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Diego Santilli confirmó que el Gobierno avanzará con la reforma electoral: “Las PASO le cuestan a los argentinos hasta 250 millones de dólares”

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El ministro del Interior, Diego Santilli, confirmó que el Gobierno nacional avanzará con la reforma electoral que impulsa la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO): “Las PASO le cuestan a los argentinos hasta 250 millones de dólares, eso es algo que nos cuesta mucho a los argentinos”. La declaración se produjo en la antesala de una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde Santilli compartió agenda con gobernadores de distintas provincias.

El titular del Ministerio del Interior ratificó el respaldo al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso y remarcó que la decisión responde tanto a un criterio de austeridad fiscal como a la percepción de un desinterés social creciente por participar en varias instancias electorales. “La gente no quiere votar tantas veces”, sostuvo Santilli, quien vinculó la baja participación en comicios recientes a la saturación de convocatorias a las urnas.

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El funcionario afirmó que, de mantenerse el esquema actual, el año próximo habría PASO provinciales para cargos de gobernador en distritos que adelanten elecciones, PASO presidenciales y la elección general. En su opinión, ese cronograma resultaría excesivo para el electorado y para el presupuesto público. “La gente no quiere votar cuatro o cinco veces en las elecciones”, concluyó.

El proyecto de reforma, ya remitido al Congreso, propone eliminar las PASO con el objetivo de simplificar el calendario electoral y reducir los costos asociados. Santilli aseguró que, de concretarse la medida, la Argentina podría ahorrar una suma considerable que hoy se destina a la organización de estos comicios.

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Hace poco más de un mes, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, manifestó su apoyo al proyecto impulsado por el presidente Javier Milei para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuestionando el gasto que este sistema representa para el Estado. En una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, en la Casa Rosada, Frigerio afirmó que “el objetivo es reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”.

De regreso a su provincia, Frigerio enfatizó en una entrevista con Canal Once que la situación económica actual exige prudencia en el uso de los recursos públicos: “Si nos cuesta tanto el mango, hay que cuidarlo”.

El mandatario consideró que la discusión sobre la continuidad de las PASO es necesaria y planteó la conveniencia de debatir la frecuencia de los comicios y el financiamiento de las campañas políticas. “Yo creo que todo tiene que estar en debate. ¿Por qué no nos ponemos a debatir si realmente es necesario destinar esos millones y millones de pesos de los contribuyentes a pagarle a cada espacio político la consulta sobre cuáles son los candidatos que tiene que poner en la cancha?”, expresó.

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En tanto, el senador Maximiliano Abad, referente de la Unión Cívica Radical (UCR), rechazó la eliminación de las PASO y defendió su vigencia como mecanismo transparente de selección de candidaturas. En declaraciones a Infobae en Vivo, Abad sostuvo que “al suprimir las elecciones primarias, solamente las cúpulas políticas decidirían los candidatos”, por lo que insistió en la necesidad de mantener la participación ciudadana y el control judicial en el proceso.

Abad reconoció que el sistema de las PASO es perfectible y apoyó la modernización del sistema electoral, pero advirtió que “hoy no hay acuerdo ni consenso para eliminar la PASO”. Propuso, entre otras alternativas, que solo se realicen primarias en aquellos casos donde existan internas reales, para evitar gastos innecesarios y movilización de recursos sin justificación.

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Renunció el superintendente de Servicios de Salud y el Gobierno ya designó al reemplazante

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Claudio Stivelman, hasta hoy titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), renunció al cargo, y fue reemplazado por Horacio Guevara, quien desde agosto último ocupaba la Gerencia General del organismo. Guevara se convierte así en el cuarto titular del área, en la administración libertaria.

La información del cambio de autoridades fue confirmada por el organismo, dependiente del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, a través de un comunicado difundido esta tarde.

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De acuerdo al comunicado, Stivelman presentó su dimisión “luego de haber cumplido una etapa al frente del organismo dentro del proceso de transformación y reordenamiento del sistema de salud iniciado”. Estaba en el cargo desde junio del año pasado y antes había ocupado la gerencia general.

Según pudo reconstruir de fuentes oficiales, Guevara asumió hace poco más de un mes como segundo del organismo, proveniente del sector privado. Es ingeniero y con pasado en la gestión del sistema de salud privado. Durante más de una década se desempeñó como Director de Gestión del Hospital Italiano de Buenos Aires, y pasó por distintas áreas.

La salida de Stilveman no sorprendió, según contaron fuentes oficiales. Y de hecho reconocían que poco después de la llegada de Guevara prácticamente comenzó una suerte de transición con Stivelman, hombre de extrema confianza de Lugones, desde hace años. Parte de las fuentes consultadas daban cuenta del “desgaste” que genera estar al frente de un área como la SSS para explicar su decisión de dejar el área.

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Según informaron desde el organismo en su comunicado, Guevara “dará continuidad a las políticas y los objetivos trazados para impulsar la libertad de elección de los beneficiarios y promover la competencia entre los distintos agentes del seguro de salud”.

En tanto destacaron que durante la gestión de Stivelman, “se fortalecieron las capacidades de fiscalización del organismo, con foco en la trazabilidad de la transparencia y la eficiencia en la utilización de los recursos”.

Stivelman fue el tercer titular de la SSS, luego de la renuncia, en 2025, del segundo titular del área, Gabriel Oriolo. En ese momento se habló de “motivos personales”, para explicar su dimisión y su reemplazo Stivelman, que al igual que Guevara, ocupaba la gerencia general en ese momento.

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Oriolo, a su vez reemplazó a Enrique Rodríguez Chantore, que venía de las filas de PRO, estuvo 45 días en el cargo.




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Pidieron llevar a juicio a un exfuncionario de Vialidad por presunto enriquecimiento ilícito de más de $3.189 millones

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La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió llevar a juicio oral a Ricardo Oreste Garione, exsubgerente de Estudios y Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Está acusado por un presunto enriquecimiento ilícito de $3.189.028.220,56.

El requerimiento, que fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello, alcanza a su pareja Cecilia Graciela Ortiz, su expareja Silvana Andrea Calderón, sus hijos Carola Garione y Manuel Garione y su exsocio Tomás Alberto Prato, a quienes atribuye haber intervenido como personas interpuestas para registrar activos, inversiones y fondos que serían del exfuncionario.

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La fiscalía le imputó a Garione haber adquirido de manera injustificada 19 inmuebles en Córdoba, Rafaela, El Calafate, Ingeniero Maschwitz, la Ciudad de Buenos Aires, Tigre y Formosa. Entre ellos figura un terreno de 6.000 metros cuadrados en Maschwitz, una propiedad en Nordelta y participaciones en emprendimientos inmobiliarios cordobeses.

El documento menciona la compra de una motocicleta Harley-Davidson en 2010, una camioneta Volkswagen Amarok registrada a nombre de Calderón y vehículos incorporados a nombre de Ortiz y Carola Garione. A su vez, señala la obtención de USD 15.625 en enero de 2010 y de acciones de TECTA SA.

También le adjudicó supuestas operaciones con moneda extranjera, la obtención de acciones societarias y la participación en fideicomisos y desarrollos inmobiliarios. La pesquisa examinó aportes de capital, acreditaciones bancarias y operaciones efectuadas mediante familiares y socios.

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La acusación incluyó entre los bienes investigados la compra de una moto Harley Davidson en 2010, además de vehículos, inmuebles y otras inversiones que la PIA atribuyó al crecimiento patrimonial de Ricardo Garione (Foto ilustrativa: REUTERS/Andrew Kelly)

El cálculo fiscal actualizado a julio de 2026 compara los ingresos y egresos de Garione con el patrimonio incorporado durante la década investigada. Según el requerimiento, los ingresos declarados en los períodos observados ascendieron a $1.473.244.025,94, una cifra que resultó insuficiente frente a los activos, consumos e inversiones examinados.

La acusación sostiene que varias escrituras y boletos de compraventa consignaron valores inferiores a las tasaciones efectuadas por organismos y peritos oficiales. También cuestiona préstamos que consideró ficticios o sin trazabilidad bancaria, además de operaciones inmobiliarias cuyo origen de fondos no habría sido acreditado.

Los supuestos testaferros

De acuerdo con la hipótesis de la PIA, Cecilia Ortiz, Silvana Calderón, Carola Garione, Manuel Garione y Tomás Prato fueron utilizados para incorporar y administrar bienes que supuestamente provenían de Garione.

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Respecto de Ortiz y Calderón, el requerimiento señala que adquirieron inmuebles en Don Torcuato e inscribieron vehículos a su nombre durante 2008 y 2009 sin que la investigación hubiera hallado ingresos laborales, altas tributarias nacionales, saldos bancarios o acreditaciones que respaldaran esas operaciones.

Carola Garione fue incorporada a la causa por la adquisición de un departamento en la calle Sánchez de Bustamante, de la Ciudad de Buenos Aires, en 2016 y por la compra de un vehículo Peugeot. La fiscalía también examinó acreditaciones en su cuenta bancaria entre enero de 2017 y febrero de 2018 por más de $1.200.000, cuya procedencia consideró sin respaldo tributario suficiente.

En el caso de Manuel Garione, la acusación se concentra en un departamento de la avenida del Libertador, en CABA, registrado a su nombre en 2016. Su madre, Silvana Calderón, intervino como representante en esa operación, según consta en el expediente. Prato, ingeniero civil y socio de Garione en diversos proyectos privados, está señalado por haber actuado como apoderado del exfuncionario y por compartir inversiones inmobiliarias, fideicomisos y campos en Formosa.

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El requerimiento de elevación a juicio contra Ricardo Oreste Garione y otros cinco imputados fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello (Adrián Escandar)

Según las explicaciones presentadas en la causa, los imputados buscaron justificar el origen de los fondos y bienes con ingresos laborales, ventas de inmuebles y campos, préstamos privados, alquileres, donaciones y transferencias familiares.

Garione alegó que su patrimonio provenía de su sueldo como funcionario, actividades privadas, operaciones inmobiliarias y créditos recibidos de cooperativas, asociaciones y personas de su entorno.

Su expareja, Silvana Calderón, mencionó trabajos como modelo y promotora, ingresos vinculados a tareas con el trío humorístico Midachi y por haber acompañado a Magic Johnson durante una visita. Sus hijos, Carola y Manuel, atribuyeron fondos a ventas de propiedades, préstamos familiares, alquileres temporarios y transferencias entre parientes.

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Por su parte, Tomás Prato afirmó haber otorgado un préstamo a Garione y justificó otras operaciones a través de su participación en sociedades y emprendimientos inmobiliarios.

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“Erosiona el debate público”: ADEPA lamentó y rechazó los insultos de Milei a periodistas y editores de medios

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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que agrupa a editores de medios del país, y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que asocia a periodistas, rechazaron la nueva serie de graves insultos y agravios del presidente Javier Milei contra periodistas y directivos de medios.

Entre los destinatarios de los agravios presidenciales están el director del diario , Fernán Saguier; los columnistas Joaquín Morales Solá y Carlos Pagni, y el secretario de redacción y columnista dominical Jorge Liotti.

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En su comunicado, ADEPA enumeró los ataques contra Saguier, Pagni, Liotti y Morales Solá; María Eugenia Duffard, de Infobae; Jesica Bossi, de TN y Clarín; Luis Novaresio, de A24; Eduardo van der Kooy, de Clarín, y Gustavo Sylvestre, de C5N.

La entidad reiteró que “quien gobierna y es objeto de crítica, o considera errónea o sesgada una información, tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano a criticar, aclarar o desmentir”, incluso con tono enérgico.

Pero dijo que lo que erosiona el debate democrático es “el insulto y el agravio”, que afectan al destinatario y al conjunto del cuerpo social.

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ADEPA recordó también que la libertad de expresión protege especialmente las opiniones sobre quienes ejercen el poder, y que el derecho a réplica no habilita los ataques personales.

FOPEA, por su parte, difundió en X un relevamiento con las expresiones del Presidente, organizado por día. Según el detalle de la entidad, el 5 de octubre Milei llamó “otra mierda humana” a Van der Kooy, y “Mierdanecio”, “Mandrilesio”, “estúpido” e “imbécil” a Novaresio.

A Sylvestre lo trató de “mierdas humanas, mentirosos” y a Jesica Bossi de “defensora de ladrones, asesinos y violadores”. A Pagni lo describió como “la versión de mierda de Lucas Adams” y como “una de las plumas esclavas de la mierda humana de Fernán Saguier”.

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“La reiteración en un período tan breve y la virulencia de las expresiones muestran una dinámica que excede una controversia puntual con un periodista o un medio determinado”, advirtió FOPEA.

La entidad también alertó que funcionarios del Poder Ejecutivo se sumaron a los ataques. Según FOPEA, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, puso en duda la independencia profesional de Morales Solá, mientras que el canciller Pablo Quirno y el asesor presidencial Santiago Caputo participaron de los cuestionamientos contra Novaresio y Duffard.

“El periodismo puede y debe ser cuestionado y refutado con datos y argumentos. Los periodistas no son infalibles y FOPEA no ejerce defensa corporativa alguna. Pero la crítica no es el insulto”, sostuvo la organización.

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Agregó que, cuando el agravio proviene del poder del Estado, “la asimetría y su efecto intimidatorio se multiplican, incluso por el hostigamiento de terceros en las redes sociales”.

“La libertad de prensa no es un privilegio del sector, sino una garantía para toda la ciudadanía”, concluyó FOPEA. La entidad reiteró su pedido al Presidente y a los funcionarios del Gobierno para que “abandonen el insulto como herramienta de comunicación y contribuyan a una conversación pública respetuosa y plural”.

En abril pasado, ADEPA ya había rechazado agresiones verbales desde las cuentas de Milei contra Pagni, Liotti, Morales Solá, Ignacio Girón y Manu Jove. En septiembre, durante su 64ª Asamblea General en Tucumán, la entidad advirtió que las críticas presidenciales deterioran el debate democrático y pueden generar un efecto contagio en la sociedad.

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Por los ataques a Duffard, Elisa Carrió presentó una denuncia penal contra Milei, una postura que FOPEA y ADEPA respaldaron.




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