La decisión de Hernán Lacunza de confirmar que está dispuesto a representar al PRO como candidato presidencial en las elecciones de 2027 forma parte de una estrategia política que Mauricio Macri comenzó a impulsar junto a un sector de la conducción del partido, convencido de que existe un electorado que hoy quedó políticamente vacante y que puede convertirse en el punto de apoyo para reconstruir una alternativa propia de cara al próximo turno presidencial. Más que la aparición de un nuevo postulante, el movimiento expone una discusión de fondo sobre la identidad del macrismo y sobre el lugar que deberá ocupar la principal fuerza de centroderecha en el escenario político que dejó la llegada de Javier Milei al poder.

Según pudo reconstruir Infobae, ese diagnóstico empezó a consolidarse hace más de dos meses durante una serie de conversaciones reservadas que Mauricio Macri mantuvo con quien fue el último ministro de Economía de su gobierno y que, con el paso de las semanas, se ampliaron a dirigentes de su máxima confianza, entre ellos Fernando De Andreis, María Eugenia Vidal, Humberto Schiavoni, Gabriela Michetti y otros referentes históricos del PRO. Lo que inicialmente fueron intercambios sobre la evolución de la economía, la actividad, el consumo, la construcción y los desafíos pendientes del programa económico oficial terminó derivando en una conclusión política compartida: antes de resolver con quién competir, el PRO debía responder una pregunta más profunda, vinculada con su propia identidad y con el electorado que pretendía representar.

La hipótesis que ordena esa estrategia parte de una lectura que ese sector del macrismo considera cada vez más visible en las encuestas. Sostienen que comenzó a consolidarse un segmento de votantes que acompaña buena parte de las reformas impulsadas por Javier Milei, que no quiere un regreso del kirchnerismo, pero que tampoco se siente plenamente identificado con el estilo político del Presidente ni con algunos aspectos de la implementación de su programa económico. Se trata, entienden, de un electorado de raíz mayoritariamente macrista, con una impronta más institucional y republicana, que comparte la necesidad de sostener el equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria y las reformas estructurales, pero que reclama otra forma de ejercer el poder y una agenda capaz de complementar la estabilización con crecimiento, inversión, empleo y desarrollo.

El diagnóstico político no nació alrededor de una encuesta sino de la economía. Durante semanas, Macri y Lacunza intercambiaron análisis sobre la marcha de la actividad, el empleo, la construcción, el consumo y la inversión. La conclusión a la que llegaron no fue que el rumbo económico estuviera equivocado. Por el contrario. Entienden que el equilibrio fiscal, la desregulación y la estabilidad monetaria constituyen pilares que deben preservarse. La preocupación pasa por otro lado: creen que el modelo necesita una segunda etapa capaz de atender los sectores que todavía no logran recuperar dinamismo y ofrecer una agenda de crecimiento que complemente la estabilización. Según pudo reconstruir este medio, esa conversación fue el punto de partida de una discusión política más amplia sobre quién podía expresar esa mirada dentro del sistema político.

Fue esa lectura la que terminó derivando en una decisión política. Mauricio Macri impulsó la idea de mantener abierta la discusión presidencial dentro del PRO y alentó la disposición de Hernán Lacunza a representar al partido en una eventual candidatura si esa termina siendo la estrategia elegida. La construcción fue conversada y compartida con dirigentes como Fernando De Andreis, María Eugenia Vidal, Humberto Schiavoni, Gabriela Michetti y otros referentes que comparten la idea de que el PRO no puede resignar anticipadamente una candidatura presidencial ni limitar su estrategia a evitar un regreso del kirchnerismo.

La aparición pública de Lacunza no abrió esa discusión. Simplemente la volvió imposible de ocultar.

Desde hace meses conviven dentro del PRO dos diagnósticos distintos sobre el futuro del partido. No expresan diferencias ideológicas profundas ni visiones contrapuestas sobre el rumbo general del Gobierno. La discusión pasa por otro lado. Mientras un sector entiende que el desafío principal consiste en representar un espacio político que considera vacante, otro observa el escenario desde las responsabilidades de gestión y las necesidades del poder territorial.

Esa segunda mirada es la que predomina entre quienes gobiernan distritos o tienen responsabilidades ejecutivas. La prioridad, sostienen, pasa por construir un entendimiento político y electoral con La Libertad Avanza que permita preservar los gobiernos que hoy administra el PRO y consolidar nuevos espacios de poder en 2027. Esa lógica explica las conversaciones que impulsa Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, el trabajo político de Cristian Ritondo para fortalecer una candidatura de Diego Santilli a la gobernación bonaerense dentro de un frente común con los libertarios, la posición de los gobernadores Rogelio Frigerio, en Entre Ríos, e Ignacio Torres, en Chubut, y la de numerosos intendentes bonaerenses que observan ese acuerdo como la herramienta más eficaz para sostener sus distritos.

En el entorno de Mauricio Macri suelen resumir esa diferencia con una metáfora futbolera. Dicen que hoy el PRO está jugando en dos estadios distintos. En uno se juega el partido de la representación política: comprobar si todavía existe un electorado propio y ofrecerle una candidatura presidencial antes de definir cualquier alianza. En el otro se juega el partido de la representación territorial: preservar gobernaciones, intendencias y espacios de poder mediante un acuerdo con La Libertad Avanza. No consideran que una estrategia invalide a la otra. Lo que sostienen es que responden a prioridades diferentes. Mientras un sector organiza su estrategia mirando el mapa de los distritos que gobierna, el otro la construye mirando el mapa del electorado.

En esas conversaciones reservadas, según pudo reconstruir Infobae con distintos interlocutores, Lacunza suele recurrir a una paráfrasis de Jorge Luis Borges para sintetizar esa disputa. Toma el célebre verso de la Oda escrita en 1966 —“Nadie es la patria, pero todos lo somos”— y lo adapta a la vida partidaria: “Nadie es el PRO, pero todos lo somos”. La frase resume una de las ideas centrales de esa construcción: ningún dirigente, por importante que sea el cargo que ocupe o el territorio que gobierne, puede arrogarse la representación exclusiva del partido ni dar por saldada una discusión estratégica que definirá su papel en los próximos años.

La discusión excede largamente el nombre de quien finalmente encabece una eventual fórmula presidencial. En el fondo, lo que está en debate es si el PRO debe llegar a las elecciones de 2027 como una fuerza con vocación de disputar nuevamente la Presidencia o si su destino pasa por integrarse, desde una posición de socio político, a una coalición liderada por La Libertad Avanza. La disposición de Lacunza constituye el primer movimiento visible de esa estrategia y, al mismo tiempo, la confirmación de que Mauricio Macri decidió volver a intervenir activamente en la definición del futuro de su partido.

Queda un segundo capítulo que todavía no salió a la luz y que probablemente termine de definir el alcance de esa apuesta: cómo se traducirá ese diagnóstico en una propuesta política concreta. En las conversaciones reservadas que dieron origen a esta construcción aparece una coincidencia: el rumbo general de la política económica del Gobierno merece ser sostenido, pero también requiere una agenda complementaria para atender cuestiones vinculadas con la actividad, el empleo, el desarrollo productivo y la institucionalidad.

En ese punto, Lacunza empieza a delinear el perfil de la propuesta que estaría dispuesto a representar si el PRO decide competir con candidato propio. No se trata de una alternativa construida para confrontar con Milei, sino de una oferta que buscaría disputar un electorado que comparte buena parte de las reformas económicas, pero que reclama otro estilo político y una agenda más amplia para consolidarlas en el tiempo.

Esa diferencia también aparece cuando aborda una de las críticas más persistentes sobre su gestión como ministro de Economía: el reperfilamiento de la deuda en pesos dispuesto en 2019. En esas conversaciones desarrolla un argumento técnico que considera central para responder a quienes calificaron aquella medida como un default. Según esa mirada, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa el Gobierno parte de un principio similar: impedir el financiamiento monetario del Tesoro obliga, cuando no existen recursos suficientes, a priorizar el equilibrio fiscal aun cuando eso implique reprogramar obligaciones. Más que reabrir una discusión sobre el pasado, el planteo busca instalar un debate sobre las herramientas disponibles para sostener un régimen de disciplina fiscal permanente.

Detrás de ese razonamiento económico también aparece una definición política. En el sector que impulsa esta estrategia sostienen que el PRO no puede limitarse a resignar una candidatura presidencial con el único argumento de evitar un regreso del kirchnerismo. Entienden que esa posición puede resultar eficaz desde el punto de vista electoral, pero insuficiente para un partido que nació con vocación de gobierno y que, a su juicio, todavía conserva un electorado propio. La pregunta que intentan responder no es solamente con quién competir, sino qué proyecto ofrecer y qué identidad preservar.

Falta más de un año para la elección presidencial y nadie dentro del PRO puede asegurar hoy cuál será el desenlace de esa discusión. Mauricio Macri tampoco resolvió cuál será su propio papel en 2027. Pero la disposición de Lacunza terminó por sacar a la superficie un debate que hasta hace pocas semanas transcurría exclusivamente en conversaciones reservadas. Ya no se trata solamente de decidir si el partido competirá con candidato propio o integrará una coalición encabezada por La Libertad Avanza. La discusión es anterior: qué identidad quiere preservar, qué electorado aspira a representar y desde qué posición negociará el futuro de la centroderecha argentina.

El Gobierno reúne martes en la Casa Rosada a su mesa política para definir los cambios finales al proyecto de Ley de Propiedad Privada y ordenar el resto de la hoja de ruta legislativa, como la propuesta de reforma del Banco Central, tras el receso invernal del Congreso.

La intención principal del espacio será discutir el detalle de la normativa que impacta en la ley de Tierras, que se tratará nuevamente este jueves en el Senado. Como anticipó TN, el oficialismo acordó con la oposición aliada modificaciones clave en el capítulo para desregular la venta de tierras rurales a extranjeros. Para este martes por la tarde está prevista una conferencia de prensa en la Cámara Alta de Bullrich sobre las modificaciones en la iniciativa que lleva 16 borradores del texto.

La agenda de la mesa política

La reunión en Balcarce 50 está agendada desde las 13 y será encabezada por Karina Milei. La mesa la integran el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich; el jefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem.

Allí se cerrará el acuerdo con las fuerzas aliadas y los gobernadores dialoguistas de elevar del 15% al 25% el límite para la venta de tierras, uno de los puntos más resistidos del articulado de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El texto ya acumula 16 borradores.

El giro en la negociación pasaría de una propuesta original que buscaba eliminar casi por completo los límites y restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros, a fijar un tope mayor al vigente, que hoy es del 15% (artículo 8 de la Ley 26.737). El nuevo borrador establecería un límite del 25% “por provincia”, con autorización tanto del Poder Ejecutivo nacional como del gobierno provincial correspondiente. El texto también prevé la prohibición de compra por parte de personas jurídicas con participación estatal extranjera directa o indirecta, salvo autorización expresa de la provincia y la Nación, y establece que esa potestad no podrá delegarse en un funcionario con rango menor a secretario de Estado.

La estrategia de la senadora Bullrich se habría impuesto a la del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, autor de la redacción original, que había resistido los cambios. El antecedente inmediato es el cuarto intermedio del 16 de julio, cuando el oficialismo decidió postergar el tratamiento en el recinto por los reparos de Sturzenegger a las incorporaciones sobre la potestad de las provincias.

La reforma del Banco Central

Con la agenda legislativa como eje, el Ejecutivo deberá también definir los tiempos para otras iniciativas que buscará avanzar este mes: la reforma de la carta orgánica del Banco Central —considerada por el oficialismo como el proyecto central del semestre—, la reforma política para suspender las PASO y los proyectos de Inocencia Fiscal II, Zonas Frías y el paquete económico que acompañará los cambios en el BCRA.

Leer más: Ley de Tierras: los cambios que el oficialismo acordó con los bloques aliados para conseguir la media sanción en el Senado

Por eso Menem convocó para este martes a las 15 a los jefes de bloque aliados, con el fin de diseñar un cronograma de trabajo conjunto. El miércoles comenzará a discutirse la reforma del BCRA con un plenario de comisiones.

En el medio de los movimientos legislativos, el presidente Javier Milei viajará a Ecuador y Colombia entre este miércoles y el viernes. Al quedar a cargo del Ejecutivo, la vicepresidenta Victoria Villarruel no presidiría la sesión en el Senado por la ley de Propiedad Privada. Para ese mismo día se espera además una movilización en las afueras del Congreso y en otros puntos del país, convocada por la oposición más dura junto a organizaciones sociales, ambientales, de derechos humanos y sindicales.

Senado, propiedad privada, Karina Milei, Patricia Bullrich