El ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, aseguró en diálogo con Infobae en Vivo que el desarrollo de Vaca Muerta fue determinante para revertir la situación energética de la Argentina y sostuvo que, sin el aporte de ese yacimiento, el país enfrentaría un escenario crítico en materia de abastecimiento. No obstante, cuestionó algunos aspectos de la política energética que se adoptó en los últimos años.

Vaca Muerta “no es una promesa, es una realidad”, afirmó Aranguren. Según explicó, actualmente el yacimiento genera cerca del 70% del petróleo y del gas que se produce en el país.

“Si no fuera por Vaca Muerta, hoy tendríamos que estar importando toda la energía”, señaló. En esa línea, remarcó que “estaríamos mucho peor de lo que uno hubiese imaginado”.

El ex funcionario consideró que “gracias a Vaca Muerta, desde 2012 y 2013, estamos en una situación de holgura energética. Volvimos a un superávit”, afirmó. Además, indicó que existen proyecciones que ubican el superávit comercial energético en torno a los USD 30.000 millones para 2030.

Aranguren también cuestionó las políticas energéticas aplicadas durante las últimas décadas y sostuvo que limitaron el desarrollo del sector. “Las políticas que se aplicaron no fueron las adecuadas. Durante mucho tiempo se estuvo haciendo populismo energético en Argentina”, expresó.

“Le decíamos al mundo y a los ciudadanos que la energía es barata, que la podemos despilfarrar, que no cuesta. Entonces la subsidiábamos y, como consecuencia de eso, el recurso no se desarrollaba”, afirmó.

No obstante, consideró que en los últimos años comenzó un proceso de corrección de esa estrategia. En ese contexto, destacó el potencial de la energía como uno de los motores de crecimiento de la economía argentina, junto con el sector agropecuario y la minería.

“Tenemos la posibilidad de que ese segundo vector de desarrollo contribuya a resolver una ecuación macroeconómica argentina que demanda muchos dólares”, sostuvo.

Aranguren sostuvo que el potencial de crecimiento del sector energético aún está lejos de haberse agotado y aseguró que “cuando el país se consolide como exportador neto de recursos, el precio de la energía va a bajar en la Argentina”.

Como argumento, señaló que ya se cuenta con ventajas comparativas frente a otras regiones del mundo afectadas por tensiones geopolíticas y problemas de abastecimiento. “Nosotros hoy mismo estamos en una mejor situación energética que el resto del mundo”, sostuvo, al señalar que en Europa las tarifas eléctricas y de gas natural son superiores a las argentinas como consecuencia principalmente del conflicto en Medio Oriente.

Y agregó: “Tenemos la ventaja además de que no estamos en un área geográfica de conflicto”. En ese sentido, remarcó que la Argentina no depende de pasos críticos para el comercio energético internacional, como el estrecho de Ormuz, cuya interrupción afecta la logística global del petróleo y el gas natural.

Para el ex ministro, el desafío ahora pasa por ampliar la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la producción. Según explicó, la reducción de los costos energéticos y la consolidación exportadora dependerán de la resolución de los actuales cuellos de botella en transporte y procesamiento.

Por otro lado, y en relación al debate por Zonas Frías, Aranguren consideró: “Los subsidios tienen que ser, por definición, temporales, un régimen de excepción. Si la situación económica de la Argentina mejora, los subsidios van a ir disminuyendo, porque cada vez se va a tener que proteger a menos gente”.

Explicó que los habitantes de las provincias de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa no tienen acceso al gas natural y sin embargo están subsidiando la energía de personas con alto poder adquisitivo que residen en la denominada zona fría ampliada. Desde una perspectiva simple, resulta una situación totalmente “contradictoria e hipócrita”, apuntó Aranguren.

“En determinadas circunstancias coyunturales, es correcto subsidiar, siempre y cuando se pueda identificar adecuadamente a quienes realmente necesitan esa ayuda. No obstante, hay aspectos de ese régimen que no comparto”, señaló.

Por ejemplo, en el caso del gas natural se establece un precio unificado durante todo el año. “A mi entender, eso no es adecuado, porque elimina la señal de precios que incentiva el uso responsable de la energía. Si no se refleja que el gas tiene un costo mayor en invierno, las personas tienden a consumir más. Quizás, en lugar de abrigarse con un pulóver dentro de su casa, permanezcan en mangas cortas porque la energía está subsidiada”, dijo Aranguren.

“Es importante que existan señales que transmitan a la población que la energía tiene un costo y que, por lo tanto, debe utilizarse de manera eficiente. Ese aspecto no está suficientemente contemplado en el régimen actual”, añadió.

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Este miércoles los mercados internacionales operan con sesgo negativo, que contagia a los activos domésticos. A las 12:10 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cede por segundo día, esta vez un 0,9%, en los 3.190.000 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York imperan las bajas, lideradas por Globant (-6,9%). Del lado ganador vuelven a operar las empresas ligadas al rubro energía, como YPF (+0,7%, a USD 55,70), Pampa Energía (+0,6%) y Vista Energy (+1%), en otro día con suba del precio del petróleo.

La Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó el pedido de los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF para revisar el fallo del 27 de marzo, que había resultado favorable para Argentina. El próximo paso disponible para los demandantes, en caso de que decidan continuar apelando, sería solicitar la revisión del caso por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos.

“El contexto internacional sigue movido, aunque la performance relativa y absoluta de Argentina viene siendo muy positiva desde el comienzo de la guerra. No se esperan datos macro relevantes en lo que resta de esta semana, por lo que la mirada del mercado seguirá tanto en el ritmo de compras del BCRA, la dinámica del tipo de cambio y la nominalidad, tanto en términos de tasas de mercado como inflación de alta frecuencia”, comentó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Los bonos en dólares -Bonares y Globales- ofrecen cifras mixtas y de escaso rango, mientras que el riesgo país de JP Morgan permanece estable para la Argentina en los 488 puntos básicos.

“Las tecnológicas volvieron a liderar el optimismo del mercado, con acciones en máximos, semiconductores al alza y rendimientos del Tesoro en leve retroceso. En paralelo, el petróleo y el cobre siguieron firmes por factores geopolíticos y de oferta”, observó Cohen Aliados Financieros.

Las acciones estadounidenses registran un ligero descenso en un rango de 0,2% a 0,4% en los principales indicadores de Wall Street, mientras Wall Street sopesaba las promesas del comercio de inteligencia artificial frente a las frágiles negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

“En los Estados Unidos, el panorama macroeconómico refleja consolidación técnica y cautela operativa. La fortaleza del mercado laboral estadounidense volvió a poner en duda la velocidad de los futuros recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal“, afirmó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

“Tres datos definen la semana. Primero, la tasa del Treasury a 10 años se mantiene en 4,45%: alta, pero tolerada por el mercado mientras los earnings corporativos sigan creciendo. Segundo, la probabilidad de que la Fed suba tasas antes de fin de año ya supera el 44% según los futuros -dato que el mercado todavía no terminó de digerir. Tercero, el rally del S&P es concentrado: el sector tecnológico explica 8 de cada 10 puntos de avance anual; sin ese motor, el índice contaría una historia mucho más modesta», sintetizaron los expertos de MegaQM.

Max Capital puntualizó que “las crecientes tensiones sobre el alto al fuego impulsaron los precios del petróleo, con el Brent superando los USD 97 por barril. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense suben levemente a la espera del informe de empleo de mayo que se publicará el viernes”.

Wall Street evaluó recientemente varios informes de ganancias sólidos, incluidos los de Dell (-3,7%) y Hewlett Packard (-2,6%), que han demostrado que la IA impulsa significativamente el negocio. Este contexto contribuyó a que las acciones alcanzaran nuevos máximos el martes, incluso mientras las conversaciones entre Estados Unidos e Irán continúan sin un final claro a la vista.

A principios de esta semana, mientras circulaban dudas sobre el posible estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el presidente Trump recurrió a las redes sociales para asegurar que continuaban “a un ritmo acelerado”. Sin embargo, la campaña militar de Israel contra Hezbolá en el Líbano se ha convertido en un nuevo obstáculo para alcanzar un acuerdo duradero que ponga fin a la guerra y abra el Estrecho de Ormuz.

La ampliación de la base tributaria en el impuesto a las Ganancias es una de esas propuestas que generan la opinión mayoritaria en el gremio de los economistas pero que están prohibidas en términos políticos. De hecho, ya forma parte importante del debate interno el impacto electoral que tendría la sugerencia del Fondo Monetario Internacional.

Y los analistas políticos creen que, tal como está planteada, la reforma implicaría un elevado riesgo electoral para el gobierno de Javier Milei, sobre todo si el debate se da en un contexto de pérdida de los salarios contra la inflación -algo que viene ocurriendo desde septiembre del año pasado-.

Tal como informó iProfesional, desde el Palacio de Hacienda admiten que el escenario económico no tolera otro ajuste. «Toto está preocupado. No quiere ajustar más y el FMI le exige más suba de impuestos», señalaron fuentes oficiales a iProfesional. «No está en los planes aumentar los impuestos que plantea el FMI», agregan las mismas fuentes.

Los antecedentes históricos son elocuentes al respecto. Fue Cristina Kirchner quien pagó el mayor costo, con su derrota en las legislativas de 2013. En aquel momento, como el «piso» a partir del cual se pagaba el impuesto no seguía a la inflación, se llegó a una situación en que el impuesto alcanzaba al 25% de los asalariados.

Es, coincidentemente, una cifra cercana a la que pasaría a tributar ahora si el gobierno de Milei aplicara la recomendación del FMI, en el sentido de dar de baja impuestos distorsivos, y sustituir ese ingreso fiscal por un impuesto a las Ganancias que abarque a mayor cantidad de personas.

La argumentación de quienes apoyan esa reforma es que, mientras en Argentina este impuesto al ingreso de los asalariados aporta un 8% de la recaudación total, en los países desarrollados que forman parte de la OCDE, el porcentaje sube a 24%. Y, si se mide en términos de PBI, en Argentina el impuesto a las Ganancias equivale a sólo un 2% mientras que el promedio de los países ricos recauda más de un 8%.

No faltan incluso los economistas que afirman que si, en vez de aumentar la base de Ganancias, se incrementaran los aportes patronales, el efecto fiscal sería parecido y el salario sufriría de la misma manera -porque los empresarios trasladarían el mayor costo fiscal a la paga de haberes-. Pero que, en ese caso, el cambio sería políticamente más aceptado.

Lo cierto es que pocos temas han sido tan «piantavotos» como el impuesto a las Ganancias, sobre todo porque en su origen se trató de un tributo que afectaría sólo a individuos de altos ingresos, que con el paso de los años terminó alcanzando a la clase media.

Cristina y la disyuntiva peronista

El antecedente del gobierno kirchnerista es claro. Afectada por una caída en otros impuestos más vinculados a la actividad comercial e industrial, Cristina Kirchner se tornaba cada vez más dependiente de lo que Ganancias dejaba en las arcas fiscales.

Contradiciendo a sus críticos, decía que, sin esos ingresos, le resultaría imposible financiar el costo fiscal de ayudas como la Asignación Universal por Hijo. Fue allí cuando surgió el debate respecto de si un verdadero peronista debía defender o combatir el polémico impuesto.

Pero, del lado de enfrente, había tal unanimidad sobre la necesidad de aliviar a los asalariados, que el reclamo unió a dirigentes tan diversos como Mauricio Macri, Sergio Massa y Hugo Moyano.

Se llegó al punto de que cambió la prioridad de reclamos sindicales. Moyano, que lideraba uno de los gremios que más había mejorado el ingreso, empezó a preocuparse más por las Ganancias que por las paritarias, porque sabía que de nada servía ganar algunos puntos porcentuales de aumento que luego serían licuados por el Impuesto.

Fue entre 2012 y 2015 que se produjeron las mayores manifestaciones sobre este tema, bajo el eslogan «El salario no es ganancia».

Y, en buena medida, fue gracias al impuesto a las Ganancias que Sergio Massa tuvo su lanzamiento político, con el triunfo en las legislativas de 2013. En ese momento, tras su derrota en las PASO, Cristina, a regañadientes, terminó accediendo a una mejora que, de los 2,4 millones de contribuyentes que pagaban Ganancias, exoneraba a 1,5 millón por la vía de un súbito aumento del «mínimo no imponible».

En aquel momento, la oposición acusó al gobierno de «robar» una propuesta de los otros partidos. Y Massa fue quien más duramente «chicaneó» a la presidente, a quien desafió a sacar la medida por ley y no por decreto, de manera que se pudiera establecer un mecanismo de indexación automática para que la inflación no termine neutralizando el beneficio. De todas formas, el alivio tardío dejó a Cristina sin recaudación tributaria y con derrota electoral.

A Macri le llegó la factura

El debate se renovó luego, cuando ya con Macri en la Casa Rosada, se trató una nueva ley para Ganancias, y el peronismo le inflingió una derrota en la cámara de diputados. El proyecto opositor reducía a la mínima expresión la base imponible, pero Macri tuvo dos ayudas inesperadas.

La primera fue un error de cálculo cometido por los diputados opositores -con Axel Kicillof a la cabeza-, que habían subestimado el costo fiscal. El número previsto inicialmente por la oposición peronista era de u$s3.000 millones, mientras el gobierno macrista estimaba el triple.

Entonces Macri tuvo la picardía política de hacer lo contrario a lo que todos esperaban: cuando se daba por obvio que vetaría la ley por sus inconsistencias fiscales, avisó que la mantendría tal como saliera del congreso. El mensaje era claro: no estaba dispuesto a regalarle al peronismo la victoria consistente en votar una ley simpática pero infinanciable y luego asumir el costo político de vetarla, de manera que el peronismo disfrutase del rédito de su discurso popular y no asumiera responsabilidad por las consecuencias de ese proyecto.

Entonces llegó la otra ayuda, la de los gobernadores provinciales, en su mayoría peronistas, que no querían perderse su mitad de la recaudación de Ganancias. Y, por lo tanto, le dieron apoyo en el Senado a Macri para mantener una base tributaria amplia.

De todas formas, la alegría de Macri no duró mucho, porque tras su dura derrota en las PASO de 2019, adoptó un paquete de medidas de urgencia, entre las cuales se encontraba el alivio de Ganancias hasta fin de año. Como a Cristina seis años antes, tampoco le alcanzó a Macri para revertir el malhumor.

Contradicciones en el Congreso

Ya durante la gestión de Alberto Fernández, el tema de Ganancias generó una fisura interna. Massa volvió a tomar el tema como bandera, y presentó un proyecto para que los contribuyentes pasaran otra vez a ser el 10% de los asalariados mejor pagos, y con un ajuste por inflación en el mínimo no imponible.

La facción kirchnerista sostenía que esa medida sacrificaría recursos fiscales para favorecer a asalariados de clase media que, de todas formas, nunca votarían al peronismo. Es probable que ese sector haya sentido que su visión era la correcta, dado que el proyecto de Massa se aprobó en marzo de 2021, pero el gobierno igualmente fue derrotado en las legislativas.

Aun así, Massa y la mayoría del peronismo no cambiaron su visión, dado que en 2023, en pleno cierre de la campaña presidencial, se votó otro proyecto que prácticamente eliminó el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría -es decir, dejó de afectar a asalariados y quedó sólo como un impuesto para empresas-.

El proyecto fue aprobado, y entre los votantes estuvo el entonces diputado Javier Milei.

Cuando se le cuestionó su voto como una contradicción en su discurso fiscalista -se estimaba que la ley costaría 0,8 puntos del PBI-, Milei ya tenía la respuesta preparada. Dijo que había que cambiar la forma de concebir el equilibrio fiscal: no se trataba de adecuar los impuestos al volumen del gasto público, sino de llevar las partidas presupuestaria al nivel que resultara pagable con la recaudación tributaria.

Una medida difícil

El resto es historia reciente: ni bien asumido en su cargo de presidente, en su primer decreto de necesidad y urgencia, Milei retrotrajo la situación de Ganancias a como estaba antes de la ley que él mismo había votado.

Para todos resultó un debate incómodo. Milei tuvo su primer choque con la justicia, que le exigió sacar el tema por ley. Y la CGT despertó de un letargo de cuatro años para convocar de inmediato a un paro general.

Los gobernadores provinciales -a quienes Massa les había prometido que lo que perdieran por Ganancias les sería compensado con una coparticipación del impuesto al Cheque-, se encontraron con una repentina caída de ingresos fiscales. Esto los llevaba, por un lado, a sentir la presión de apoyar la iniciativa de Milei en el Congreso, pero por otra parte los enemistaba con la cúpula de la CGT, que tenía al tema Ganancias en el tope de su agenda de prioridades.

Lo cierto es que todos quienes votaron la restitución del odiado tributo -rebautizado como impuesto a los Ingresos- sintieron que habían pagado un costo político. Y ahondar en esa reforma, justo en un momento en el que el salario lleva -hasta marzo, último dato del Indec- una saga de siete meses de pérdida contra la inflación, no parece ser la mejor forma de recuperar la simpatía popular.

Precisamente, el objetivo del gobierno es revertir la caída de Milei en las encuestas de imagen. Un reciente sondeo de consultora Zentrix reveló que el 59,5% de la población quiere un cambio en el rumbo económico, y que un 64,4% apenas llega con sus ingresos al día 20 de cada mes.