POLITICA
El Gobierno defendió su propuesta para regular el lobby y la oposición exigió incluir en el régimen a los jueces
La discusión sobre la regulación del lobby comenzó este miércoles en la Cámara de Diputados con un amplio consenso respecto de la necesidad de transparentar la influencia sobre las decisiones públicas, aunque también con diferencias sobre el alcance que debería tener la futura ley.
Mientras el Gobierno defendió su proyecto como una herramienta para dar “mayor transparencia, trazabilidad y visibilidad” a una práctica que ya existe, legisladores de distintos bloques reclamaron incluir al Poder Judicial y advirtieron sobre definiciones que podrían abarcar actividades de organizaciones civiles, académicas o periodísticas.
El debate se desarrolló en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio. Allí expuso Diego Marías, director nacional de Reforma Política, quien presentó la iniciativa enviada por Javier Milei y respondió preguntas sobre los siete proyectos alternativos que también se encuentran en discusión.
“Intenta regularizar algo que en la Argentina se hizo, se hace y se seguirá haciendo, que es el lobby”, sostuvo Marías. Según explicó, hoy esas gestiones suelen producirse “en un café o en un despacho”, bajo criterios informales, mientras que la propuesta busca crear un marco “formal, legal, previsible y público”.
El funcionario defendió además la creación de registros para funcionarios y gestores de intereses. “Hoy los funcionarios tenemos la obligación de publicar nuestras audiencias. Esto viene a ordenar ese sistema y también alcanza a empresarios o representantes de intereses nacionales y extranjeros”, argumentó.
Uno de los principales reclamos surgió en torno a la decisión del Poder Ejecutivo de limitar el régimen a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Marías evitó pronunciarse sobre una eventual incorporación del Poder Judicial, pero varios legisladores insistieron en ese punto.
“En la Argentina hay algo que se repite, que es la gestión de negocios especialmente con el Estado”, sostuvo Miguel Pichetto. El jefe de Encuentro Federal defendió la necesidad de identificar quién representa cada interés y cuestionó que el proyecto oficial utilice una definición “muy ambigua” sin hablar expresamente de lobby. También marcó diferencias con su propia iniciativa, que establece una autoridad de aplicación específica y fija restricciones para exfuncionarios y sus familiares que pretendan desempeñarse como lobbistas.
Karina Banfi coincidió en que una futura ley debería complementarse con reformas en materia de acceso a la información pública, ética pública y conflictos de interés. Además, consideró que el régimen debería abarcar a los tres poderes del Estado.
La diputada radical también advirtió sobre uno de los puntos que más preocupan a organizaciones especializadas en transparencia: la posibilidad de que la norma equipare la defensa de intereses particulares con actividades de interés público. “Tenemos que dilucidar claramente la diferencia entre gestión de intereses y gestor de intereses porque, si no, vamos a crear un problema”, planteó. Y agregó: “Las ONG no tienen intereses particulares, sino intereses comunes”.
“Cuánto nos hubiésemos ahorrado en la estafa $LIBRA si hubiésemos tenido una ley de lobby”, ironizó Maximiliano Ferraro al tomar la palabra. El diputado de la Coalición Cívica reclamó avanzar primero con esa discusión antes que con iniciativas como el Súper RIGI o la reforma de la ley de sociedades y pidió evitar que la futura regulación termine afectando derechos constitucionales. “¿Cómo garantizamos la libertad de asociación, la libertad de prensa y el derecho a peticionar?”, preguntó. “Lo que estamos observando en el proyecto del Ejecutivo es que falta precisión”.
El exdiputado por Encuentro Federal Oscar Agost Carreño también pidió delimitar con claridad qué tipo de comunicaciones quedarán alcanzadas por la ley y sostuvo que la regulación debería extenderse a los tres poderes del Estado.
Sebastián Galmarini, referente del Frente Renovador dentro del peronismo, propuso un esquema más amplio de integridad pública que incluya declaraciones juradas, control de conflictos de interés y la creación de un organismo autónomo con competencia sobre todos los poderes.
También de Unión por la Patria, Agustina Propato reclamó conocer con mayor precisión los objetivos de la iniciativa. “Espero por favor que empecemos con la Comisión Bicameral de la Hidrovía que me parece un tema sustancial para el futuro de la Argentina”.
Los detalles del proyecto
El Gobierno aspira a dictaminar la iniciativa en las próximas semanas y discutirla junto con otros siete proyectos que abordan la misma temática. En el oficialismo confían en que existe margen para construir un texto consensuado.
La denominada “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses” busca transparentar quién intenta influir sobre decisiones públicas, en representación de quién y sobre qué asuntos. Para ello crea un Registro Público de Gestores de Intereses, donde deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas que realicen estas actividades, y un Registro Público de Gestión de Intereses, en el que los funcionarios deberán informar reuniones, contactos y asuntos abordados.
La iniciativa también obliga a identificar clientes o beneficiarios finales, detallar los temas sobre los que se busca incidir y declarar cuando la gestión se realiza en representación de intereses extranjeros.
Uno de los puntos más controvertidos es la definición de “gestión de intereses”. Aunque el proyecto excluye actividades académicas, científicas, periodísticas y de difusión general, aclara que esa excepción deja de regir cuando dichas actividades tengan por objeto influir sobre una decisión pública determinada. Esa redacción despertó reparos tanto en organizaciones de la sociedad civil como entre asociaciones vinculadas al ámbito judicial.
El texto prevé además sanciones administrativas y penales para quienes incumplan las obligaciones de registro o actúen ocultando información relevante, con multas que pueden escalar hasta 2000 salarios mínimos en los casos más graves.
Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,»No conozco a Palantir». El Gobierno defendió el «Súper RIGI» y negó que sea un traje a medida para empresas tecnológicas,,Controles y penas. Alertan que la ley de lobby de Milei podría perjudicar a organizaciones civiles que monitorean al Estado,,Financiamiento universitario. La reforma propuesta por Milei está frenada en Diputados por falta de avales
El juez federal Ariel Lijo dispuso que el peritaje sobre las grabaciones atribuidas al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, comience el 26 de agosto a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional.
Lijo ordenó avanzar con la medida pese a la negativa del imputado a aportar una muestra de voz y tras la postergación del peritaje originalmente previsto para el 22 de julio.
El análisis buscará determinar el origen y la autenticidad de los audios en los que se habla de sobornos y sobreprecios, grabaciones que contribuyeron a destapar la investigación por presuntas maniobras de corrupción en el organismo.
Los peritos deberán verificar si los archivos presentan manipulaciones, cortes o ediciones posteriores e identificar si se utilizaron herramientas de inteligencia artificial, como la clonación de voz o la síntesis automática.
Spagnuolo, a través de su defensa, confirmó que no aportara una muestra de su voz por entender que dicho acto vulnera la garantía constitucional de no declarar contra sí mismo.
Como alternativa, el fiscal Franco Picardi propuso utilizar como material de cotejo cuatro entrevistas que Spagnuolo concedió en los canales Neura, La Nación+, Border y El Observador. La fiscalía sostiene, además, que los audios no iniciaron la causa ni fueron empleados para construir la acusación ni para solicitar los procesamientos de Spagnuolo y de otros integrantes de la presunta asociación ilícita.
La causa
La causa ANDIS investiga presuntas maniobras de corrupción en las contrataciones y compras de medicamentos del organismo, con imputaciones por administración fraudulenta, estafa, cohecho, cohecho activo y asociación ilícita, entre otros delitos.
Hasta el momento hay alrededor de 20 personas procesadas, entre ellas Spagnuolo. En los audios, se oye una voz atribuida al exfuncionario referirse a cambios en los porcentajes de supuestas coimas, al circuito de fondos y a posibles destinos de esos recursos.
Spagnuolo, a través de su defensa, se negó a aportar una muestra de su voz para realizar el cotejo. Sostuvo que la medida vulneraría su derecho a no autoinculparse.
El juez Lijo rechazó ese planteo y dispuso que el peritaje avance con o sin la colaboración del imputado. El magistrado consideró contradictoria la postura de la defensa, que había cuestionado la autenticidad de las grabaciones y propuesto su propio perito de parte.
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Los abogados de Spagnuolo plantearon que obligarlo a generar una muestra de voz equivale a forzarlo a declarar contra sí mismo, lo que vulneraría la garantía constitucional que prohíbe la autoincriminación.
Los letrados sostuvieron que la voz no puede equipararse a pruebas materiales estáticas como huellas dactilares o ADN, ya que requiere una acción voluntaria y consciente del imputado.
Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, Comodoro Py
POLITICA
Más fondos para Frigerio: el gobernador de Entre Ríos firmó con Nación un acuerdo por $120.000 millones
CÓRDOBA.- Aliado electoral de La Libertad Avanza (LLA), el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, es uno de los que más avances en materia financiera logra con la Casa Rosada. Este martes firmó un nuevo convenio por el que la Anses le transferirá 120.000 millones de pesos en concepto de anticipo correspondiente al ejercicio 2026.
Los fondos serán girados en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $10.000 millones, entre noviembre próximo y octubre de 2027, para cubrir la compensación que le corresponde al Gobierno Nacional por el déficit previsional de Entre Ríos.
La administración provincial ya tiene un convenio en marcha, por lo que hasta octubre inclusive recibirá $6.000 millones mensuales, para saltar después a los $10.000 millones que se extenderán casi hasta el final del mandato de Frigerio. Según los números oficiales, Entre Ríos junto a otras provincias con acuerdos con Anses no recibieron los pagos correspondientes a junio y julio.
Frigerio firmó el entendimiento con el director ejecutivo de la Anses, Guillermo Héctor Arancibia. Fue calificado por la provincia como un “avance histórico” en un reclamo que Entre Ríos sostiene desde hace dos años y medio y constituye “un paso clave para dotar de mayor previsibilidad y sostenibilidad al sistema previsional provincial”.
“Este acuerdo marca un antes y un después para Entre Ríos. Durante años la provincia reclamó estos recursos sin resultados. Nosotros decidimos poner orden, reconstruir la información, defender los intereses de los entrerrianos y llevar el reclamo hasta las últimas consecuencias. Hoy ese trabajo empieza a dar frutos”, dijo el Gobernador.
Frigerio estuvo entre los primeros gobernadores en recibir un anticipo financiero. A finales de 2025, Nación le otorgó un adelanto de hasta 220.000 millones de pesos para “cubrir compromisos urgentes y pago de aguinaldos”. En junio recibió una “ampliación” de “hasta la suma” de 400.000 millones de pesos.
Entre enero y julio, además, recibió un total de $15.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Con este monto, se ubicó en el segundo puesto del ranking detrás de Misiones.
Por la Caja de Jubilaciones no transferida, Frigerio llevó el reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el cumplimiento de las obligaciones nacionales. Según el comunicado provincial, la firma del convenio “constituye un avance concreto de ese proceso y representa el primer resultado de una política de defensa activa de los recursos de los entrerrianos”.
El mandatario aclaró que los recursos “no resuelven por sí solos el déficit previsional, pero representan un paso histórico porque comienzan a reconocer una obligación que la Nación tenía con Entre Ríos”.
Las partes acordaron avanzar en la determinación del resultado definitivo del sistema previsional entrerriano para los ejercicios 2020 a 2026, mediante las auditorías previstas por la normativa vigente. Esos montos podrán incorporarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
La Legislatura entrerriana aprobó hace poco una reforma previsional lo que, junto al acuerdo, “garantizan mayor previsibilidad financiera”. Frigerio agradeció el trabajo de los ministros Sandra Pettovello, Luis Caputo y Diego Santilli además de los funcionarios de Anses.
Gabriela Origlia,Rogelio Frigerio,Conforme a
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Sofía Clerici pidió ser sobreseída porque el peritaje probó que no recibió dinero de Martín Insaurralde
Sofía Clerici, la modelo que acompañó en su viaje a Marbella al entonces jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, en 2023, pidió ser sobreseída en la causa donde se lo investiga por enriquecimiento ilícito y supuesto lavado de dinero, ya que el peritaje contable sobre los bienes del exfuncionario determinó que no le entregó nunca dinero.
Argumentó además Clerici que la única razón por la que permanece imputada en la causa es por su “rol profesional” como acompañante de ese viaje y su condición de mujer.
“El núcleo de la imputación que pesa sobre mi representada reside únicamente en la realización de su labor profesional” como acompañante, dice el letrado de Clerici en su escrito y señala que “el único motivo para sostener su vinculación resulta ser su calidad de mujer y su profesión confesa en autos, lo que además de infundado, ilegítimo e ilegal, transgrede la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.
En el escrito firmado por el letrado Martín Larralde se apoya en el punto 77 del informe pericial sobre los bienes de Insaurralde que concluyó que no existen constancias de entregas de dinero por 569.911 dólares a Clerici.
Sostuvo el letrado que apareció “prueba nueva y decisiva” que remueve el único obstáculo que impedía desvincular a Clerici del caso, que estalló cuando ella misma publicó la foto del video de Insaurralde en el yate El Bandido, navegando por el Mediterráneo.
Ese obstáculo era la pericia contable que apunta específicamente a la falta de una relación patrimonial entre Insaurralde y Clerici.
El escándalo político que desató esa imagen forzó la salida de Insaurralde del gabinete de Axel Kicillof. El exintendente de Lomas de Zamora había llegado a ese ministerio por indicación de Cristina Kirchner, luego de la derrota legislativa del peronismo bonaerense en los comicios de 2021.
El relevamiento documental no identificó ningún elemento que dé cuenta de una o varias entregas de dinero de Insaurralde a Clerici por suma alguna, ni en relación con los objetos suntuarios secuestrados, dice el estudio.
Para el abogado de Clerici, la conclusión “aniquila” las hipótesis que originalmente se le atribuyeron a su asistida como haber intervenido en la puesta en circulación de fondos de origen ilícito y supuestos “pagos realizados en nombre de Insaurralde con dinero provisto por él”.
En esta causa, el fiscal Sergio Mola y el fiscal general Diego Velasco, a cargo de la Procelac, pidieron citar a declaración indagatoria a Martín Insaurralde, a sus hijos Martín Luciano y Rodrigo Agustín Insaurralde, y a Gastón Barrachina, Víctor Mariano Donadio y Carolina Ileana Álvarez.
No así a Clerici, que según sus abogados su único rol fue acompañarlo en un “breve viaje” a España en septiembre de 2023, en calidad de acompañante.
La defensa sostuvo que el núcleo de la imputación reside exclusivamente en el ejercicio de la profesión de Clerici −acompañante desde hace más de veinte años, según consta en la causa− y en su condición de mujer.
La defensa acusa a la Fiscalía de reconocer su calidad de acompañante sin pedir su desvinculación ni explicar los motivos de su persecución, y sostiene que ello configura una “dinámica estructural de género”, en la que las mujeres quedan involucradas en maniobras sobre las que no tuvieron decisión ni control.
Dijo el abogado que aun de haber existido la recepción de dinero o regalos que la pericia descartó, acompañar a una persona a la que se le reprocha un delito “no constituye, por sí solo, un aporte penalmente relevante al lavado de activos”.
Hernán Cappiello,Sofía Clerici,Martín Insaurralde,Conforme a
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