La gira de Axel Kicillof por distintas provincias tuvo este miércoles una escala en Corrientes. El gobernador bonaerense se reunió con su par Juan Pablo Valdés, firmó convenios de cooperación productiva y comercial, y mantuvo encuentros con intendentes, sindicatos y referentes locales, en el marco de una agenda que incluyó actividades institucionales y reuniones políticas.

La visita se da en un contexto de creciente diálogo entre gobernadores de distinto signo político, atravesado por los reclamos de las provincias por la caída de recursos, la paralización de obras públicas y las dificultades que las administraciones provinciales atribuyen al ajuste impulsado por el Gobierno nacional.

Para Kicillof, además, la recorrida se inscribe en una serie de viajes que viene realizando fuera de Buenos Aires, como parte de su armado político de cara a 2027. En los últimos meses visitó Córdoba y Tierra del Fuego y en su entorno destacan que es un dirigente con diálogo aceitado con distintos sectores políticos y sociales del país.

Un encuentro con fuerte peso político

La foto entre Kicillof y Valdés se produjo apenas un día después de que el correntino participara de una reunión de gobernadores del Norte Grande con el ministro del Interior, Diego Santilli, en la que hubo reclamos por obras de infraestructura, acceso al gas natural y la implementación de una tarifa diferencial de energía eléctrica para las provincias de la región.

Valdés mantiene diálogo con distintos actores del escenario político nacional, tiene contactos con el Gobierno de Milei y hace unos días cenó con Mauricio Macri. Al igual que otros mandatarios provinciales, viene impulsando reclamos vinculados con obras y recursos para las provincias.

Si bien tanto Valdés como Kicillof evitaron referencias electorales directas durante la actividad oficial y pusieron el foco en la cooperación institucional, la política se filtró en varias intervenciones. “Los gobernadores tenemos que dialogar y trabajar más en conjunto para fortalecer el federalismo”, sostuvo el correntino.

Kicillof transmitió un mensaje similar. “Este no es un año político, es un año donde tenemos la oportunidad de generar determinados diálogos y posibilidades de llegar a acuerdos”, afirmó.

Ppoco antes, desde Empedrado, el gobernador bonaerense había hablado del camino hacia 2027: “Tenemos que tener una construcción que nos permita presentar una alternativa; estamos en eso”.

Defensa del federalismo

La jornada de Kicillof en Corrientes comenzó en Empedrado, donde firmó un convenio de cooperación turística y cultural con el intendente Fernando Echeverría. Más tarde se trasladó a la capital correntina para encabezar junto a Valdés la firma de convenios vinculados con la producción, la integración comercial y el desarrollo agropecuario.

Uno de los acuerdos permitirá incorporar productores arroceros correntinos al programa Mercados Bonaerenses, mientras que otro establece mecanismos de cooperación técnica para el mejoramiento genético animal mediante el intercambio de conocimientos, tecnología y material genético bovino y ovino.

Tras la firma, Kicillof sostuvo que el encuentro buscó fortalecer la cooperación entre provincias. “Más allá de las formaciones políticas, más allá de los partidos, más allá de cada una de las pertenencias, entre las provincias nos debemos una mutua colaboración”, afirmó.

“Las provincias formamos parte del mismo país y, por tanto, compartimos dificultades, compartimos problemas, pero compartimos también solidaridad y compartimos capacidades”, agregó.

Valdés, por su parte, destacó el intercambio institucional entre ambas administraciones. “Estamos convencidos de que tenemos que seguir trabajando con los gobernadores y fortaleciendo el federalismo. Debemos conversar más y profundizar el diálogo para construir una Argentina mejor”, señaló.

El mandatario correntino también recordó la asistencia que recibió la provincia de Buenos Aires durante los incendios forestales que afectaron la provincia años atrás.

Reuniones con intendentes y sindicatos

Más allá de la agenda institucional, Kicillof mantuvo encuentros con intendentes, sindicatos y referentes políticos locales. Desde sus redes sociales planteó que en esas reuniones apareció una preocupación compartida por la situación económica. “Hay un denominador común, que es la preocupación por las consecuencias del modelo económico nacional”, escribió en X.

Al respecto, advirtió que quedó plasmado que la crisis “no es algo que ocurre solo en la provincia de Buenos Aires”, por lo que planteó que seguirá trabajando con todos los sectores “para seguir construyendo una alternativa que vuelva a poner a la industria, el trabajo y la producción como motor del desarrollo en todo el país”.

Axel Kicillof, Juan Pablo Valdes, Corrientes

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Tras el femicidio de Agostina Vega, el intendente de Córdoba Daniel Passerini anunció la extensión de los controles de antecedentes penales y narcotest a la totalidad del personal municipal. La medida se instrumentará mediante un proyecto de ordenanza que ingresará al Concejo Deliberante en su próxima sesión. Hasta ahora, ese tipo de verificaciones se aplicaba únicamente a los funcionarios de la administración.

El caso que motivó la decisión sacudió a la ciudad capital: Claudio Barrelier, señalado como el presunto femicida de la adolescente de 14 años, trabajaba en un área de tránsito de la Municipalidad de Córdoba. Su incorporación al organismo había sido gestionada por el entonces concejal peronista Ricardo Moreno, quien además lo había defendido en 2025 en una causa por privación ilegítima de la libertad. Esa trama de vínculos entre un empleado municipal acusado de femicidio y un legislador de la misma fuerza que gobierna la ciudad desató una crisis política.

La ausencia de filtros previos al ingreso de Barrelier a la planta municipal quedó expuesta. El anuncio de Passerini busca cerrar esa brecha: con la nueva normativa, ningún trabajador municipal podría incorporarse ni permanecer en funciones sin pasar por los mismos controles que ya rigen para quienes ocupan cargos de conducción.

El crimen de Agostina Vega conmocionó al país y precipitó consecuencias políticas directas en Córdoba. Moreno no solo había facilitado el empleo de Barrelier en la Municipalidad, sino que, según se informó, personas de su entorno familiar y profesional continuaban vinculadas a la defensa del acusado. Ante esa situación, Passerini le exigió la renuncia al concejal. Moreno la rechazó.

Frente a la negativa, el Partido Justicialista (PJ) cordobés debió recurrir a una maniobra alternativa para desplazarlo de su banca. Raúl La Cava, quien había solicitado licencia al cuerpo legislativo para asumir como secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Departamento Ejecutivo Municipal, presentó una carta dirigida al viceintendente Javier Pretto en la que anunció su retorno al Concejo. Con ese movimiento, Moreno perdió automáticamente su lugar en la legislatura, ya que había accedido a él precisamente por la ausencia de La Cava —y de otras dos personas que también habían pedido licencia tras ser convocadas por el intendente como funcionarios.

La carta de La Cava anunció que retomará sus funciones legislativas este jueves 4 de junio, fecha en la que también presentó su renuncia al cargo ejecutivo. El regreso del exfuncionario al recinto coincidió con la sesión en la que la oposición tenía previsto ingresar un pedido de expulsión de Moreno mediante una cuestión de privilegio con moción de preferencia. Esa presentación requería el respaldo de dos tercios del cuerpo para ser tratada de manera inmediata; de no alcanzarse ese umbral, el expediente habría sido derivado a la Comisión de Legislación General.

El dirigente radical Rodrigo de Loredo había sido uno de los impulsores de esa iniciativa y cuestionó duramente al abogado: “El abogado defensor de este asesino es Ricardo Moreno, concejal peronista de la ciudad de Córdoba. No lo quiero minimizar porque le queda chico el cargo de concejal, es uno de los principales dirigentes del peronismo de Córdoba, coordinador de las 62 organizaciones del peronismo y defensor de narcos y barras”.

De Loredo también puso en duda los medios por los que Barrelier había recuperado la libertad tras la denuncia por violencia de género y privación ilegítima de la libertad que pesaba sobre él en 2025: “¿Lo saca por su defensa técnica o lo saca por tráfico de influencias?”, planteó, en alusión al rol que habría jugado Moreno en aquella causa.

En un pronunciamiento conjunto, los partidos opositores habían calificado la situación de Moreno como una “incompatibilidad ética flagrante” y un “intolerable conflicto de intereses”, al señalar que el letrado ejercía simultáneamente como concejal y como defensor de una persona que él mismo había incorporado a la estructura municipal.

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