El Banco Central reabrió la batalla contra provincias y municipios que encarecen el crédito con altas alícuotas de Ingresos Brutos y otras cargas tributarias. Una nueva norma técnica del BCRA permite que los bancos radiquen las cuentas abiertas en forma remota en cualquier sucursal del país.

La medida tiene un objetivo concreto: que las entidades financieras puedan asignar esas cuentas a sucursales instaladas en jurisdicciones con menor presión fiscal, sin importar dónde vive el cliente que abrió la cuenta. De esta forma, los bancos podrán esquivar provincias y municipios con impuestos altos.

Hoy la mayoría de las cuentas se abren de manera digital. Una persona desde Salta puede abrir una caja de ahorro con su celular, sin pisar nunca una sucursal. El banco ahora podrá radicar esa cuenta en una sucursal de Santiago del Estero, provincia que cobra 3% de Ingresos Brutos, en lugar de hacerlo en Salta donde la alícuota es 8%.

La normativa del Central especificó que los bancos que admitan la apertura no presencial de cuentas a través de medios electrónicos podrán asignar cualquier casa operativa para la radicación de esas cuentas. El único requisito: informar al cliente en el momento de la asignación.

En algunas entidades consideraban que esta práctica ya estaba permitida. Pero para despejar dudas, el Central que preside Santiago Bausili decidió incluirlo explícitamente en su normativa. La entrada en vigencia fue inmediata.

Esta desregulación, estiman en el BCRA, ayudará a reducir la carga fiscal de los préstamos, un punto crítico de la relación entre el Central y los gobiernos distritales. La actividad financiera, tanto de bancos como de fintech, suele ser castigada por los distintos distritos.

Provincias y municipios aplican alícuotas altas en Ingresos Brutos, tasas municipales y otros tributos sobre la actividad financiera. Esa presión fiscal encarece el costo del crédito y reduce la rentabilidad de las entidades.

Cuánto cobra cada provincia a los bancos en Ingresos Brutos

La pelea del BCRA con las provincias por este tema viene de largo. En julio del año pasado, el Central publicó un documento elaborado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) que detalló la carga tributaria provincial sobre servicios financieros.

El informe incluyó una tabla comparativa con las alícuotas aplicadas, el tratamiento de títulos públicos y créditos hipotecarios, y los criterios de base imponible. El objetivo fue transparentar el impacto fiscal sobre el sistema bancario y facilitar la comparación entre distritos.

El relevamiento del año pasado incluyó las 24 jurisdicciones del país. La Pampa encabezó el ranking con una alícuota de 9,10%, seguida por Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, todas con 9% sobre los ingresos brutos de las entidades financieras.

A partir de allí, el listado mostró escalones menores. San Juan aplicó 8,50%, mientras que Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Jujuy y Salta fijaron su tasa en 8%. Santa Cruz también impuso 8% pero con particularidades sobre la base de cálculo.

Misiones estableció una alícuota de 7,80%, Mendoza 7%, y San Luis utilizó una base diferencial con 6,50% sobre el spread. Formosa cobró 5,50%, Corrientes 4,70% y Santiago del Estero cerró la tabla con 3%, también sobre el spread.

Por qué los bancos se quejan de la presión fiscal provincial

Meses antes, a comienzos de 2025, las cuatro entidades bancarias en su conjunto (ADEBA, ABA, ABAPPRA y ABE) habían reclamado por la presión fiscal provincial y municipal. El documento fue contundente.

«La alta carga de impuestos distorsivos que soporta la actividad financiera es uno de los elementos que explican, pese al repunte observado en el último año, el bajo y decreciente nivel de préstamos/PBI que mostró nuestra economía en los últimos 25 años», consignó el texto.

Se destacan, entre otras cargas impositivas, los impuestos a los Ingresos Brutos (IIBB) provinciales y las tasas municipales exorbitantes en muchos municipios. Esa carga fiscal termina trasladándose al costo del crédito que pagan personas y empresas.

El BCRA busca ahora que los bancos puedan optimizar su carga tributaria eligiendo jurisdicciones más amigables. La medida apunta a bajar el costo financiero del crédito y mejorar la rentabilidad de las entidades sin necesidad de negociar con cada provincia o municipio.