POLITICA
El Gobierno defendió su propuesta para regular el lobby y la oposición exigió incluir en el régimen a los jueces
La discusión sobre la regulación del lobby comenzó este miércoles en la Cámara de Diputados con un amplio consenso respecto de la necesidad de transparentar la influencia sobre las decisiones públicas, aunque también con diferencias sobre el alcance que debería tener la futura ley.
Mientras el Gobierno defendió su proyecto como una herramienta para dar “mayor transparencia, trazabilidad y visibilidad” a una práctica que ya existe, legisladores de distintos bloques reclamaron incluir al Poder Judicial y advirtieron sobre definiciones que podrían abarcar actividades de organizaciones civiles, académicas o periodísticas.
El debate se desarrolló en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio. Allí expuso Diego Marías, director nacional de Reforma Política, quien presentó la iniciativa enviada por Javier Milei y respondió preguntas sobre los siete proyectos alternativos que también se encuentran en discusión.
“Intenta regularizar algo que en la Argentina se hizo, se hace y se seguirá haciendo, que es el lobby”, sostuvo Marías. Según explicó, hoy esas gestiones suelen producirse “en un café o en un despacho”, bajo criterios informales, mientras que la propuesta busca crear un marco “formal, legal, previsible y público”.
El funcionario defendió además la creación de registros para funcionarios y gestores de intereses. “Hoy los funcionarios tenemos la obligación de publicar nuestras audiencias. Esto viene a ordenar ese sistema y también alcanza a empresarios o representantes de intereses nacionales y extranjeros”, argumentó.
Uno de los principales reclamos surgió en torno a la decisión del Poder Ejecutivo de limitar el régimen a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Marías evitó pronunciarse sobre una eventual incorporación del Poder Judicial, pero varios legisladores insistieron en ese punto.
“En la Argentina hay algo que se repite, que es la gestión de negocios especialmente con el Estado”, sostuvo Miguel Pichetto. El jefe de Encuentro Federal defendió la necesidad de identificar quién representa cada interés y cuestionó que el proyecto oficial utilice una definición “muy ambigua” sin hablar expresamente de lobby. También marcó diferencias con su propia iniciativa, que establece una autoridad de aplicación específica y fija restricciones para exfuncionarios y sus familiares que pretendan desempeñarse como lobbistas.
Karina Banfi coincidió en que una futura ley debería complementarse con reformas en materia de acceso a la información pública, ética pública y conflictos de interés. Además, consideró que el régimen debería abarcar a los tres poderes del Estado.
La diputada radical también advirtió sobre uno de los puntos que más preocupan a organizaciones especializadas en transparencia: la posibilidad de que la norma equipare la defensa de intereses particulares con actividades de interés público. “Tenemos que dilucidar claramente la diferencia entre gestión de intereses y gestor de intereses porque, si no, vamos a crear un problema”, planteó. Y agregó: “Las ONG no tienen intereses particulares, sino intereses comunes”.
“Cuánto nos hubiésemos ahorrado en la estafa $LIBRA si hubiésemos tenido una ley de lobby”, ironizó Maximiliano Ferraro al tomar la palabra. El diputado de la Coalición Cívica reclamó avanzar primero con esa discusión antes que con iniciativas como el Súper RIGI o la reforma de la ley de sociedades y pidió evitar que la futura regulación termine afectando derechos constitucionales. “¿Cómo garantizamos la libertad de asociación, la libertad de prensa y el derecho a peticionar?”, preguntó. “Lo que estamos observando en el proyecto del Ejecutivo es que falta precisión”.
El exdiputado por Encuentro Federal Oscar Agost Carreño también pidió delimitar con claridad qué tipo de comunicaciones quedarán alcanzadas por la ley y sostuvo que la regulación debería extenderse a los tres poderes del Estado.
Sebastián Galmarini, referente del Frente Renovador dentro del peronismo, propuso un esquema más amplio de integridad pública que incluya declaraciones juradas, control de conflictos de interés y la creación de un organismo autónomo con competencia sobre todos los poderes.
También de Unión por la Patria, Agustina Propato reclamó conocer con mayor precisión los objetivos de la iniciativa. “Espero por favor que empecemos con la Comisión Bicameral de la Hidrovía que me parece un tema sustancial para el futuro de la Argentina”.
Los detalles del proyecto
El Gobierno aspira a dictaminar la iniciativa en las próximas semanas y discutirla junto con otros siete proyectos que abordan la misma temática. En el oficialismo confían en que existe margen para construir un texto consensuado.
La denominada “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses” busca transparentar quién intenta influir sobre decisiones públicas, en representación de quién y sobre qué asuntos. Para ello crea un Registro Público de Gestores de Intereses, donde deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas que realicen estas actividades, y un Registro Público de Gestión de Intereses, en el que los funcionarios deberán informar reuniones, contactos y asuntos abordados.
La iniciativa también obliga a identificar clientes o beneficiarios finales, detallar los temas sobre los que se busca incidir y declarar cuando la gestión se realiza en representación de intereses extranjeros.
Uno de los puntos más controvertidos es la definición de “gestión de intereses”. Aunque el proyecto excluye actividades académicas, científicas, periodísticas y de difusión general, aclara que esa excepción deja de regir cuando dichas actividades tengan por objeto influir sobre una decisión pública determinada. Esa redacción despertó reparos tanto en organizaciones de la sociedad civil como entre asociaciones vinculadas al ámbito judicial.
El texto prevé además sanciones administrativas y penales para quienes incumplan las obligaciones de registro o actúen ocultando información relevante, con multas que pueden escalar hasta 2000 salarios mínimos en los casos más graves.
Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,»No conozco a Palantir». El Gobierno defendió el «Súper RIGI» y negó que sea un traje a medida para empresas tecnológicas,,Controles y penas. Alertan que la ley de lobby de Milei podría perjudicar a organizaciones civiles que monitorean al Estado,,Financiamiento universitario. La reforma propuesta por Milei está frenada en Diputados por falta de avales
POLITICA
Tras la presión de Kicillof, se pospuso la reunión donde se iba definir cómo repartir fondos para intendentes
La comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados bonaerense iba a reunirse en la tarde de este miércoles para avanzar con un proyecto de ley que les daba a los intendentes la posibilidad de usar libremente los fondos que reciben los distritos en el marco del endeudamiento que consiguió el gobernador Axel Kicillof a fines del año pasado. Sin embargo, a la hora de las definiciones aparecieron las diferencias y el encuentro se pospuso para este jueves.
A la reunión de comisión llegaron solo la diputada Silvina Vaccarezza y los diputados Francisco Adorni (La Libertad Avanza), Gustavo Cuervo (Nuevos Aires). Nadie del bloque de Fuerza Patria bajó a la sala 30 del palacio legislativo. Rápidamente la reunión se cayó. Las diferencias son técnicas pero también políticas.
Lo que hace el proyecto de ley en discusión es darle más atribuciones a la comisión bicameral que se creó en el marco de un fondo para que del 8% de los recursos que consiga Kicillof —producto del endeudamiento solicitado y aprobado por la Legislatura a fines del año pasado— llegue a los municipios.
Los intendentes buscan que esos fondos sean de libre disponibilidad y es lo que hoy está en discusión. La ley actual establece que el 30% de los fondos que llegarán a los distritos serán para ejecutarse a través de programas de los ministerios de Transporte, Infraestructura y Servicios Públicos y del Instituto Cultural. Los intendentes, principales afectados, quieren que el 100% del dinero a recibir sea de libre disponibilidad, básicamente para pagar sueldos. La oposición -el PRO y la UCR- quiere lo mismo, pero le da a la comisión bicameral la potestad para autorizar los pagos de parte de la Provincia.
En el Ejecutivo, rechazan esta iniciativa. Prefieren que sea por el Coeficiente Único de Distribución (CUD), el índice por el cual los distritos reciben automáticamente la coparticipación provincial. “Es lo más razonable” —que sea por CUD—, dijo este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. No quieren darle esa facultad a una bicameral. Quienes suelen llevar las negociaciones con la Legislatura en nombre de Kicillof son la Secretaria General de Gobierno, Agustina Vila, y, en algunos momentos, el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares.
En las últimas horas hubo conversaciones y versiones cruzadas. “A mí me dijeron que no fuera a la reunión”, planteó a Infobae un integrante de la comisión, sin mayores detalles sobre por qué se posponía el encuentro de este miércoles. Como el texto a discutirse en la próxima sesión en Diputados debiera contar con un dictamen de comisión, se resolvió que, ante la falta de acuerdo, se convoque nuevamente a la comisión el jueves por la tarde.
En el peronismo aseguran que hay diferencias con el PRO y con la UCR por el texto que impulsa el presidente del bloque UCR+Cambio Federal, Diego Garciarena. En los bloques opositores hablan de diferencias, pero admiten que están dentro del oficialismo y que eso hizo naufragar la reunión de este miércoles. El punto de conflicto se encuentra en las atribuciones de la Comisión bicameral evaluadora, un órgano previsto en la ley original para revisar los proyectos a financiar con el Fondo. Según el texto de la reforma, esa Comisión ahora tendría la facultad de definir el modo de reparto de los recursos cuando no haya un mecanismo expreso, además de “autorizar el pago” a los municipios correspondiente al 30 % de los fondos. Algo que Kicillof y los intendentes ven con desconfianza.
En las últimas horas elevó un proyecto del presidente del bloque PRO en Diputados, Alejandro Rabinovich. La iniciativa aplica al 30% de los fondos que reciban los distritos y establece que se repartan por CUD, pero en combinación con los ingresos que los municipios recibieron el año pasado. Entra en la negociación. El peronismo también tiene un anteproyecto si fuera necesario.
Sin embargo, hay otro punto que, según integrantes de la comisión de Presupuesto en Diputados, hizo caer la reunión de este miércoles: la falta de precisiones sobre qué sucederá en el Senado bonaerense, otra parte activa en esta negociación.
Es que en la Cámara alta provincial aún no fueron designados los representantes para integrar la comisión bicameral que definiría cómo repartir los fondos entre los distritos. No hay mayores precisiones al respecto de quién puede llegar a integrarla y algunas voces dejan correr que en el Senado tampoco hay intención de conformar la bicameral y que esta situación fue la que hizo caer la comisión en Diputados.
Últimamente, las negociaciones en la Cámara alta se han vuelto una complejidad para la vicegobernadora, Verónica Magario, producto de la interna con la que convive el peronismo. Se evidenció, por ejemplo, en la integración de las comisiones que se terminó de resolver en la última semana de mayo. “Es un problema que tenemos”, admitió una voz oficialista.
En el medio, los intendentes aguardan que el proyecto avance. El Ejecutivo ya hizo el primer desembolso en el mes de abril. Está pautado que el siguiente pago sea en agosto. “Nosotros necesitamos los fondos para muchas cosas, básicamente para pagar sueldos, por eso queremos que sean de libre disponibilidad”, confió un intendente ante la consulta de este medio.
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POLITICA
A la espera de un fallo favorable de la Justicia, Jorge Macri apura la creación del fuero laboral porteño
A la espera de un fallo judicial favorable, el jefe de gobierno, Jorge Macri, apura la creación de la Justicia laboral porteña. Ayer, presentó ante la Legislatura un paquete de proyectos para avanzar con la reestructuración institucional del Poder Judicial, a cuatro meses de que se firmara el acuerdo con la administración de Javier Milei para la transferencia de competencias.
Las iniciativas también prevén la creación de un servicio de conciliación obligatoria en la ciudad y una reforma del Código Procesal porteño. Son cambios con los que pretende avanzar el gobierno porteño para tener todo el esquema institucional listo para cuando -según prevén- la Justicia destrabe la puesta en funcionamiento del fuero.
El debate por el traspaso de la Justicia laboral data de la reforma constitucional de 1994, cuando la ciudad recibió estatus de autonomía, pero tomó un nuevo impulso a fines del año pasado, luego de que el gobierno hiciera mención a la “vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo” en el texto de la reforma laboral. En febrero, finalmente el jefe de gobierno firmó con Nación un convenio para transferir las competencias de la Justicia laboral a la órbita de ciudad.
“Nuevo hito en la autonomía de la ciudad: firmamos el convenio para que el gobierno nacional nos transfiera las competencias sobre la Justicia laboral. Un servicio de justicia, propio, ágil y moderno que le va a permitir a los ciudadanos resolver sus conflictos individuales más rápido y con más previsibilidad para las partes”, había celebrado Gabino Tapia, ministro de Justicia de la ciudad, en su cuenta de X (ex Twitter).
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), de la CGT, objetó ese traspaso de competencias y pidió a la Justicia que declarara inconstitucional tanto los artículos de la reforma laboral que a ella se referían como el convenio firmado.
Herman Mendel, a cargo del Juzgado Nacional de primera instancia del Trabajo N°30, hizo lugar al reclamo y dictó una medida cautelar para suspender la aplicación del acuerdo hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo.
Esta medida se suma a otra cautelar anterior con la que se había frenado la puesta en funcionamiento de diez juzgados laborales de primera instancia, previo a la firma del convenio de traspaso. La Legislatura había habilitado en diciembre de 2024 su creación, pero la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal frenó su implementación hasta tanto entrara en vigencia el acuerdo que ahora está bajo revisión.
“La judicialización relacionada con esta transferencia [de competencias] tiene dos vertientes: las acciones que atacan a la ley de puesta en funcionamiento del fuero y la constitucionalidad de la ley de modernización laboral. Estas acciones judiciales de ninguna forma traban el proceso de puesta en marcha del fuero laboral de la ciudad”, aseguraron en el gobierno porteño.
Es decir que, si bien el fuero laboral porteño recién podrá empezar a actuar una vez que se levanten ambas cautelares, el gobierno porteño está habilitado a avanzar, mientras espera la resolución judicial correspondiente, con la creación formal de los juzgados y la sanción de proyectos para readecuar la estructura interna del Poder Judicial del distrito.
Por eso, ayer, el Ejecutivo remitió a la Legislatura un proyecto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N°7) y del Ministerio Público (Ley N°1903). El texto prevé una estructura con ochenta juzgados laborales de primera instancia y una Cámara de Apelaciones del Trabajo, compuesta por diez salas de tres jueces cada una.
También se envió al parlamento local -que aún no homologó el convenio de traspaso de la Justicia- una iniciativa para crear el servicio de conciliación laboral previa y obligatoria de la ciudad, que replicaría el modelo hoy vigente a nivel nacional. Es decir, para que quede habilitada la vía judicial, todo conflicto laboral deberá pasar antes por una instancia de mediación.
Con ello, el gobierno porteño espera canalizar por vía administrativa algunos conflictos de trabajo y evitar así una eventual saturación de los juzgados de primera instancia.
Una tercera propuesta apunta a reformar el Código Procesal de la ciudad a fin de crear un sistema judicial más ágil y expeditivo que el que rige hoy día a nivel nacional.
Entre otras cuestiones, el proyecto fija un plazo máximo de cinco días para la convocatoria a una audiencia final de alegatos una vez concluida la etapa de producción de pruebas. Tras la audiencia, los jueces tendrán un máximo de 30 días para dictar su sentencia. De este modo, se espera tener resoluciones más rápidas que las que hoy ofrece la Justicia Nacional del Trabajo.
Además, se habilita la intervención del fuero laboral porteño no solo cuando los contratos de trabajo se celebren dentro del territorio de la ciudad, sino también cuando alguna de las partes intervinientes tenga domicilio -legal en el caso de las empresas y real en el caso del trabajador- en la ciudad.
“Estos son los tres proyectos que hemos remitido para que, una vez ratificada por la Justicia, eventualmente por la Corte en caso que tenga que llegar a esa instancia, la transferencia de competencia, nosotros tengamos todo listo”, afirmaron en la ciudad. El gobierno espera que se levanten las cautelares antes de fin de año para poder inaugurar el fuero laboral propio en febrero de 2027.
firmara el acuerdo,“vigencia transitoria,February 10, 2026,hizo lugar al reclamo,Jorge Macri,Justicia,Conforme a,Jorge Macri,,Polémica entre los vecinos. El Gobierno de la Ciudad propone cambiar el nombre a un barrio,,“Un muro contra la barbarie”. Jorge Macri encabezó el egreso de 650 nuevos policías de la Ciudad y apuntó contra Kicillof,,Doble juego en ciudad. Angelici negocia la gobernabilidad de Macri con LLA, pero busca reeditar una coalición sin Milei
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La crítica de Guillermo Dietrich al Gobierno: “Pone mucho foco en la macro y falta mayor atención en la micro”
En medio de las tensiones entre el PRO y La Libertad Avanza, un referente del partido fundado por Mauricio Macri marcó diferencias con el Gobierno de Javier Milei. Se trata de Guillermo Dietrich, que fue ministro de Transporte en la gestión del expresidente.
“El Gobierno tiene una estructura y un equipo que le pone mucho foco a la macro y falta mayor atención en la micro”, señaló Dietrich en Solo una vuelta más por TN.
“No es dar todo, es acompañar lo que corresponde. Son dos cosas muy distintas”, remarcó el exfuncionario. “Si para que Argentina le vaya bien el PRO tiene que desaparecer, eso es preferible a que le vaya mal y el PRO exista”, manifestó Dietrich.
“El PRO nace con una profunda vocación por transformar la realidad de la gente. Y así lo hicimos en todos los lugares donde gobernamos, en la Ciudad, en la Nación”, destacó.
“La gente nos dice que nos extraña”
“El PRO no va a desaparecer, tiene que ser una alternativa. Después veremos si es en el 2027 o en el 2031 o cuándo”, aclaró Dietrich. “La gente nos dice que nos extraña, que sería bueno que estuviésemos en el Gobierno”, subrayó.
“Falta una eternidad para 2027″, expresó Dietrich para evitar dar definiciones electorales. “El PRO va a seguir siendo super responsable. Creemos que Argentina comenzó un rumbo en el 2015 y se interrumpió en el 2019 con la victoria de Alberto Fernández, que tomó un rumbo muy trágico”, aseguró.
“Nuestro camino lo retomó Javier Milei en 2023 con muchísima gente de nuestro gobierno y nosotros acompañamos”, afirmó Dietrich. “Tenemos una obligación como partido y para los argentinos, no por ser oposición tenemos que estar cascoteando como se hizo siempre”, añadió.
“El aporte que ha hecho el PRO desde fines del 2023 hasta hoy ha sido muy importante para el Gobierno”, aseveró el exministro.
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En otro tramo se la entrevista se refirió a la relación con Patricia Bullrich, que fuera presidenta del PRO y luego dejó el partido parasuamrse primero al gobierno de Milei y luego se afilió a la Libertad Avanza. “No hubo ninguna comunicación entre Mauricio y Patricia”, subrayó.
“Somos y fuimos siempre espacios políticos distintos”, remarcó Dietrich. “No necesariamente como una alternativa, pero sí como una opción para la gente. Hay un montón de gente que se siente cómoda en la forma que tiene el PRO de hacer las cosas”, finalizó.
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