POLITICA
El Gobierno reactiva la discusión por la reforma del Código Penal en medio del caso Agostina
El Gobierno reactivó la discusión interna por la reforma del Código Penal en medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega en Córdoba. En la Casa Rosada aseguran que la intención es enviar el proyecto “cuanto antes” al Congreso y remarcan que el texto en revisión incluye un endurecimiento de penas para violadores, cambios sobre delitos sexuales y una ampliación de los supuestos de prisión perpetua.
“Necesitamos tomar medidas y movernos rápido”, expresan en despachos oficiales. En el Ejecutivo intentan presentar la reforma como parte de una agenda penal que ya estaba en marcha, pero el caso Agostina volvió a poner presión sobre una discusión que venía demorada por diferencias políticas y técnicas dentro del Gobierno.
La investigación por el asesinato de la adolescente de 14 años provocó impacto nacional y abrió cuestionamientos sobre la actuación judicial y policial en Córdoba. El fiscal agravó la imputación contra Claudio Barrelier a femicidio, una figura que prevé prisión perpetua. En Nación siguen el caso con cautela, pero admiten que la conmoción social aceleró conversaciones que estaban frenadas sobre el nuevo paquete penal.
La discusión central pasa por el texto final que llegará al Congreso. En el entorno del asesor Santiago Caputo aseguran que la reforma está “trabada” en el Ministerio de Justicia. En los equipos del ministro Juan Bautista Mahiques responden que están “terminando de definir” qué versión enviarán y sostienen que el proyecto saldrá en el corto plazo.
El borrador ya fue y volvió en reiteradas ocasiones de la Secretaría Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzabal, por diferencias en la redacción. “Las reformas al Código Penal se vienen trabajando hace tiempo y se van a mandar en el corto plazo”, agregan en el Ejecutivo. La demora, sin embargo, volvió a alimentar los pases de factura entre los sectores que disputan influencia sobre el área de Justicia.
En el oficialismo conviven dos lecturas. Un sector sostiene que ya había una reforma amplia preparada y que el nuevo esquema de Justicia la recortó y demoró. El equipo de Mahiques rechaza esa mirada y afirma que el objetivo es enviar un proyecto técnicamente más ordenado, con mayor viabilidad parlamentaria y sin abrir capítulos que puedan bloquear todo el tratamiento.
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La Casa Rosada había debatido durante meses si avanzar con un nuevo Código Penal integral o con una reforma amplia del código vigente. La primera opción implicaba reemplazar de manera completa el texto actual, sancionado en 1921. La segunda permite endurecer penas, incorporar nuevas figuras y corregir artículos puntuales sin reabrir de forma total debates sensibles.
Por ahora, la alternativa que gana peso es la de una reforma por etapas. El Gobierno se inclina por mandar primero los capítulos con mayor consenso dentro del oficialismo: delitos sexuales, abuso sexual infantil, grooming, estafas piramidales, entraderas, salideras, motochorros, viudas negras, armas en cárceles, picadas ilegales y nuevas modalidades de criminalidad organizada y tecnológica.

Uno de los puntos que la Casa Rosada destaca es el agravamiento de las penas para violadores y abusadores. También se analiza la imprescriptibilidad de delitos sexuales graves y la ampliación de supuestos de prisión perpetua. En el Gobierno sostienen que el eje será “poner a las víctimas en el centro”, una fórmula que ya había usado el oficialismo en presentaciones anteriores del proyecto.
El texto original que se había trabajado durante la gestión de Mariano Cúneo Libarona era mucho más extenso. Buscaba unificar el Código Penal vigente con leyes penales especiales y llevar el cuerpo normativo a más de 900 artículos. Incluía endurecimiento generalizado de penas, nuevos delitos informáticos, cambios en narcotráfico, corrupción, responsabilidad penal de empresas, delitos ambientales, propiedad intelectual y figuras vinculadas con inteligencia artificial.
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La revisión de Mahiques apunta a reducir esa arquitectura. En Justicia consideran que un proyecto demasiado amplio puede quedar empantanado en el Congreso y obligar al Gobierno a defender al mismo tiempo temas de seguridad, corrupción, delitos económicos, derechos civiles, género, aborto y política criminal. Por eso, cerca del ministro insisten en una versión más corta y defendible.
En ese rediseño, el Gobierno descarta incluir una modificación de la figura de femicidio más allá de que había deslizado en distintas oportunidades la intención de revisar ese agravante bajo el argumento de la “igualdad ante la ley”, pero esa discusión no formará parte de la reforma penal que ahora buscan enviar. En Balcarce 50 entienden que abrir ese capítulo en este contexto agravaría el costo político y legislativo del proyecto.
Tampoco habrá cambios sobre el aborto, pese a que sectores del oficialismo empujaron en distintos momentos la derogación de la ley vigente. Ese fue uno de los motivos por los que el Gobierno terminó alejándose de la idea de mandar un Código Penal completamente nuevo: reemplazar todo el texto obligaba a fijar posición sobre temas que hoy no forman parte de la prioridad legislativa inmediata.
La demora en el envío reavivó las tensiones internas. En sectores del oficialismo cuestionan que el proyecto siga sin definirse mientras la agenda de seguridad vuelve al centro del debate público. “No se están tomando medidas por egos personales. Hay que actuar”, sostienen en un sector de la Casa Rosada. La frase apunta a la disputa entre los equipos que responden a Caputo y el área de Justicia que quedó bajo influencia de Karina Milei.
El jefe de gabinete, Manuel Adorni, ya había anunciado el 17 de marzo que el Gobierno definió la conformación de un paquete de proyectos de ley para enviar al Congreso, entre los que incluyó la modificación del Código Penal “poniendo foco en el endurecimiento de las penas”.
Gobierno, codigo penal
POLITICA
El Gobierno realiza cambios sobre el paquete de desregulación y define en la mesa política cómo enviarlo al Congreso
El Gobierno realiza cambios sobre el paquete de desregulación y definirá en la mesa política el momento, la cámara de ingreso y la forma en que será enviado al Congreso. En la Casa Rosada rechazan que la iniciativa haya sido archivada, pero reconocen que no está prevista para el corto plazo y que será dividida según la conveniencia legislativa.
“Se está revisando el paquete de Desregulación, pero se va a avanzar”, aseguraron a TN fuentes oficiales. Otros funcionarios confirmaron que el texto está en la secretaría de Legal y Técnica, pero explicaron que todos los proyectos deben atravesar primero la mesa política antes de incorporarse a la agenda parlamentaria.
La hoja de ruta inicial consiste en concentrar las negociaciones en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los cambios en Inocencia Fiscal, el paquete de Propiedad Privada, la reforma electoral y el Super-RIGI. El Ejecutivo pretende cerrar esas discusiones antes de sumar iniciativas que puedan abrir nuevos frentes con los gobernadores y los bloques dialoguistas.
Recién después aparecerá una segunda tanda compuesta por el denominado grillete fiscal —que incorpora un mecanismo similar al shutdown estadounidense—, el paquete de desregulación, el Presupuesto 2027 y las reformas de seguros, del mercado inmobiliario y del mercado de capitales, entre otros proyectos. Esa secuencia todavía puede modificarse según el resultado de las votaciones y el estado de las negociaciones.
Dentro de esa segunda etapa, la reforma que Javier Milei considera prioritaria es la del mercado de seguros. El Gobierno trabaja en una iniciativa específica para permitir que las compañías diseñen productos sin autorización previa, limitar la función del regulador al control de solvencia y protección contra fraudes y ampliar la oferta de coberturas. El Presidente presentó ese cambio como un proyecto separado, aunque conectado con la reforma financiera general.
Luego aparecen las modificaciones sobre corretaje inmobiliario y mercado de capitales. La Casa Rosada busca vincular estas últimas con Inocencia Fiscal para que una parte de los ahorros no declarados que ingrese al sistema pueda canalizarse hacia bonos corporativos, fideicomisos, financiamiento colectivo y otros instrumentos destinados a actividades productivas.
El componente inmobiliario reduce los requisitos nacionales para ejercer el corretaje, habilita la actuación de personas humanas y jurídicas y permite prestar el servicio mediante plataformas digitales. También impide establecer pisos, valores sugeridos o topes para las comisiones y considera contrarias a la libre competencia las restricciones de residencia o las incompatibilidades absolutas con otras actividades.
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El borrador multisectorial tiene 144 páginas e incluye además cambios en farmacias, gas licuado de petróleo, libros, traducciones públicas, actividades agropecuarias, cabotaje e instrumentos financieros. Su capítulo de mercado de capitales modifica la Ley 26.831 con el objetivo de simplificar trámites, incorporar nuevas tecnologías, ampliar el acceso de las pymes y promover la canalización del ahorro hacia la inversión.
La decisión política es no enviar ese conjunto como una sola ley. En el oficialismo consideran que un texto demasiado extenso permitiría que la resistencia de un sector bloquee capítulos que cuentan con mayor consenso y obligaría a negociar al mismo tiempo con demasiados actores económicos, provincias y colegios profesionales.
El cambio de estrategia se profundizó después de la caída del capítulo sobre extranjerización de tierras. El desmarque de gobernadores aliados encendió una alarma en Balcarce 50 y reforzó la posición de quienes reclaman medir el costo de cada reforma antes de incorporarla al temario del Congreso.
En la sede de gobierno admiten además problemas de coordinación entre las áreas técnicas y políticas, tanto en los proyectos de ley como en las medidas que se instrumentan mediante decretos. La intención es que las iniciativas sensibles sean revisadas por la mesa política antes de su publicación o envío, para evitar que una disputa sectorial interfiera con las negociaciones por reformas consideradas prioritarias.
Entre los antecedentes mencionan las dificultades alrededor de la apertura del cabotaje y la suspensión del decreto que desreguló el practicaje. En este último caso, el Ejecutivo debió abrir una mesa de revisión después de que la interrupción del servicio paralizara los puertos, y aceptó suspender la normativa a cambio de una reducción tarifaria del 20%.
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Las diferencias también profundizaron los cruces entre Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich por la redacción y la negociación de los proyectos. En distintos sectores del oficialismo atribuyen parte de la descoordinación a las tensiones de la jefa del bloque libertario en el Senado con Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, los principales alfiles legislativos y territoriales de Karina Milei.
El retiro de los gobernadores aliados de la negociación por la Ley de Tierras reavivó esos pases de factura. “Ninguno de esos gobernadores va al baño sin que Lule se entere. No mueven un pelo sin aval”, expresó una fuente nacional que cuestiona la idea de que los mandatarios provinciales se hayan desmarcado sin que el entorno de Karina Milei conociera previamente sus posiciones.
Pese a las críticas, en el Ejecutivo aseguran que Sturzenegger sigue firme y conserva el respaldo total del Presidente. “Lo que pasa con Federico es que a veces quiere imponer su agenda por sobre la de Milei. Y para eso necesita ser presidente”, plantearon en un sector del oficialismo. La mesa política tendrá ahora la tarea de ordenar esa agenda, seleccionar los capítulos con mayor viabilidad y decidir en qué momento abrir una nueva negociación en el Congreso.
Gobierno, Federico Sturzenegger, Congreso
POLITICA
Así reaccionó el arco político a la media sanción de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada
Este viernes por la madrugada, el Senado otorgó media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, con 37 votos a favor y 33 en contra. De esta manera, el Gobierno consiguió avanzar con las modificaciones al régimen de desalojos exprés y de expropiaciones, aunque el texto final fue alterado por diversas negociaciones durante la sesión.
Para que el proyecto pudiera avanzar y ser enviado a la Cámara de Diputados, en la etapa final el oficialismo debió ceder y eliminar las modificaciones sobre la venta de tierras a extranjeros y la Ley Nacional de Manejo del Fuego. Así, el último cambio se realizó apenas un minuto antes de que comenzara la votación en general.
Horas después de que el proyecto obtuviera la media sanción, el presidente Javier Milei celebró la victoria conseguida por el bloque libertario. Por medio de su cuenta en Instagram, compartió una imagen de los resultados de la votación y agregó su clásica arenga: “Viva la libertad, carajo”.
No obstante, las primeras reacciones surgieron después de que terminara la sesión alrededor de las 2 de la madrugada. El senador libertario Agustín Coto celebró el resultado en su perfil en la red social X tras abandonar el recinto. “Ganó una idea tan simple como poderosa: lo tuyo es tuyo”, destacó. Asimismo, concluyó que “si no se respetan los derechos de propiedad, no hay futuro”.
En la misma línea, su compañero de bloque Joaquín Benegas Lynch aseguró: “Dejamos atrás años en los que el esfuerzo del dueño valía menos que el abuso del usurpador” tras destacar que se trató de un paso histórico para el país. “Estamos un paso más cerca de que en la Argentina finalmente se respete el derecho de quien trabaja, produce y construye su patrimonio”, indicó.
A raíz de la importancia que tenía el proyecto para el Gobierno, los diputados libertarios también estuvieron pendientes de los resultados. De hecho, la santafesina Romina Diez se sumó a las celebraciones al apuntar: “Ahora vamos por la aprobación definitiva en Diputados”.
“Esta ley garantiza procesos de desalojo más rápidos frente a las usurpaciones y brinda mayor seguridad jurídica a quienes, con esfuerzo y trabajo, construyeron su patrimonio”, subrayó la libertaria al agradecer al presidente “por seguir impulsando las ideas de la libertad y trabajar por un país donde se respete la ley y la propiedad”.
Por parte de la oposición, La Cámpora tomó como una victoria la caída de los capítulos de venta de tierras a extranjeros y la Ley Nacional de Manejo del Fuego. “La patria no se vende y no se quema”, sostuvieron al adjudicar los frutos a la movilización convocada en diferentes puntos del país.

“Se movilizó la sociedad entera, como con el financiamiento universitario. Ahora queda por delante en la Cámara de Diputados frenar los desalojos exprés y el blindaje a las privatizaciones”, señalaron al calificar de “débil” al Gobierno por la respuesta de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso.
La peronista Juliana Di Tullio manifestó que “el pueblo argentino logró lo imposible: que este gobierno entreguista tenga que bajar dos capítulos claves del proyecto de inviolabilidad”. Bajo el mismo tono, Jorge Capitanich remarcó que “cuando el pueblo se organiza y el Congreso cumple su rol, la soberanía no se entrega”.
De la misma manera, se refirió Eduardo “Wado” de Pedro, quien afirmó: “Ganó la Patria. Una victoria de la movilización y el compromiso del pueblo en defensa de la soberanía nacional”. Asimismo, reflexionó que “cuando la sociedad se involucra y se hace escuchar, el saqueo no avanza” y que “luchar vale la pena”.
Hasta el momento, el único gobernador que se pronunció al respecto fue el riojano Ricardo Quintela, quien publicó un video contra el proyecto propuesto por el oficialismo. “Defender la soberanía es defender el presente y el futuro de nuestro país”, aseveró, para luego expresar: “Debemos seguir atentos para proteger nuestras tierras, nuestros recursos naturales y todas las herramientas que resguardan el patrimonio de los argentinos”.
POLITICA
De “callate, si estás procesado” a “pido respeto”: el fuerte cruce entre Bullrich y Capitanich en el Senado
Patricia Bullrich y Jorge Capitanich protagonizaron un fuerte cruce en el Senado durante la madrugada de este viernes, en el tramo final del debate por el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza cuestionó al exgobernador chaqueño por una causa vinculada con la adjudicación de tierras fiscales y le lanzó: “Callate, si estás procesado por tierras fiscales”. Minutos después, el dirigente peronista respondió desde su banca y reclamó: “Pido que se me respete”.
Bullrich apuntó contra el kirchnerismo y acusó al peronismo por el manejo de tierras fiscales
El enfrentamiento se produjo durante la intervención final de Bullrich, después de más de diez horas de debate en la Cámara Alta. La senadora hizo un repaso de distintas operaciones con tierras fiscales durante gobiernos peronistas y kirchneristas para responder a las críticas opositoras sobre la defensa de la soberanía.
“Córtenla con la hipocresía, por favor”, lanzó. En ese tramo también cuestionó el acuerdo por la estación espacial china en Neuquén. “Pérdida de soberanía es tener una base China en Neuquén que la votaron y aprobaron. Esto fue votado durante el gobierno del kirchnerismo”, sostuvo.
Luego apuntó contra operaciones realizadas en Santa Cruz y mencionó una compra de tierras fiscales de Néstor Kirchner en 2006. Según afirmó Bullrich en el recinto, el expresidente adquirió unos 20.000 metros cuadrados por US$150.000 y dos años después los vendió al grupo chileno Cencosud por US$2,4 millones.
“Es decir, que en dos años ganó 1500% con la tierra fiscal. Eso no es defender la soberanía”, afirmó la senadora.
Bullrich continuó con sus cuestionamientos y acusó: “Se robaron las tierras fiscales, se las repartieron entre los amigos del poder”.
“Callate, si estás procesado”: el momento de mayor tensión con Capitanich
El discurso subió de tono cuando Bullrich llevó sus críticas hacia Chaco y apuntó directamente contra Capitanich, que seguía la exposición desde su banca.
“Y otro senador en la provincia del Chaco, que está por acá, está procesado por entrega irregular de tierras fiscales a los amigos del poder”, afirmó.
Mientras Bullrich hablaba, Capitanich intentó responderle con gestos desde su banca, aunque tenía el micrófono apagado. Fue entonces cuando la senadora libertaria lo cruzó: “Callate, si estás procesado por tierras fiscales”.
Minutos después, el exgobernador chaqueño pidió la palabra y rechazó las acusaciones. “No voy a entrar en algo que está fuera de contexto y de lugar. Durante la sesión me sentí agraviado en innumerables intervenciones”, respondió.
Capitanich aseguró que la causa se refiere a cuatro adjudicaciones dentro de miles de títulos otorgados en Chaco y sostuvo que los procedimientos se realizaron conforme a la legislación provincial.
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“Terminemos con estas operaciones y mentiras sistemáticas. Simplemente porque tiene que ver con el buen nombre y honor de las personas”, señaló.
Finalmente, reclamó que la discusión se mantenga en términos políticos: “Pido repeto como yo respeto al pleno y, si no les gustan mis argumentos políticos, me rebaten políticamente. Sin agraviar”.
Senado, propiedad privada, Patricia Bullrich, Jorge Capitanich
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