POLITICA
Bukele mantiene niveles de aprobación que superan el 90 % en El Salvador, tras 7 años en el poder
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, culmina el segundo año de su segundo mandato, lo que suman siete años en el poder, con niveles de aprobación ciudadana que superan el 90%, un fenómeno que se refleja tanto en estudios locales como en mediciones internacionales.
Según diversas encuestas nacionales, la valoración positiva de la gestión del mandatario y su gabinete se mantiene en registros sin precedentes para la región y poco frecuentes a nivel global.
Las cifras de respaldo a Bukele se sitúan entre el 91.9% y el 94% al cierre de dos años de gestión de su segundo mandato presidencial que inició el 1 de junio de 2024.
Según la última encuesta de CID Gallup presentada el 27 de mayo de 2026, el mandatario registró una imagen favorable de 93% y un respaldo de 98% a su gestión en seguridad, un resultado que explica por qué, a siete años desde su primer mandato, la percepción de tranquilidad se convirtió en el principal sostén de una aprobación ciudadana que el estudio describe como inédita en la historia reciente del país.
La medición, basada en 1,200 entrevistas telefónicas a nivel nacional, indica que cuatro de cada cinco salvadoreños dijeron ver con buenos ojos el futuro del país y el 87% expresó orgullo por el liderazgo presidencial. Y mostró que el 97% de los salvadoreños no sufrió ningún crimen en los últimos cuatro meses, atribuyendo ese cambio a la centralidad de la política de control de la violencia en la agenda nacional.
En marzo de este año, la misma consultora reportó que el 94% de los salvadoreños aprobaba la gestión del mandatario, mientras que el 89% dijo sentir orgullo por su presidente y el 87% consideraba que el país va en la dirección correcta bajo su liderazgo.
Pero la tendencia de alta aprobación no es reciente. Desde 2019, Bukele ha mantenido un respaldo superior al 80%, con picos durante situaciones de emergencia nacional. LPG Datos, unidad de investigación del periódico La Prensa Gráfica, ubicó a inicios de 2026 la aprobación del presidente en 91.9%, y el 62.8% de los encuestados calificó su gestión como “muy buena”.
En el mismo estudio, más del 64% consideró que Bukele cumple sus promesas, y solo el 5.9% manifestó desaprobación.
¿Qué explica la alta aprobación?
El análisis sectorial de las encuestas permite identificar áreas de gestión con mayor reconocimiento. Seguridad y educación encabezan la lista de aprobaciones, con registros del 95% en ambos rubros, según CID Gallup. La población asocia la reducción de la violencia y la mejora de la infraestructura educativa con políticas impulsadas por los ministerios responsables, reforzando la imagen de un gabinete alineado con las prioridades presidenciales.
El Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), centro de estudios de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, también destacó la percepción de cambio positivo en materia de seguridad, considerada por el 62.7% de los consultados como el principal logro del gobierno.
El respaldo a la figura presidencial se sustenta en la percepción de resultados concretos. El combate a las pandillas y la disminución de los homicidios han sido elementos determinantes para la aprobación social, según han destacado las diversas encuestas.
Por ejemplo, el sondeo de LPG Datos reveló que el 70.3% de los ciudadanos identificó la mejora en la seguridad como el logro más relevante del Ejecutivo. Aunque la economía aparece como un desafío pendiente, el saldo general de la gestión mantiene altos niveles de apoyo.
La medición internacional y la comparación global
En el ámbito internacional, Bukele figura como el jefe de estado con mayor aprobación del mundo. El monitoreo de la firma de análisis Morning Consult ubicó al presidente salvadoreño con un 94% de imagen positiva en abril de 2026, superando a líderes como Vladimir Putin (72%) y Narendra Modi (70%). Esta posición de liderazgo global se ha mantenido durante al menos dos años consecutivos, según diversas encuestas.
La proyección internacional de El Salvador se ha visto reforzada por estos datos. El turismo y la seguridad se presentan como muestras del modelo de gestión, y el país ha sido destacado por la Organización Mundial del Turismo por su crecimiento en llegadas internacionales. El gobierno utiliza estos logros para posicionar al país como un destino atractivo y seguro, un mensaje replicado en foros internacionales y medios extranjeros.
El rol del gabinete y los proyectos con organismos multilaterales
El gabinete de Bukele ha logrado consolidar una imagen positiva, especialmente en las áreas de seguridad y educación. Los responsables de estos ministerios cuentan con el respaldo ciudadano y han obtenido reconocimiento por su capacidad de ejecución y coordinación. Las alianzas con organismos multilaterales como el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento (CAF) han permitido el desarrollo de proyectos de modernización educativa y fortalecimiento institucional, lo que contribuye a la percepción de eficacia en la administración pública.
La economía, el punto más sensible
El área económica, si bien muestra avances en crecimiento y estabilidad, enfrenta expectativas más altas por parte de la sociedad.
Las encuestas reflejan que solo la mitad de los salvadoreños considera que el gobierno ha resuelto los problemas económicos, y la inflación, el costo de la vida y el acceso al empleo de calidad surgen como desafíos. A pesar de ello, el respaldo al presidente y su equipo no se ve afectado de forma significativa por esta percepción.
En términos de imagen pública, Bukele y su gabinete mantienen una legitimidad robusta basada en un discurso que apela al orgullo nacional.
El vínculo entre la ciudadanía y el liderazgo presidencial se refuerza por la experiencia cotidiana de seguridad y la confianza en el rumbo que ha tomado el país. El fenómeno ha captado la atención de analistas regionales y medios internacionales, que destacan los niveles de aprobación alcanzados.
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POLITICA
Senado: Patricia Bullrich se desmarca del Gobierno y se niega a votar el retiro del pliego de Michelli
La jefa del bloque libertario del Senado, Patricia Bullrich (Capital), anunció que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” y que votará en contra del retiro del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza de un tribunal oral en La Plata cuya postulación Javier Milei impugna por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”, escribió Bullrich en la red social X, despegándose de la decisión del Gobierno, que el martes de la semana pasada pidió el retiro del pliego que nomina a Michelli como vocal del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.
“Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, agregó la senadora en su posteo en la red social.
La postura de Bullrich amenaza con abrir una crisis en el oficialismo, ya que es un un hecho inédito que una jefa de bloque parlamentario anuncie públicamente que votará en contra de la orden emanada por el Gobierno que la puso al frente de la bancada oficialista.
Mucho más cuando la orden de vetar a Michelli fue dictada por la secretaria general de la Presidencia y hermana presidencial, Karina Milei.
Esta no es la primera vez que Bullrich se pone en contra de los intereses políticos de Karina Milei. Hace menos de un mes tuvo un fuerte cortocircuito con la jefa de La Libertad Avanza al pedirle, de manera pública, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presentara “cuanto antes” su declaración jurada de bienes para terminar con la polémica en torno al patrimonio del funcionario.
“Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden. Por eso hablé con él. Para que esta decisión sea tomada en su justa dimensión”, agregó Bullrich en su pronunciamiento en la red social X.
En prevención de las críticas que podría recibir, la jefa de la bancada oficialista en el Senado sostuvo que “el debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio” y que sigue “empujando este carro con la misma fuerza del primer día para que la Argentina sea grande otra vez y definitivamente deje atrás el fracaso”.
“Mi compromiso con este proyecto es total. Y también lo es mi compromiso con los principios que sostuve toda mi vida”, concluyó la senadora.
La postura de Bullrich podría acelerar los tiempos en el Senado, sobre todo porque la nominación de Michelli cuenta con las firmas necesarias para obtener dictamen, pero el presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto (LLA-La Rioja), se niega a presentar el documento.
La objeción que le podría costar la postulación de Michelli, y que había firmado el propio Milei a mediados de marzo último, es ser la cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista de que trabajó en investigaciones sobre el caso $LIBRA y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otras publicaciones.
Esa postura de Pagotto va en contra de todas las normas reglamentarias y de la voluntad de los legisladores que le dieron su visto bueno a la candidata.
Pagotto es riojano y llegó al Senado en 2023 de la mano de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.
El legislador tiene línea directa con Karina Milei, que fue quien pidió nombrarlo al frente de Acuerdos, y se suele jactar en privado de tener libertad de acción para desmarcarse de las órdenes de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich.
Hasta ahora, el enojo de los senadores por la no presentación del dictamen se mantiene en privado. El miércoles, a las 11, está prevista una reunión de Labor Parlamentaria en la que se decidirá el temario de la sesión del próximo jueves.
En esa sesión debería votarse el retiro del pliego de Michelli pedido por el Poder Ejecutivo. La postura de Bullrich abre un fuerte interrogante sobre si el Poder Ejecutivo tendrá la mayoría para terminar de vetar la posturlación de la candidata.
La nota pidiendo el retiro de la postulación lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que fue puesto en ese sitial por la hermana presidencial, y del jefe del Estado, Javier Milei.
Preocupación de los abogados
Más temprano, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su “suma preocupación” por la solicitud por parte del Poder Ejecutivo Nacional para retirar del Senado el pliego de Michelli, candidateada originalmente para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.
El pliego de Michelli fue enviado al Senado por el Ministerio de Justicia, pero el Gobierno decidió bloquearlo cuando advirtió que Michelli es cuñada del periodista Alconada Mon, que investigó y publicó casos de corrupción ligados a la administración mileísta.
Los abogados del Colegio de la Ciudad dijeron que el pliego ya tendría dictamen favorable de la comisión correspondiente del Senado. “Debe destacarse que el pliego en cuestión cumplió todas las instancias previstas por el proceso de selección de magistrados, resultando aprobado en cada una de ellas”, destacaron los letrados.
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POLITICA
Crisis en la obra social de Camioneros: hay recortes en remedios y empresas de la esposa de Moyano en la mira
La obra social de Camioneros dejó de aplicar descuentos en medicamentos incluso para tratamientos crónicos, según las quejas de los afiliados, en un cuadro de deterioro creciente de la entidad que se suma a una deuda con prestadores de al menos $32.400 millones y a pedidos formales de intervención ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) por presuntas irregularidades y fallas en la atención.
Esa solicitud la hizo en abril pasado la legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública), a raíz de que la obra social atiende a 190 mil afiliados y arrastra problemas de administración de recursos y deficiencias prestacionales. En su presentación, sostuvo que la deuda en las seccionales del interior ascendía a $32.400 millones a febrero de 2026 y que, si se computa la provincia de Buenos Aires, llegaría a $60.000 millones.
Sin embargo, la SSS nunca le dio una respuesta oficial a Ocaña sobre su pedido, algo que la ex ministra de Salud atribuyó a cuestiones políticas: “Es que para el Gobierno la casta sindical no se toca”, sostuvo.
Ahora, la legisladora porteña anticipó a Infobae que pedirá a la Inspección General de Justicia (IGJ) información sobre las 6 empresas de Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, una de las cuales se encarga del gerenciamiento de la obra social, porque “nada de su patrimonio se vio afectado, mientras que las prestaciones médicas hoy son casi nulas”.
La profunda crisis del sistema de salud de Camioneros se va agravando pese a que todos los meses recibe una multimillonaria suma de dinero de las cámaras empresariales pactada en las paritarias como contribución para la obra social: desde marzo pasado, al sindicato le llegan mensualmente 4750 millones de pesos, ya que recibe $25 mil por trabajador cada 30 días en un universo de 190 mil afiliados.
Pese a eso, según el diario Clarín, hace dos semanas varias farmacias dejaron de vender con descuento a afiliados de la obra social de Camioneros por deudas impagas. La última alternativa era Farma Social, en la esquina de Brasil y Santiago del Estero, a 200 metros de la sede sindical de Hugo Moyano, pero en los últimos días también dejó de entregar productos con cobertura.
A quienes se acercaron con recetas para comprar medicamentos, sondas, leches medicamentosas para bebés y pañales, les informaron que no había stock. La opción que les ofrecieron, de acuerdo con el diario, fue pagar el 100% del valor y luego solicitar reintegro, una salida que muchos afiliados dijeron no poder afrontar.
“Es fin de mes, no tengo un peso y hasta el cuarto día hábil de junio no cobro. No sé qué quieren que hagamos. Pasaron un límite, es la medicación de los chicos”, dijo un afiliado que pidió reserva de identidad a Clarín. Ese trabajador contó que cobra alrededor de $2 millones con horas extra y que le descuentan unos $30.000 de mutual, $60.000 de obra social y $70.000 de cuota sindical.
Otro trabajador, que gana $1,5 millón, relató que en la farmacia le dijeron que no tenían lo recetado “porque la droguería no les entregó, pero la droguería no les entrega porque la obra social no les paga”.
Los descuentos para los afiliados variaban según la rama del gremio y si además aportaban a la mutual sindical. La cobertura iba del 50% en medicamentos, por la suma del 40% fijado por el Programa Médico Obligatorio y un 10% adicional para quienes tributaban a la mutual, hasta el 90% para afiliados de la rama recolección de residuos que también aportaban a esa entidad.
La situación actual implica que afiliados que antes accedían a esos porcentajes ya no consiguen los remedios con rebaja en las farmacias que seguían atendiendo a la obra social. Según Clarín, los reclamos de afiliados aparecen en la página web del gremio, aunque luego son borrados por el administrador del sitio.
En mayo pasado, Hugo Moyano convocó de urgencia a un plenario sindical para analizar la crisis de la obra social y allí defendió su gestión y atribuyó las críticas sobre el manejo de la salud de los afiliados a “mentiras y estupideces” de los medios. “Cuando veo algunas críticas, pienso en los problemas que sufrimos en la economía argentina y en cómo seguimos administrando. Todas estas estupideces que salen en la prensa no hay que darle mucha importancia porque el 99% son mentiras. Son cosas que inventan para perjudicar a los dirigentes”, señaló.
El deterioro financiero de la obra social de Camioneros no es nuevo. A fines del año pasado, no pudo pagar en tiempo y forma los salarios del personal profesional de sus sanatorios, y eso derivó en protestas.
Esas medidas de fuerza se registraron en clínicas de Avellaneda, San Justo, Villa Martelli y en el Sanatorio Antártida, en el barrio porteño de Caballito. En el caso del Sanatorio 15 de Diciembre III, ubicado en Laprida 4211, en Villa Martelli, los empleados arrastraban un retraso prolongado en el cobro de salarios, mientras que en otras clínicas se había abonado la mitad del sueldo.
La crisis de la obra social de Camioneros lleva al menos cuatro años y el déficit financiero fue el detonante de una pelea entre Hugo Moyano y su hijo Pablo Moyano.
Moyano controla dos obras sociales, una corresponde a la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y otra a la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que atiende al resto del país. Según un informe contable oficial, esta última adeudaba a sus prestadores $26.617 millones a agosto pasado y en febrero de 2026 la deuda acumulada era de $32.400.693,39.
En ese contexto, también circulan versiones sobre la venta del Sanatorio Antártida y sobre una posible operación inmobiliaria para desprenderse de un predio de 10 hectáreas en Escobar perteneciente a la mutual, como parte de una búsqueda urgente de liquidez.
Liliana Zulet es apuntada en el conflicto porque es la dueña de IARAI, la empresa que gerencia OSCHOCA. Ella es la fundadora de esa compañía y Valeria Salerno, hija de un matrimonio anterior de Zulet, integra el directorio.
En su presentación ante la Superintendencia de Servicios de Salud, Ocaña afirmó que OSCHOCA debería ser “un modelo de prestaciones para la Argentina”, pero describió otro cuadro: “Obra social pobre o con prestaciones deficientes y familia Moyano rica. Aquí no hay efecto derrame; los cuantiosos fondos que manejan no se vuelcan a prestaciones de calidad y mejoras del servicio de salud. Actúan como una especie de ‘caja chica’ que de chica no tienen nada para Hugo Moyano”.
La legisladora porteña recordó denuncias iniciadas en 2006 y actuaciones judiciales sobre un presunto desvío de fondos de OSCHOCA hacia empresas vinculadas al entorno familiar de Moyano, en especial IARAI S.A. También citó que la Unidad de Información Financiera denunció en 2013 maniobras de triangulación de dinero entre la obra social y firmas como IARAI S.A., ACONRA S.A. y Dixey S.A., y vinculó esas operaciones con la supuesta sustracción de más de $570 millones.
La presentación de Ocaña añadió que los subsidios del sistema de salud recibidos por OSCHOCA crecieron de $334 millones en diciembre de 2014 a $776 millones a fines de 2016, sin que la situación financiera mejorara. Entre los balances de 2017 y 2022, la obra social registró capital de trabajo, patrimonio neto y resultado operativo en negativo, mientras la cantidad de beneficiarios pasó de 205.964 a 191.813.
La legisladora de Confianza Pública fundamentó el pedido de intervención en el artículo 27 inciso 3° de la ley 23.660, que faculta a la autoridad sanitaria a intervenir obras sociales ante deficiencias graves en su funcionamiento administrativo o prestacional.
POLITICA
La Corte difunde su plataforma para subastas por internet de los bienes decomisados a condenados
La Corte Suprema de Justicia difundió hoy su plataforma digital de subastas online de bienes decomisados a delincuentes. La comunicación se dio en coincidencia con una próxima ejecución de las propiedades de Cristina Kirchner para hacer frente al decomiso de 640 millones de dólares en la causa Vialidad por la que fue condenada.
La comunicación explica que los interesados en participar de las subastas online del Poder Judicial deben empadronarse.
Aún no hay fecha para el remate por internet de los bienes de la expresidenta y sus hijos Máximo y Florencia. Son 111 en esta ocasión. La última decisión fue de la Cámara de Casación Penal que la semana pasada rechazó el recurso extraordinario de Cristina Kirchner para oponerse a ese remate. El fallo fue de los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky.
El rechazo del recurso extraordinario hace ejecutable la sentencia por parte de la oficina de subastas, aunque la expresidenta aún pueda acudir mediante un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia.
La plataforma online de remates de la Corte fue creada para desactivar la famosa “liga de rematadores”, una organización que direccionaba subastas judiciales para favorecer a unos pocos elegidos a cambio de sumas de dinero. Ahora la plataforma digital tiene más de mil personas empadronadas en todo el país y ya se tramitaron más de 300 subastas.
A tres meses de la puesta en funcionamiento del sistema de subastas electrónicas judiciales, fueron rematados 20 inmuebles y 29 vehículos, informó la Corte. El portal, puesto en línea por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se basó en la acordada 15/25. El mecanismo hace más accesible este proceso, garantiza el anonimato de los postores y facilita la participación de la gente en todo el país, sin intermediarios.
Ya hay inscriptas 1078 personas en el padrón de personas dispuestas a pujar, pero esta cifra crece todos los meses. De ellas, 705, de 19 provincias y la ciudad de Buenos Aires, permanecen como usuarios activos. El total de subastas tramitadas por esta vía en los últimos tres meses fue de 301, correspondientes a 186 expedientes.
Asimismo, la cantidad de subastas con fechas otorgadas fue incrementando durante los últimos meses: mientras que entre marzo y mayo promediaron 48, para junio ya ascienden a 76, con una proyección de seis por día. La iniciativa se enmarca en la búsqueda de mejorar y agilizar la realización de los bienes cuya venta haya sido dispuesta por la autoridad judicial.
Estos bienes llegan al sitio Subastas Electrónicas Judiciales luego de dictada la orden por parte de los tribunales nacionales y federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires que utilizan el procedimiento de subastas electrónicas reglamentado el año pasado por el tribunal.
Los interesados no deben concurrir físicamente al remate; se amplía la difusión, se evita el traslado de dinero y las “manipulaciones” impropias de los compradores. La plataforma digital, asimismo, posibilita la celebración de las subastas de manera simultánea y continua. Entre marzo, abril y mayo se pujó por lotes, departamentos, casas, vehículos, mobiliario, equipamiento, marcas y acciones.
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