijo hoy:

“Se registra un notable cambio de clima. Los números de la encuesta que estoy terminando le darán a Milei mucho mejor que abril”.

Sin embargo, por lo menos dos miembros de la mesa política tienen miedo de que la demorada publicación de la declaración jurada de Adorni, que será antes del 15 de junio, vuelva a poner el escándalo sobre el tapete.

¿Aprovechará el jefe de Gabinete la distracción del Mundial, que empieza el 11 de junio, para evitar una nueva reacción en cadena?

Todo parece indicar que Adorni explicará sus compras y sus gastos a través de la herencia recibida de su padre y la tenencia de criptomonedas.

Pero lo más seguro es que, a partir de ahora, las referencias sobre el seleccionado argentino aparecerán en cada presentación del Presidente, como sucedió con la última, en el Latam Economic Forum.

Por otra parte, las últimas noticias parecen acompañar la narrativa oficial que le ayudó a La Libertad Avanza a ganar las últimas dos elecciones nacionales.

La más reciente: el asesinato de la menor Agostina Vega, a manos de Claudio Barrelier, un empleado público, kirchnerista, con un conchabo en la Intendencia de Córdoba.

Porque las patéticas respuestas que dio el fiscal federal Raúl Garzón en la conferencia de prensa de ayer siguen generando reacciones en cadena.

Es más.

El brutal asesinato de Agostina no solo parece favorecer la narrativa oficial. También pone sobre la mesa dos cuestiones políticas muy relevantes.

Una: que las denominadas iniciativas de género no sirven para detener la ola asesinatos de niñas y mujeres.

Y dos: que los políticos y artistas pseudoprogresistas quedan en evidencia cada vez que se les recuerda el voto contra el registro de violadores, o su indignación selectiva frente a determinados casos.

En especial, cuando involucran a dirigentes como:

• El exgobernador de Tucumán, José Alperovich, condenado a 16 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

• El expresidente Alberto Fernández, procesado por los delitos de lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y violencia de género y amenazas coactivas contra Fabiola Yañez.

• O el “periodista militante” Ezequiel Guazzora, condenado a diez años de prisión por abuso sexual agravado contra una menor.

Porque hasta hace un par de años, todos ellos se creían los dueños de la verdad. Y también los dueños de la calle.

Pero tampoco parece afectar a la imagen del Gobierno la detención de Facundo Leal, expresidente de ARSAT, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales.

Al todavía funcionario, propuesto por Sergio Massa, le acaban de encontrar, en sus domicilios particulares de Palermo Chico, en la Ciudad, y Chacras de Coria, en Mendoza:

• Más de 2 millones y medio de dólares en efectivo.

• 14 gramos de cocaína.

• 128 gramos de ketamina.

• 164 gramos de cristal MDMA.

• 72 pastillas de MDMA.

• Un vapeador con cannabis.

• Y 15 cucharas junto a los estupefacientes y 15 bolsas plásticas que estarían asociadas con el uso de drogas.

Mientras tanto, crece la certeza de que la Justicia de los Estados Unidos va a investigar a fondo a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por los delitos de lavado de dinero, desvío de fondos y evasión fiscal.

¿Terminará el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, convalidando, con su accionar, la sospecha de que está protegiendo tanto a Tapia como a Toviggino, a través de sus fiscales y jueces amigos?

¿Insistirán los senadores de La Libertad Avanza con la supuesta orden de Karina Milei de retirar el pliego de María Verónica Micheli para presentarse como candidata a jueza del Tribunal Oral Criminal N.º 3 de La Plata solo por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon?

¿Y qué postura tomará en el asunto la presidente del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich?

Porque en realidad, además de haber pedido que Adorni presente su declaración jurada cuanto antes, a Bullrich se le atribuye haber dicho, en la última cena de la Fundación Libertad, a un colega:

“Vos sos parte del 95 por ciento de los periodistas a los que quiero”.

Y eso, en obvia discordancia con la muletilla que Milei repite cada dos por tres:

“El 95 por ciento de los periodistas son corruptos, delincuentes o ensobrados”.

También es una incógnita hasta dónde avanzará la Justicia con la causa que más dinero involucra en perjuicio del Estado: la del denominado sistema SIRA, con la que financistas como Elías Piccirillo y Martín de Migueles, a través del cobro de coimas, se habrían apropiado de cientos de miles de dólares en medio de la restricción del cepo.

Porque la existencia de un supuesto video en el que Jésica Cirio aparece contando dólares de una manera un tanto inapropiada parece un interesante dato de color.

¿Pero cuándo empezarán a investigar a los altos funcionarios responsables de repartir los permisos para importar con “el dólar oficial” en tiempos donde llegó a detectarse una brecha de más del 300 por ciento?

El juez que tiene la causa es Ariel Lijo. Sin embargo, quien impulsa la investigación es el fiscal Franco Picardi.

¿Se atreverá Picardi a llamar a declarar, por ejemplo, al exministro de Economía, Sergio Massa; al expresidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce; o al exsecretario de Comercio, Matías Tombolini?

Tiene razón el profesor Juan Carlos de Pablo: la economía no viene como para hacer ninguna fiesta, pero tampoco estamos atravesando una crisis terminal.

Los datos duros de los últimos días son positivos:

• El riesgo país perforó los 500 puntos y terminó la semana en 493 puntos básicos.

• La inflación sigue bajando. La de mayo se ubicaría entre un 2 y un 2,3 por ciento, algo más baja que la de abril, que terminó con 2,6.

• Las compras de dólares para las reservas superaron los 9.700 millones, 300 millones menos de lo que el Banco Central se comprometió a acumular con el FMI durante todo el año.

El ministro Luis Caputo insiste con la idea de que la elección del año que viene será un “paseo por el parque” y que la economía, con sus buenas noticias, se llevará puesta a la política.

Machaca, junto con Milei, sobre la idea de que jamás hubo tanta distancia entre lo que muestran las estadísticas y lo que difunde el periodismo.

¿Habrá contribuido ese argumento oficial, repetido hasta el hartazgo, con el incipiente cambio de clima?