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Los gobernadores del Norte Grande aprovecharon este martes una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, para plantearle una agenda de reclamos vinculada a rutas nacionales, abastecimiento de gas, infraestructura energética, logística, inversiones y comercio exterior. El encuentro se produjo en momentos en que el Gobierno de Javier Milei buscó acelerar una de sus principales prioridades legislativas: la reforma electoral y la eliminación de las PASO.

La cumbre se realizó en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y expuso una diferencia de prioridades. Mientras Santilli venía de ratificar públicamente la necesidad de avanzar con cambios en el sistema electoral, el gobernador de Salta Gustavo Sáenz sostuvo que las provincias enfrentaron urgencias distintas.

“Entendemos que el Gobierno nacional tiene apuro y que quiere que se traten rápidamente, como la modificación electoral, pero no creo que sean los problemas que la gente esté esperando que se resuelvan, sobre todo en el norte del país”, afirmó.

La reunión reunió al gobernador de Catamarca y presidente pro témpore del Norte Grande Raúl Jalil; a Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Gildo Insfrán, de Formosa; Carlos Sadir, de Jujuy; Ricardo Quintela, de La Rioja; Hugo Passalacqua, de Misiones; Gustavo Sáenz, de Salta; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y al vicegobernador de Santiago del Estero Elías Suárez, junto con Santilli y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.

La presencia del ministro no se anunció públicamente. Según pudo saber Infobae, se acordó previamente entre Lamothe y Santilli con el objetivo de abrir un canal de diálogo directo entre la Nación y las provincias del Norte Grande.

Una agenda federal frente a la reforma electoral

Detrás de esa escena se instaló una discusión más amplia. Mientras la Casa Rosada concentró buena parte de su capital político en la reforma electoral y trabajó para reunir los votos necesarios para avanzar con la eliminación de las PASO, los gobernadores buscaron instalar una agenda federal centrada en infraestructura, energía, logística y desarrollo productivo.

La cuestión energética ocupó un lugar sensible. Además de reclamar obras para garantizar el abastecimiento de gas en el NOA y el NEA, varias provincias impulsaron mecanismos de compensación frente a los mayores costos energéticos del norte, una discusión que se cruzó con el debate sobre el régimen de Zona Fría y los esquemas de subsidios vinculados al consumo energético.

La reunión se realizó en el marco de la 23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande. Según el comunicado oficial difundido al finalizar el encuentro, los gobernadores y Santilli “dialogaron sobre logística, energía y gas natural de la región”. El documento describió una agenda más amplia que la coyuntura política inmediata y expuso cuáles son las prioridades que los mandatarios provinciales intentaron instalar ante el Gobierno nacional.

Durante la jornada, el CFI presentó nuevos avances de la denominada “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”, una iniciativa impulsada por las provincias argentinas y orientada a “consolidar una estrategia de desarrollo con perspectiva federal, consensuada y territorial”.

Como parte de ese trabajo se expusieron la Estrategia Federal Logística y la Estrategia Federal Energética. El comunicado recordó que la estrategia logística “nació como un pedido del Norte Grande en 2021 y a partir de allí se replicó en todo el país”, un dato que los gobernadores suelen destacar para subrayar que varias de las discusiones que hoy impulsan tienen años de elaboración técnica y política.

Lamothe definió esa hoja de ruta como una herramienta destinada a “articular la mirada federal con las realidades provinciales, promoviendo procesos de planificación que integran capacidades locales, diálogo político y producción técnica”.

La definición apuntó al centro de la discusión que atraviesa hoy la relación entre las provincias y la Nación. Los gobernadores sostuvieron que buena parte de los problemas estructurales del norte argentino requirieron planificación de largo plazo y obras de infraestructura que excedieron los ciclos políticos y electorales.

Jalil fue explícito al abrir el encuentro: “Venimos trabajando la hoja de ruta de lo que necesita el norte para desarrollarse: logística, energía, recursos hídricos, entre otros temas”, sostuvo el mandatario catamarqueño al agradecer la presencia de Santilli.

La frase sintetizó la agenda que los gobernadores llevaron a la mesa.

Rutas nacionales y gas: los reclamos centrales

La primera preocupación fue el estado de las rutas nacionales. Sáenz volvió a plantearlo durante la conferencia de prensa posterior y lo definió como una urgencia: “El tema de las rutas no da para más. Hay que buscar una solución y la solución tiene que ser inmediata”, afirmó.

El reclamo fue compartido por todo el bloque regional. Las provincias sostuvieron que el deterioro de corredores estratégicos afectó la competitividad de las economías regionales, encareció costos logísticos y dificultó la llegada de inversiones.

Jalil también hizo referencia al tema: “Hay algunos proyectos que ya no dan para más”, señaló. Agregó que varias provincias estuvieron dispuestas a trabajar en conjunto con la Nación para encontrar soluciones.

El segundo gran eje de discusión fue el gas. El comunicado difundido por el Norte Grande remarcó que los gobernadores plantearon ante Santilli “la necesidad de avanzar en la infraestructura necesaria para que se conecte el gas natural al NOA y al NEA”.

La cuestión apareció en un momento sensible: las provincias vienen advirtiendo sobre problemas de abastecimiento y sobre la demora de obras consideradas esenciales para garantizar el suministro futuro. “Tenemos que estar pidiendo que se garantice el abastecimiento del gas al norte”, sostuvo Sáenz.

Agregó: “Corre el riesgo de que el norte, que le dio gas durante más de dos décadas a todo el país, hoy tenga que estar pidiendo que se termine una obra que hace un año se tendría que haber comenzado y ya tendría que estar terminada”.

La energía también apareció asociada al crecimiento de sectores estratégicos como la minería. Jalil planteó que los proyectos mineros requirieron nuevas inversiones en infraestructura energética y de transporte para sostener la expansión que experimentaron provincias como Catamarca, Salta y Jujuy.

Logística, corredor bioceánico e inversiones

La logística fue otro de los capítulos centrales. Sáenz insistió con los problemas que enfrentaron las provincias para exportar y cuestionó las dificultades vinculadas a aduanas, cabotaje y transporte de cargas. También reclamó por el corredor bioceánico, considerado una de las obras más importantes para mejorar la conexión del norte argentino con los mercados internacionales.

“Los gobernadores le hemos planteado que también tenemos nuestra agenda, que también tenemos nuestros problemas, que la gente nos reclama, y con toda razón”, sostuvo.

“Tenemos que ver un país en su conjunto y no solo con las necesidades del Gobierno nacional, sino con las necesidades de todas las provincias”, agregó.

La discusión no se limitó a infraestructura y energía. El comunicado destacó además la estrategia que el Norte Grande viene desarrollando para captar inversiones y abrir mercados: “Durante estos años, la región participó de varias misiones internacionales, donde pudo presentar como bloque regional su oferta exportable, generar oportunidades de inversiones y acuerdos comerciales con otros países del mundo”, señalaron los gobernadores.

En la misma línea, informaron que avanzarán con una agenda de trabajo vinculada a misiones comerciales y participación en ferias turísticas, tecnológicas y comerciales para “reforzar y potenciar el desarrollo productivo de la región”.

La definición mostró que los mandatarios no llegaron a la reunión únicamente con reclamos. También intentaron presentar una estrategia regional orientada a inversiones, exportaciones y crecimiento productivo.

Otro resultado político de la jornada fue la decisión de institucionalizar el diálogo con el Gobierno nacional a través del CFI. Jalil explicó que el organismo será el canal para acercar proyectos y prioridades regionales al Ministerio del Interior: “El CFI va a ser el canal de diálogo entre los gobernadores y el ministro Santilli para enviar los proyectos al Gobierno nacional”, afirmó.

La hoja de ruta del Gobierno y la diferencia de prioridades

Mientras tanto, la Casa Rosada continuó con su propia agenda. Según fuentes oficiales consultadas por Infobae, Santilli trabajó junto al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en distintos aspectos de la reforma electoral. El Gobierno pretendió avanzar con esa iniciativa durante junio y consideró que la eliminación de las PASO formó parte de las reformas políticas más importantes de este año.

En paralelo, el ministro continuó con la ronda de reuniones que viene manteniendo con distintos mandatarios provinciales. La semana pasada se reunió con Jalil y Sáenz, y este miércoles tiene previsto un encuentro con el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck.

La reunión del Norte Grande dejó una imagen representativa del momento político que atravesó la relación entre la Nación y las provincias. Mientras el Gobierno buscó acelerar una discusión vinculada al sistema electoral, los gobernadores intentaron instalar una agenda centrada en rutas, gas, energía, logística, infraestructura e inversiones.

Nadie cuestionó la reforma electoral. Tampoco hubo un rechazo a la eliminación de las PASO. Pero la respuesta de Sáenz expuso una diferencia de prioridades que atravesó buena parte del vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores: para el Gobierno, la urgencia estuvo en el Congreso; para las provincias, en las obras y en las condiciones necesarias para producir, exportar y crecer.

Cuatro días después del femicidio de Agostina Vega, la joven de 14 años que fue asesinada y desmembrada en la provincia de Córdoba, el colectivo Ni Una Menos volverá a las calles a protestar y reclamar por la violencia que sufren mujeres y personas trans por razones de género. En la previa a una nueva convocatoria, en el Gobierno cuestionan la “politización” de la movilización y, aunque reconocen la gravedad del caso, vaticinan que no se traducirá en una concrentración masiva.

“Hubo marchas de otros años con muchísima gente, no sé si va a haber más este año. No lo veo muy probable. Más cuando lamentablemente la han politizado y hasta convocan en contra del endeudamiento. Odian a este Gobierno que es el que más redujo los números de femicidios y sin Ministerio de la Mujer”, se jactó ante Infobae un funcionario. “Está bien movilizar, pero no creo que sea grande. Hay un cambio de visión y está muy politizado el tema. Lamentablemente. Al final mataron a una nena. Es grave”, coincidió otra fuente judicial.

En Balcarce 50 buscan diferenciar el caso que adquirió una profunda visibilización mediática de la protesta que se celebrará este miércoles en la Plaza del Congreso a las 17 y cuya convocatoria prevén inferior a la de años anteriores. “Ni siquiera me acordaba que había marcha”, ironizó una fuente inobjetable de la administración libertaria. “Lo único que pido es que sea una manifestación pacífica”, pidió otra voz del Gabinete.

En las últimas horas, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se refirió al caso de la adolescente asesinada al tiempo que informó una disminución en la tasa de lo que calificó como “homicidios de mujeres” respecto a 2024, pese a que de los 279 casos registrados en 2025, 200 fueron clasificados como femicidios. “El femicidio es un tipo (agravado) de homicidio”, argumentaron desde la cartera para justificar las palabras de la funcionaria.

Luego de que calificara de “espeluznante” el calvario que debió afrontar Agostina Vega, el periodista Eduardo Feinmann no dio margen a la interpretación: “¿Para ustedes es claramente un femicidio, no? Como para mí“, le preguntó a la ministra en una entrevista en A24. La funcionaria no dudó en coincidir, aunque minutos después habló de la necesidad de conocer la ”verdad completa”.

Los datos expresados por Monteoliva, que señaló que en 2024 la cantidad de asesinatos de mujeres fue de 312 casos, mientras que en 2023 había sido de 380, surgen del informe anual que publica la Corte Suprema. Sobre esa base, destacó la disminución registrada en los números tras calcular que en 2025 hubo una víctima directa cada 44 horas.

Más allá de la discusión estadística, el debate también planteó interrogantes respecto del lugar que ocupa actualmente la política de género dentro de la estructura estatal. Al respecto, Mariela Labozzetta, la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, planteó que las variaciones deben estabilizarse en el tiempo para sacar conclusiones, y señaló que los 250 casos de 2023 “habían implicado un aumento significativo en relación con 2022 (226 casos) y 2021 (231 casos)”.

“Las políticas públicas para prevenir la violencia de género y la agenda comunicacional sostenida en esta temática son elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar las variaciones del fenómeno femicida. Al ser un fenómeno criminal tan profundamente arraigado en la sociedad, su variación sustancial producto de las intervenciones estatales puede tardar en verse reflejada en una baja sostenida. Por el contrario, la suspensión o deterioro en estas políticas puede ser un retroceso en la eliminación de esta violencia discriminatoria contra las mujeres”, precisó en su cuenta de X.

Desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado por Alberto Fernández en 2019, perdió su carácter ministerial y parte de sus competencias fueron absorbidas por el Ministerio de Capital Humano. Posteriormente, tras su traspaso al Ministerio de Justicia, la estructura quedó reducida a la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género hasta que, finalmente, fue disuelta en 2024.

Pese a que gran parte de las áreas, programas y estructuras territoriales fueron eliminados o reducidos, algunas funciones vinculadas a la asistencia de víctimas permanecen dentro de la cartera que conduce Juan Bautista Mahiques. Allí funciona la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, de la que depende la Dirección Nacional de Atención Integral a las Víctimas y Acceso a la Justicia, que apuesta a coordinar la atención de víctimas mediante mecanismos de seguimiento de casos, asistencia inmediata y acompañamiento territorial.

A su vez, bajo la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos funcionan la Dirección Nacional de Protección y Asistencia y la Dirección de Protección e Igualdad, además de áreas para el acompañamiento y restitución de derechos de víctimas del delito de trata de personas. Actualmente, no exisnte estructurales equivalentes a las que impulsaban políticas específicas de género, diversidad y capacitación sobre el conjunto de la administración.

La convocatoria de este miércoles contrasta con la voluntad del Poder Ejecutivo de impulsar un proyecto de ley, diseñado por la senadora Carolina Losada, que busca endurecer las penas por los delitos de “falsa denuncia” y “falso testimonio”. Al respecto, un informe de Amnistía Internacional sostiene que las denuncias falsas “representan solo el 0,09% de más de 8 millones de causas analizadas (2023–2025)“, y refleja que el problema real está en la ausencia de denuncias: solo el 10% de las mujeres que sufren violencia sexual denuncia, y en casos de femicidio, apenas el 18% de las víctimas había denunciado previamente.