El precio que paga un pasajero al subirse a un colectivo rara vez refleja lo que cuesta mover ese vehículo. En la mayoría de las grandes ciudades de América Latina, la diferencia entre lo que abona el usuario y el costo real del servicio, la cubre el Estado a través de subsidios. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no es la excepción: es, de hecho, uno de los sistemas con mayor participación estatal de la región. Pero según las empresas del sector, ni así alcanza para cubrir los gastos operativos.

De acuerdo con un relevamiento elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), que compara once sistemas de transporte urbano de América Latina, el AMBA es el segundo con mayor subsidio estatal sobre el costo del boleto. El Estado cubre el 69% del valor del pasaje, mientras que el usuario aporta el 31% restante. Solo Ciudad de México supera ese nivel de intervención pública, con un subsidio del 70% y un boleto que en dólares es el más barato de la muestra: USD 0,43. En el AMBA, el costo del boleto según ese relevamiento es de USD 0,51 (se usó el dólar como unidad de medida para unificar criterios y poder comparar las diferentes ciudades).

Por detrás aparece Santiago de Chile, donde el Estado financia el 65% del costo, con un boleto de USD 0,81. Santo Domingo registra un subsidio del 60%, Panamá del 55% y Bogotá del 52%. En Cali, la participación es pareja: 50% el usuario, 50% el Estado, con un boleto de USD 0,92 (92 centavos de dólar).

Lima y São Paulo tienen esquemas donde el usuario ya carga con la mayor parte: 54% y 55% respectivamente. Montevideo, con un subsidio del 41%, se ubica hacia el otro extremo del espectro. Y San José de Costa Rica representa el caso más atípico del grupo: el usuario paga prácticamente la totalidad del costo, con una participación del 99%, aunque el boleto en dólares es de USD 0,82, un valor intermedio respecto al resto.

El cuadro regional contrasta con la situación que describen las empresas de colectivos del AMBA. Según el Índice Bondi de Aaeta, que releva mensualmente los costos del sistema metropolitano, en abril de 2026 las empresas recibieron en promedio $1.609,11 por cada boleto vendido, entre la compensación del Estado y lo que abonan los usuarios. Sin embargo, el costo real de operar el servicio —sin IVA— asciende a $1.923,38 por pasajero. La diferencia es una pérdida de $314,27 por cada viaje realizado.

El boleto mínimo vigente en el AMBA para las líneas nacionales era en ese momento de $700 (hoy es de $714 con SUBE registrada). Si no existiera ningún tipo de subsidio, ese mismo boleto debería costar $2.125,34 con IVA incluido, según el cálculo del Índice Bondi. La brecha entre el precio que paga el pasajero y el valor sin subsidio es, entonces, de más de tres veces.

A nivel del sistema en su conjunto, la Secretaría de Transporte reconoce un costo mensual de mantenimiento de $326.608 millones, pero Aaeta estima que el costo real asciende a $389.945 millones. Esa diferencia de $63.336 millones es la que, según el sector, se traduce en déficit de calidad: menos frecuencias, menor seguridad y postergación en la renovación del parque de unidades.

El costo del boleto sin subsidio no es uniforme dentro del propio AMBA. Según la apertura por jurisdicción que elabora Aaeta, el valor más alto corresponde a las líneas de jurisdicción nacional: $2.357 con IVA. Le siguen las líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con $2.123, y el promedio general del Índice Bondi, de $2.125. Los valores más bajos corresponden a las líneas de la Provincia de Buenos Aires ($1.969) y a los municipios bonaerenses ($1.861).

Esa dispersión refleja diferencias en los costos operativos según el tipo de recorrido y la estructura de cada red. Las líneas de mayor extensión y complejidad, como las nacionales, tienen costos unitarios más elevados.

El financiamiento del transporte público en el AMBA lleva años en el centro de la discusión entre el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Las tres jurisdicciones aplican criterios distintos para actualizar las tarifas y distribuyen el peso del subsidio de manera diferente, lo que genera brechas crecientes entre los boletos según la línea que tome el pasajero.

Las empresas del sector sostienen que la compensación actual es insuficiente y plantean dos alternativas: que el Estado amplíe su aporte o que se autoricen aumentos de tarifa que acerquen el precio al costo real.

Lo que el cuadro regional de Aaeta pone en perspectiva es que subsidiar el transporte urbano es una práctica extendida en América Latina, no una particularidad de Argentina. La mayoría de las ciudades relevadas optaron por sostener tarifas por debajo del costo real para garantizar el acceso al servicio. La discusión, en cada caso, es quién paga la diferencia y cuánto.