POLITICA
Nicolás Pino insistió en avanzar con una baja de impuestos al campo: “A mí me encantaría que las retenciones sean cero hoy”
La visión de las oportunidades del campo argentino en el contexto internacional y los desafíos internos marcan el presente del sector agropecuario. En diálogo con Infobae Al Amanecer, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina destacó el protagonismo de la producción rural, las discusiones sobre retenciones y el dinamismo del área metropolitana como ejes centrales de coyuntura actual.
“Veo una Argentina con muchas posibilidades”, afirmó el titular de la Sociedad Rural. En este sentido destacó que si bien el campo es un área de prioridad en el país espera que otras actividades ganen mayor terreno. “Ojalá el campo deje de ser el sector primordial porque hay otras cosas que están sucediendo. Argentina es campo y eso va a seguir, pero van a haber otras actividades que van a importar mucho”, afirmó.
En esa línea, señaló que el reordenamiento macroeconómico puede causar dificultades en la vida cotidiana, pero aseguró que en distintas ciudades del país productivo ve movimiento económico, circulación de camiones y actividad comercial. Según planteó, ese escenario abre una perspectiva favorable para los próximos años.
El reclamo por las retenciones y la visión del campo
Durante la entrevista, Pino reiteró su histórica posición sobre los derechos de exportación. “A mí me encantaría que las retenciones sean cero hoy”, afirmó al referirse a la carga tributaria que afrontan distintas producciones agropecuarias.
Además, sostuvo que el camino debe apuntar a una reducción gradual de ese impuesto. “Entiendo que hay margen para bajar las retenciones”, señaló. Y remarcó que el sector acompaña la dirección planteada por el Gobierno en materia tributaria.
Pino recordó que varias actividades agropecuarias ya no pagan derechos de exportación. Sin embargo, indicó que productos como la soja, el maíz, el trigo y la carne todavía mantienen distintos niveles de retenciones.
En ese contexto, sostuvo que el sector observa una señal favorable cuando existen medidas orientadas a disminuir la presión impositiva. También remarcó que el campo aporta recursos a través de otros tributos y mencionó al impuesto a las ganancias como un esquema vinculado al resultado económico de cada actividad.
El dirigente rural afirmó que la producción agropecuaria necesita reglas que impulsen la inversión. Según explicó, las retenciones afectan la competitividad y limitan la capacidad de crecimiento de los productores.
La economía y el movimiento en las zonas productivas
Pino aseguró que observa un escenario diferente cuando recorre distintas provincias. Según indicó, encuentra ciudades grandes y pequeñas con actividad comercial y movimiento económico vinculados a la producción.
“Te alejás y ves ciudades más grandes, chicas, del país productivo donde ves que hay un dinamismo permanente”, expresó. A partir de esa percepción, consideró que existen señales de actividad en distintos puntos del país.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina evitó evaluar la situación particular de los ingresos de la población, aunque destacó que percibe movimiento en sectores vinculados al comercio y los servicios.
También se refirió al contexto macroeconómico. Sobre la política cambiaria, sostuvo que el sector valora la existencia de un tipo de cambio unificado. Según explicó, durante años los productores enfrentaron diferencias entre el dólar que recibían por sus ventas y el que utilizaban para adquirir insumos.
En relación con las decisiones económicas del Gobierno, señaló que el equipo encabezado por el ministro Luis Caputo monitorea la evolución de las variables económicas. “Creo que el ministro Caputo y su equipo van viendo día a día cómo va la percepción de más o menos, y evidentemente el resultado se ve. Lo van llevando bien”, afirmó.
El precio de la carne y las expectativas del sector
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la evolución del precio de la carne. Pino sostuvo que el producto recuperó valor después de un período en el que registró retrasos respecto de otras variables económicas.
Sin embargo, afirmó que durante las últimas semanas aparecieron señales de corrección en los valores. Según indicó, el precio de la hacienda registró bajas que todavía no llegaron por completo al consumidor final.
“La carne recuperó mucho valor que venía atrasado”, señaló. Luego agregó que en el último mes se observaron descensos de entre $200 y $400 pesos en algunos segmentos de la cadena comercial.
Para el dirigente rural, esa tendencia podría trasladarse a las carnicerías a medida que avance el proceso comercial. “Ya estamos teniendo una bajada en el precio de la carne”, afirmó.
Para cerrar, Pino planteó que el funcionamiento de la oferta y la demanda permite acomodar los valores cuando el mercado opera sin intervenciones. En ese sentido, consideró que la evolución de los precios dependerá de las condiciones propias de la actividad ganadera.
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POLITICA
Diego Santilli visitó Misiones, evitó la interna del oficialismo provincial y se reunió con la dirigencia de LLA
La tierra colorada que pisó el ministro del Interior, Diego Santilli, se encuentra en ebullición. Por primera vez en décadas, el oficialismo parece a punto de quebrarse. Por un lado está Carlos Rovira, que dirigió con puño de acero la política local durante 20 años, enfrente, el gobernador, Hugo Passalacqua y los intendentes que han desafiado su omnipotencia.
Este viernes, el ministro del Interior pudo pasar por el estrecho sendero entre el fuego y el abismo. Se reunió con ambos. Y trató con cada uno los temas que debía. El contexto se había complicado más luego de que el pasado jueves 28 de mayo, Rovira anunciara que el ministro llegaría al día siguiente. En la Gobernación nadie sabía nada. Se suscitó una minicrisis que se aclaró con un par de llamados.
Santilli habló de política con Rovira. El gobierno nacional necesita de los votos de los misioneros en el Congreso. Esa representación responde, por ahora, a “el conductor”. Luego, se encontró con Passalacqua. La agenda estuvo cargada de asuntos de gestión. Rutas, gas y conectividad fueron los temas principales.
El ministro del Interior escuchó también detalles de dos iniciativas que Rovira, en su rol de diputado provincial, impulsa con el bloque mayoritario. Uno es el de ficha limpia. El proyecto es mucho más amplio que el que se discute en Nación. Por caso, prohíbe ser candidatos a quienes tienen multas de tránsito o deben impuestos. El otro es el que pone tope a la reelección de los intendentes. Este proyecto es un tiro por elevación a los aliados de Passalacqua.
Luego, Santilli almorzó con el Gobernador. La charla fue una continuidad de las conversaciones con el resto de los mandatarios del Norte Grande mantenidas durante la semana pasada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Eso es lo único que trascendió. Los voceros habituales del mandatario se cerraron y no hicieron más comentarios sobre el diálogo que mantuvieron.
Un 2027 libertario
El cierre de la jornada en Misiones fue con la dirigencia libertaria. Santilli valoró la consolidación territorial tras reunirse con Adrián Núñez y los diputados Diego Harfield, Maura Gruber y el resto del equipo legislativo.
Núñez y Hartfield son dos de las posibilidades que maneja LLA para pelear la gobernación en 2027.
A la salida de la reunión, el Ministro del Interior expresó: “El crecimiento del partido viene muy bien. La Libertad Avanza está haciendo un gran trabajo en Misiones, llevando nuestras ideas a cada rincón de la provincia por eso somos la única oposición, y ese es un desafío importante”, señaló.
Pensando en el próximo turno electoral, el ministro fijó los objetivos de máxima del oficialismo. “El año que viene aspiramos a que Javier Milei reelija y sea el primer presidente de la historia argentina contemporánea no peronista que gane una elección y sea reelecto”.
Además, dejó en claro que irán por cargos ejecutivos: “Vendrá el desafío de decidir lugares de gestión: municipios, provincia, gobernación. Ya hemos ocupado bancas y ahora viene otro paso más adelante”.
“Tenemos que resolver los problemas de la gente. En eso vamos a trabajar todos, para potenciar la gestión del Presidente y, en forma particular, de la cartera del Ministro”, acotó Núñez por su parte.
“Fue una visita muy constructiva. Hablamos de las propuestas que estamos llevando adelante en la Legislatura: ficha limpia y boleta única de papel. Es importante dejar bien en claro qué ideas representamos. Sobre todo de cara a 2027”, concluyó.
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POLITICA
La refundación de la Justicia de Milei y Mahiques: un inicio endogámico y con nombres negociados con gobernadores
La refundación del Poder Judicial que anunció el presidente Javier Milei luego de que el Senado aprobó los pliegos de 74 nuevos jueces y fiscales está caracterizada, en esta primera etapa, por un dominio endogámico de integrantes de la propia familia judicial.
Un análisis de la lista de nombramientos muestra lazos de parentesco o relaciones laborales dentro del propio Poder Judicial.
También exhibe magistrados impulsados por gobernadores aliados de la Casa Rosada, que mantiene la renovación dentro del mismo poder político.
Los nombres representan una primera tanda para cubrir las vacantes, pero no ocuparán los cargos más sensibles de la Justicia nacional y federal.
Los lugares más delicados aparecen en los tribunales de Comodoro Py 2002, que se analizarán en el Senado más adelante.
De una primera lectura de los nombres de los 74 candidatos a los que el Senado le dio ahora luz verde, se destaca primero el revuelo político que generó la aprobación del pliego de María Verónica Michelli, la candidata cuyo nombramiento el propio Gobierno había intentado bloquear por ser cuñada del periodista de Hugo Alconada Mon.
Ahora, el presidente Milei se resiste a firmar el decreto de su designación. Es su facultad.
A pesar de que el Senado le dobló el brazo a Milei al aprobar el dictamen de Michelli, el Gobierno puede festejar que esta tanda representa los primeros nombramientos judiciales de la actual gestión después de dos años y medio.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, había llegado al cargo con más de 360 vacantes en el Poder Judicial federal. No se designaban jueces en esta cantidad desde hace diez años.
Todos los futuros magistrados que llegaron hasta aquí en la etapa de selección lo hicieron porque aprobaron con suficiencia un examen técnico en el Consejo de la Magistratura, pasaron entrevistas personales, fueron votados en ese organismo por sus pares, por abogados, por diputados, por senadores y por académicos, y luego el Poder Ejecutivo los eligió de una terna. Algunos concursaban hace más de diez años para estos cargos.
En la lista —más allá de Michelli— sobresalen otros nombres que reafirman la idea de que los candidatos, ahora a tiro de decreto para ser jueces o fiscales, son del riñón del Poder Judicial, ya sea por ser hijos o esposas de magistrados o por haber tenido como jefes a algunos influyentes jueces.
El sociólogo Juan José Nardi expone en su etnografía La familia judicial que, más allá de que el Consejo de la Magistratura pretende nombrar jueces según sus méritos, el modelo se perpetúa porque los candidatos necesitan de padrinos, madrinas y lobbistas de la propia justicia o el Gobierno para llegar al cargo. Y esas lealtades perduran y explican las relaciones en el tiempo.
En la lista que aprobó el Senado está Emilio Rosatti, que se convertirá en juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe y es hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. Su pliego fue enviado por el Ejecutivo y generó debate. Dos votos del kirchnerismo fueron en contra.
Otro ejemplo es el de Juan Andrés Moldes, cuyo pliego fue aprobado para ser fiscal de primera instancia en el fuero Penal Económico. Es hijo del fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, de ascendencia en la justicia federal y fallecido en 2024. Juan Andrés Moldes, hijo, concursó con éxito y está a un paso de convertirse en fiscal. Su padre se jactaba de no haber llegado a su cargo por esa vía. “Quédese tranquilo. Yo no llegué por concurso”, decía un cartel colocado en su escritorio.
Laureano Durán es otro de los candidatos con el pliego aprobado por el Senado para ser designado camarista en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en la Sala I. Es hijo del fallecido camarista federal Alberto Ramón Durán, fanático hincha de Gimnasia y Esgrima y con fluidos vínculos con el peronismo bonaerense de Julio Alak. Laureano Durán sigue los pasos de su padre.
También fue aprobado el pliego de Nicolás Pacilio para el Tribunal Oral Criminal N° 1. Se trata de un joven secretario de la Cámara Federal que es hijo de Antonio Pacilio, excamarista federal de La Plata.
Varios de los pliegos aprobados corresponden a cónyuges de magistrados que intervienen en causas de alto impacto político, como por ejemplo Ana María Cristina Juan, que es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga al presidente Javier Milei en la causa $LIBRA.
El pliego de Juan fue aprobado como jueza federal de primera instancia de Hurlingham. Ingresó a Comodoro Py hace tres décadas y es secretaria de la Sala I de la Cámara Federal desde 2018. Su designación fue de las más debatidas y aprobada por unanimidad.
En este capítulo también destaca el pliego de Yamile Susana Bernan como camarista de la Cámara del Crimen. Es la esposa de Diego Guerendiain, exjefe de Gabinete del Ministerio de Justicia cuando estaba al mando de Mariano Cúneo Libarona.
Guerendiain fue desplazado por diferencias con Sebastián Amerio, el entonces viceministro.
También fueron considerados para jueces y fiscales secretarios y excolaboradores directos de los jueces federales más importantes de Comodoro Py.
Así, María Julia Sosa, designada como futura jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, si Milei firma su decreto, es secretaria del juzgado del juez Julián Ercolini de Comodoro Py 2002.
El juez federal instruyó las causas de mayor perfil contra la expresidenta Cristina Kirchner: Vialidad, donde fue condenada, y Hotesur y Los Sauces. El kirchnerismo votó en contra de su designación. Fue aprobada con los votos del oficialismo y aliados.
También fue aprobado el pliego de Javier Matías Arzubi Calvo, quien se desempeña como juez del Tribunal Oral Federal 5 de San Martín. Es exsecretario letrado del juzgado del juez federal Ariel Lijo. Milei intentó llevar a Lijo a la Corte y no logró los votos de los senadores.
El juzgado de Lijo lleva hoy la causa por presuntas irregularidades en la ANDIS y la investigación por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Es la tercera vez que Arzubi Calvo es propuesto para el cargo de juez y, finalmente ahora, su pliego fue aprobado por unanimidad.
Pablo Ezequiel Wilk tiene acuerdo del Senado para el Tribunal Oral Federal dos de La Plata y es secretario del juzgado federal de Luis Armella.
En el caso de Jésica Yael Sircovich, fue aprobado su pliego como jueza del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y es secretaria de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
Ivana Quinteros, histórica secretaria de la Cámara Federal porteña de Comodoro Py 2002, fue designada como jueza del Tribunal Oral Criminal 20.
La tanda de nombres incluyó a algunos magistrados con trayectorias políticas cercanas al macrismo, como Jorge Djivaris, ahora a punto de ser designado camarista en lo Comercial en la Sala B, quien fue subsecretario de Justicia del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.
Su postulación para la Sala B de la Cámara Comercial -que interviene en la causa vinculadas al concurso preventivo y quiebra de Correo Argentino S.A, generó una impugnación que lo acusaba falsamente de ser familiar del ministro Mahiques. El propio Djivaris desmintió el vínculo ante la Comisión de Acuerdos. La senadora Patricia Bullrich pidió que esa aclaración quedara en actas y fue aprobado por mayoría.
Santiago Vismara, con acuerdo del Senado como fiscal general ante los tribunales en lo criminal y correccional, fue fiscal designado por la procuradora Alejandra Gils Carbó. También fue firmante de la solicitada de Justicia Legítima, la agrupación de jueces y fiscales identificada con el kirchnerismo. Su inclusión en una tanda impulsada por La Libertad Avanza generó sorpresas y su pliego fue aprobado por unanimidad.
En apenas tres meses, Mahiques envió más de 150 pliegos en distintas tandas. La Comisión de Acuerdos del Senado trabajó a ritmo acelerado para otorgarles dictamen.
El pasado jueves 4 de junio lo logró, luego de tensión política, idas y venidas y una lista que primero era de 50 jueces y fiscales y luego llegó a los 74 incluyendo a Michelli y la cobertura de vacantes en Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Salta, Bariloche y Formosa.
Al menos seis de cada diez candidatos enviados por el Gobierno ya se desempeñaban dentro del Poder Judicial, en busca de ascensos o traslados a cargos de mayor jerarquía. Muy pocos casos provinieron de fuera del sistema, según calculó Chequeado.
Entre los candidatos hay un 69% de la Ciudad de Buenos Aires y un 31% de tribunales del interior del país.
En el interior, la distribución es muy desigual: casi la mitad del cupo provincial se lo lleva la propia provincia de Buenos Aires —La Plata, San Martín y Hurlingham suman 13 pliegos (el 17,6% del total), y 10 pliegos son para el resto del país. Incluyen las provincias de Santa Fe, Mendoza y Formosa, Neuquén, Salta, Río Negro y Entre Ríos..
Así Mendoza obtuvo dos designaciones: un defensor público, que es Carlos Agustín Parma, y un vocal de la Cámara Federal de Apelaciones.
Se trata de Sebastián Guillermo Soneira, exfuncionario de confianza del gobernador Alfredo Cornejo, aliado del Gobierno nacional. Soneira fue director de Personas Jurídicas y Cornejo apoyó activamente su postulación.
Fue designado originalmente por el gobernador Cornejo y permaneció en el cargo durante todo el mandato de Rodolfo Suarez. Al momento de su designación judicial, ejercía como fiscal adjunto Civil en la Procuración General del Ministerio Público Fiscal provincial, cargo que ocupaba desde finales de 2025.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza a la que ingresa Soneira es el tribunal de mayor relevancia en la provincia, pues allí se analizan casos de narcotráfico, delitos fiscales y conflictos de derechos humanos.
En Santa Fe fueron aprobados tres pliegos de jueces donde el gobernador Maximiliano Pullaro pujó por sus designaciones, en el contexto de la crisis de seguridad por el narcotráfico. Pullaro se reunió con el ministro Mahiques para gestionar la cobertura de vacantes en la Justicia federal de su provincia.
Además, en esa lista está el ahora posible juez Emilio Rosatti, propuesto para un tribunal federal de Juicio de Santa Fe, y Walter Alberto Rodríguez, con acuerdo para el Juzgado Federal de Garantías N.º 2 de Santa Fe.
En Rafaela prosperó el pliego de Santiago Saux como juez federal con el que se cubre una vacante de seis años en un juzgado que controla el 30% del territorio provincial y la ruta del narcotráfico hacia el puerto de Rosario.
En Neuquén fue designado Pablo Antonio Matkovic como juez del Tribunal Federal de Juicio. El magistrado propuesto fue asesor de la ministra kirchnerista Nilda Garré y en 2017 presentó un hábeas corpus contra Patricia Bullrich por el allanamiento a una comunidad mapuche. También fue denunciante en el caso Lago Escondido. Se desempeña como defensor federal en Neuquén desde hace años. Su pliego fue incorporado por pedido del jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi.
En Salta fue aprobado el pliego de Diego Anzorreguy para el Juzgado Federal de Primera Instancia n.º 2; sin vínculos políticos, encabezó el orden de mérito del concurso.
Salta es gobernada por Gustavo Sáenz, un peronismo que mantiene relaciones de convivencia con el gobierno nacional.
En Bariloche se le dio acuerdo a Leandro Agustín Gómez Constenla como juez federal. Obtuvo el mayor puntaje en el concurso y el juzgado estaba vacante desde agosto de 2019.
En Formosa obtuvo el acuerdo el pliego de Gerardo Daniel Cacace como juez del Tribunal Federal de Juicio. Fue víctima de abusos del poder policial en Formosa bajo la gestión de Gildo Insfrán y su designación es casi una declaración antioficialista.
endogámico,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Conflicto salarial con la Policía en Santa Cruz: protestas, acampe y refuerzo de fuerzas federales de Nación
Un conflicto salarial de las fuerzas policiales genera tensiones desde hace días en la provincia de Santa Cruz. Desde el Ejecutivo provincial advirtieron que el aumento no se concreta porque no están disponibles los recursos y apuntaron a la oposición: “Ponen palos en la rueda”.
En el centro del conflicto se encuentran policías autoconvocados que este sábado llevan adelante su tercera jornada de medida de fuerza. Según indicaron medios locales, este viernes realizaron una manifestación en la residencia del gobernador Claudio Vidal y reclaman que el mandatario los reciba.
Si bien el próximo miércoles 10 de junio se realizará el Consejo del Salario, la mesa de negociación paritaria, los autoconvocados buscan tener su propio lugar en esa instancia, ya que no se sienten representados por la Asociación Policial.
En ese sentido, en la provincia rige el “quite de colaboración”, que implica asistir únicamente a funciones en caso de emergencia.
De acuerdo con el medio local Señal Calafate, el punto central del conflicto es el acampe de los efectivos frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos. Anoche, además, los policías se trasladaron a la residencia del gobernador cantando “Vidal tiene miedo”.
Según los autoconvocados, recibieron llamados para pactar dos reuniones -el jueves y el viernes- con el funcionario, pero hasta el momento no se concretaron.
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la conformación de un Comando Unificado para reforzar la seguridad en Santa Cruz, de acuerdo con Tiempo Sur. Participarán efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal, quienes cubrirán tareas policiales durante la vigencia de la medida de fuerza.
Desde la movilización de este viernes en Río Gallegos, uno de los referentes del sector, Ramón Qupildo, sostuvo que el reclamo tuvo una fuerte adhesión en la Policía y el Servicio Penitenciario: “Podemos hablar de un 85% de acatamiento”, aseguró en declaraciones a medios locales.
“La oposición pone palos en la rueda”
En las últimas horas, el gobernador Claudio Vidal aseguró que entiende el reclamo y lo considera “justo”. En el comunicado, difundido en sus redes sociales, sostuvo: “Sé de las dificultades que atraviesan muchas familias en este momento y sé que la situación económica es acuciante”.
Sin embargo, advirtió que la medida de fuerza surgió después de que la semana pasada se convocara al Consejo del Salario, el espacio destinado a dialogar soluciones. La reunión ya tiene fecha confirmada para el próximo miércoles 10 de junio.
“Nuestro compromiso sigue siendo el mismo y quiero ser muy claro: este Gobierno no se va a esconder. Vamos a seguir dando la cara, trabajando y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar respuestas”, aseguró el funcionario perteneciente al partido SER Santa Cruz.
Y continuó: “También es necesario que la sociedad observe con atención que mientras buscamos herramientas para fortalecer las finanzas provinciales y mejorar la capacidad de respuesta del Estado, hay sectores que siguen poniendo obstáculos sin entender que cuando a la provincia le va mal, nos va mal a todos”.
Vidal aseguró que siempre estará “del lado de los trabajadores” y que es momento de que todos actúen con responsabilidad y pongan por delante el bienestar de la provincia: “Mi compromiso es seguir trabajando para construir acuerdos y encontrar una salida que contemple las necesidades de los trabajadores y de toda la comunidad”.
En el video difundido en Instagram que acompaña el comunicado, el gobernador también sostuvo que la problemática salarial se replica en otras provincias. Asimismo, aseguró que su administración otorgó dos aumentos salariales por encima de la inflación, tanto al inicio de su gestión como en 2025.
“Hoy no lo hacemos porque no contamos con los recursos”, argumentó en el video que acompaña esta nota. Y agregó: “La oposición pone palos en la rueda para que no nos podamos refinanciar, sabiendo que perjudican directamente al trabajador del Estado”.
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