POLITICA
A la espera de un fallo favorable de la Justicia, Jorge Macri apura la creación del fuero laboral porteño
A la espera de un fallo judicial favorable, el jefe de gobierno, Jorge Macri, apura la creación de la Justicia laboral porteña. Ayer, presentó ante la Legislatura un paquete de proyectos para avanzar con la reestructuración institucional del Poder Judicial, a cuatro meses de que se firmara el acuerdo con la administración de Javier Milei para la transferencia de competencias.
Las iniciativas también prevén la creación de un servicio de conciliación obligatoria en la ciudad y una reforma del Código Procesal porteño. Son cambios con los que pretende avanzar el gobierno porteño para tener todo el esquema institucional listo para cuando -según prevén- la Justicia destrabe la puesta en funcionamiento del fuero.
El debate por el traspaso de la Justicia laboral data de la reforma constitucional de 1994, cuando la ciudad recibió estatus de autonomía, pero tomó un nuevo impulso a fines del año pasado, luego de que el gobierno hiciera mención a la “vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo” en el texto de la reforma laboral. En febrero, finalmente el jefe de gobierno firmó con Nación un convenio para transferir las competencias de la Justicia laboral a la órbita de ciudad.
“Nuevo hito en la autonomía de la ciudad: firmamos el convenio para que el gobierno nacional nos transfiera las competencias sobre la Justicia laboral. Un servicio de justicia, propio, ágil y moderno que le va a permitir a los ciudadanos resolver sus conflictos individuales más rápido y con más previsibilidad para las partes”, había celebrado Gabino Tapia, ministro de Justicia de la ciudad, en su cuenta de X (ex Twitter).
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), de la CGT, objetó ese traspaso de competencias y pidió a la Justicia que declarara inconstitucional tanto los artículos de la reforma laboral que a ella se referían como el convenio firmado.
Herman Mendel, a cargo del Juzgado Nacional de primera instancia del Trabajo N°30, hizo lugar al reclamo y dictó una medida cautelar para suspender la aplicación del acuerdo hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo.
Esta medida se suma a otra cautelar anterior con la que se había frenado la puesta en funcionamiento de diez juzgados laborales de primera instancia, previo a la firma del convenio de traspaso. La Legislatura había habilitado en diciembre de 2024 su creación, pero la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal frenó su implementación hasta tanto entrara en vigencia el acuerdo que ahora está bajo revisión.
“La judicialización relacionada con esta transferencia [de competencias] tiene dos vertientes: las acciones que atacan a la ley de puesta en funcionamiento del fuero y la constitucionalidad de la ley de modernización laboral. Estas acciones judiciales de ninguna forma traban el proceso de puesta en marcha del fuero laboral de la ciudad”, aseguraron en el gobierno porteño.
Es decir que, si bien el fuero laboral porteño recién podrá empezar a actuar una vez que se levanten ambas cautelares, el gobierno porteño está habilitado a avanzar, mientras espera la resolución judicial correspondiente, con la creación formal de los juzgados y la sanción de proyectos para readecuar la estructura interna del Poder Judicial del distrito.
Por eso, ayer, el Ejecutivo remitió a la Legislatura un proyecto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N°7) y del Ministerio Público (Ley N°1903). El texto prevé una estructura con ochenta juzgados laborales de primera instancia y una Cámara de Apelaciones del Trabajo, compuesta por diez salas de tres jueces cada una.
También se envió al parlamento local -que aún no homologó el convenio de traspaso de la Justicia- una iniciativa para crear el servicio de conciliación laboral previa y obligatoria de la ciudad, que replicaría el modelo hoy vigente a nivel nacional. Es decir, para que quede habilitada la vía judicial, todo conflicto laboral deberá pasar antes por una instancia de mediación.
Con ello, el gobierno porteño espera canalizar por vía administrativa algunos conflictos de trabajo y evitar así una eventual saturación de los juzgados de primera instancia.
Una tercera propuesta apunta a reformar el Código Procesal de la ciudad a fin de crear un sistema judicial más ágil y expeditivo que el que rige hoy día a nivel nacional.
Entre otras cuestiones, el proyecto fija un plazo máximo de cinco días para la convocatoria a una audiencia final de alegatos una vez concluida la etapa de producción de pruebas. Tras la audiencia, los jueces tendrán un máximo de 30 días para dictar su sentencia. De este modo, se espera tener resoluciones más rápidas que las que hoy ofrece la Justicia Nacional del Trabajo.
Además, se habilita la intervención del fuero laboral porteño no solo cuando los contratos de trabajo se celebren dentro del territorio de la ciudad, sino también cuando alguna de las partes intervinientes tenga domicilio -legal en el caso de las empresas y real en el caso del trabajador- en la ciudad.
“Estos son los tres proyectos que hemos remitido para que, una vez ratificada por la Justicia, eventualmente por la Corte en caso que tenga que llegar a esa instancia, la transferencia de competencia, nosotros tengamos todo listo”, afirmaron en la ciudad. El gobierno espera que se levanten las cautelares antes de fin de año para poder inaugurar el fuero laboral propio en febrero de 2027.
firmara el acuerdo,“vigencia transitoria,February 10, 2026,hizo lugar al reclamo,Jorge Macri,Justicia,Conforme a,Jorge Macri,,Polémica entre los vecinos. El Gobierno de la Ciudad propone cambiar el nombre a un barrio,,“Un muro contra la barbarie”. Jorge Macri encabezó el egreso de 650 nuevos policías de la Ciudad y apuntó contra Kicillof,,Doble juego en ciudad. Angelici negocia la gobernabilidad de Macri con LLA, pero busca reeditar una coalición sin Milei
POLITICA
El mensaje de García Cuerva: un reclamo para encontrar soluciones a la deuda social y “no mirar para otro lado”
Una pintura descarnada sobre los obstáculos que encuentran los sectores más vulnerables y excluidos trazó el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, en la festividad de San Cayetano, que cada año encuentra más demandas sociales que religiosas.
Fue el tercer llamado de atención con fuerte repercusión social del arzobispo porteño en menos de tres meses, tras los mensajes de los tedeum del 25 de Mayo y del 9 de Julio en la Catedral metropolitana, cuando delante del presidente Javier Milei pidió decir “basta a arengar la división y la polarización” y fustigó severamente “las cuevas de corrupción”.
Con la visita del papa León XIV en el horizonte, García Cuerva tomó el magisterio del Papa, construido en el último año como legado del pontificado de Francisco, y animó a “seguir creyendo que el trabajo es un derecho y también es dignidad”.
Citó de entrada el documento Dilexi te, la exhortación apostólica presentada por León XIV en octubre de 2025, cinco meses después de asumir como papa. Se trata de un texto que pone de relieve el valor supremo del compromiso en favor de los necesitados. Un texto que en el Vaticano fue presentado por el entonces limosnero pontificio, el cardenal polaco Konrad Krajewski, hoy arzobispo de Lodz. Insistió, así, en que la principal ayuda a una persona pobre es promoverla a tener un buen trabajo, para que pueda ganarse una vida más acorde a su dignidad.
“Ni una línea de las homilías del arzobispo de Buenos Aires se aparta de la doctrina social de la Iglesia. Es el mensaje que la propia Iglesia transmite desde hace 2000 años”, explican fuentes cercanas a García Cuerva cuando se consulta sobre sus palabras.
Marcar las deudas sociales no implica un choque en términos personales, indican en la Iglesia. Distintas fuentes coinciden en que el arzobispo García Cuerva, por ejemplo, mantiene un “excelente trato con el Gobierno”. Habitualmente, cuando se retira del tedeum, el Presidente se lleva la homilía impresa firmada por el arzobispo y hay un diálogo constante con los ministros. Son formas y tratos que, además, permiten avanzar en otros objetivos, como el logro de la confirmación de la visita del Papa a la Argentina, programada para noviembre.
Cargada por las motivaciones que le imprimen las organizaciones sociales, la misa de San Cayetano no reúne las formalidades de una celebración con el Presidente en la Catedral. Pero tiene un fuerte impacto político desde los tiempos del cardenal Jorge Bergoglio, cuando, además de advertir sobre los signos de la deuda social, recorría desde temprano las filas de los peregrinos que llegaban al santuario de Liniers para pedir trabajo. En agosto de 2001, cuatro meses antes del estallido de la crisis que en diciembre puso fin al gobierno de Fernando de la Rúa, Bergoglio observó que “mientras los pobres están en la calle buscando trabajo, y encima son reprimidos, la gente rica festeja fastuosamente, elude la Justicia y, encima, recibe aplausos”.
Promesas incumplidas
En su mensaje, el arzobispo porteño levantó la voz del pueblo argentino y destacó que “es un pueblo cansado de promesas incumplidas y dirigentes que hablan de los pobres, pero no están cerca de sus necesidades y se dan la buena vida”. Un reclamo que puede extenderse a dirigentes de distintas fuerzas políticas.
Así como en el tedeum del 25 de Mayo denunció “el terrorismo de las redes”, en una crítica a las usinas libertarias, esta vez el mensaje del arzobispo dejó en claro que “la responsabilidad y la solución concreta a los problemas económicos y sociales la tiene una clase dirigente que a veces parece mirar para otro lado y poner toda su energía en descalificaciones y debates estériles que no resuelven la vida de nadie”.
García Cuerva llamó a “no dar la espalda ante el dolor de los que sufren”, y a “trabajar por una patria de hermanos, en la que nadie sea descartable y nadie sea desechable”, en sintonía con expresiones de León XIV en su encíclica Magnifica humanitas. De allí surge la advertencia de que “la libertad económica no puede ser absoluta y debe medirse siempre en función del bien común y de la dignidad de cada persona”.
Un pensamiento que se vincula directamente con principios de la doctrina social de la Iglesia. Especialmente, los referidos al bien común y el destino universal de los bienes, que la Iglesia considera prioritarios desde los tiempos de León XIII, cuyo programa de reforma social diseñado en la encíclica Rerum novarum, en 1891, es reivindicada por el papa Prevos a partir de la elección de su nombre pontificio.
La Iglesia sostiene que la propiedad privada es un derecho natural legítimo, pero no un derecho absoluto. Un debate que se reactiva en momentos en que el gobierno de Milei espera lograr la sanción de la ley de extranjerización de las tierras, en medio de fuertes reclamos sociales.
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POLITICA
Javier Milei acompañó la asunción del nuevo presidente de Colombia, en medio de un megaoperativo antiterrorista
El presidente Javier Milei participó este viernes de la ceremonia de jura y toma de posesión de Abelardo de la Espriella, quien asumió como nuevo mandatario de Colombia con un discurso centrado en la seguridad, la recuperación económica y el combate contra las organizaciones criminales.
El acto se realizó en la Arena de la Universidad de Santiago de Cali, en la ciudad de Cali, donde se reunieron los invitados internacionales para acompañar el inicio del nuevo gobierno. Después de la ceremonia, De la Espriella se trasladó al Cantón Militar Pichincha, donde pronunció su primer discurso como presidente ante efectivos de las Fuerzas Armadas.
En una de sus primeras definiciones, el flamante mandatario aseguró que su gobierno buscará “recuperar el orden, la seguridad y la libertad” y prometió una política de fuerte confrontación contra el narcotráfico y las organizaciones armadas.
“Vamos a derrotar sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales”, afirmó De la Espriella. En ese sentido, les planteó dos alternativas a los integrantes de esos grupos: “someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano”.
Leé también: Como parte de su gira, Javier Milei se reunió con el rey de España en Colombia
El mensaje estuvo en línea con uno de los principales ejes de su campaña electoral, basada en una política de mano dura frente a las guerrillas y las estructuras vinculadas al narcotráfico.
El giro económico que anunció De la Espriella
El nuevo presidente colombiano también aprovechó su primer discurso para anticipar una serie de medidas económicas destinadas a recuperar la confianza de los inversores y reactivar la actividad.
Entre las iniciativas que anunció aparecen un decreto para congelar el gasto público, una reforma tributaria estructural y la eliminación del impuesto al patrimonio.
“Invertir en Colombia volverá a ser una decisión segura y rentable para ustedes, señores empresarios de la patria y del resto del mundo”, sostuvo.
De la Espriella aseguró además que su administración buscará recuperar el crecimiento económico, aumentar la producción y las exportaciones y generar empleo.
En materia energética, confirmó otro de los cambios que pretende impulsar: la autorización del fracking para la explotación de hidrocarburos.
“Vamos a autorizar, cumpliendo los aspectos técnicos, el desarrollo de fracking responsable y sostenible”, anunció. La medida apunta a incrementar las reservas de petróleo y gas del país.
En su primer discurso como presidente, De la Espriella también buscó enviar una señal sobre el funcionamiento de las instituciones colombianas.
Aseguró que respetará la independencia de los poderes del Estado y prometió mantener una relación armónica con el Congreso. Además, descartó convocar a una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución.
“En el gobierno de El Tigre se harán respetar todas las reglas de la democracia”, afirmó, en referencia al apodo con el que es identificado.
El nuevo mandatario también prometió que entregará el poder dentro de cuatro años, al finalizar el período constitucional para el que fue elegido.
La presencia de Javier Milei en la ceremonia marcó uno de los puntos políticos de la jornada. El presidente argentino viajó a Colombia para acompañar la asunción de De la Espriella, con quien comparte afinidades ideológicas en distintos aspectos de su agenda.
Javier Milei, Colombia, Abelardo de la Espriella
POLITICA
Caso Pablo Grillo: la Justicia le pidió al Gobierno información sobre los vacíos en los registros policiales de los incidentes
La Justicia le pidió al Gobierno más información sobre los faltantes que existen en los registros que la Policía Federal entregó hasta el momento en la causa que investiga los incidentes ocurridos durante la movilización del 12 de marzo del año pasado, que terminó con heridos y con el fotógrafo Pablo Grillo gravemente herido.
En la causa, que tramita en el juzgado de María Servini, la Policía ya suministró dos transcripciones de las conversaciones que efectivos mantuvieron por handy el día de los hechos. La primera entrega, que abarca desde el mediodía hasta la noche, registraba un faltante de una hora completa, entre las 17 y las 18, cuando Grillo fue alcanzado por el casquillo de una granada de gas.
En la segunda, que fue aportada durante esta última feria judicial y pretendía subsanar el faltante, en los minutos que rodearon al incidente se registran tramos de la conversación que fueron marcados por la Policía como “sin audio” o “ininteligible”, según pudo ver .
Fuentes al tanto del caso señalaron que el juzgado ya pidió al Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, “mayores precisiones” sobre los registros incompletos.
El intercambio de información ocurre en la causa que investiga todos los hechos ocurridos durante la movilización y que es paralela a la que investigó el ataque puntual contra Grillo, tramo que ya fue elevado a juicio oral.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que es querellante en el caso y busca orientar la investigación hacia la cadena de mandos, considera que los faltantes son deliberados.
“No es la primera vez que surgen maniobras tendientes a empantanar la investigación del ataque a Pablo Grillo por parte de fuerzas federales pertenecientes al Ministerio de Seguridad de la Nación”, señalaron en un comunicado.
“Ya en los primeros meses de ocurridos los hechos, la Gendarmería omitió entregar información y filmaciones obtenidas por gendarmes que estaban en las cercanías de Guerrero cuando efectuó el disparo a Grillo”, dice el texto.
Es que mayo del año pasado, la Gendarmería entregó en la Justicia el contenido de solo una de las dos cámaras llevadas por la fuerza de seguridad a la movilización. Luego, la fuerza policial, que depende del Ministerio de Seguridad que en ese momento lideraba Patricia Bullrich, afirmó que la segunda cámara nunca había sido “activada”.
“En dicha oportunidad [por el 12 de marzo] también portaba UNA (1) cámara de filmación ‘Go Pro’, número de serie C3161355578424, el Gendarme Jorge Luis Reyes (MI 42.993.212 CE 110275), integrante de la Sección Empleo Inmediato, la cual no fue activada por lo que no cuenta con registros fílmicos de dicho operativo”, explicó Gendarmería en una texto firmado por su director, Claudio Miguel Brilloni.
Grillo
Los hechos investigados ocurrieron frente al Congreso, en la tarde del 12 de marzo, durante una de las habituales movilizaciones por la situación de los jubilados. La manifestación terminó con graves incidentes, enfrentamientos entre policías y manifestantes, detenidos que luego fueron liberados y con Grillo peleando por su vida en el Hospital Ramos Mejía.
El tramo del caso que investigó la agresión identificó y procesó al gendarme Héctor Guerrero, del destacamento 6, como autor del disparo y ya fue elevado a juicio oral.
Quedó bajó la órbita del Tribunal Oral Federal N.º 6, integrado por Adriana Palliotti, Enrique Méndez Signori y Diego García Berro.
En su defensa, Guerrero sostuvo que nunca tuvo la intención de herir a Grillo y que había disparado su arma de acuerdo con el manual de uso.
Los videos de aquel día, sin embargo, muestran que el gendarme disparó el arma de manera horizontal, a contramano de lo que indica el manual, que establece que debe hacerse en ángulo para que el proyectil describa una parábola.
La jueza Servini estableció que Guerrero disparó en seis oportunidades, violando los protocolos para el uso de este tipo de armas, que lanzan cartuchos de gas lacrimógeno. Asimismo, ordenó extraer testimonios para seguir investigando la cadena de mandos.
la causa que investiga los incidentes,Federico González del Solar,Conforme a
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